Sentencia 2012-01139 de febrero 24 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Expedientes acumulados PI-201201139 y 2012-01443

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Pérdida de investidura de congresistas

Actor: Saúl Villar Jiménez

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Sala

La solicitud de pérdida de investidura se dirige contra los senadores Jesús Ignacio García, Eduardo Enrique Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque, Martín Emilio Morales y los representantes a la Cámara Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo, por violación al régimen de conflicto de intereses y tráfico de influencias debidamente comprobado, contemplados en los numerales 1º y 5º del artículo 183 de la Constitución Política, pues según afirma el demandante, en el proyecto de Acto Legislativo 07/11 Senado, acumulado con los proyectos de Acto Legislativo 9/11 Senado, 12/11 Senado y 13/11 Senado Cámara, “por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones” la comisión de conciliación incluyó nuevos temas, que no habían sido discutidos a lo largo de los debates con el propósito de beneficiar única y exclusivamente a los congresistas, anteponiendo sus intereses personales por sobre los intereses del pueblo colombiano.

En efecto, en sustentación de este cargo, el actor expuso los siguientes razonamientos:

“Para el presente caso, los congresistas.... violaron el régimen del conflicto de intereses, al pretender, incluir en el proyecto de acto legislativo, conocido como reforma a la justicia, temas que solo los beneficiaban a ellos como congresistas, anteponiendo sus intereses mezquinos por encima de los intereses del pueblo colombiano, y apartándose de la lealtad que juran cumplir cuando toman posesión del cargo.

...

“Para el caso que nos ocupa... vemos que efectivamente los doctores... en su calidad de congresistas, pensaron sacar utilidad o beneficio, del proyecto de acto legislativo que les entregaron para su conciliación, cuando incluyeron temas que jamás habían sido objeto de debates.

...

“Lo anterior, nos indica que efectivamente los doctores... salían beneficiados con la aprobación del acto legislativo, conocido como reforma a la justicia, el cual gracias a la valerosa acción del Señor Presidente de la República, no se promulgó y fue hundido el mismo en el Congreso, pero ello no significa, que no se hubiera pretendido sacar provecho o beneficio, con su aprobación por el legislativo”.

En este orden de ideas y a efectos de la decisión por adoptarse, la Sala estima pertinente escindir la problemática en varios ejes de estudio, para lo cual desarrollará los siguientes siete (7) puntos:

1) La competencia.

2) Elementos conceptuales de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses.

3) Elementos conceptuales de la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado.

4) Elementos conceptuales de las comisiones accidentales de conciliación. Finalidad y alcance de sus competencias.

5) Acreditación de la calidad de los demandados.

6) El contexto de los hechos de la demanda.

7) Análisis del fondo del asunto.

1. La competencia.

Esta corporación es competente para decidir las solicitudes de pérdida de investidura de los congresistas, según lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución Política, y a ello se procederá pues no se observa causal de nulidad de lo actuado.

2. Elementos conceptuales de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses.

A continuación se analizarán dos (2) puntos acerca de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses: i) los elementos configurativos de la causal y ii) la configuración del conflicto de interés, en tratándose de la tramitación y aprobación de actos legislativos, según la jurisprudencia de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

2.1. Análisis de los elementos configurativos de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses.

El artículo 182 de la Constitución Política establece que “los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones”.

Por su parte, los artículos 286 a 295 de la Ley 5ª de 1992 regulan el régimen de conflicto de intereses y establecen lo siguiente:

“ART. 286.—Aplicación. Todo congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.

ART. 287.—Registro de intereses privados. En cada una de las Cámaras se llevará un libro de registro de intereses privados en el cual los congresistas consignarán la información relacionada con su actividad privada. En ella se incluirá la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y similares, o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro de la cual haga parte, en el país o fuera de él.

ART. 288.—Término de inscripción. Los congresistas deberán inscribir sus intereses privados en el registro dentro de los primeros treinta (30) días del período constitucional, o de la fecha de su posesión.

ART. 289.—Publicidad del registro. El secretario general de cada una de las Cámaras hará público el registro, y lo expresará, además, en la Gaceta del Congreso.

ART. 290.—Modificación del registro. El cambio que se produzca en la situación de intereses privados de los congresistas, deberá inscribirse en el registro dentro de los treinta (30) días siguientes a la protocolización del cambio.

ART. 291.—Declaración de impedimento. Todo senador o Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés.

ART. 292.—Comunicación del impedimento. Advertido el impedimento, el congresista deberá comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva comisión o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento.

ART. 293.—Efecto del impedimento. Aceptado el impedimento se procederá a la designación de un nuevo ponente, si fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación, y aceptado así mismo el impedimento, el respectivo presidente excusará de votar al congresista.

La excusa así autorizada se entenderá válida para los efectos del parágrafo del artículo 183 Constitucional, si asistiere a la sesión el congresista. El secretario dejará constancia expresa en el acta de la abstención.

ART. 294.—Recusación. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista, que no se haya comunicado oportunamente a las Cámaras legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento se dará traslado inmediato del informe a la comisión de ética y estatuto del congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de tres (3) días hábiles para dar a conocer su conclusión, mediante resolución motivada. La decisión será de obligatorio cumplimiento.

ART. 295.—Efecto de la recusación. Similar al del impedimento en el artículo 293”.

Del mismo modo, el artículo 16 de la Ley 144 de 1994 se refirió al conflicto de intereses de la siguiente manera:

“ART. 16.—Conflicto de intereses. Definición: los congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso, deberán comunicarlo por escrito a la mesa directiva de la respectiva corporación para que, decida si los congresistas aludidos deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos”.

La Sala Plena de esta corporación, en sentencia de 17 de octubre de 2000, precisó el alcance de esta causal, en los siguientes términos:

“[...] Entonces, el conflicto de intereses surge cuando el congresista tenga interés directo en la decisión de que se trate, porque le afecte de alguna manera, o afecte a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a sus parientes, o a sus socios; y así lo observe o advierta, y debe entonces declarar su impedimento. Es decir, viola el régimen de conflicto de intereses el que, a sabiendas de la situación de conflicto, no manifieste su impedimento y en su provecho participe en el asunto, o en provecho de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de sus parientes, o de sus socios.

Ese interés, con tales características, ha de ser particular, pues si se tratara del interés general, común a todos, resultaría que los congresistas, todos ellos, en todos los casos, se encontrarían en situación de conflicto.

La situación de conflicto resulta, pues, del asunto o materia de que se trate, de las particulares circunstancias del congresista o su cónyuge o compañero o compañera permanente, o sus parientes, o sus socios, y de su conducta, en cada caso.

El interés consiste en el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto. Así, no se encuentra en situación de conflicto de intereses el congresista que apoye o patrocine el proyecto que, de alguna manera, redundaría en su perjuicio o haría más gravosa su situación o la de los suyos, o se oponga al proyecto que de algún modo les fuera provechoso. En ese sentido restringido ha de entenderse el artículo 286 de la Ley 5ª de 1991, pues nadie tendría interés en su propio perjuicio, y de lo que trata es de preservar la rectitud de la conducta de los congresistas, que deben actuar siempre consultando la justicia y el bien común, como manda el artículo 133 de la Constitución. Por eso, se repite, la situación de conflicto resulta de la conducta del congresista en cada caso, atendidas la materia de que se trate y las circunstancias del congresista y los suyos. [...]”(46).

Así, para que se configure el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben presentarse las siguientes condiciones o supuestos:

(i) Que exista un interés directo, particular y actual: moral o económico.

(ii) Que el congresista no manifieste su impedimento a pesar de que exista un interés directo en la decisión que se ha de tomar.

(iii) Que el congresista no haya sido separado del asunto mediante recusación.

(iv) Que el congresista haya participado en los debates y/o haya votado.

(v) Que la participación del congresista se haya producido en relación con el trámite de leyes o de cualquier otro asunto sometido a su conocimiento.

En cuanto al interés directo, particular y actual: moral o económico, la Sala Plena de esta corporación explicó en un pronunciamiento(47), que el interés debe ser entendido como “una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen”(48) y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto”(49).

Asimismo, la Sala Plena precisó que “el conflicto de interés afecta la posibilidad de participar en toda clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el congresista, es decir, que está inhibido para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Esto significa que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones judiciales, electorales o políticas, siempre que lo afecten”(50).

Por esta razón, ha dicho la Sala(51), que “la situación de conflicto debe analizarse en cada caso específico, para determinar si las particulares circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen con el interés comprometido en el asunto o materia en el que intervenga”. En el mismo sentido la Sala manifestó “que el impedimento puede darse por la participación o votación en una decisión o asunto de que conozca el Congreso de la República, sea que se trate de deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de intereses para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental”.

Por otra parte, la Sala Plena Contencioso Administrativa(52) y la Sala de Consulta(53) de esta corporación han señalado que “el conflicto de intereses podría darse de forma contundente cuando se trata de la intervención de los congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal estando el congresista sometido efectivamente a una investigación penal”.

2.2. La configuración del conflicto de interés, en tratándose de la tramitación y aprobación de actos legislativos, según la jurisprudencia de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Esta corporación ha tenido la oportunidad de analizar en su jurisprudencia, en específico, la configuración del conflicto de intereses respecto de los congresistas, en tratándose de su intervención en el trámite y aprobación de actos legislativos que es, propiamente, la temática que en esta oportunidad concierne al caso sub examine.

Interesa destacar, entre otros, el estudio que consignó la Sala de Consulta y Servicio Civil en pronunciamiento de abril 28 de 1994 (Flavio Augusto Rodríguez Arce)(54) al absolver la consulta formulada por el Ministro del Interior y de Justicia, relativa a si los congresistas que tienen familiares nombrados en el servicio exterior de la República, podrían incurrir en conflicto de interés, si llegaren a intervenir en el debate y aprobación del proyecto de acto legislativo relacionado con la reelección presidencial.

Enseguida se transcriben sus consideraciones más importantes, por su pertinencia, para el caso presente:

“...

2. El conflicto de intereses. Es una institución de transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que prevalezca el interés privado del congresista sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación(55).

2.3 Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión —para el caso, la motivación del voto—. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.

2.4. Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de la ley.

“---

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto se configura por la concurrencia de interés privado e interés público, se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:

3.1. Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” —Messineo, tomo II, pág. 10—, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para generar conflicto de interés. Y, 3) Es afectable, cuando puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés público o general —regulación abstracta en general—. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej. a la propiedad particular y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad. El interés debe radicar en el congresista o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.

3.2. El interés público concurrente en la decisión pertinente. Para que este interés público concurrente pueda verse menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.

b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.

c) Proyecto de decisión de interés público.

d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3. Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en elementos objetivos...”.

De igual modo, resulta oportuno citar la sentencia del 17 de octubre de 2000, (C.P. Mario Alario Méndez)(56), oportunidad en la que se discutió la posible configuración de un conflicto de intereses en los congresistas que tramitaron el Proyecto de Ley 261 de 2000, radicado por el Gobierno Nacional “por la cual se convoca al pueblo soberano de Colombia a un referendo constitucional”, en cuyo artículo 17, incisos primero y segundo, se dispuso convocar a elecciones generales de senadores y representantes el 29 de octubre de 2000 para integrar un nuevo Congreso de la República que se instalaría el 1º de diciembre de 2000 y que el actual entraría en receso y solo podría reunirse por convocación del Presidente de la República para el ejercicio de sus facultades constitucionales.

En esta oportunidad se sostuvo:

“No hay impedimento, entonces, para participar en la discusión y votación de los asuntos a cargo del Congreso, cuando las circunstancias de que derivarían provecho los congresistas sean generales y comunes por igual a todos ellos”.

Esta línea jurisprudencial fue posteriormente reiterada por la Sala Plena Contencioso Administrativa de la corporación en la sentencia de 3 de agosto de 2004, (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)(57), al decidir la solicitud de pérdida de la investidura interpuesta contra los congresistas que intervinieron en el trámite y aprobación del Acto Legislativo 1 de 2003, atinente a la reforma de los partidos políticos. En esa ocasión la Sala puso de presente que frente a este tipo de reformas políticas, por lo general, no se configura un conflicto de intereses si bien, en casos particulares, sí podría tener lugar un conflicto de esta naturaleza.

Sostuvo la Sala:

“Estima la Sala que el caso sub examine guarda estrecha relación con el que se dilucidó en la providencia transcrita, respecto del tema del referendo, habida consideración de que las circunstancias de las que eventualmente podrían derivar provecho los demandados son generales y comunes frente a las de cualquier ciudadano que en desarrollo del derecho constitucional fundamental consagrado en el artículo 40, numeral 3º, de la Carta Política, puede constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y beneficiarse de las prerrogativas previstas para esas instituciones, tales como el reconocimiento de la personería jurídica, la postulación de candidatos a cualquier cargo de elección popular, la financiación estatal y privada, etc. (L. 130/94, arts. 3º, 9º y 12 a 17).

...

Cabe igualmente advertir que debido al carácter eminentemente político y, por ende, de interés público y general, de las decisiones adoptadas en el Acto Legislativo 1 de 2003, contentivo de los parágrafos en cuyo trámite intervinieron los demandados, no puede admitirse la prevalencia de un supuesto interés particular que obligue a la declaración de impedimento, pues en tal circunstancia podrían estar involucrados no solamente aquellos sino los demás congresistas lo que, eventualmente, afectaría el quórum requerido para emprender reformas de este tipo, lo cual, de contera, tornaría nugatorio el mandato conferido por el pueblo al órgano legislativo para el ejercicio cabal de sus competencias, viéndose sacrificado el interés general, ya que no existe la posibilidad de que este último sea reemplazado por congresistas “ad hoc”. De manera que, frente a la dualidad planteada, en términos de que el Congreso ejerza sus indelegables competencias respecto del tema tratado en el aludido acto legislativo, o de que se declare impedido para hacerlo, con base en el eventual interés que pueda tener en el asunto, debe la Sala pronunciarse privilegiando la primera opción por ser la que mayor garantía ofrece al normal desenvolvimiento de la actividad legislativa.

Por lo demás, no sobra resaltar que la reforma política en general, incluyendo los parágrafos transitorios controvertidos, necesariamente debió ser aprobada por la mayoría del Congreso, tanto en comisiones como en plenarias, durante las dos vueltas reglamentarias, de manera que dicho acto legislativo no puede estimarse como resultado exclusivo de la participación que en el trámite respectivo pudieron tener los demandados, cuyo eventual interés en el asunto, por lo mismo, no es distinto del eventual interés predicable de las mayorías del Congreso frente al ejercicio de competencias que le son propias.

Ello es así por cuanto todos los congresistas que participaron en el trámite del proyecto de acto legislativo y, en particular, de los parágrafos transitorios del artículo 2º, tenían la misma posibilidad que los demandados de acogerse a sus prescripciones. De modo que el interés con que todos actuaron era predicable de la integridad de los miembros de la corporación y si ello, como lo sugiere el demandante, les generaba impedimento, tal reforma constitucional no se hubiese podido tramitar”(58).

Por su parte, la Corte Constitucional(59) al analizar los posibles vicios de procedimiento en que se incurrió en el trámite del Acto Legislativo 2 de 2004, concretamente frente al trámite y la forma en que se votaron los impedimentos manifestados por los congresistas y si en la decisión de cada uno de ellos podían participar quienes también se habían declarado impedidos por similares motivos, con apoyo en la jurisprudencia antes reseñada de esta corporación, consideró que aunque la regla general es la improcedencia de conflictos de intereses con motivo del trámite de una reforma constitucional, en casos excepcionales puede existir un interés privado en cabeza del congresista, pero para ello deben demostrarse que los beneficios o perjuicios que se derivan de la reforma constitucional, puedan llegar a ser de naturaleza directa, inmediata y extraordinaria(60).

En dicho pronunciamiento, la corporación, a este respecto, señaló:

“...

8.6.7.2.2. Los conflictos de intereses en casos de reformas constitucionales por el Congreso.

8.6.7.2.3. Una vez realizada la aproximación conceptual a la institución de los conflictos de intereses, lo primero que debe analizar la Corte, es si los mismos caben cuando se está tramitando una reforma constitucional, habida cuenta de que tales reformas por su naturaleza son intemporales y de un grado de generalidad y abstracción mucho mayor que el de las leyes.

Para esta corporación, al igual que lo ha sostenido el Consejo de Estado, al pronunciarse sobre demandas de pérdida de investidura de congresistas, la regla general es que no cabe plantear impedimentos o recusaciones por conflicto de intereses con motivo del trámite de una reforma constitucional; estas figuras únicamente son procedentes en casos excepcionales en los que aparezca claramente demostrada la existencia de un interés privado concurrente en cabeza de un miembro del Congreso. Ello ocurre —en esencia— por las siguientes razones.

En primer lugar, porque como se explicó con anterioridad, para que exista un conflicto de intereses, es necesario demostrar que la participación del congresista en el trámite legislativo le reporta un beneficio particular, directo e inmediato (L. 5ª/92, art. 286). De manera que pueda confrontarse el interés general al cual se encuentra obligado por razón de sus funciones, y el interés particular o privado que pretende obtener con su participación en el proceso legislativo, logrando con ello una posición especial de desigualdad no solo en relación con los demás parlamentarios sino frente a todos los ciudadanos en general. Como por regla general las reformas constitucionales afectan por igual a todos los colombianos, independientemente de su condición o no de parlamentario, es inusual que algún congresista se encuentre particularmente privilegiado o perjudicado por un acto legislativo, y que, por lo mismo, de él se predique un conflicto de intereses...

En segundo término, porque no se deben confundir, de un lado, los intereses políticos —inevitables en el ámbito parlamentario y sobre todo cuando se trata de reformar la Constitución— los cuales pueden concurrir con los intereses generales, con los denominados intereses meramente privados que, de otro lado, sí están excluidos por la figura del conflicto de intereses —tales como los intereses económicos particulares del congresista o los intereses meramente personales y subjetivos de orden no político. De admitirse que los intereses políticos a favor o en contra de una reforma constitucional inhiben a los congresistas de participar en su tramitación, muchas normas de la Carta se tornarían irreformables o pétreas, como por ejemplo todas las normas sobre el Congreso de la República, las elecciones, los partidos, la relación entre el gobierno y la oposición y las entidades territoriales. En estos temas fundamentales para la actividad política, todos los congresistas tienen algún interés político, a favor o en contra de un cambio, lo mismo que cualquiera de los candidatos que les siguen en la lista de elegidos al Congreso. Aplicar entonces las reglas del conflicto de intereses a una reforma constitucional por razón del móvil político que envuelve su trámite, como ocurre con el acto legislativo sometido a revisión, implicaría en la práctica enervar el poder de reforma reconocido al Congreso de la República en la Constitución, contrariando el principio de la no intangibilidad de sus disposiciones, en los términos previstos en esta providencia”. (Énfasis fuera de texto)

En sentencia de 24 de agosto de 2010(61) (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia) la corporación tuvo oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre esta temática, con ocasión de la solicitud de pérdida de la investidura, por el hipotético conflicto de intereses en que podría haber incurrido un congresista al haber intervenido en la tramitación y aprobación del acto legislativo sobre la circunscripción en el exterior.

En dicho fallo la corporación concluyó:

“...

Tanto los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional como de esta corporación, no permiten establecer una regla general e incondicional, en el sentido de afirmar que en los trámites de reformas constitucionales no hay lugar a la configuración de un conflicto de intereses. Por consiguiente, será necesario analizar, en cada caso concreto, las circunstancias personales del congresista frente a la reforma que se somete a su consideración o, como en este caso, la iniciativa de reforma”.

