Sentencia 2012-01127 de julio 21 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 680011102000201201127 01

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta 69 de la misma fecha.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las decisiones proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), en armonía con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado).

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “(…) los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Caso concreto:

La Sala entra a revisar vía consulta la decisión proferida el 27 de marzo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, en la cual resolvió sancionar a la abogada Lizeth Carolina Hortúa Moreno, con la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión de la abogacía, como responsable de comisión de la falta contemplada en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. Norma cuyo tenor literal es el siguiente:

“(…). ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas.

(…)”.

Al analizar las pruebas allegadas al plenario, se advierte que la falta endilgada a la disciplinable Lizeth Carolina Hortúa Moreno, se presentó por que habiéndose comprometido mediante contrato de prestación de servicios con la señora Alba Patricia Tovar, el 14 de septiembre de 2012, para que realizara los trámites correspondientes de legalización de un predio, producto de un contrato de compraventa que celebró con la señora Olga María Bravo, acerca de un inmueble que se hallaba embargado y secuestrado siendo la intención de la señora Tovar, liberarlo de la medida cautelar para que le fuese adjudicado.

En cuanto al caso en concreto hay que tener en cuenta que es de importancia señalar que la disciplinable es declarada responsable, toda vez que aprovecho su situación dominante para afectar a una cliente que confió en su profesionalismo en la realización de los trámites pertinentes para los cuales fue contratada, frente al proceso en curso, en el que ella hacia parte y por el contrario a su deber desvió los recursos a un tercero de manera indebida actuando de mala fe a título de dolo, apoderándose ilícitamente de dineros que tenían como fin, abonar a la deuda en virtud de la cual se hallaba con medida cautelar el inmueble que había adquirido la señora Tovar, además afecta el prestigio de la profesión, razón por la cual se le atribuyó la falta contemplada en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Analizadas las pruebas en su conjunto, la Sala enunciará desde ya la confirmación de la falta endilgada a la togada, toda vez que las documentales allegadas, demuestran que la abogada desvió los dineros que estaban destinados al abono de la obligación y para constituir unas supuestas pólizas, y sin embargo les dio un destino distinto.

En las condiciones analizadas, de manera lógica y razonable deviene el fundamento del reproche disciplinario irrogado al procesado, al alejarse por completo de los principios orientadores del ejercicio de la profesión de abogado y de la principal función asignada, como lo es la de colaborar efectivamente en la materialización de los derechos de su representado afectando de manera grave el principio de honradez al cual está obligado el disciplinado y por tanto habrá de confirmarse la sentencia consultada.

Por último, en cuanto atañe a la sanción impuesta a la letrada, la Sala la encuentra ajustada a los parámetros legales de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo a la modalidad de la conducta.

De conformidad con lo anterior, hay que tener en cuenta que la investigada posee un abultado prontuario disciplinario, como consta en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados obrante a folio 60 del plenario, en donde se registran las siguientes faltas a la Ley 1123 de 2007:

AñoFaltaSanción
8 de septiembre de 2011 Artículo 35 - 3Suspensión de 2 meses
29 de agosto de 2011 Artículos: 33 - 9; 37-1Suspensión de 12 meses
18 de enero de 2010 Artículos: 35 - 4; 45 – 4; literal cSuspensión de 2 meses
3 de diciembre de 2012 Artículos: 33 - 9Exclusión
21 de agosto de 2013 Artículo 34 literal cSuspensión de 2 meses

Lo anterior denota que la togada disciplinada es proclive a incurrir en la falta de observancia de sus deberes como profesional del derecho, trasgrediendo así los postulados del derecho disciplinario, lo que la hace merecedora de la sanción aquí impuesta por el a quo, la cual será confirmada por esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida por la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por medio de la cual impuso sanción de EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión a la abogada Lizeth Carolina Hortúa Moreno por hallarla responsable de incurrir en la falta disciplinaria establecida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 DE 2007; de conformidad con los fundamentos esbozados con anterioridad.

2. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que, notifique a todas las partes dentro del proceso, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

3. ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la Oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».