3. Elementos conceptuales de la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado.

Respecto de esta causal, el numeral 5º del artículo 183, de la Constitución Política consagra:

“Los congresistas perderán su investidura:

[...]

5º. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

La Ley 5ª de 1992 en el artículo 296 prevé:

“Causales. La pérdida de investidura se produce:

[...]

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

La causal de tráfico de influencias como causal de pérdida de la investidura ya se había precisado y analizado en sentencia de 30 de julio de 1996, Expediente AC- 3640, (C.P. Dr. Silvio Escudero Castro), al señalarse lo siguiente:

“Con el fin de estructurar los elementos que podrían configurar el tráfico de influencias para efectos de la pérdida de investidura de los congresistas, tomando como referencia las disposiciones antes enunciadas y lo que la doctrina ha dejado sentado en materia disciplinaria sobre el particular, tenemos que ellos serían:

a. Que se trate de persona que ostente la calidad de congresista;

b. Que se invoque esa calidad o condición;

c. Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero, dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1.992, en cuanto a las gestiones de los congresistas a favor de sus regiones;

d. Con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o hubiese de conocer”.

En igual sentido, en sentencia de 10 de febrero de 1998, (Exp. AC-5411, C.P. Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía), se sostuvo:

“Ante la falta de definición constitucional o legal respecto a esta causal de desinvestidura de los congresistas, la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del Consejo de Estado, ha precisado que dicha disposición constitucional tiene un sentido eminentemente ético y bajo esta óptica debe examinarse, independientemente de las previsiones penales que contemplan conductas semejantes. No se incurre en el caso de los congresistas en una sanción de tipo penal, sino en la de castigar la violación del régimen disciplinario que regula el ejercicio de estos servidores públicos. La Sala al proferir sentencia del 30 de julio de 1996, Expediente AC-3640 con ponencia del doctor Silvio Escudero, tomando como referencia lo que en materia disciplinaria ha dejado sentado la doctrina sobre el particular y de otra parte, el artículo 147 del Código Penal que define el tráfico de influencias, precisó los elementos que podrían configurar esta conducta en el caso de los congresistas, no sin antes advertir que lo hacía desde el punto de vista constitucional y no penal, es decir no tuvo en cuenta el precepto penal para aplicarlo al caso allí decidido, sino como simple referencia para establecer por vía de jurisprudencia los elementos que en sentir de la Sala, configuran el tráfico de influencias según el sentido natural y obvio de las palabras con que se describe la causal en la Constitución.

Ahora bien tratándose de una causal enmarcada en conceptos de ética y moral que por falta de reglamentación legal, su sentido y alcance debe ser fijado por el intérprete, la aplicación de los anteriores elementos debe estar precedido en un juicioso análisis para no incurrir en desigualdades e injusticias, dadas las actividades que en ejercicio de sus funciones realizan los congresistas en representación de sus regiones, pero además el hecho que se alegue con fundamento en esas hipótesis, deberá sustentarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

Siguiendo el lineamiento anterior, también en sentencias proferidas dentro de los expedientes AC-7084, magistrado ponente doctor Silvio Escudero Castro y AC- 7784-AC-7855 magistrado ponente doctor Javier Díaz Bueno, se adoptaron los fallos de pérdida de investidura correspondientes sobre la base de que la causal “tráfico de influencias” se estructura conforme se dé la existencia de los elementos antes citados.

4. Elementos conceptuales de las comisiones accidentales de conciliación. Finalidad y alcance de sus competencias.

En los términos del artículo 161 de la Constitución Política, las comisiones de conciliación tienen lugar cuando existen discrepancias entre los textos aprobados por las plenarias de una y otra Cámara, caso en el que es necesario contar con un articulado unificado que solvente esas diferencias. El citado precepto constitucional es del siguiente tenor:

“ART. 161.—Modificado. A.L. 1/2003, art. 9º.- Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de senadores y representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, decidirán por mayoría.

Previa publicación por lo menos con un día de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Si después de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considerará negado el proyecto”. (Énfasis fuera de texto)

En el mismo sentido, el artículo 186 de la Ley 5ª de 1992 (reglamento del Congreso), define los alcances y funciones de las comisiones accidentales de conciliación, en los siguientes términos:

“ART. 186.—Comisiones accidentales. Para efectos de lo previsto en el artículo 161 Constitucional, corresponderá a los presidentes de las Cámaras integrar las comisiones accidentales que sean necesarias, con el fin de superar las discrepancias que surgieren respecto del articulado de un proyecto.

Las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las Cámaras en el término que les fijen sus presidentes.

Serán consideradas como discrepancias las aprobaciones de articulado de manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas”.

Y, acerca de su composición, el artículo 187 ídem preceptúa:

“ART. 187.—Composición. Modificado por el artículo 17 de la Ley 974 de 2005(62). Estas comisiones estarán integradas por miembros de las respectivas comisiones permanentes que participaron en la discusión de los proyectos, así como por sus autores y ponentes y quienes hayan formulado reparos, observaciones o propuestas en las plenarias.

En todo caso, las mesas directivas asegurarán la representación de las bancadas en tales comisiones”.

Ahora bien: en lo referente a los límites a que está sujeto el trabajo legislativo de las comisiones de conciliación, debe señalarse que la jurisprudencia constitucional ha precisado que en el trámite de los actos legislativos, mediante los cuales el Congreso de la República reforma el texto constitucional, se han de observar los principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia, que también rigen el procedimiento de formación de las leyes. Así lo ha puesto de presente, entre otras, en la Sentencia C-208 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) en que analizó esta temática, en los siguientes términos:(63)

Los principios de consecutividad e identidad relativa. Las comisiones accidentales de conciliación y la facultad de introducir modificaciones.

[...] en virtud del principio de consecutividad, los proyectos de ley deben surtir cuatro debates de manera sucesiva, tanto en comisiones como en plenarias, salvo las excepciones plasmadas en la Constitución y la ley(64); y los actos legislativos ocho debates, en dos períodos ordinarios y consecutivos, cuatro en cada uno de ellos, dos en cada cámara, los cuales deben realizarse en su integridad dado que para el trámite de las reformas constitucionales ni la Constitución ni la ley ha previsto excepción alguna(65).

Proyectos de ley o de acto legislativo, que si bien deben surtir todos los debates reglamentarios, su texto no necesariamente debe ser idéntico durante el desarrollo de los mismos, pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 inciso 2º de la Constitución, durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones o supresiones que juzgue necesarias, imprimiéndole al principio de identidad un carácter flexible o relativo(66).

[...] lo que se exige para dar cumplimiento al principio de consecutividad, en armonía con el principio de identidad relativa, es que se lleve a cabo el número de debates reglamentarios de manera sucesiva en relación con los temas de que trata un proyecto de ley o de acto legislativo y no sobre de cada una de sus normas en particular.

También ha considerado esta corporación, que las modificaciones y adiciones que se surtan en el curso de los debates parlamentarios, deben respetar los principios de consecutividad e identidad relativa. Esto es, en cada debate solo pueden discutirse los asuntos que hayan sido considerados en los debates precedentes, y las modificaciones y adiciones que se introduzcan deben guardar relación de conexidad con lo que ha sido debatido en las etapas anteriores del trámite legislativo.(67)

Por lo tanto, la facultad que tienen las Cámaras de introducir adiciones o modificaciones no es ilimitada, en tanto que deben respetar el principio de unidad o identidad de materia, de forma tal que esos asuntos estén estrechamente ligados al contenido del proyecto debatido y aprobado en comisiones(68). Es decir, tales modificaciones o adiciones deben tener una conexidad clara y específica(69), estrecha(70), necesaria según se desprende del propio artículo 160 superior, y evidente(71).

[...]

La Corte ha concluido por lo tanto, que existen las siguientes obligaciones a cargo de las distintas instancias que componen el Congreso de la República, derivadas de la interpretación del principio de consecutividad, y que no desconocen el contenido del inciso segundo del artículo 160 superior: (i) Tanto las comisiones como las plenarias deben estudiar y debatir todos los temas que ante ellas hayan sido propuestos durante el trámite legislativo, pues el acatamiento de dicha obligación garantiza el cumplimiento de la regla de los cuatro debates consagrada en el artículo 157 de la Constitución Política; (ii) Por lo tanto, ninguna célula legislativa puede omitir el ejercicio de sus competencias y delegar el estudio y aprobación de un texto propuesto en su seno a otra instancia del Congreso para que allí se surta el debate sobre ese determinado asunto; (iii) La totalidad del articulado propuesto para primer o segundo debate, al igual que las proposiciones que lo modifiquen o adicionen, deben discutirse, debatirse, aprobarse o improbarse al interior de la instancia legislativa en la que son sometidas a consideración. Ello con el fin de cumplir a cabalidad el principio de consecutividad en la formación de las leyes(72)(73).

Es del caso traer a colación, asimismo, la Sentencia C-453 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda), en la que se consignaron, a este respecto, las siguientes consideraciones:

“3.1. De acuerdo con el artículo 157(74) de la Constitución Política ningún proyecto será ley de la República sin haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara, y posteriormente haber sido aprobado en la plenaria de cada corporación legislativa en segundo debate. Estos son los cuatro debates reglamentarios que debe tener toda ley en el Congreso.

3.2. No obstante, la propia Constitución (art. 160) y el reglamento del Congreso (L. 5ª/92, arts. 160 y ss.)(75) permiten que cada cámara, en plenaria o en comisión, introduzca a los proyectos de ley las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. La facultad de las comisiones y las plenarias de alterar los proyectos de ley sometidos a su consideración exige que se surtan los cuatro debates, sin que necesariamente el texto tenga que tener exactamente el mismo tenor literal durante todos y cada uno de estos. Los textos aprobados en cada cámara, por tanto, no necesariamente serán idénticos, caso en el cual, las divergencias deberán resolverse de acuerdo con el artículo 161 de la Carta, mediante una comisión de mediación que deberá conciliar los textos aprobados, y someter a consideración de la plenaria de cada cámara una versión definitiva(76). Es claro entonces que las comisiones y las plenarias pueden agregar al proyecto que se tramita nuevos artículos no considerados en la otra Cámara. Esta posibilidad de alterar el texto del proyecto de ley a lo largo de su trámite en el Congreso, como lo ha señalado la jurisprudencia, responde a la visión deliberativa de la democracia que consagra la Constitución de 1991 y el actual reglamento del Congreso,(77) de acuerdo a la cual, las leyes aprobadas por el Congreso de la República deben reflejar la voluntad de la mayoría de los representantes políticos, una vez sean debatidos y confrontados los diversos puntos de vista, en especial los de las minorías(78). Los textos de la ley deben ser pues, producto de la deliberación democrática.

3.3. Pero la facultad que la Constitución Política concede a las plenarias y las comisiones para introducir modificaciones, adiciones y supresiones a los proyectos de ley no es ilimitada. El propio texto constitucional señala que serán aquellas que se “juzguen necesarias” (C.P., art. 160, inc. 2º)(79) y se refieran a la “misma materia”, que “se relacionen con ella” (C.P., art. 158).(80)

3.4. De las reglas constitucionales y legales referentes al trámite de las leyes previamente citadas, “la jurisprudencia ha extraído que el proceso legislativo se rige por los principios de consecutividad, de identidad flexible y de unidad de materia”(81). (i) El principio de consecutividad “exige que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las Cámaras legislativas, salvo las excepciones constitucionales o legales”(82). (ii) El principio de identidad flexible o relativa “supone que el proyecto de ley que cursa en el Congreso sea el mismo durante los cuatro debates parlamentarios”, bajo el entendido que las comisiones y las plenarias de las Cámaras pueden introducir modificaciones al proyecto (C.P., art. 160), y que las discrepancias entre lo aprobado en una y otra Cámara se puede superar mediante un trámite especial (conciliación mediante comisiones de mediación), que no implica repetir todo el trámite(83). (iii) El principio de unidad de materia, con relación al proceso legislativo, “sirve para establecer si durante el trámite del proyecto se ha observado o no el principio de identidad”(84). Así pues, si bien “el principio de identidad flexible permite a las comisiones y a las plenarias de cada cámara hacer modificaciones, adiciones o supresiones a los proyectos en curso, (...) en virtud del principio de unidad temática, esos cambios solo pueden producirse si versan sobre la misma materia general del proyecto”(85).

3.5. La jurisprudencia ha sostenido que el concepto de unidad temática es amplio en aras de respetar el principio democrático y el margen de configuración del legislador.

3.6. Pero el carácter amplio del principio de identidad flexible o relativa no admite cualquier adición a un proyecto de ley en cualquiera de sus etapas de formación:

“... no cualquier relación con lo que ha sido debatido en las etapas anteriores basta para que se respete el principio de identidad relativa o flexible. La Corte ha descartado las relaciones ‘remotas’, ‘distantes’, o meramente ‘tangenciales’. Ha insistido la Corte en que la relación de conexidad debe ser ‘clara y específica’(86), ‘estrecha’(87), ‘necesaria’(88), ‘evidente’(89). En ocasiones, refiriéndose a leyes, no a actos legislativos, según las especificidades del caso, ha exigido una relación especial de conexidad, al señalar que si la “adición” tiene autonomía normativa propia y no es de la esencia de la institución debatida en las etapas anteriores, entonces la adición es inconstitucional(90).

[...] Para la determinación de qué constituye “asunto nuevo” la Corte ha definido algunos criterios de orden material, no formal: (i) un artículo nuevo no siempre corresponde a un asunto nuevo puesto que el artículo puede versar sobre asuntos debatidos previamente(91); (ii) no es asunto nuevo la adición que desarrolla o precisa aspectos de la materia central tratada en el proyecto siempre que la adición este comprendida dentro de lo previamente debatido(92); (iii) la novedad de un asunto se aprecia a la luz del proyecto de ley en su conjunto, no de un artículo específico(93); (iv) no constituye asunto nuevo un artículo propuesto por la comisión de conciliación que crea una fórmula original para superar una discrepancia entre las Cámaras en torno a un tema(94). En el ámbito de los actos legislativos, el concepto de asunto nuevo es más amplio porque existe una relación estrecha entre distintos temas constitucionales dadas las características de la Constitución de 1991. Así, se ha admitido que la adición de un tema de orden orgánico y funcional —un artículo sobre la participación del Ministerio Público en el nuevo sistema acusatorio— guarda relación suficiente con un aspecto sustantivo —las garantías del investigado o acusado en el proceso penal—(95)(96).

3.7. La Corte ha precisado que los cambios en el texto pueden ser considerables, si se respeta el principio de identidad flexible o relativa, a partir de los temas principales del proyecto, no de un artículo específico(97). Por tal motivo la Corte ha sostenido que en “(...) el análisis acerca del cumplimiento de los principios de identidad relativa y de consecutividad, el proyecto se examine en su conjunto, sin que sea posible una consideración aislada de normas para encontrar diferencias en los textos aprobados en los distintos debates, en la medida en que tales diferencias pueden carecer de significación en el contenido de regulación del proyecto mirado como un todo”(98). También ha concluido la jurisprudencia que el principio de consecutividad exige que el objeto de lo decidido a lo largo de los cuatro debates corresponda al mismo tema, así el sentido de las decisiones sea diferente e, inclusive, contrario. En caso de contradicción o de divergencias, sobre el mismo objeto de la decisión, es posible armonizar el proyecto mediante el mecanismo de las comisiones de conciliación”.

En Sentencia C-490 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas) puntualizó:

“La naturaleza de la discrepancia es la que fija el marco de referencia al informe de conciliación, habiéndose puntualizado por la jurisprudencia constitucional que estas comisiones tienen vedado incorporar asuntos nuevos, esto es, que no hayan sido tratados por las plenarias, aunque pueden, en aras de armonizar tales discrepancias, incluso introducir nuevos textos o suprimir existentes. En todo caso debe tratarse de materias que hayan tenido lugar durante el procedimiento legislativo previo, con el fin de que la actividad de dichas comisiones se conforme estrictamente a los principios de unidad temática, consecutividad e identidad flexible”.

5. Acreditación de la calidad de los demandados.

La calidad de congresistas de los senadores Jesús Ignacio García, Eduardo Enrique Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque, Martín Emilio Morales, se acreditó con los siguientes documentos:

Resolución 1787 de 2010 (jul. 18), artículo 1º, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declaró electos senadores de la República para el periodo 2010-2014 a los ciudadanos Martín Emilio Morales Diz (sic) por el Partido de la U; Juan Manuel Corzo Román y Carlos Eduardo Enríquez Maya por el Partido Conservador Colombiano; Jesús Ignacio García Valencia por el Partido Liberal Colombiano; y Juan Carlos Restrepo Escobar por el Partido Cambio Radical(99) y ordenó la expedición de las respectivas credenciales.

De igual modo, en virtud de requerimiento oficioso efectuado mediante proveido de 21 de febrero(100) por la consejera ponente, el secretario general del Senado de la República allegó la Resolución 91 del 2011 (nov. 22), mediante la cual la mesa directiva del Senado de la República, llamó al doctor Luis Fernando Duque García a desempeñar la investidura de senador para suplir la vacancia absoluta de la doctora Amparo Arbeláez Escalante(101) ocasionada por la sanción de destitución que le fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación (102), así como el acta en que consta que tomó posesión (103).

De otra parte, la calidad de congresistas de los representantes a la Cámara Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo se acreditó con los siguientes documentos:

• El Acuerdo 7 de 2010 (jul. 10), en cuyo artículo 6º el Consejo Nacional Electoral declaró electo Representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Norte de Santander al ciudadano Alejandro Carlos Chacón Camargo, por el Partido Liberal Colombiano para el periodo 2010-2014.

• La Resolución 1675 de 2010 (jul. 13), en cuyo artículo 1º, el Consejo Nacional Electoral declaró electos representantes a la Cámara por Bogotá D.C., a Orlando Velandia Sepúlveda por el Partido Liberal y a Germán Varón Cotrino por el Partido Cambio Radical, para el periodo constitucional 2010-2014.

• La Resolución 1490 de 2010 (jul. 6), mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción electoral de Boyacá para el periodo 2010-2014, entre ellos la del ciudadano Gustavo Hernán Puentes Díaz, por el Partido Conservador Colombiano(104).

• La Resolución 1443 de 2010 (jul. 1º)(105) mediante la cual el Consejo Nacional Electoral, entre otros, declaró electo Representante a la Cámara por el departamento del Tolima al doctor Carlos Edward Osorio Aguilar, por el Partido de la U, para el periodo constitucional 2010-2014.

• La Resolución 1773 del 17 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, cuyo artículo primero declaró elegido para el periodo 2010-2014 al doctor Roosvelt Rodríguez Rengifo, Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, por el Partido de la U(106).

6. El contexto de los hechos de la demanda.

La Sala estima pertinente hacer unas consideraciones previas al examen de las acusaciones, en relación con el contexto y los antecedentes en que se enmarcan los supuestos fácticos en que se fundamentan las causales alegadas, así:

El 4 de agosto de 2011, el entonces Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras, radicó ante la secretaría del Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 “por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en asuntos relacionados con la justicia”, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 566 de la misma anualidad.

A este se acumularon los proyectos de actos legislativos 9 de 2011 Senado, 11 de 2011 -Senado, 12 de 2011 -Senado, y 13 de 2011 -Senado, los cuales fueron repartidos a la Comisión Primera del Senado de la República, asignándose como ponentes para primer debate, a los senadores Jesús I. García, Juan Carlos Vélez, Eduardo Enríquez, Hemel Hurtado, Luis Carlos Avellaneda y Jorge Eduardo Londoño.

El trámite surtido por el proyecto de acto legislativo, se sintetiza en el siguiente esquema:

Trámite ante el Senado

PAL.N. 07/11 y acumulados 09/11 – 11/11 – 12/11 – 13/11 “Por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia”.

Autor: Ministro del Interior y Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras – Fecha: agosto 4 de 2011.

Proyecto de acto legislativo, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 566/11(107)

Primera vuelta

Ponentes: H.S: Jesús Ignacio García – Juan Carlos Vélez – Eduardo Enrique Maya – Hemel Hurtado – Luis Carlos Avellaneda – Jorge Eduardo Londoño.

Ponencia para primer debate Gaceta: 747/11(108) Fecha de aprobación: octubre 6/11 – Acta 16 Gaceta 4/12(109)

Ponencia para segundo debate Gaceta: 763/11(110) Fecha de aprobación: noviembre 8 de 2011- Acta 18 Gaceta 1012/11(111)

Ponencia para segundo debate Gaceta: 806/11(112)

Texto Definitivo de Plenaria Gaceta: 857/11(113)

Conciliadores: H.S: Jesús Ignacio García – Eduardo Enrique Maya.

Informe de conciliación Gaceta: 979/11(114) Fecha de aprobación: diciembre 16 de 2011. – Acta 20 Gaceta 1017/11(115).

Segunda vuelta

Ponentes: H.S: Jesús Ignacio García – Juan Carlos Vélez – Eduardo Enrique Maya – Hemel Hurtado – Luis Carlos Avellaneda – Jorge Eduardo Londoño.

Ponencia para primer debate Gaceta: 139/12(116) Fecha de aprobación: abril 18/12 – Acta 42 Gaceta 293/12(117)

Ponencia para segundo debate Gaceta: 210/12(118) – 215/12(119) Fecha de aprobación: 9 y 10 de mayo de 2012. Acta 44 Gaceta 378/12(120) – Acta 45 Gaceta 396/12(121)

Texto definitivo de Plenaria Gaceta: 228/12(122)

Conciliadores: H.S: Juan Manuel Corzo Román – Juan Carlos Restrepo Escobar – Luis Fernando Duque García – Jesús Ignacio García Valencia – Carlos Eduardo Enrique Maya – Martín Emiro Morales Díaz.

Informe de conciliación Gaceta: 380/12(123) Junio 20 de 2012 – Acta 58 Gaceta 417/12(124)

Fe Erratas 385/12(125)

Objeciones Gaceta 388/12(126)

Comisión para estudio de objeciones: H.S: Juan Manuel Corzo Román – Juan Manuel Galán – Aurelio Iragorry Hormaza.

Informe de Objeciones Gaceta 401/12(127)

Trámite en la Cámara de Representantes

Primera vuelta

Ponentes: H.R: Alfredo de Luque – Carlos Osorio Aguilar – Germán Navas T. – Germán Varón – Guillermo Rivera – Eriberto Sanabria – Alfonso Prada – Jaime Buenahora – José Pérez – Juan Carlos Salazar – Orlando Velandia y Rousevelt Rodríguez.

Ponencia para primer debate Gaceta: 903/11(128) y 913/11(129) Fecha de aprobación: diciembre 1º de 2011 – Acta 25 Gaceta 59/12(130) – Acta 26 Gaceta 60/12(131)

Ponencia para segundo debate Gaceta: 944/11(132) y 951/ 11(133) Fecha de aprobación: diciembre 14 de 2011 – Acta N. Gaceta 420/12(134)

Texto Definitivo de Plenaria Gaceta: 997/ 11(135)

Conciliadores H.R: Orlando Velandia y Rousevelt Rodríguez.

Segunda vuelta

Ponentes: H.R: Orlando Velandia – Heriberto Sanabria – Germán Varón – Rousevelt Rodríguez – Carlos Osorio – Jaime Buenahora – Alfredo Bocanegra – Guillermo Rivera – Juan Carlos Salazar – José Pérez – Hernán Prada y Carlos Navas T.

Ponencia para primer debate Gaceta: 282/12(136) Fecha de aprobación: mayo 31 de 2012 – Acta 108 Gaceta 94/12(137)

Ponencia para segundo debate Gaceta: 347/ 12(138) Fecha de aprobación: junio 14 de 2012 – Acta 10 Gaceta 63/12(139)

Texto Definitivo de Plenaria Gaceta: 387/12(140)

Agotado el trámite en las dos Cámaras, surgieron diferencias en los textos aprobados en su primera vuelta lo cual conllevó a la conformación de una comisión de conciliación que unificó el texto.

La labor de conciliación entre los textos aprobados por el Senado y por la Cámara de Representantes fue asignada a los representantes a la Cámara: Germán Varón de Cambio Radical, Alejandro Chacón y Orlando Velandia del Partido Liberal, Gustavo Puentes del Partido Conservador, Carlos Osorio y Roosvelt Rodríguez del Partido de la U; y a los senadores Martín Emilio Morales del Partido de la U, Luis Fernando Duque y Jesús Ignacio García del Partido Liberal, Juan Manuel Corzo Román y Carlos Eduardo Enríquez Maya del Partido Conservador y Juan Carlos Restrepo de Cambio Radical10.

El texto conciliado(141) del Proyecto de Acto Legislativo 7/11 Senado -143/11 Cámara, acumulado a los proyectos 9/11,11/11,12/11 y 13/11 Senado de 2012, publicado junto con el informe de conciliación en la Gaceta 383 de 2012 (jun. 19) una vez conciliado, fue puesto a consideración de las plenarias tanto del H. Senado de la República como de la H. Cámara de Representantes, las cuales le impartieron su aprobación, en sesión del 20 de junio de 2012, según consta en el Acta 134, publicada en la Gaceta del Congreso 631/12.

El texto final, aprobado por la plenaria del Congreso y firmado por los presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente, Juan Manuel Corzo Román y Simón Gaviria, fue remitido mediante oficio de la misma fecha al Presidente de la República, para su promulgación.

Mediante oficio de junio 25, el Presidente de la República manifestó al entonces Presidente del Senado Juan Manuel Corzo Román que “el gobierno se abstiene de tramitar dicha promulgación y, en su lugar, devuelve con objeciones al Congreso el proyecto respectivo, toda vez que en el trámite de sus disposiciones y en el contenido de las mismas se observan serias deficiencias jurídicas y de conveniencia que atentan gravemente contra el orden constitucional y la seguridad jurídica de los colombianos”.

En Sesión Plenaria Extraordinaria convocada por el Presidente de la República mediante Decreto 1351 de 2012 (jun. 25)(142), el Congreso de la República aprobó el informe de objeciones presidenciales, razón por la cual el proyecto fue archivado el 28 de junio siguiente.

7. Análisis del fondo del asunto(143). 

Visto lo anterior, entra la Sala a estudiar las pruebas que obran en el proceso para determinar si los senadores Jesús Ignacio García, Eduardo Enrique Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales y los representantes a la Cámara Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo, se encuentran incursos en las causales de pérdida de investidura contempladas en los numerales 1º y 5º del artículo 183 de la Constitución Política, concernientes a la violación del régimen de conflicto de intereses y tráfico de influencias debidamente comprobado.

No obstante, es necesario hacer una precisión preliminar, habida cuenta que la solicitud de pérdida de investidura no satisface, en ninguna de las dos causales invocadas por el actor, las exigencias mínimas argumentativas que la jurisprudencia constitucional ha exigido a quien la solicita, en aras de preservar la garantía del debido proceso y del derecho de defensa.

En efecto, en Sentencia C-237 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) la Corte Constitucional, al desestimar los cargos que un ciudadano formulaba en contra de la exigencia prevista en el literal c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994, conforme a la cual en la solicitud debe señalarse la causal de pérdida de la investidura y “su debida explicación”, dijo:

“... Cargo dos: exigencia de dar debida explicación de la causal esgrimida

“... No se aprecia que la exigencia de debida explicación entrañe limitante de derecho fundamental alguno del ciudadano y, por el contrario, es uno de los requisitos mínimos que exige la lógica argumentativa de una solicitud de esta naturaleza. Resalta la Sala que el artículo no establece exigencia que desnaturalice la esencia pública de la acción, en cuanto no prevé como preceptiva una argumentación de nivel o características profesionales —en el área jurídica—; simplemente se exige que a más de unos hechos señalados, se indique por qué los mismos se constituyen en causal para solicitar el levantamiento de la investidura de un congresista.

En este sentido se aprecia un requerimiento similar a aquel que se hace por parte de la Corte Constitucional al accionante en un proceso de constitucionalidad, en el que, no obstante tratarse de una acción pública, se precisa de ciertos elementos que permitan plantear el debate sobre la constitucionalidad de una norma objeto de control.

Dicha exigencia se aprecia con mayor necesidad en el caso de la solicitud de pérdida de investidura porque la misma, además, ayuda a garantizar el derecho de defensa del sujeto pasivo en el proceso, quien tendrá claro los fundamentos en que yace la acusación contra él o ella planteada.

Es oportuno recordar que, como quedó plasmado en las consideraciones, el juicio de pérdida de investidura tiene como fines generales la democratización y la legitimación de la función que realizan los congresistas. Sin embargo, este fin no puede obviar la necesidad de velar por la protección de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de pérdida de investidura.

Así, es el derecho de defensa uno de los que mayor riesgo de vulneración tiene en este tipo de procesos, pues, a más del corto tiempo que se tiene para responder la demanda —tres días, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 144 de 1994—, sería una carga desproporcionada el no tener claridad sobre el concepto de la acusación, en orden a establecer con precisión cuál es el camino para controvertir, matizar o, simplemente, aceptar lo expresado en la solicitud.

De esta forma, la exigencia de debida explicación de la forma en que para el caso concreto opera la causal invocada, no solo i) no resulta una exigencia desproporcionada para quien solicita el levantamiento de la investidura de un miembro del Congreso; sino que, además, ii) supone una garantía al derecho de defensa del sujeto pasivo de dicha solicitud, pues sabrá de forma específica cómo, en concepto del demandante, una situación fáctica dada encuadra dentro de una causal de pérdida de investidura.

Contrario sensu, la indeterminación de cómo unos hechos expuestos en el escrito de demanda implican la concreción de una causal de pérdida de investidura, obligaría al demandado a suponer, a presumir e, incluso, adivinar las razones, los matices y el camino argumentativo de la posible acusación y, además, a defenderse de la misma. Esto a todas luces ubica al derecho a la defensa ante un riesgo desproporcionado, no solo por el doble trabajo de hacer cábalas sobre la acusación y responderlas en la contestación de la demanda, sino, además, porque es posible que el juez natural de la causa entienda de forma diferente el sentido de la acusación y, por consiguiente, convierta en fútil la defensa del sujeto pasivo en el proceso de pérdida de investidura.

Por estas razones la Corte entiende que la exigencia del literal c) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994 no vulnera derecho alguno al demandante y, por el contrario, sirve para garantizar el derecho de defensa del acusado. En consecuencia, la Corte desecha el cargo presentado y declarará exequible la expresión “su debida explicación” del literal c) del artículo 4º por los cargos ahora estudiados”. (Se resalta)

En este sentido, se advierte que la mera indicación de la causal y la alusión in genere a unos hechos no resulta suficiente para solicitar una pérdida de investidura, pues el acceso a la justicia exige del actor una diligencia mínima para explicar debidamente su configuración.

Sin embargo, con el acopio probatorio que oficiosamente se ha recaudado, la Sala considera dable hacer un análisis del fondo del asunto, por lo que a continuación se estudiarán por separado los dos (2) cargos expuestos por el actor en el libelo de la demanda: i) La violación al régimen de conflicto de intereses y ii) El tráfico de influencias debidamente comprobado.

7.1. La violación al régimen de conflicto de intereses.

Afirma el actor que los senadores y representantes demandados incurrieron en la causal de pérdida de investidura de violación al régimen de conflicto de intereses, prevista en el numeral 1º del artículo 183 de la Constitución Política, al pretender incluir temas nuevos(144) en el Proyecto de Acto Legislativo 7/11 Senado – 143/11 Cámara, anteponiendo sus intereses personales por encima de los intereses del pueblo colombiano.

A la luz del cargo planteado son tres las cuestiones que debe la Sala dilucidar, a saber: i) En primer lugar, cuáles fueron las disposiciones contempladas en el informe de conciliación de la reforma a la justicia que favorecían a los congresistas; ii) En segundo término, deberá rastrear el origen de tales institutos jurídicos, lo cual permitirá absolver el interrogante acerca de si la autoría de tales cambios es o no atribuible a la comisión de conciliación; y iii) En tercer lugar, deberá examinar si, en el caso personal de cada uno de los miembros de la comisión de conciliación, concurría un interés particular, directo y actual, de llegar a comprobarse que, ciertamente, la comisión de conciliación introdujo al acto legislativo de reforma a la justicia textos nuevos no debatidos por las Cámaras, de los cuales sus miembros derivaban irrefutablemente un provecho, beneficio o ventaja, concreto y actual.

7.1.1. Los beneficios que contenían las disposiciones contempladas en el informe de conciliación de la reforma a la justicia que favorecían a los congresistas.

Los “beneficios o ventajas” para los congresistas que se contemplaron en la reforma a la justicia se pueden resumir en aquellos concernientes a: i) material penal, ii) materia de pérdida de investidura, iii) materia fiscal y iv) materia disciplinaria.

i) En materia penal.

Los beneficios resultantes del nuevo régimen, consistían en lo siguiente:

1. La consagración de la doble instancia para los procesos penales de los congresistas.

2. La aplicación inmediata del nuevo régimen de investigación y juzgamiento de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia, inclusive a los procesos penales en que ya se hubiese proferido resolución de acusación. Ello, resulta como consecuencia de la supresión en el 235 de la Constitución Política, parágrafo transitorio(145), aprobado en la Plenaria del Senado en segunda vuelta (Gaceta del Congreso 228/12), así como los parágrafos transitorios 3º y 4º (146) ídem, aprobados en Plenaria de la Cámara en segunda vuelta (Gaceta del Congreso 387/12).

3. La prohibición de ordenar la captura o detención preventiva de los congresistas, entre otros aforados, antes del proferimiento de la resolución de acusación firme en su contra, excepto el caso de aprehensión en flagrancia. (Art. 16 del proyecto, que modifica C.P., art. 235, par. 2º).

ii) En materia de pérdida de investidura.

Tales beneficios, en síntesis, fueron los siguientes:

1. Eliminación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura.

2. Eliminación de la causal de pérdida de la investidura por hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, contemplada en el artículo 110 de la Constitución Política. Ello significa que los servidores públicos, incluidos los congresistas, podrían financiar e invertir recursos en campañas y partidos.

3. Eliminación de la causal de pérdida de la investidura, por no tomar posesión dentro de los 8 días siguientes a la instalación del Congreso. En reemplazo, se erigió en causal de vacancia del cargo.

4. Introducción de un esquema de gradualidad para la imposición de las sanciones, según la naturaleza de la falta y su gravedad, contemplándose la suspensión.

5. Exigencia de comprobación del elemento subjetivo para la imposición de la sanción, al disponerse que en el proceso de suspensión o pérdida de investidura se tendrá en consideración el dolo o la culpa con que haya actuado y que la sanción deberá atender el principio de proporcionalidad.

6. Introducción de la doble instancia en los procesos de pérdida de la investidura.

7. Exigencia de mayoría cualificada de los votos de las tres quintas partes de los consejeros de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(147), para la adopción de la decisión en segunda instancia.

De otra parte, se dispuso la extensión de la doble instancia a los demás procesos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa en contra de los congresistas. Se previó que este beneficio se extendería a los congresistas que para la fecha de entrada en vigor del acto legislativo de reforma a la justicia tuviesen en trámite procesos en su contra, por razón de lo preceptuado en el parágrafo transitorio del artículo 184, a cuyo tenor, los expedientes que para ese entonces “estén pendientes de fallo... serán remitidos por reparto a las distintas secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para continuar con su trámite en primera instancia”. (Gaceta 347, pág. 41)

ii) (sic) En materia fiscal: no se advierten cambios de regulación en relación con los congresistas.

iv) En materia disciplinaria: en materia disciplinaria se separan las funciones de investigación y de juzgamiento y se consagra la doble instancia en los mismos términos en que ello se dispuso en materia penal. Las referidas competencias de investigación y juzgamiento disciplinario de los congresistas y otros aforados constitucionales se trasladan a la Corte Suprema de Justicia. Se crea la Sala de Investigación y Juzgamiento Disciplinario, para garantizar tanto la separación de tales funciones, como la doble instancia.

7.1.2. El origen de los supuestos beneficios contemplados en el informe de conciliación de la reforma a la justicia que favorecían a los congresistas.

Frente a los cargos planteados en la demanda, que atribuyen a los miembros de la comisión de conciliación la autoría de determinados beneficios, debe examinarse el origen de los mismos, ya que, según afirma el demandante, nunca se habrían discutido con anterioridad, durante el trámite legislativo que se surtió en alguna de las comisiones o plenarias de Cámara o Senado.

Al efecto, debe la Sala pronunciarse acerca de cada uno de ellos que se refieren a los siguientes temas: i) Materia penal, ii) Materia de pérdida de investidura y iii) Materia de nulidad electoral.

i) Material penal

i.i. La consagración de la doble instancia para los procesos penales de los congresistas.

La doble instancia para los procesos penales de los congresistas fue propuesta por el gobierno en el proyecto(148) (Gaceta del Congreso Nº 566 de 2011) presentado por el entonces Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, con la siguiente exposición de motivos:

“Doble instancia para el juzgamiento de aforados constitucionales, reforma a los artículos 186 y 235 de la Constitución

“... Para permitir la doble instancia en el juzgamiento de aforados, los senadores ponentes hemos decidido rechazar tanto la propuesta del gobierno como la del Consejo de Estado. En su lugar, decidimos aceptar las sugerencias realizadas por los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de crear una Sala de Investigación y Acusación y otra de Juzgamiento, adicionales a las tres Salas que tiene actualmente la Corte e integradas por tres magistrados cada una, para que conozcan de los procesos en primera instancia. La segunda instancia sería decidida por la Sala de Casación Penal de la misma corte, con lo cual: (i) se asegura la independencia entre quienes investigan y acusan, por un lado, y quienes juzgan, por el otro, por cuanto los unos y los otros no hacen parte de la misma sala, las cuales son independientes en su conformación y período; (ii) se instaura un verdadero recurso de ¿alzada¿ (sic) contra las sentencias de primera instancia, en el sentido vertical y jerárquico de la expresión; (iii) se preserva la especialidad en la decisión de estos asuntos de naturaleza penal, porque aunque los magistrados que conforman estas nuevas salas no integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena, deberán cumplir las mismas calidades exigidas para ser magistrados de la Corte, estarán dedicados especialmente a este tipo de tareas, y la segunda instancia será decidida por la máxima Sala en materia penal; (iv) se evita la dificultad de que quienes hayan conocido en primera instancia deban declararse impedidos en la segunda y ser reemplazados por conjueces, porque el proyecto señala expresamente que “Los magistrados que hayan intervenido en la investigación o acusación quedarán impedidos para conocer del juicio”.

Para lo anterior, se propone reformar el artículo 186 de la Constitución Nacional, así:

“ART. 186.—El juzgamiento de los delitos que cometan los congresistas, corresponderá en forma privativa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia, en los términos previstos en el numeral 3º del artículo 235”.

En este mismo sentido, también se reformaría el numeral 4º del artículo 235 de la Constitución para permitir que el Fiscal General de la Nación, el vicefiscal general de la Nación o la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, realicen la investigación y la acusación de los congresistas y la Sala Penal de la Corte Suprema el Juzgamiento de los mismos.

Para lo anterior, se propone reformar el artículo 186 de la Constitución Nacional, así:

“ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

“...

3. Juzgar a los miembros del Congreso.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará dividida en dos secciones. La primera sección se encargará del juzgamiento en primera instancia y, la otra, del juzgamiento en segunda instancia.

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los ministros del despacho, a los congresistas, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

...

PAR. 2º—Lo dispuesto en el numeral tercero de este artículo, se aplicará a las demás personas con fuero constitucional.

PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el presente artículo, sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, solo se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo”.

Y, a propósito de esta figura, en la exposición de motivos acotó:

“La doble instancia ha sido reconocida como requisito indispensable al interior del proceso penal razón esta que conlleva a considerar que es conveniente que la Carta Política reglamente los aspectos generales de su procedencia y conocimiento, cuando los asuntos son conocidos, en primera instancia, por un órgano de cierre. Si bien la Corte Constitucional ha considerado ajustado a la Norma Superior que en los procesos contra los altos funcionarios que gozan de fuero constitucional no se adelante una segunda instancia, bajo el argumento de constituir una garantía suficiente del derecho fundamental al debido proceso, que el juzgamiento se adelante ante el Juez que representa el órgano de cierre o el Tribunal Supremo de la correspondiente jurisdicción (jurisdicción ordinaria) también es cierto que la adopción de medidas tendientes a permitir la doble instancia en este tipo de procesos, responde en mejor medida a la tendencia penal acusatoria asumida por el Estado colombiano, así como a las obligaciones y deberes internacionales, asumidos como consecuencia y a causa de la suscripción de instrumentos supranacionales, como lo es el caso de la Convención americana de derechos humanos ya precitada.

Con las reformas introducidas se obtiene lo siguiente:

A los congresistas y demás aforados constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública) los investigaría y acusaría el Fiscal General de Nación (modificación propuesta al C.N., art. 235, num. 4º).

A los congresistas y demás aforados constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia los juzgaría una sección de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia y otra sección de la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia. (Modificación propuesta al C.N., art. 235, num. 3º).

A los congresistas y demás aforados constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia se les aplicaría el sistema acusatorio. (Modificación propuesta al C.N., art. 235, par. 2º, numeral 3º, 4º).

A los congresistas y demás aforados constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, por disposición del Código de Procedimiento Penal, el control de garantía se los haría la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Este nuevo procedimiento solo se aplicaría a delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del acto legislativo propuesto. (Énfasis fuera de texto).

...

La anterior propuesta fue acogida por el Gobierno Nacional en el presente proyecto de acto legislativo con algunas modificaciones a saber: La investigación y acusación estarían a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Se propone dividir la Sala Penal de la Corte Suprema en dos secciones. Una sección se encargará de adelantar la primera instancia y la otra sección resolverá la segunda instancia en los procesos que se lleven a cabo en contra de los congresistas. Se implementará el sistema acusatorio en el que el Fiscal General de la Nación investiga y acusa y el control de garantías será ejercido por el Tribunal Superior de Bogotá”. (Se resalta)

Bajo el anterior contexto, puede afirmarse que la consagración de la doble instancia para los procesos penales de los congresistas tiene su origen en los artículos 6º y 11 del proyecto de acto legislativo presentado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el cual obra en la Gaceta del Congreso Nº 566 de 2011 y cuyo texto dice:

“ART. 6º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—El juzgamiento de los delitos que cometan los congresistas, corresponderá en forma privativa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia, en los términos previstos en el numeral 3º del artículo 235”.

“ART. 11.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

“ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces, y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2º y 3º.

3. Juzgar a los miembros del Congreso.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará dividida en dos secciones. La primera sección se encargará del juzgamiento en primera instancia y, la otra, del juzgamiento en segunda instancia.

(...)

PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el presente artículo, sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, solo se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo” (Se resalta).

Asimismo, en los artículos 8º y 14 del informe de ponencia para primer debate, en primera vuelta, en el Senado (Gaceta del Congreso Nº 747 de 2011), se señaló:

“ART. 8º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

“ART. 186.—La investigación de los delitos que cometan los congresistas corresponderá en forma privativa a la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. El juzgamiento de los congresistas también corresponderá a la Corte Suprema de Justicia en primera y segunda instancias, en los términos previstos en el parágrafo 2º del artículo 235”.

“ART. 14.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

“ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2º y 3º.

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

(...)

PAR. 2º—Para los efectos de los numerales 3º y 4º de este artículo, créanse una sala de investigación y acusación y una sala de juzgamiento, las cuales adelantarán respectivamente las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia de los procesos que se adelanten contra dichos aforados. Cada una de estas dos salas estará integrada por tres magistrados, quienes deberán cumplir las calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, serán elegidos por esta de acuerdo con la ley para un período de cuatro (4) años sin posibilidad de reelección y no integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena de la Corte.

La segunda instancia será de competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que en ella puedan intervenir los magistrados que hayan intervenido en las etapas de investigación o acusación en primera instancia.

(...).

PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el presente artículo, sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, solo se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo(149). (Se resalta)

En un mismo sentido, en los artículos 12 y 19 de la ponencia para segundo debate, en primera vuelta, en el Senado (Gaceta del Congreso Nº 763 de 2011), se dijo:

“ART. 12.—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación de los delitos que cometan los congresistas, corresponderá en forma privativa a la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. El juzgamiento de los congresistas también corresponderá a la Corte Suprema de Justicia en primera y segunda instancia, en los términos previstos en el parágrafo 2º del artículo 235”.

“ART. 19.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

(...)

PAR. 2º—Para los efectos de los numerales 3º y 4º de este artículo, créanse una Sala de Investigación y Acusación y una Sala de Juzgamiento, las cuales adelantarán respectivamente las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia en los procesos que se adelanten contra dichos aforados. Cada una de estas dos salas estará integrada por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán elegidos por esta de acuerdo con la ley para un periodo de cuatro (4) años sin posibilidad de reelección y no integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena de la Corte.

La segunda instancia será de competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que en ella puedan intervenir los magistrados que hayan intervenido en las etapas de investigación o acusación en primera instancia.

(...)

PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el presente artículo, sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, solo se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo(150) (Se resalta).

En este orden de ideas, el texto definitivo que aprobó la Plenaria del Senado de la República en primera vuelta (Gaceta del Congreso Nº 857 de 2011) consagró expresamente la doble instancia para los procesos penales de los congresistas y la aplicación inmediata del nuevo régimen de investigación y juzgamiento de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:

“ART. 10.—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación de los delitos que cometan los congresistas, corresponderá en forma privativa a la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar si detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. El juzgamiento de los congresistas también corresponderá a la Corte Suprema de Justicia en primera y segunda instancia, en los términos previstos en el parágrafo 2º del artículo 235”.

“ART. 17.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

(...)

PAR. 2º—Para los efectos de los numerales 3º y 4º de este artículo, créanse una Sala de Investigación y Calificación y una Sala de Juzgamiento, las cuales adelantarán respectivamente las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia de los procesos que se adelanten contra dichos aforados. Cada una de estas dos salas estará integrada ...

PAR. TRANS.— Lo dispuesto en el presente artículo, sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, solo se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo”(151) (Se resalta).

A su turno, la doble instancia para los procesos penales de los congresistas quedó consagrada en el artículo 15 del informe de ponencia del proyecto de acto legislativo presentado en la Cámara de Representantes, el cual obra en la Gaceta del Congreso Nº 903 de 2011 y cuyo texto es del siguiente tenor:

“ART. 15.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

“ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Conocer de la segunda instancia de los procesos adelantados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, previa acusación del Fiscal General de la Nación...”(152) (Se resalta)

Sentido análogo tuvo lo aprobado en primer debate, en primera vuelta, en Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso Nº 994 de 2011), que sobre el particular señaló:

“ART. 9º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación de los delitos que cometan los congresistas, corresponderá en forma privativa a la Fiscalía General de la Nación, al vicefiscal general de la Nación o a sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, únicas autoridades que podrán solicitar su detención. El juzgamiento de los congresistas corresponderá a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en primera instancia y a la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia. La función de control de garantías será ejercida por la Corte Constitucional”.

“ART. 17.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Conocer de la segunda instancia de los procesos adelantados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, contra los miembros del Congreso..., por los hechos punibles que se les imputen.

(...)”(153). (Se resalta)

La misma línea de pensamiento quedó plasmada en el texto definitivo que se aprobó por la Cámara de Representantes en el segundo debate de la primera vuelta (Gaceta del Congreso Nº 997 de 2011) así:

“ART. 8º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación de los delitos y faltas disciplinarias que cometan los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Auditor General, y el Defensor del Pueblo corresponderá en forma privativa al tribunal para la investigación y el juzgamiento de aforados constitucionales. También corresponde a este tribunal la investigación de los delitos que cometan los congresistas, así como el juzgamiento en primera instancia de los delitos cometidos por todos los aforados enunciados en este artículo. Este tribunal podrá requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. (...)”.

“ART. 17.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Conocer de la segunda instancia de los procesos adelantados por el tribunal de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales contra los servidores y funcionarios públicos enunciados en el artículo 186 de la Carta.

4. Conocer de la segunda instancia de los procesos adelantados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, contra los ministros del despacho, los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; los directores de los departamentos administrativos, los embajadores y jefe de misión diplomática o consular, los gobernadores, los magistrados de tribunales y los generales y almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

(...)

PAR. 1º—Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

PAR. 2º—En el caso de la segunda instancia de los procesos adelantados por el tribunal de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales contra magistrados de la Corte Suprema, conocerá de ellos una sala de conjueces integrada para dichos efectos”(154). (Se resalta)

Asimismo en el texto definitivo del proyecto de acto legislativo aprobado en el primer debate, segunda vuelta, del Senado (Gaceta del Congreso Nº 293 de 2012) se señaló:

“ART. 7º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación y el juzgamiento de los delitos que cometan los congresistas se regirá por lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 235 de la Constitución”.

ART. 14.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así: “

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso...

(...)

PAR. 2º—Para los efectos de los numerales 3º y 4º de este artículo, créanse una Sala de Investigación y Calificación y una Sala de Juzgamiento, las cuales adelantarán, respectivamente, las etapas de investigación y juzgamiento en la primera instancia de los procesos que se adelanten contra dichos aforados, quienes podrán ser privados de la libertad cuando exista resolución de acusación en su contra, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito. Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial.

La Sala de Investigación y Calificación tendrá diez (10) miembros, quienes serán elegidos por la Corte Constitucional de ternas integradas por el Presidente de la República, los cuales se dividirán en dos salas, una para adelantar las investigaciones penales de los aforados mencionados en los numerales 3º y 4º de este artículo, y otra para conocer de los procesos disciplinarios contra los aforados mencionados en el numeral 3º por causas constitucionales o legales. Los miembros de la Sala de Juzgamiento serán 5, elegidos por la Corte Suprema de Justicia mediante voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, de listas de 5 candidatos conformadas mediante convocatoria pública para un periodo de ocho años sin posibilidades de reelección.

(...)

PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, solo se aplicará para los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo. (...)”(155). (Se resalta)

Igual línea se mantuvo en el texto definitivo del proyecto de acto legislativo aprobado en segundo debate, segunda vuelta, del Senado (Gaceta del Congreso Nº 228 de 2012) que consagró:

“ART. 9º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación y el juzgamiento de los delitos que cometan los congresistas se regirá por lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 235 de la Constitución”.

“ART. 17.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación”.

(...)

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso...

(...)

PAR. 2º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis (6) magistrados, elegidos a razón de tres (3) por la Corte Constitucional, y tres (3) por el Consejo de Estado, tres (3) de los cuales adelantarán la etapa de investigación penal en la primera instancia de los procesos que se adelanten contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo y tres (3) conocerán de la segunda instancia durante la investigación. Estos aforados podrán ser privados de la libertad con posterioridad al proferimiento de la resolución de acusación en firme en su contra, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito.

(...).

La primera instancia en la etapa de juzgamiento en los procesos penales que se adelanten contra los aforados a que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo, será conocida por cinco (5) magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La segunda instancia será conocida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con exclusión de quienes hubieren conocido el asunto en primera instancia.

(...)

PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales no se aplicará a los delitos por los cuales se hubiera proferido resolución de acusación ejecutoriada al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo”(156). (Se resalta)

Lo mismo sucedió con el texto definitivo del proyecto de acto legislativo en primer debate, segunda vuelta de la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso Nº 347 de 2012) que donde se dijo:

“ART. 8º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación y el juzgamiento de los delitos que cometan los congresistas se regirá por lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 235 de la Constitución”.

“ART. 16.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso...

(...)

PAR. 2º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis (6) magistrados con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos por la Corte Constitucional, en razón de dos (2) ternas presentadas por el Presidente de la República, dos (2) por el Fiscal General de Nación y dos (2) por el Procurador General de la Nación. Tres (3) de estos magistrados adelantarán la etapa de investigación penal de los procesos que se adelanten contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, y los tres (3) restantes decidirán los recursos de apelación que se interpongan contra los autos proferidos durante la etapa de investigación que, de acuerdo con las normas procesales aplicables, sean apelables. Estos aforados podrán ser privados de la libertad una vez exista en su contra resolución de acusación en firme o su equivalente, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito.

La primera instancia en la etapa de juzgamiento en los procesos penales que se adelanten contra los aforados a que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo será conocida por cinco (5) magistrados elegidos por la Corte Constitucional de listas conformadas mediante convocatoria pública.

(...)

PAR. 3º—La segunda instancia en la etapa de juzgamiento de los aforados de los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo, se adelantará ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

PAR. 4º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Juzgamiento Disciplinario integrada por tres (3) magistrados, elegidos a razón de uno (1) por la Corte Constitucional, uno (1) por la Corte Suprema de Justicia y uno (1) por el Consejo de Estado, quienes conocerán de los procesos disciplinarios contra los aforados a que se refiere el numeral 2º de este artículo.

(...)

PAR. 7º—La denuncia o queja que se formule contra los congresistas, en todo caso, y contra los funcionarios enunciados en el numeral 2º del artículo 174 de la Constitución por conductas que no conlleven a juicio político ante el Congreso, se radicará ante la Sala de Investigación y Calificación a la que se refiere el parágrafo segundo de este artículo mediante escrito con diligencia de presentación personal del denunciante y acompañado de las pruebas que obren en su poder o de la relación de las que deban practicarse y que la respaldan, sin perjuicio de las investigaciones de oficio que pueda iniciar la citada Sala.

(...)

PAR. TRANS. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales no se aplicará a los delitos por los cuales hubiera resolución de acusación ejecutoriada al (...)”(157). (Se resalta)

Finalmente, en el texto definitivo del proyecto de acto legislativo aprobado en segundo debate, segunda vuelta, por la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso Nº 387 de 2012) también se consagró lo siguiente:

“ART. 9º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

ART. 186.—La investigación y el juzgamiento de los delitos que cometan los congresistas se regirán por lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 235 de la Constitución”.

“ART. 17.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso...

(...)

PAR. 2º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis (6) magistrados con las calidades exigidas para los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos para períodos de ocho (8) años por la Corte Constitucional de ternas presentadas a razón de dos (2) por el Presidente de la República, dos (2) por el Fiscal General de Nación y dos (2) por el Procurador General de la Nación. Por cada denuncia radicada o por cada actuación iniciada de oficio contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, tres (3) de estos magistrados adelantarán la etapa de investigación penal de conformidad con las normas de reparto y rotación de procesos que establezca el reglamento respectivo y los tres (3) restantes decidirán los recursos de apelación que se interpongan contra los autos proferidos durante la etapa de investigación que, de acuerdo con las normas procesales aplicables, sean apelables.

(...)

La primera instancia en la etapa de juzgamiento en los procesos penales que se adelanten contra los aforados a que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo será conocida por cinco (5) magistrados con las mismas calidades exigidas para los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos para períodos de ocho (8) años por la Corte Constitucional de listas conformadas mediante convocatoria pública.

PAR. 3º—La segunda instancia en la etapa de juzgamiento de los aforados mencionados en los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo se adelantará por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, previa ponencia de la Sala de Casación Penal.

PAR. 4º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Juzgamiento Disciplinario encargada de conocer de las faltas disciplinarias de los funcionarios mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo...

(...)

PAR. 7º—La denuncia o queja penal, administrativa fiscal y disciplinaria que se formulen contra los congresistas y aforados mencionados en el numeral 2º del artículo 174 de la Constitución Política por conductas que no requieran juicio político ante el Congreso se radicará ante la instancia correspondiente según sea el caso, mediante escrito con diligencia de presentación personal del denunciante y acompañado de las pruebas que obren en su poder o de la relación de las que deben practicarse y que la respaldan. La ley establecerá las garantías y mecanismos de protección de los ciudadanos que presenten denuncia o queja contra los aforados mencionados en este artículo.

PAR. TRANS. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y juzgamiento penal de aforados constitucionales se regirá por la Ley 600 de 2000, entre tanto el legislador no tome una decisión distinta.

(...)

PAR. TRANS. 3º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, todas las indagaciones preliminares e investigaciones formales que esté adelantando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, serán remitidas en el estado en que se encuentren a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema de Justicia para que siga conociendo de ellas; y los juicios que esté adelantando aquella sala contra los aforados mencionados en los numerales 2º, 3º y 4º serán remitidas a la Sala de Juzgamiento de primera instancia de que habla el parágrafo segundo de este artículo, cuya sentencia será susceptible de apelación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tanto estas nuevas salas asuman la competencia de estos procesos, se suspenderán los términos procesales y la prescripción de la acción penal.

(...)

PAR. TRANS. 4º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, las investigaciones disciplinarias que se estén adelantando contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo serán remitidas a la Sala de Investigación y Juzgamiento disciplinario de la Corte Suprema de Justicia en el estado en el que se encuentren”(158). (Se resalta)

i.ii. La prohibición de ordenar la captura o detención preventiva de los congresistas, entre otros aforados, antes del proferimiento de la resolución de acusación firme en su contra, excepto el caso de aprehensión en flagrancia.

La prohibición de ordenar la captura o detención preventiva de los congresistas antes del proferimiento de la resolución de acusación firme en su contra, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito, fue introducida en el parágrafo 2º del artículo 17 del informe de ponencia para segundo debate, en segunda vuelta, en la Cámara de Representantes(159) (Gaceta 347 de 2012) que indica:

“ART. 17.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(...)

PAR. 2º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis (6) magistrados con las calidades exigidas para los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos para períodos de ocho (8) años por la Corte Constitucional de ternas presentadas a razón de dos (2) por el Presidente de la República, dos (2) por el Fiscal General de Nación y dos (2) por el Procurador General de la Nación. Por cada denuncia radicada o por cada actuación iniciada de oficio contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, tres (3) de estos magistrados adelantarán la etapa de investigación penal de conformidad con las normas de reparto y rotación de procesos que establezca el reglamento respectivo y los tres (3) restantes decidirán los recursos de apelación que se interpongan contra los autos proferidos durante la etapa de investigación que, de acuerdo con las normas procesales aplicables, sean apelables.

Los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo solo podrán ser privados de la libertad una vez exista en su contra resolución de acusación en firme o su equivalente, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito. En el caso de los aforados enunciados en este inciso, la Sala de Investigación y Calificación contará con un término máximo de dos (2) años a partir de la recepción de la noticia criminis para abrir la investigación formal o proferir auto inhibitorio debidamente motivado, o sus equivalentes, término que será de tres (3) años cuando se presente concurso de delitos o cuando sean tres o más los investigados. Estos términos podrán ser prorrogados hasta por un año más mediante auto motivado.

La primera instancia en la etapa de juzgamiento en los procesos penales que se adelanten contra los aforados a que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo será conocida por cinco (5) magistrados con las mismas calidades exigidas para los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos para períodos de ocho (8) años por la Corte Constitucional de listas conformadas mediante convocatoria pública”. (Se resalta)

ii) En materia de pérdida de investidura.

ii.i. Eliminación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura.

La eliminación de las inhabilidades como causal de pérdida de investidura, fue introducida por los ponentes en el pliego de modificaciones para segundo debate (segunda vuelta) en la Cámara de Representantes, como consta en la Gaceta 347 del 12 de junio de 2012(160), en la cual se lee:

“Se elimina la causal de violación al régimen de inhabilidades, por cuanto al ser anteriores al momento de elección, se alejan de la finalidad del proceso, consistente en evitar los abusos de la investidura. Además, para tales causales ya el proceso de nulidad electoral, por lo cual consideramos que la pérdida de investidura resulta redundante y excesiva para tales causas”(161).

En virtud de lo anterior, el pliego de modificaciones al Proyecto de Acto Legislativo 7/11 Senado – 143/11 Cámara, quedó redactado de la siguiente forma:

“ART. 183.—Con el fin de preservar la dignidad de la investidura de congresista y enaltecer sus responsabilidades y funciones, se adelantará un juicio autónomo de reproche ético ante el Consejo de Estado que podrá dar lugar a la pérdida de la investidura del congresista en los casos de grave perjuicio para el Congreso y para el interés colectivo que se enuncian a continuación:

1. Por violación al régimen de incompatibilidades”(162).

En tal virtud, el texto final aprobado por la Cámara de Representantes solo contempló las incompatibilidades como causal de pérdida de la investidura, como consta en la Gaceta 387 de 20 de junio de 2012(163):

“ART. 183.—Con el fin de preservar la dignidad de la investidura del congresista y enaltecer sus responsabilidades y funciones, se adelantará un juicio autónomo de reproche ético ante el Consejo de Estado que podrá dar lugar a la pérdida de la investidura del congresista en los casos de grave perjuicio para el Congreso y para el interés colectivo que se enuncian a continuación:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades”(164).

Por contraste, el Senado de República contempló tanto las incompatibilidades como las inhabilidades, como se aprecia en el texto final aprobado por la Plenaria en segunda vuelta, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 228 del 14 de mayo de 2012(165):

“ART. 183.—Los congresistas solo serán suspendidos o perderán su investidura:

1. Por violación del régimen constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”(166).

ii.ii. Eliminación de la causal de pérdida de la investidura por hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, contemplada en el artículo 110 de la Constitución Política. Ello significa que los servidores públicos, incluidos los congresistas, podrían financiar e invertir recursos en campañas y partidos.

La eliminación de la prohibición contemplada en el artículo 110 de la Constitución Política como causal de pérdida de la investidura, se originó en el octavo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta 387 de 20 de junio de 2012(167)

“PAR. 2º—La causal de pérdida de investidura a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Política, no será aplicable a los miembros de las corporaciones públicas”(168).

ii.iii. Eliminación de la causal de pérdida de la investidura, por no tomar posesión dentro de los 8 días siguientes a la instalación del Congreso. En reemplazo, se erigió en causal de vacancia del cargo.

La eliminación de la falta de posesión como causal de pérdida de la investidura tuvo su origen en el texto propuesto para segundo debate en Senado, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 806 del 31 de octubre de 2011(169):

“Cuando el congresista no tome posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación del Congreso o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse, se declarará la vacancia del cargo y las mesas directivas de la respectivas Cámaras llamarán a quien corresponda por ley para ocupar el cargo”(170).

Dicha modificación fue aprobada por la Cámara de Representantes en la primera vuelta en segundo debate, como consta en la Gaceta Nº 944 de 6 de diciembre de 2011(171):

“Cuando el congresista no tome posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación del Congreso o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse, se declarará la vacancia del cargo y las mesas directivas de las respectivas Cámaras llamarán a quien corresponda por ley para ocupar el cargo”(172).

El texto definitivo aprobado por el Senado de la República en segunda vuelta contempló que la falta de posesión no acarrearía la pérdida de investidura, sino la declaratoria de vacancia del cargo. Así consta en la Gaceta Nº 228 de 14 de mayo de 2012(173):

“PAR. 2º—Cuando un congresista no tome posesión del cargo salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación del Congreso o aquella en que fuera llamado a posesionarse, se declarará la vacancia del cargo y las mesas directivas de las respectivas Cámaras llamarán a quien corresponda por ley para ocuparlo”(174).

ii.iv. Introducción de un esquema de gradualidad para la imposición de las sanciones, según la naturaleza de la falta y su gravedad, contemplándose la suspensión.

La introducción de la gradualidad, mediante la suspensión de la investidura, figura en el informe de ponencia para primer debate en segunda vuelta, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 139 del 11 de abril de 2012(175), en el cual se lee:

“En desarrollo del principio de gradualidad se establece que la pérdida de la investidura no será la única sanción aplicable a un congresista, pues el juez podrá recurrir también a la suspensión”(176).

Esta modificación quedó incluida en el pliego de modificaciones para primer debate en segunda vuelta en el Senado de la República:

“ART. 183.—Los congresistas solo serán suspendidos o perderán su investidura:”(177)

Esta modificación se explicó en los siguientes términos:

“En el juicio de pérdida de investidura se incluirá también la sanción de suspensión, como se dijo anteriormente. Se incluye un inciso en el que se determina que esta medida no podrá ser superior a seis meses. En el numeral primero del artículo se reemplaza el término juicio por el de proceso pues es el que se usa en toda la norma”(178).

Las anteriores modificaciones se incorporaron en el texto definitivo aprobado por la Plenaria del Senado de la República en segunda vuelta, como consta en la Gaceta del Congreso Nº 228 del 14 de mayo de 2012(179):

“ART. 183.—Los congresistas solo serán suspendidos o perderán su investidura:

(...)

ART. 184.—El proceso de suspensión o pérdida de investidura de congresistas se adelantará con sujeción a las siguientes reglas:

(...)

En todo caso la suspensión no podrá ser superior a un año”(180) 

Por su parte, la Cámara de Representantes estableció en las consideraciones generales al articulado, publicadas en la Gaceta del Congreso 903 del 29 de noviembre de 2011, lo siguiente(181):

“No acogemos la proscripción de la responsabilidad objetiva ni la obligatoriedad de la proporcionalidad en la tasación de la sanción por tratarse de propuestas contradictorias y vacías al frente a una única sanción, como en este caso es la pérdida de investidura”(182).

Como consecuencia de las anteriores consideraciones, el texto definitivo aprobado en octavo debate en la segunda vuelta en la Plenaria de la Cámara de Representantes no contempló la suspensión, como consta en la Gaceta Nº 387 de 20 junio de 2012(183):

“ART. 183.—Con el fin de preservar la dignidad de la investidura del congresista y enaltecer sus responsabilidades y funciones, se adelantará un juicio autónomo de reproche ético ante el Consejo de Estado que podrá dar lugar a la pérdida de la investidura del congresista en los casos de grave perjuicio para el Congreso y para el interés colectivo que se enuncian a continuación:

(...)

ART. 184.—El proceso de pérdida de investidura de congresistas se adelantará con sujeción a las siguientes reglas:”(184)

ii.v. Exigencia de comprobación del elemento subjetivo para la imposición de la sanción, al disponerse que en el proceso de suspensión o pérdida de investidura se tendrá en consideración el dolo o la culpa con que haya actuado y que la sanción deberá atender el principio de proporcionalidad.

Por otra parte, la introducción del elemento subjetivo, esto es, la comprobación de la existencia de dolo o culpa, se originó en el segundo debate en segunda vuelta en el Senado como consta en la Gaceta Nº 210 del 8 de mayo de 2012(185) en el pliego de modificaciones:

“ART. 184.—El proceso de suspensión o pérdida de investidura de congresistas se adelantará con sujeción a las siguientes reglas:

1. En el proceso de suspensión o pérdida de investidura se tendrá en consideración el dolo o la culpa con que se haya actuado y la sanción deberá atender al principio de proporcionalidad. La ley regulará las causales previstas en la Constitución”(186).

Esta iniciativa se incorporó en el texto final aprobado por el Senado de la República, como consta en la Gaceta Nº 228 del 14 de mayo de 2012(187):

“ART. 184.—El proceso de suspensión o pérdida de investidura de congresistas se adelantará con sujeción a las siguientes reglas:

1. En el proceso de suspensión o pérdida de investidura se tendrá en consideración el dolo o la culpa con que se haya actuado y la sanción deberá atender al principio de proporcionalidad. La ley regulará las causales previstas en la Constitución”.

La Cámara de Representantes no aprobó esta iniciativa, según se aprecia en el texto final publicado en la Gaceta 387 de 20 de junio de 2012(188):

“ART. 184.—El proceso de pérdida de investidura de congresistas se adelantará con sujeción a las siguientes reglas:

1. La solicitud de pérdida de investidura podrá ser formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano mediante escrito con diligencia de presentación personal acompañado de las pruebas que obren en su poder o de la relación de las que deban practicarse. Deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho y las razones jurídicas que el demandante considere relevantes para estructurar una causal de pérdida de investidura”.

ii.vi. Introducción de la doble instancia en los procesos de pérdida de la investidura.

La doble instancia para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas que se originó en el proyecto del Consejo de Estado(189), fue introducida en la ponencia para primer debate en Senado, en el pliego de modificaciones, como resultado de articular los proyectos acumulados(190) y fue aprobada en Segundo Debate en Plenaria del Senado en primera vuelta(191).

En la exposición de motivos del proyecto presentado por la corporación, se consignaron las consideraciones siguientes:

“... Pérdida de investidura (reforma a los arts. 183 y 184 de la Carta)

6. Las modificaciones proyectadas en relación con la regulación de la pérdida de investidura de los congresistas.

En cuanto se refiere a la pérdida de investidura de los congresistas, el Consejo de Estado manifiesta su conformidad para con las propuestas que recoge el artículo 6º del Proyecto de Acto Legislativo 10-2008 – Senado, (i) en cuanto se estima que el procedimiento actualmente vigente debe ser ajustado con el propósito de brindarle mayores oportunidades de defensa a los congresistas que resulten demandados; (ii) se participa de la idea encaminada a que se establezcan diferentes grados de sanciones, según la causal que en cada caso concreto se encuentre probada, en forma tal que su dosificación corresponda al Consejo de Estado en los términos que determine la ley y según la valoración de las circunstancias particulares de cada caso y (iii) estima adecuado que la regulación constitucional defina que en esa clase de procesos la primera instancia se surta ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la segunda ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del propio Consejo de Estado, con exclusión, claro está, de la referida Sección Quinta.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Estado estima igualmente necesario emprender un examen —que bien puede realizarse durante el curso del debate del proyecto de acto legislativo en referencia— de las diversas causales de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Carta Política para los congresistas, en cuanto son ellas las que dan lugar a los procesos de pérdida de investidura, todo con el propósito de ajustarlas, de ampliarlas o de reducirlas, según la experiencia que se ha acumulado durante los 17 años de vigencia de la Constitución durante los cuales esta corporación ha venido dando curso a dichos procesos y consolidando una jurisprudencia que resulta enriquecedora al respecto...”.

iii) En materia nulidad electoral.

La extensión de la doble instancia a los procesos de nulidad electoral de competencia de la Sección Quinta de la corporación, fue aprobada en el octavo debate en la segunda vuelta en la Cámara de Representantes y figura en el texto que se adicionó como último aparte del parágrafo transitorio del artículo séptimo del proyecto que modifica el artículo 184 de la Constitución, del siguiente tenor:

“Igual procedimiento se surtirá, en los demás procesos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa en contra de los congresistas”.

iv) En materia disciplinaria:

La investigación y el juzgamiento disciplinario de los miembros del Congreso en dos instancias, por parte de la Sala de Investigación y Juzgamiento Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia fue aprobada por la Cámara de Representantes en el segundo debate, en la segunda vuelta en y figura en los parágrafos 4º y 7º y en el parágrafo transitorio 4º del artículo 235 de la Constitución Política (Gaceta del Congreso 387/12)(192).

7.1.3. Conclusiones.

El cotejo de los textos aprobados durante los 8 debates constitucionales, con el texto aprobado por la comisión accidental de conciliación, llevaría a concluir que, de los beneficios o ventajas aprobados en la reforma a la justicia, seria atribuible a la autoría de la comisión de conciliación en materia penal, la supresión de las disposiciones que regulaban la vigencia del nuevo régimen en el artículo 235 de la Constitución Política, parágrafo transitorio(193), aprobado en la Plenaria del Senado en segunda vuelta (Gaceta del Congreso 228/12), así como los parágrafos transitorios 3º y 4º (194) ídem, aprobados en Plenaria de la Cámara en segunda vuelta (Gaceta del Congreso 387/12).

Empero, tampoco en esta materia puede afirmarse que la comisión de conciliación innovó, puesto que, como quedó expuesto con anterioridad, la Plenaria de la Cámara en segunda vuelta (Gaceta 387/12), había aprobado disposiciones transitorias para que el nuevo régimen penal se aplicara a los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo, lo que es coincidente con la supresión de las disposiciones transitorias que regulaban la vigencia del nuevo régimen penal.

7.1.4. Análisis del eventual conflicto de intereses de demostrarse que, respecto de alguno de los conciliadores, concurría un interés concreto, directo y actual en la aprobación del citado beneficio.

Debe entonces la Sala examinar el caso personal de cada uno de los miembros de la comisión de conciliación, a fin de verificar si concurría un interés particular y concreto, de donde pudiese derivarse un provecho, beneficio o ventaja.

En jurisprudencia uniforme y reiterada esta corporación ha precisado que para que el interés requerido para que la causal se estructure, tiene que ser actual, directo y particular.

El exacto alcance de estas cualificaciones ha sido materia de análisis, con ocasión de múltiples pronunciamientos consignados por la corporación, en particular, al examinar la causal relativa a la violación del régimen de conflicto de intereses en procesos de pérdida de la investidura.

Es, pues, del caso, traer a colación algunos de los más relevantes fallos en los que tales análisis se han plasmado, dada su pertinencia, en punto a dilucidar la cuestión que en el caso presente ocupa la atención de la Sala.

Así, en sentencia de 27 de julio de 2010 (C.P. Mauricio Fajardo Gómez) la Sala Plena de esta corporación(195) precisó que el interés debe ser entendido como “una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen”(196) y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivaría ... de la decisión que pudiera tomarse en el asunto”(197).Así, pues, para que el interés sea directo se requiere que el juzgador obtenga para sí o para los suyos, una ventaja o provecho de tipo patrimonial o moral.

De otra parte, para que el interés sea actual, se precisa que el vicio que se endilga de la capacidad interna del juzgador se encuentre latente o concomitante al momento de tomar la decisión, de suerte que, ni los hechos pasados, ni los hechos futuros tienen la entidad suficiente para deslegitimar la competencia subjetiva del juez. En ese sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de 28 de abril de 2004 (Flavio Augusto Rodríguez Arce)(198) puso de presente que “el interés no es actual ... cuando no se ha adquirido y, por tanto, no puede afectarse”, y que en esas condiciones “no es viable inferir la existencia de un interés personal y concreto que comprometa la imparcialidad”.

Según se sintetizó en precedencia, respecto de los doce (12) congresistas que integraron la comisión de conciliación, dentro del trámite de la reforma a la justicia (Jesús Ignacio García Valencia, Carlos Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo Escobar, Juan Manuel Corzo Román, Luis Fernando Duque García, Martín Emilio Morales Díaz, Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio Aguilar, Gustavo Hernán Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo) se ofició a:

1. La Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal), para que certificara si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y la aprobación por parte de la comisión de conciliación (jun./2012), existía alguna investigación o proceso penal contra alguno de los anteriores congresistas y, en caso afirmativo, indicar por cuál delito y el estado actual del proceso.

2. Lo propio se ofició a la Procuraduría General de la Nación a fin de que en el término de tres (3) días, certificara si para la misma época existía alguna investigación disciplinaria contra alguno de los congresistas mencionados y, en caso afirmativo, indicar por cuál conducta y el estado actual de la investigación.

3. Igual determinación se adoptó en relación con la Contraloría General de la República para que certificara si para la misma época existía algún proceso de responsabilidad fiscal contra alguno de los congresistas mencionados y, en caso afirmativo, indicar porqué conducta y el estado actual de la investigación.

4. De igual modo, se ofició a la secretaria general del Consejo de Estado a fin de que certificara si para esa misma época cursaba en la corporación algún proceso de acción de pérdida de investidura contra alguno de los congresistas mencionados y, en caso afirmativo, indicar la causal que se les imputaba y el estado del proceso para esa fecha.

5. Asimismo, se ofició a la secretaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado para que certificara si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012), cursaba en esa Sección algún proceso de acción de nulidad electoral contra alguno de los miembros de dicha comisión. En caso afirmativo, indicar la causal de nulidad que se les imputaba y el estado del proceso para esa fecha.

6. Finalmente, se ofició a las secretarías generales del Senado y de la Cámara de Representantes, a fin de certificaran el nombre de los congresistas integrantes de la comisión de conciliación que suscribieron el respectivo informe de conciliación, que fue sometido a la aprobación de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

Ahora bien, los elementos de juicio que arrojan las pruebas documentales allegadas al proceso por las autoridades mencionadas, en respuesta a los requerimientos surtidos en virtud de los decretos oficiosos de pruebas dispuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, acerca de si los conciliadores tenían en curso procesos de nulidad electoral, de pérdida de investidura, penales, disciplinarios o fiscales en los que pudiesen resultar beneficiados, en razón a las modificaciones introducidas en su regulación normativa o régimen jurídico, durante la tramitación del acto legislativo de reforma a la justicia, se registran en los siguientes cuadros comparativos:

 Corte Suprema de Justicia (Procesos penales)Procuraduría General de la NaciónContraloría General de la República
 Mediante auto de 11 de septiembre de 2013 (Fl. 571, cdno. 3), se ordena a la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) que en el término de tres (3) días, certifique si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012), existía alguna investigación o proceso penal contra alguno de los conciliadores y, en caso afirmativo, indicar porqué delito y el estado actual del proceso. Mediante auto de 11 de septiembre de 2013 (Fl. 571, cdno. 3), se ordena a la Procuraduría General de la Nación que en el término de tres (3) días, certifique si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012), existía alguna investigación disciplinaria contra alguno de los conciliadores y, en caso afirmativo, indicar porqué conducta y el estado actual de la investigación.Mediante auto de 11 de septiembre de 2013 (Fl. 571, cdno. 3), se ordena a la Contraloría General de la República que en el término de tres (3) días, certifique si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012), existía algún proceso de responsabilidad fiscal contra alguno de los conciliadores y, en caso afirmativo, indicar porqué conducta y el estado actual de la investigación.

Jesús Ignacio García ValenciaRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: El registro arroja que a nombre de los senadores (...) Jesús Ignacio García no existía investigación abierta al 19 de junio de 2012. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Carlos Eduardo Enríquez MayaRevisado el sistema interno de gestión, se observa que en contra de los siguientes senadores existía preliminares abiertas a la fecha en los procesos que tramita esta Sala: Única Instancia, Radicado 33390, magistrado ponente doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, fecha de reparto 19 de enero del 2010, en la actualidad se encuentra en secretaría en práctica de pruebas, estado actual en previas. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)En respuesta a su Oficio 16258 del 16 de septiembre del 2013 recibido en este despacho el 18 del mismo mes y año, al respecto me permito comunicarle que revisado el sistema de información misional —SIM— de la entidad, se encontró que para la fecha por usted indagada existían las siguientes investigaciones en contra de los congresistas que a continuación se relacionan: Eduardo Enríquez Maya: IUS- 2012-226945, en su condición de congresista presuntamente haberse beneficiado al lograr que varias personas cercanas a él las eligieran como administradores o depositarios de algunos bienes incautados vinculados con actividades ilícitas. A la fecha el proceso se encuentra en apertura de investigación preliminar. (Fl. 780, cdno. 3)En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)

Juan Carlos Restrepo EscobarRevisado el sistema interno de gestión, se observa que en contra de los siguientes senadores existía preliminares abiertas a la fecha en los procesos que tramita esta Sala: Única instancia, Radicado 35780, magistrado ponente doctor Julio Enrique Socha Salamanca, fecha de reparto 7 de febrero del 2011, en la actualidad se encuentra al despacho en investigación previa. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Juan Manuel Corzo RománRevisado el sistema interno de gestión, se observa que en contra de los siguientes senadores existía preliminares abiertas a la fecha en los procesos que tramita esta Sala: 1. Única instancia, Radicado 36630, magistrado ponente doctor Luis Guillermo Salazar Otero, fecha de reparto 27 de mayo del 2011, el 19 de diciembre del 2011, se inició investigación formal, en la fecha se encuentra al despacho. 2. Única instancia, Radicado 37349, magistrado ponente doctor Javier Zapata Ortiz, fecha de reparto 5 de septiembre del 2011, mediante auto de fecha 5 de diciembre del 2011 se dio apertura de investigación, se encuentran las diligencias al despacho. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Luis Fernando Duque GarcíaRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: El registro arroja que a nombre de los senadores Luís Fernando Duque no existía investigación abierta al 19 de junio de 2012. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Martín Emilio Morales Diz (sic)Revisado el sistema interno de gestión, se observa que en contra de los siguientes senadores existía preliminares abiertas a la fecha en los procesos que tramita esta Sala: 1. Única Instancia, Radicado 37565, la adelanta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fecha de reparto 30 de septiembre del 2011, el 15 de noviembre del 2011 se profirió auto de apertura de investigación, se encuentran las diligencias al despacho. 2. Única Instancia, Radicado 37568, magistrado ponente doctor Julio Enrique Socha Salamanca, fecha de reparto el 29 de noviembre del 2011, en la fecha se encuentra en secretaría en práctica de pruebas. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Alejandro Carlos Chacón CamargoRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: El registro arroja que a nombre de los Representante (...) Alejandro Carlos Chacón Camargo (...) no existía investigación abierta al 19 de junio de 2012. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Germán Varón CotrinoRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: El registro arroja que a nombre de los Representante (...) Germán Varón Cotrino (...) no existía investigación abierta al 19 de junio de 2012. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Carlos Edward Osorio AguilarRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: El registro arroja que a nombre de los Representante (...) Carlos Edward Osorio no existía investigación abierta al 19 de junio de 2012. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Gustavo Hernán Puentes DíazRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: 1. Única instancia, Radicado 36943, magistrado ponente doctor Luis Guillermo Salazar Otero, fecha de reparto 22 de noviembre del 2011, mediante auto de 5 de marzo del 2012, se dispuso abrir investigación preliminar, en la fecha se encuentra en secretaría en práctica de pruebas. 2. Única instancia, Radicado 36984, la adelanta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente al señor Gustavo Hernán Puentes Díaz y otros parlamentarios, el 9 (sic) del 2011 se profirió apertura de investigación, en la fecha se encuentra en secretaría en práctica de pruebas. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Orlando Velandia SepúlvedaRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: El registro arroja que a nombre de los Representante Orlando Velandia Sepúlveda (...) no existía investigación abierta al 19 de junio de 2012. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)No aparece reportado (Fl. 780, cdno. 3)

En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)
Roosvelt Rodríguez RengifoRevisado el sistema interno de gestión, el libro índice de procesos, consultado con la relatoría penal y el archivo de la Corte Suprema de Justicia, se observa que en contra de los siguientes representantes a la Cámara existía investigaciones abiertas al 19 de junio del 2012 en los procesos que tramita esta Sala: El registro arroja que a nombre de los Representante (...) Roosvelt Rodríguez Rengifo (...) no existía investigación abierta al 19 de junio de 2012. (Fls. 715 y 716, cdno. 3)En respuesta a su Oficio 16258 del 16 de septiembre del 2013 recibido en este despacho el 18 del mismo mes y año, al respecto me permito comunicarle que revisado el sistema de información misional —SIM— de la entidad, se encontró que para la fecha por usted indagada existían las siguientes investigaciones en contra de los congresistas que a continuación se relacionan: Roosvelt Rodríguez Rengifo: IUS-2010-356884, en su condición de primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, se negó a firmar la resolución que convocaba a quien debía ocupar la curul que dejaba el Representante a la Cámara por Bogotá, Luis Felipe Barrios, a pesar de que el Consejo de Estado en sentencia del 27 de Julio del 2010 le había declarado la pérdida de investidura, decisión que fue comunicada oportunamente. A la fecha el proceso se encuentra en apertura de investigación disciplinaria. (Fl. 780, cdno. 3)En atención a su comunicación referida en el asunto, respecto de procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos congresistas para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012). (...) le informamos que hecha la consulta de los números de cédula, hoy 20 de septiembre de 2013, en la base de datos del Sibor, sistema del boletín de responsables, nos arrojó que los congresistas relacionados en su comunicación, ninguno aparece reportado como responsable fiscal. (Fls. 765, 766, cdno. 3)

 Secretaria general del Consejo de EstadoSección Quinta del Consejo de Estado
 Mediante auto de 11 de septiembre de 2013 (fl. 571, cdno. 3), se ordenó a la secretaria general del Consejo de Estado que en el término de tres (3) días, certifique si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012), cursaba en la corporación algún proceso de acción de pérdida de investidura contra alguno de los congresistas mencionados y, en caso afirmativo, indicar la causal que se les imputaba y el estado del proceso para esa fecha. Mediante auto de 11 de septiembre de 2013 (Fl. 571, cdno. 3), se ordenó a la secretaria de la Sección Quinta del Consejo Estado que en el término de tres (3) días, certifique si para la época en que se llevaron a cabo las sesiones y aprobación por parte de las comisiones de conciliación (jun./2012), cursaba en la Sección algún proceso de acción de nulidad electoral contra alguno de los miembros de dicha comisión. En caso afirmativo indicar la causal de nulidad que se les imputaba y el estado del proceso para la fecha.
Jesús Ignacio García ValenciaRevisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Jesús Ignacio García Valencia. (Fl. 578, cdno. 3)Respecto de los señores Jesús Ignacio García Valencia..., ante esta Sección se presentó demanda de nulidad contra el acto de elección de los senadores de la República para el periodo 2010-2014, siendo acumulado en el Proceso 11001-03-28-000-2010-00065-00, actor: Sigifredo López Tobón y otros, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, en el que se dictó sentencia el 10 de mayo de 2013.
Para el mes de junio de 2012, el expediente se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Carlos Eduardo Enríquez MayaRevisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Carlos Eduardo Enríquez Maya. (Fl. 578, cdno. 3)Respecto de los señores ... Carlos Eduardo Enríquez Maya ... ante esta Sección se presentó demanda de nulidad contra el acto de elección de los senadores de la República para el periodo 2010-2014, siendo acumulado en el Proceso 11001-03-28-000-2010-00065-00, actor: Sigifredo López Tobón y otros, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, en el que se dictó sentencia el 10 de mayo de 2013.
Para el mes de junio de 2012, el expediente se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Juan Carlos Restrepo EscobarRevisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Juan Carlos Restrepo Escobar. (Fl. 578, cdno. 3)Respecto de los señores ... Juan Carlos Restrepo Escobar... ante esta Sección se presentó demanda de nulidad contra el acto de elección de los senadores de la República para el periodo 2010-2014, siendo acumulado en el Proceso 11001-03-28-000-2010-00065-00, actor: Sigifredo López Tobón y otros, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, en el que se dictó sentencia el 10 de mayo de 2013.
Para el mes de junio de 2012, el expediente se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Juan Manuel Corzo RománCon toda atención y en cumplimiento de la providencia de fecha 11 de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso de la referencia, me permito informarle que para junio de 2012 cursaban los siguientes procesos de pérdida de investidura contra los congresistas mencionados en dicho auto: Expediente 11001-03-15-000-2012-00863-00 demandado: Juan Manuel Corzo Román, en el cual se invocó la causal contemplada en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política , a la fecha se encuentra en la secretaría general del Consejo de Estado en etapa probatoria. (Fl. 578, cdno. 3)Respecto de los señores ... Juan Manuel Corzo Román ... ante esta Sección se presentó demanda de nulidad contra el acto de elección de los senadores de la República para el periodo 2010-2014, siendo acumulado en el Proceso 11001-03-28-000-2010-00065-00, actor: Sigifredo López Tobón y otros, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, en el que se dictó sentencia el 10 de mayo de 2013.
Para el mes de junio de 2012, el expediente se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Luis Fernando Duque GarcíaRevisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Luis Fernando Duque García. (Fl. 578, cdno. 3)En relación con el señor Luis Fernando Duque García, actuó como parte demandante en el expediente radicado bajo el número 11001-03-28-000-2010-00074-00, contra la elección de los senadores de la República para el periodo 2010-2014, siendo acumulado al Proceso 11001-03-28-000-2010-00065-00, actor: Sigifredo López Tobón y otros, referido anteriormente. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Martín Emilio Morales Diz (sic)Revisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Martín Emilio Morales Díaz. (Fl. 578, cdno. 3)

Respecto de los señores ... Martín Emilio Morales Diz (sic), ante esta Sección se presentó demanda de nulidad contra el acto de elección de los senadores de la República para el periodo 2010-2014, siendo acumulado en el Proceso 11001-03-28-000-2010-00065-00, actor: Sigifredo López Tobón y otros, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, en el que se dictó sentencia el 10 de mayo de 2013.
Para el mes de junio de 2012, el expediente se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Alejandro Carlos Chacón CamargoCon toda atención y en cumplimiento de la providencia de fecha 11 de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso de la referencia, me permito informarle que para junio de 2012 cursaban los siguientes procesos de pérdida de investidura contra los congresistas mencionados en dicho auto: Expediente 11001-03-15-000-02012-01334-00 demandados: Alejandro Carlos Chacón Camargo (...), proceso en el que se invocó las causales contempladas en los numerales 1º y 5º del artículo 183 de la Constitución Política, mediante auto de 16 de octubre del 2012 se rechazó la solicitud de pérdida de investidura y el expediente se archivó el 13 de noviembre de 2012. (Fl. 578, cdno. 3)En relación con el señor Alejandro Carlos Chacón Camargo, ante este Sección se presentó demanda nulidad contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Norte de Santander para el periodo 2010-2014, radicado bajo el número 11001-03-28-000-2010-00050-00 (acumulado), actor: José Antonio Quintero Jaimes y otro, dentro del cual se dictó sentencia el 29 de agosto de 2012, con ponencia del doctor Mauricio Torres Cuervo.
Para el mes de junio de 2012, se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Germán Varón CotrinoRevisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Germán Varón Cotrino. (Fl. 578, cdno. 3)En relación a los señores Germán Varón Cotrino... ante esta Sección se presentó demanda contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción electoral de Bogotá, radicado bajo el número 11001-03-28-000-2010-00055-00 (acumulado), actor: Luz Marina Gordillo Salinas y otros, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, dentro del cual se dictó sentencia el 26 de noviembre de 2012.
Para el mes de junio de 2012, se encontraba al despacho para fallo. (Fl. 680 a 711, cdno. 3)
Carlos Edward Osorio AguilarCon toda atención y en cumplimiento de la providencia de fecha 11 de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso de la referencia, me permito informarle que para junio de 2012 cursaban los siguientes procesos de pérdida de investidura contra los congresistas mencionados en dicho auto: Expediente 11001-03-15-000-02012-01334-00 demandados: (...) Carlos Edward Osorio Aguilar (...), proceso en el que se invocó las causales contempladas en los numerales 1º y 5º del artículo 183 de la Constitución Política, mediante auto de 16 de octubre del 2012 se rechazó la solicitud de pérdida de investidura y el expediente se archivó el 13 de noviembre de 2012. (Fl. 578, cdno. 3)Respecto del señor Carlos Edwar Osorio Aguilar, una vez consultado el sistema de gestión justicia XXI de esta Sección, no se encontró registro alguno relacionado con la solicitud referida. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)

Gustavo Hernán Puentes DíazRevisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Gustavo Hernán Puentes Díaz. (Fl. 578, cdno. 3)

Frente al señor Gustavo Hernán Puentes Díaz, ante esta Sección se presentó demanda de nulidad del acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Boyacá, para el periodo 2010-2014, radicado bajo el número 11001-03-28-000-2010-00045-00 (acumulado) actor: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro, consejera ponente (E) doctora Susana Buitrago Valencia, en el que se dictó fallo el 25 de agosto de 2011. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)
Orlando Velandia SepúlvedaCon toda atención y en cumplimiento de la providencia de fecha 11 de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso de la referencia, me permito informarle que para junio de 2012 cursaban los siguientes procesos de pérdida de investidura contra los congresistas mencionados en dicho auto: Expediente 11001-03-15-000-02012-01334-00 demandados: (...) Orlando Velandia Sepúlveda, proceso en el que se invocó las causales contempladas en los numerales 1º y 5º del artículo 183 de la Constitución Política, mediante auto de 16 de octubre del 2012 se rechazó la solicitud de pérdida de investidura y el expediente se archivó el 13 de noviembre de 2012. (Fl. 578, cdno. 3)En relación a los señores ... Orlando Velandia Sepúlveda, ante esta Sección se presentó demanda contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción electoral de Bogotá, radicado bajo el número 11001-03-28-000-2010-00055-00 (acumulado), actor: Luz Marina Gordillo Salinas y otros, consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro, dentro del cual se dictó sentencia el 26 de noviembre de 2012.
Para el mes de junio de 2012, se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)

Roosvelt Rodríguez RengifoRevisado el Software de Gestión Judicial de esta corporación hasta el mes de junio de 2012 no se había registrado ningún proceso de pérdida de investidura contra el señor Roosvelt Rodríguez Rengifo. (Fl. 578, cdno. 3)En cuanto al señor Roosvelt Rodríguez Rengifo, ante esta Sección se demandó la nulidad de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, para el periodo 2010-2014, radicado bajo el número 11001-03-28-000-2010-00074-00 (acumulado), actor: Francined de Jesús Cano Ramírez y otro, consejera ponente doctora Susana Buitrago Valencia (E), en el que se profirió fallo el 6 de diciembre de 2012.
Para el mes de junio de 2012, se encontraba al despacho para fallo. (Fls. 680 a 711, cdno. 3)

De otra parte, el secretario general del Senado de la República certificó (199) que el informe de conciliación presentado el 19 de junio de 2012 por los miembros de la comisión accidental de mediación, fue suscrito por los senadores Juan Carlos Restrepo Escobar, Luis Fernando Duque García, Jesús Ignacio García Valencia, Carlos Eduardo Enríquez Maya y Martín Emilio Morales Diz. Por sustracción, se infiere que el senador Juan Manuel Corzo Román no lo suscribió.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Representantes certificó (200) que el informe de conciliación presentado el 19 de junio de 2012 por los miembros de la comisión accidental de mediación, fue suscrito por los representantes a la Cámara, doctores Carlos Edward Osorio Aguilar, Orlando Velandia Sepúlveda, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Gustavo Hernán Puentes Díaz y Alejandro Carlos Chacón Camargo. Por sustracción se infiere que el Representante Germán Varón Cotrino no lo suscribió.

Ahora bien: el examen de la cuestión sub iudice a la luz de la evidencia arrojada por las pruebas recabadas, permite concluir lo siguiente en materia: i) penal, ii) pérdida de investidura, ii) nulidad electoral y iv) disciplinaria.

i. En materia penal

La existencia de diligencias previas o preliminares a la investigación penal, o de investigación previa respecto de los Conciliadores Juan Manuel Corzo Román —quien no suscribió el informe de conciliación—, Carlos Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo Escobar, Martín Emilio Morales Díz (sic) y Gustavo Hernán Puentes, no tiene el alcance suficiente para configurar el interés directo y actual que permita decretar su pérdida de investidura, de conformidad con jurisprudencia anterior de esta Sala Plena que se acoge en este fallo.

En efecto, en casos anteriores la Sala Plena, en el contexto del denominado “proceso 8.000”, con ocasión de las solicitudes de pérdida de la investidura promovidas en contra de los senadores Armando Holguín Sarria(201), Jorge Ramón Elías Nader(202), José Guerra de la Espriella(203) y Francisco José Jattin Safar(204), tuvo oportunidad de pronunciarse acerca de la ocurrencia de conflicto de interés por haber participado en la votación de un proyecto de ley contentivo de una norma de la cual derivaba una ventaja o beneficio en materia penal, concretamente, el del denominado “narcomico”, existiendo investigaciones penales o diligencias preliminares en su contra en las cuales dicho contenido normativo habría tenido una incidencia benéfica.

En dichas ocasiones la tendencia mayoritaria de la Sala Plena Contencioso Administrativa del Consejo de Estado(205) fue la de considerar que uno de los aspectos determinantes para la configuración de la causal en estudio era el referente al “conocimiento anticipado” que hubiera tenido el congresista demandado acerca de la existencia de un proceso penal en su contra, la incidencia favorable en su situación penal del proyecto de norma cuestionado y su intervención en la discusión y votación del mismo en busca de ese resultado favorable.

Así, el conflicto de interés no se configuraba si el senador desconocía al momento de votar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantaba en su contra investigación preliminar, pero sí se configuraba si este tenía conocimiento de una investigación en su contra, en la que era evidente el delito por el cual se le estaba investigando.

En cuanto a la valoración probatoria, en ese momento el Consejo de Estado analizó en cada caso si el acusado tenía conocimiento o no de la investigación. Para ello consideró si había (i) rendido o no versión libre y (ii) si se había indicado, de alguna manera, el delito por el cual se investigaba. Si no había rendido versión, consideró que no existía conocimiento. Si había rendido versión, pero las autoridades indicaban que era por un delito distinto, tampoco podría entenderse que conocía de la investigación en la cual el contenido normativo en proyecto hubiese tenido una incidencia benéfica.

Siguiendo en el caso sub examine la regla que frente a los supuestos fácticos examinados se fijó en el antecitado lineamiento jurisprudencial, se tiene que en el caso de los congresistas demandados no obra prueba de que se les hubiera recibido versión libre en las investigaciones penales o averiguaciones preliminares que para la fecha en que suscribieron el informe de conciliación, adelantaba en su contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; y tampoco obra otra prueba que acredite inequívocamente que en razón a otras circunstancias o fuentes conocían de la existencia de tales investigaciones penales o averiguaciones preliminares.

Como quedó expuesto, la Corte Suprema de Justicia, mediante certificaciones obrantes a folios 715-716 y 931-932 del cuaderno de pruebas, informó acerca de las investigaciones en curso en contra de algunos de los integrantes de la comisión de conciliación, sin que de tales documentos pueda advertirse si los respectivos parlamentarios conocían o no las actuaciones que se adelantaban en su contra, pues se reitera, no consta que hubiesen rendido versión libre, por suerte que la ausencia de tal probanza, imputable al actor, impediría configurar el conflicto de intereses pues no resultaría acreditada su actualidad.

Adicionalmente, en el presente caso para la Sala resultaría contrario a derecho decretar la pérdida de investidura de los congresistas, pues para ese momento estaba vigente el Acto Legislativo 1 de 2011, sobre el cual se profundizará más adelante, según el cual “el régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos”.

Sin embargo, debe aclararse, que una vez producida la declaratoria de inexequibilidad con efectos hacia el futuro de dicho acto legislativo, por parte de la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1056/12, resulta inevitable que, en adelante los congresistas incurran en conflicto de intereses cuando elaboren normas que los beneficien, incluyendo, por supuesto, las reformas constitucionales.

ii. En materia de pérdida de la investidura

En cuanto a la solicitud de pérdida de la investidura, que según el Informe de la secretaría general de esta corporación se adelantaba en contra del senador Juan Manuel Corzo Román, cabe tener en cuenta que esta, cuya admisión data del 20 de junio de 2012, le fue notificada el 19 de julio de 2012, esto es, con posterioridad a la presentación y aprobación del informe de conciliación, que por lo demás, como ya se puso de presente, dicho senador no lo suscribió.

iii. En materia de procesos de nulidad electoral

Para la fecha en que se presentó y aprobó el informe de conciliación en la Sección Quinta de esta corporación cursaban sendas acciones de nulidad electoral en contra de los senadores Jesús Ignacio García Valencia, Carlos Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo Escobar, Juan Manuel Corzo Román, Luis Fernando Duque García y Martín Emilio Morales Diz (sic); y en contra de los representantes a la Cámara Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cetrino, Carlos Edgard Osorio Aguilar, Gustavo Hernán Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo.

Sin embargo, como se analizó en precedencia, el análisis de los antecedentes legislativos permite establecer dónde se originaron las iniciativas que beneficiaban a los congresistas quedando demostrado que la comisión de conciliación no fue la autora de la norma que extendía la segunda instancia a los procesos de nulidad electoral que se encontraban en curso para la época de tramitación y aprobación del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia.

Quedó inequívocamente demostrado que la extensión de la doble instancia a los procesos de nulidad electoral, de competencia de la Sección Quinta de la corporación, fue aprobada en el octavo debate en la segunda vuelta en la Cámara de Representantes y figura en el texto que se adicionó como último aparte del parágrafo transitorio del artículo séptimo del proyecto que modifica el artículo 184 de la Constitución, del siguiente tenor:

“Igual procedimiento se surtirá, en los demás procesos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa en contra de los congresistas”.

iv. En materia disciplinaria

Cabe predicar análogo razonamiento a la investigación disciplinaria adelantada en contra del senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, habida cuenta de que a la fecha de aprobación del informe de conciliación, esta se encontraba en apertura de investigación preliminar.

En síntesis, se concluye que por las razones que se han consignado en el concienzudo y minucioso examen que la Sala ha acometido, no se halla mérito para dar prosperidad a las pretensiones, pues se demostró que respecto de los congresistas demandados no se tipifican los elementos configurativos de la causal de pérdida de la investidura por la ocurrencia de conflicto de interés. Así habrá de decidirse.

Además, debe precisarse que el estudio acerca del contenido del informe de conciliación, a fin de determinar si desborda lo aprobado en instancias anteriores, introduciendo temas nuevos que no habían sido debatidos con anterioridad, adquiere relevancia en sede de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional, al constituir vicio de trámite que conduciría a una declaración de inexequibilidad, mas no a la pérdida de la investidura.

La corporación exhorta al Congreso de la República a reglamentar en forma detallada el modus operandi de las comisiones de conciliación, así como el procedimiento que han de seguir para adelantar su trabajo legislativo, el cual debe comprender un método y un sistema seguro para el registro documental del historial de las proposiciones, de modo que se conozca inequívocamente cuál fue su origen, su procedimiento de discusión y de aprobación. De igual modo, deberá hacer obligatoria la publicación previa de sus Informes, de modo que las plenarias conozcan con suficiente antelación a los debates y votaciones los informes definitivos de los textos conciliados que se someten a consideración. Ello, por cuanto la Sala advierte que en el presente caso el historial de las proposiciones está pobre e informalmente documentado, al punto que es casi imposible rastrear fidedignamente y de manera secuencial cómo y por quién se originaron, ni cómo se adoptaron, ni cómo se aprobó el texto definitivo, ni si el que figura en el informe como texto definitivo en verdad lo fue.

7.1.5. El Acto Legislativo 1 de 2011.

Según quedó expuesto en el acápite 2.2.(206) en que se consignó un minucioso recuento de la jurisprudencia tanto de la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta corporación como la Corte Constitucional que ha examinado la temática atinente al conflicto de interés, en tratándose de la intervención de los congresistas en la tramitación y aprobación de reformas constitucionales, ambas corporaciones fueron coincidentes en que, por regla general, cuando lo debatido o tramitado por el congresista fuese un proyecto de acto legislativo, no cabía estructurar la configuración del conflicto de intereses, en tanto dichas reformas se encaminan a modificar la Constitución Política que por esencia es de carácter general, impersonal y abstracta, por lo cual comprenden a todo el conglomerado social política y jurídicamente constituido, de donde el interés que cabría predicar resulta siendo general y común a todos los miembros de la corporación legislativa.

Ese criterio jurisprudencial además consideró que esa tesis propendía por posibilitarle al Congreso de la República el ejercicio de sus funciones constitucionales, comoquiera que podría resultar afectado el quórum constitucional requerido para acometer reformas constitucionales, vía acto legislativo, al no existir la posibilidad de que este fuese reemplazado por un Congreso ad hoc.

Así, pues, no puede perderse de vista que la tesis acerca de la improcedencia de la configuración del conflicto de intereses respecto de los congresistas, en tratándose de su intervención en el trámite y aprobación de actos legislativos, reformas constitucionales, elevada a rango constitucional en el Acto Legislativo 1 de 2011, se nutrió y fundamentó en los antecedentes jurisprudenciales tanto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo como de la Corte Constitucional, si bien se advierte que este criterio jurisprudencial se había establecido como una regla general, que, por ende, admitía excepciones. Cosa distinta es que el Constituyente derivado la erigiera en una regla sin excepciones, lo que a la postre condujo a que la Corte Constitucional declarara su inexequibilidad en la Sentencia C-1056 de 2012.

En este caso particular, debe resaltarse la existencia del Acto Legislativo 1 de 2011, vigente para la época en que se tramitó la conciliación del proyecto de reforma constitucional a la justicia.

En efecto, para la época en que se tramitó y aprobó la denominada reforma a la justicia, regía el Acto Legislativo 1 de 2011, que en lo concerniente al conflicto de interés, en tratándose de un acto reformatorio de la Constitución Política disponía:

“ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2011

(Mayo 31)

Por el cual se adiciona el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia

ART. 1º—Adiciónase el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política, con el siguiente inciso que será el primero:

La causal 1º. En lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos”.

El Acto Legislativo 1 de 2011 tuvo su origen en el proyecto de Acto Legislativo 90 de 2010/Cámara, que fue presentado a consideración de esa corporación legislativa el 6 de septiembre de ese año por el Representante Heriberto Sanabria Astudillo, así como por otros varios congresistas miembros de una y otra cámara.

Originalmente, la propuesta era modificar el texto del numeral 1º del artículo 183 superior (y no su parágrafo), de tal modo que ese numeral 1º, que establece la primera causal de pérdida de investidura tuviera el siguiente texto: “1. Por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen del conflicto de intereses, con excepción de lo relacionado con su participación en debates y votaciones de actos legislativos”, en el que el texto subrayado es el que se proponía adicionar, mientras que el que lo antecede era el texto original de esta misma norma.

En la exposición de motivos que acompañó a este proyecto, sus autores justificaron la necesidad y conveniencia del cambio normativo propuesto a partir de estas consideraciones: i) que la configuración (original) de esta norma constitucional “no permite desarrollar a plenitud el ejercicio congresional (...) pues el temor ronda a los senadores y representantes cuando votan una iniciativa de acto legislativo prevenidos de no caer en esa disposición creada para sanear las costumbres políticas de la época...”; ii) la escasa probabilidad de que se presenten verdaderos conflictos de interés en cabeza de los congresistas durante el trámite y votación de reformas constitucionales, debido a que “... las disposiciones de rango constitucional se limitan a declarar valores, principios y derechos y establecer regulaciones fundamentales sobre la organización y funcionamiento del Estado”, postura que se sustentó con citas parciales de la Sentencia C-1040 de 2005 de la Corte Constitucional(207); iii) la distinta naturaleza e implicación de la figura de los conflictos de interés, dependiendo de si se refieren a la actividad judicial o a la legislativa, pues en razón a la naturaleza política de esta última, esa institución resultaría inaplicable a los actos que la conforman; iv) el hecho de que, pese a estas circunstancias, la Constitución dejaba abierta la posibilidad de que los congresistas fueran acusados de conflicto de intereses por la participación que hubieran tenido en la aprobación de reformas constitucionales, lo que afectaba indebidamente la autonomía con la que debían cumplir tan importante misión.

Esta iniciativa hizo rápido tránsito por las corporaciones legislativas, siendo aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 29 de septiembre de 2010 y en la plenaria de la misma corporación el 12 de octubre siguiente.

Al pasar al Senado de la República, se le asignó a este proyecto el número 17 de 2010 Senado, siendo también aprobado, en la Comisión Primera el día 24 de noviembre de 2010 y en la correspondiente plenaria el día 2 de diciembre de ese mismo año(208). En este caso las ponencias, si bien incorporan un análisis ligeramente más extenso, siguen también la misma línea de los documentos previos(209).

A lo largo de esta etapa del trámite el texto de la norma propuesta sufrió algunas modificaciones puramente gramaticales, aunque no en su contenido y efecto práctico. Al terminar la primera vuelta del trámite de este acto legislativo, la norma aprobada era (como ocurrió finalmente) de adición al parágrafo del artículo 183 superior, bajo el siguiente texto: “La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los congresistas participen en el proceso legislativo constituyente”(210).

En esta fase se escucharon dos voces disidentes, de senadores que manifestaron preocupaciones de diverso grado frente a esa propuesta, al resaltar la posibilidad de que en la práctica, al menos en algunos casos, se presenten los conflictos de interés que esta norma descarta de manera absoluta, posibilidad que, sin embargo, fue reiteradamente negada por otros de los presentes, al estimarla como de remota ocurrencia. Finalmente, en la Comisión Primera el proyecto fue aprobado por 17 votos a favor y 1 en contra, mientras que en la plenaria del Senado se registró una mayoría de 47 votos a favor y 5 en contra.

Al iniciarse el trámite de la segunda vuelta, el proyecto fue nuevamente aprobado en la Comisión 1ª de la Cámara y en la plenaria de esa corporación durante las sesiones de los días 22 de marzo y 5 de abril de 2011, sin que se registraran votos en contra(211).

Así mismo, una vez más el texto sufre mínimas reformas, manteniéndose la idea de modificar el parágrafo del artículo 183 superior y no su numeral 1º. En este caso la hipótesis frente a la cual no aplicarían los conflictos de interés se definió como “la discusión y aprobación de actos legislativos”.

Finalmente, este proyecto surtió sus dos últimos debates ante la Comisión 1ª y la plenaria del Senado los días 27 de abril y 11 de mayo de 2011, en su orden(212). En esta etapa las ponencias(213) recogieron los mismos argumentos de las anteriores, además de lo cual insistieron en la necesidad de precisar la improcedencia de los conflictos de interés dentro del trámite de las reformas constitucionales, para así evitar la desgastante tramitación de esos conflictos, usualmente con resultado negativo.

Tras ser aprobado, el Acto Legislativo 1 de 2011, fue publicado en el Diario Oficial Nº 48.086 de 31 de mayo de 2011. Dicho acto rige a partir de la fecha de su promulgación.

7.1.6. La Sentencia C-1056/12, mediante la cual se declaró inexequible el Acto Legislativo 1 de 2011.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-1056/12 (dic. 6) (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) declaró inexequible el Acto Legislativo 1 de 2011 “por implicar una sustitución de la Constitución Política, al afectar, entre otros elementos esenciales, la vigencia del principio democrático, la prevalencia del interés general y la ineficacia de la sanción de pérdida de investidura”.

En dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional consignó entre otras, las consideraciones siguientes:

“... La Corte encuentra necesario dilucidar, primero, si los referidos conflictos de interés cuya consideración excluye esta nueva norma constitucional pueden presentarse o no en la realidad y qué tan factible resultaría su ocurrencia, pues de ello depende de manera determinante que esa exclusión resulte contraria al texto constitucional, como se ha sostenido en este proceso, o por el contrario, que sea plenamente legítima, como lo entendió el Congreso de la República durante el trámite de estudio y aprobación de la iniciativa que vino a convertirse en el acto legislativo acusado.

Para esto se debe comenzar por precisar qué se entiende por conflicto de interés, para lo cual resulta necesario remitirse a las decisiones del Consejo de Estado, que en cuanto tribunal encargado de decretar la pérdida de investidura que se derivaría de la infracción a ese régimen, en desarrollo del artículo 183 superior, es el principal intérprete autorizado de esos conceptos.

De los pronunciamientos ampliamente reiterados del máximo juez de lo contencioso administrativo puede recordarse de manera general que ocurriría un conflicto de interés cuando se presenta “una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla”(214).

(...)

De otra parte, en lo que atañe, por ejemplo, a los aspectos o actuaciones del congresista respecto de los cuales podría predicarse la existencia de conflicto de interés, ha dicho también el máximo tribunal contencioso administrativo que “... la situación de conflicto de interés que puede presentarse en un asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha precisado la Sala Plena, los miembros del Congreso tienen otras funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley(215)”.

A partir de los anteriores conceptos puede ahora determinarse si desde el punto de vista conceptual, cabe la posibilidad de predicar la existencia de conflictos de interés cuando los congresistas participan del trámite y aprobación de los actos legislativos, o lo que es lo mismo, reformas constitucionales. Esta corporación ciertamente efectuó algunas consideraciones sobre ese particular en la ya citada Sentencia C-1040 de 2005, antecedente que el Congreso de la República tuvo como principal sustento constitucional de la propuesta, finalmente elevada a norma superior, de excluir la posibilidad de reconocer la presencia de conflictos de interés en el trámite de reformas constitucionales.

A este respecto, es claro que en esa ocasión la Corte Constitucional, invocando su propia jurisprudencia, así como la del Consejo de Estado, sostuvo que por regla general “... no cabe plantear impedimentos o recusaciones por conflicto de intereses con motivo del trámite de una reforma constitucional; estas figuras únicamente son procedentes en casos excepcionales en los que aparezca claramente demostrada la existencia de un interés privado concurrente en cabeza de un miembro del Congreso”.

Para trazar esta regla general, la Corte tuvo en cuenta el carácter usualmente genérico de las normas constitucionales, las que normalmente contienen la enunciación de principios, valores, derechos y deberes, así como las principales reglas de organización del Estado, respecto de las cuales resultaría difícil, si no imposible, afirmar la existencia de algún efecto directo y específico sobre personas determinadas. Como es evidente, esa circunstancia incide directamente sobre varios de los elementos identificados por el Consejo de Estado como necesarios para que pueda predicarse conflicto de interés, entre ellos la existencia cierta y demostrable respecto de que de la aprobación de una norma específica se derivarán beneficios morales o económicos para el congresista, sus familiares o sus socios, el carácter particular del beneficio que se persiga u obtenga con la aprobación de esa norma, o la intención expresa de obtener ese beneficio o de prodigar una ventaja de este mismo tipo a otras personas con las cuales tenga relación cercana, tales como familiares o socios(216).

Sin embargo, tal como puede comprobarse con la lectura de la citada Sentencia C-1040 de 2005, la Corte en ningún momento excluyó de manera absoluta la posibilidad de predicar la existencia de conflicto de interés en el trámite de las reformas constitucionales. Ello resulta cuando menos de la ya citada precisión de tratarse de una regla general (la improcedencia de los conflictos de interés dentro del trámite de las reformas constitucionales), así como de la posibilidad, reconocida inmediatamente a continuación, según la cual, no obstante lo dicho, esas figuras sí serían procedentes en casos excepcionales.

Ahora bien, más allá del contenido específico de ese pronunciamiento anterior, es evidente que desde el punto de vista conceptual no podría excluirse de manera general y absoluta la posibilidad de que ocurran conflictos de interés en estos casos, como parecería desprenderse del contenido del acto legislativo que en este caso ha sido demandado. Ello por cuanto, si bien es cierto lo dicho en relación con el contenido típico de las normas constitucionales, y su carácter predominantemente genérico, no puede perderse de vista, más aún dentro del proceso de constitucionalización del derecho vigente en Colombia desde el advenimiento de la carta de 1991, que en realidad cualquier tipo de regla o contenido jurídico, incluyendo aquellos que tengan un carácter marcadamente individual y particular, podría ser elevado al nivel de precepto constitucional, siempre que existan las mayorías y la decisión política necesaria para ello, generándose así la posibilidad de plantear un conflicto de ese tipo(217).

Además de esa posibilidad, puede ocurrir también que se establezcan o reformen disposiciones superiores que aunque en principio tengan carácter general, en virtud de situaciones particulares de personas específicas, produzcan efectos directos con las características definidas por el Consejo de Estado en cabeza de tales personas(218).

Como ejemplo de esta situación, en la nota de pie de página 147 mencionó:

“Es el caso de varias de las disposiciones contenidas en el fallido proyecto de acto legislativo conocido como reforma a la justicia, aprobado por el Congreso de la República en junio de 2012, en el que, entre otras, se aprobaban normas que hubieran afectado las competencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en relación con los congresistas (procesos penales y procesos de pérdida de investidura respectivamente), en cuya discusión y aprobación participaban miembros del Congreso contra quienes se adelantaban en ese momento procesos de ese tipo”. (Énfasis fuera de texto)

7.1.6.1. Los efectos hacia el futuro de la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 1 de 2011, dispuesta por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1056/12.

De acuerdo con el artículo 45 de la ley estatutaria de la administración de justicia, las sentencias de la Corte Constitucional sobre actos sujetos a su control tienen efectos hacia el futuro a menos que dicha corporación resuelva lo contrario.

Sobre el particular, como se ha explicado en otras oportunidades, “el juez constitucional cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una determinación, ya que su deber es pronunciarse de la forma que mejor permita asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual puede modular los efectos de sus sentencias ya sea desde el punto de vista del contenido de la decisión, ya sea desde el punto de vista de sus efectos temporales”.

Ahora bien, además de la misión encomendada por el artículo 241 superior, el artículo 45 de la ley estatutaria de la administración de justicia señala que las sentencias que profiera la Corte sobre los actos sujetos a su control “tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Conforme a la disposición citada, declarada exequible mediante Sentencia C-037/96, si bien es cierto que por regla general las decisiones de esta Corte tienen efectos hacia el futuro, también lo es que esos efectos pueden ser definidos en otro sentido por la propia corporación.

Ahora bien: admitiendo la posibilidad de que la Corte Constitucional decida darle a una de sus sentencias un efecto diferente, bien sea retroactivo o ultra-activo, según las pautas que en cada caso se establezcan, se advierte que en el caso en comento dicha corporación no hizo uso de dicha facultad, pues ni en la parte motiva ni en la resolutiva existe ninguna referencia a este respecto. El silencio de esta providencia respecto a este tema es claramente elocuente, en vista de la existencia de la facultad a que se ha hecho referencia y del hecho de que esa corporación la ha ejercido en un buen número de oportunidades(219).

Por tanto, a la luz de lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, debe concluirse que la decisión de inexequibilidad adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1056/12 respecto del Acto Legislativo 1 de 2011 solo produjo efectos hacia el futuro, a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia, por lo que el efecto de inexiquibilidad (sic) no podía cobijar conductas anteriores a la sentencia de la Corte Constitucional.

De otra parte, resulta pertinente tener en cuenta que la vigencia de este acto legislativo fue expresamente reconocida por la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta corporación, en sentencia de 24 de abril de 2012 (C.P. Gerardo Arenas Monsalve)(220), al decidir la solicitud de pérdida de la investidura que por idéntica causal se pedía respecto del congresista Armando Benedetti Villaneda. Se sostuvo:

“Para la Sala, como bien lo consideró el señor procurador delegado ante el Consejo de Estado, en su intervención y en el escrito de alegaciones (fls. 568-616) el Acto Legislativo 1 de 2011, resulta aplicable en el presente caso, en cuanto se trata de una disposición favorable dentro de un juicio de carácter sancionatorio como lo es el de pérdida de investidura.

Lo anterior en cuanto la acción de pérdida de investidura, es una acción de tipo punitivo, especial, que tiene por objeto favorecer la legitimidad del Congreso de la República mediante la imposición de la más grave sanción a los congresistas (y otros servidores de elección popular), cuando se acredita plenamente y con el lleno de garantías procesales que han incurrido en las conductas tipificadas previamente en Constitución y en la ley.

Como se trata entonces de una acción pública que comporta el ejercicio del ius puniendi del Estado, está sujeta a los principios generales que gobiernan el derecho sancionador, tales como la presunción de inocencia, el principio de legalidad, y el principio de favorabilidad en materia sancionatoria”.

7.2. El tráfico de influencias debidamente comprobado.

Se afirma en la demanda que los senadores y representantes demandados también incurrieron en la causal de pérdida de investidura de tráfico de influencias, prevista en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política, por haber ejercido una presión indebida para que a última hora fuera cambiado el texto definitivo del proyecto de Acto Legislativo 7/11, conocido como reforma a la justicia.

A juicio de la Sala, en aras de asegurar el debido proceso y el derecho de defensa de los congresistas demandados, se impone negar toda eficacia probatoria a las apreciaciones subjetivas que el demandante consigna en sus declaraciones, que no pasan de ser simples conjeturas, pues inclusive se formulan a partir de generalizaciones y no de hechos individualizados respecto de cada congresista demandado, cuyos supuestos fácticos tampoco se especificaron, pues nada se dijo acerca de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido, amén de que los testimonios recabados no los demostraron.

Súmase a lo expuesto que como el actor pretende demostrar la configuración del tráfico de influencias con los reportajes periodísticos publicados en la Revista Semana de 22 de junio del 2012, titulado “La confesión de Simón Gaviria” y en el diario El Espectador de 21 de junio del mismo año, titulado “Acuerdos a puerta cerrada. Los doce congresistas que conciliaron la reforma”(221), resulta imprescindible precisar cuál es el valor probatorio que la jurisprudencia de la corporación atribuye a una publicación de prensa para, de ese modo, establecer si, este medio es o no apto, para probar la configuración de la causal de pérdida de investidura alegada.

En este sentido, resulta pertinente traer a colación la sentencia de 29 de mayo de 2012(222), (C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia) en que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo consignó un concienzudo análisis acerca de este tópico, que resulta en todo aplicable al caso presente. Se extraen de dicho pronunciamiento las consideraciones siguientes:

“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(223). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(224).

En la jurisprudencia de esta corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “... son indicadores solo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “... son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”(225).

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos.

Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso.

En relación con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que “... las informaciones publicadas en diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho...” por cuanto es sabido que el periodista “... tiene el derecho de reservarse sus fuentes”(226).

En este sentido, ha sostenido que las declaraciones que terceros hacen a los medios de comunicación “... tan solo constituyen evidencia de la existencia de la información (...) por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial...”(227).

Lo anterior, debido a que en sí mismas las publicaciones periodísticas representan “... la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”, condición que no permite otorgarles valor de plena prueba debido a que “... son precisamente meras opiniones...”(228)”.

A partir de lo obrante en el proceso, y de la síntesis jurisprudencial efectuada sobre el mérito probatorio de las publicaciones periodísticas, la Sala concluye que el cargo de tráfico de influencias que en el presente caso pretende demostrarse con artículos periodísticos, no se encuentra demostrado, pues se reitera que estos carecen de la suficiencia probatoria requerida para demostrar plenamente la imputación atribuida a los demandados y, por tanto, no permiten alcanzar la convicción necesaria para tener por configurada la conducta prohibida que se les reprocha.

A las voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, plenamente aplicable a este proceso de naturaleza sancionatoria, la carga de la prueba sobre la estructuración de la causal que se les atribuye a los demandados: tráfico de influencias debidamente comprobado, recae en el demandante que es quien la alega.

Fuerza es, entonces, concluir que del conjunto del acervo probatorio analizado en forma integral no puede deducirse el tráfico de influencias que, en los términos del numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, debe encontrarse “debidamente comprobado”.

Desde otro punto de vista, la Sala advierte que la causal de tráfico de influencias tampoco se configura pues esta presupone un sujeto pasivo cualificado, que siempre será un servidor público, ante el cual, el congresista anteponga su condición para que realice un proceder que no desplegaría de no ser por la condición y el influjo que frente a él ejerce quien lo solicita.

En este sentido la Sala observa que las acusaciones del ciudadano demandante no pasan de ser afirmaciones subjetivas sobre la configuración del tráfico de influencias, pues adolecen de serias deficiencias argumentativas, al formularse de manera genérica e indeterminada.

En efecto, la Sala constata que las acusaciones propuestas carecen de las exigencias mínimas de especificidad, suficiencia y determinaciónque su formulación requiere para que los supuestos fácticos de la conducta presuntamente constitutiva de falta, sean verificables y comprobables. Según lo evidencia la síntesis de la demanda y la intervención del ciudadano demandante en la audiencia pública, sus acusaciones en torno a la presunta configuración del tráfico de influencias son genéricas, globales e indeterminadas, lo que impide determinarlas puesto que sus supuestos fácticos no han sido individualizados ni demostrados en conformidad con el orden jurídico.

En efecto, no se determina el sujeto pasivo ante quien se ejerció la influencia, ni las dadivas que se permitieron, ni sobre quien se ejercía la “presión indebida”. A efectos, resulta pertinente traer a colación la ya citada sentencia de 23 de marzo de 2010 (C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas) en que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a este respecto, precisó:

“Por tratarse, como ya se dijo, de una acción pública de tipo punitivo, la acción de pérdida de investidura está sujeta a los principios generales que gobiernan el derecho sancionador tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad de la causal por la cual se impondría la sanción. Sanción que debe imponerse según los postulados del Estado social de derecho y conforme con las reglas del debido proceso. En ese orden, les corresponde tanto al demandante como al Estado acreditar debidamente la existencia de la causal en la que habría incurrido el congresista y la conducta constitutiva de la falta, todo eso dentro de las garantías procesales, se repite, reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales en favor de los sujetos sometidos a un juicio a cargo del Estado”.

Ciertamente, dada la particular naturaleza de este proceso sancionatorio, y las graves consecuencias de la sanción que implica la aceptación de la solicitud de pérdida de investidura, debe observarse indefectiblemente el principio clásico de la legalidad de los delitos y de las penas, expresado en el brocardo latino "nullum crimen, nulla pena, sine lege".

En el Estado de derecho no es dable tipificar una conducta a voluntad del denunciante o del fallador, para hacerla acreedora a una sanción. Nadie, sin excepción, hállese en la situación que se hallare, puede ser motivo de sanción o pena, por conductas no tipificadas en ley preexistente, o cuyos supuestos fácticos no han sido plenamente demostrados.

Se reitera que tanto en el campo disciplinario como en el penal opera en toda su extensión el principio de la legalidad punitiva preexistente, pilar del Estado de derecho.

En conclusión: respecto de los congresistas demandados no se configuran las causales de pérdida de la investidura invocadas, por lo que se impone desestimar las pretensiones de la demanda.

No obstante, nada impide a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones disciplinarias que considere pertinentes frente a las actuaciones de los congresistas en el trámite de este acto legislativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las solicitudes de pérdidas de investidura.

Notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

46 C.P. Mario Rafael Alario Méndez. Expediente AC 1116. Actor: Luis Andrés Penagos Villegas.

47 Sentencia de 27 de julio de 2010, actor: Cesar Alberto Sierra Avellaneda, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

48 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; C.P. Dr. Joaquín Barreto Ruiz.

49 Sentencia de 17 de octubre de 2000. C.P. Mario Alario Méndez. Expediente AC-1116.

50 Sentencia de 12 de abril de 2012. C.P. Dr. Enrique Gil Botero. Expediente: 2010-1325.

51 Sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente AC-11116, C.P. Dr. Mario Alario Méndez y sentencia de 10 de noviembre de 2009, Expediente 2008-1367, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

52 Sentencia de 23 de marzo de 2010, Expediente 2009-00198, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

53 Concepto de 15 de mayo de 2008.

(sic)

55 ANC, Comisión Tercera Sesión de abril 25 (3425) Constituyente Nieto Roa: “En cuanto al conflicto de interés prácticamente se repite la norma que fue creada en el reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente y es que; los congresistas estarán obligados a poner en conocimiento de la respectiva Cámara sus conflictos de interés de carácter moral o económico, que los inhiba para decidir sobre asuntos sometidos a su consideración, esta es una norma que no puede ser realmente más precisa, puesto que es muy difícil definir en qué consiste una situación tan subjetiva que inhiba para decidir libremente sobre un asunto, entonces se deja a la consideración del mismo congresista, aunque obviamente si hay una razón objetiva que permita tipificarlo pueda recusarse, una razón objetiva por ejemplo un congresista que fue dirigente gremial y se está tratando una norma sobre las actividades del gremio, pues tendría que ser, es casi ya no subjetivo, sino objetivo este caso”. (Resaltado fuera del texto).

56 Expediente AC-1116.

57 Radicación 11001-03-15-000-2003-1314-01(PI), 01291, 01302, 01303, 01304, 01305, 01306, 01307, 01308, 01309, 01310, 01311, 01312, 01313, 01315, 01316, 01317 y 01318 acumulados. Actor: Víctor Velásquez Reyes, demandado: Eduardo Augusto Benítez Maldonado y otros.

58 En esta sentencia se acogió la tesis expuesta, en la sentencia del 17 de octubre de 2000, Expediente AC-1116, C.P. Dr. Mario Alario Méndez.

59 En esta oportunidad la Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad respecto del Acto Legislativo 2 de 2004 “Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, que hizo posible la reelección inmediata del Presidente de la República. Corte Constitucional Sentencia C-1040/2005, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernandez. Cfr. C-1043/2005.

60 Ibídem.

61 Radicación 11001-03-15-000-2009-01352-00(PI). Actor: Darío Martínez Marrugo. Demandado: Manuel José Vives Henríquez.

62 “Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el reglamento del Congreso al régimen de bancadas”. Diario Oficial Nº 45980 de 2005 (jul. 25).
El artículo 17 reformó el artículo 187 de la Constitución Política que regula las “comisiones de mediación”, conocidas también bajo el nombre de “comisiones de conciliación”, para armonizar el reglamento del Congreso con lo dispuesto en la ley de bancadas. Para ello se incluyó un inciso en el que se advierte que, “en todo caso las mesas directivas asegurarán la representación de las bancadas en tales comisiones”, y se suprimió la expresión ‘preferencialmente’ contemplada en el artículo 187 de la Ley 5ª de 1992, para que las indicaciones acerca de cómo deben estar integradas estas comisiones no sea ‘opcional’ sino ‘obligatorio’ y se asegure entonces, la representación efectiva de las bancadas, de acuerdo con los propósitos y objetivos adoptados de la Ley 974 de 2005. En este caso se trata de una modificación introducida por la Comisión Primera del Senado de la República, aprobada también por la Plenaria del Senado, que continuó su curso en la Cámara de Representantes. Declarado exequible, por los cargos analizados, mediante Sentencia C-453/06 (M.P. Manuel José Cepeda).

63 En este caso la Corte decidió declarar exequibles los incisos 3º y 4º del artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 2003 “Por el cual se adopta una reforma política y se dictan otras disposiciones”, por los cargos analizados en la sentencia. Los magistrados que salvaron el voto se apartaron de la mayoría por considerar que en el caso concreto sí se había desconocido el principio de consecutividad.

64 Ver sentencias C-072 de 1999, C-044 de 2002, C-801 de 2003, C-1056 de 2003.

65 Ver sentencias C-222 de 1997, C-387 de 1997.

66 Ver sentencias C-702 de 1999, C-950 de 2001, C-198 de 2002, C-1056 de 2003, C-1092 de 2003, C-1113 de 2003, C-1147 de 2003, C-1152 de 2003, C-305 de 2004, C-312 de 2004, C-669 de 2004.

67 C- 614 de 2002.

68 Sentencias C-801 de 2003, C-839 de 2003, C-940 de 2003, C-226 de 2004.

69 Sentencia C-307 de 2004.

70 Sentencia C-1147 de 2003.

71 Sentencia C-753 de 2004.

72 Sentencia C-839 de 2003.

73 Corte Constitucional, Sentencia C-208 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández SV Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño; A.V. Jaime Araujo Rentería).

74 Constitución Política, artículo 157.—Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: (1) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. (2) Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras. (3) Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. (4) Haber obtenido la sanción del gobierno.

(sic)

76 Al respecto ver el artículo 186 y siguientes del reglamento del Congreso (L. 5ª/92).

77 Ley 5ª de 1992, artículo 2º.—Principios de interpretación del reglamento. En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento, se tendrán en cuenta los siguientes principios: [...] (3) Regla de mayorías. El reglamento debe aplicarse en forma tal que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte, en todo momento, la justicia y el bien común. (4) Regla de minorías. El reglamento garantiza el derecho de las minorías a ser representadas, a participar y a expresarse tal como lo determina la Constitución.

78 La Corte Constitucional ha señalado acerca de la posibilidad que tiene cada Cámara de modificar los textos de los proyectos de ley durante su trámite: “La actividad legislativa consiste en la facultad reconocida en los regímenes democráticos a los órganos representativos, de regular de manera general, impersonal y abstracta, a través de la ley, los distintos supuestos de hecho relevantes para la obtención de los fines esenciales del Estado. Esta facultad regulatoria, admite una gama amplia de posibilidades, es decir, un mismo supuesto de hecho puede ser regulado de distintas maneras, y la elección de la fórmula precisa que finalmente es recogida en la ley, es fruto de variados factores, como lo son la particular concepción política mayoritaria en el cuerpo legislativo, la influencia del pensamiento de las minorías que propicia fórmulas de conciliación, las circunstancias históricas que ameritan adecuar las formas jurídicas a las especificidades del momento, y otros factores que, como los anteriores, confluyen a determinar las fórmulas de regulación jurídica que resultan ser las finalmente adoptadas. || En los regímenes democráticos, el mecanismo mediante el cual se llega a la formación y determinación de la voluntad del legislador en cada fórmula legal concreta, debe estar abierto a la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento que encuentran su espacio en las corporaciones que ostentan esa representación popular. Por ello, las distintas normas que tanto en la Constitución como en la Ley orgánica del reglamento del Congreso regulan el trámite de la adopción de la ley, están dirigidas a permitir un proceso en el cual puedan intervenir todas las corrientes mencionadas, y en el cual la opción regulativa finalmente adoptada sea fruto de una ponderada reflexión. También por esto, la posibilidad de introducir modificaciones a los proyectos que vienen de etapas anteriores del trámite, reconocida por el segundo inciso del artículo 160 de la Constitución, es propia de los regímenes que conceden amplia importancia a la efectividad del principio democrático”. Corte Constitucional, Sentencia C-760 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra & Manuel José Cepeda).

79 Constitución Política, artículo 160, inciso segundo: ‘Durante el segundo debate cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias’.

80 Constitución Política, artículo 158: Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas’.

81 Corte Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

82 Corte Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

83 Corte Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). En la sentencia, la Corte consideró que el principio de identidad “(...) adquiere en la Constitución de 1991 una connotación distinta a la que tenía en el régimen constitucional anterior, (...) si en la Carta de 1886 se exigía que el texto aprobado en cada uno de los debates fuera exactamente el mismo, por lo cual cualquier modificación aún menor implicaba repetir todo el trámite, hoy en día se ha abandonado el principio de identidad rígido, para permitir que las comisiones y las plenarias de las cámaras puedan introducir modificaciones al proyecto (C.P., art. 160), y que las discrepancias entre lo aprobado en una y otra Cámara no obliguen a repetir todo el trámite, sino que las comisiones accidentales preparen un texto unificado que supere las diferencias, texto que es entonces sometido a la aprobación de las plenarias”.

84 Corte Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

85 Corte Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

86 Corte Constitucional, Sentencia C-307 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil, Manuel José Cepeda Espinosa, Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araujo Rentería; SV Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SPV Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynett y Marco Gerardo Monroy Cabra).

87 Corte Constitucional, Sentencia C-1147 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; SV Eduardo Montealegre Lynett; AV Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil). En este caso la Corte consideró que “(...) a propósito del principio de identidad, es entonces claro que un proyecto de ley puede ser objeto de cambios y modificaciones en el transcurso de las diversas etapas parlamentarias, pero solo en la medida en que dichos cambios y modificaciones se refieran a temas tratados y aprobados en primer debate, sin perjuicio de que también estos deban guardar estrecha relación con el contenido del proyecto, es decir, respeten igualmente el principio de unidad de materia” (acento fuera del texto original). Esta posición ha sido reiterada, por ejemplo en la Sentencia C-372 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández; SV Manuel José Cepeda Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis). En la Sentencia C-754 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la Corte señaló que el principio de identidad relativa no se viola cuando se introducen modificaciones ha de tratarse de ‘asuntos [que] estén estrechamente ligados’.

88 El segundo inciso del artículo 160 de la Constitución Política señala que durante “el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias”.

89 En la Sentencia C-753 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araujo Rentería) se declaró exequible un aparte del Acto Legislativo 1 de 2003 (art. 15, parcial) adicionado en el séptimo debate por considerar que se trataba de un ‘instrumento necesario’ y con una ‘relación de conexidad evidente’ con el resto de la norma aprobada.

90 Corte Constitucional, Sentencia C-312 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SV Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; AV Jaime Araujo Rentería).

91 Corte Constitucional, Sentencia C-801 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Treviño. En la Sentencia C-753 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araujo Rentería) se declaró exequible un aparte del Acto Legislativo 1 de 2003 (art. 15, parcial) adicionado en el séptimo debate por considerar que se trataba de un ‘instrumento necesario’ y con una ‘relación de conexidad evidente’ con el resto de la norma aprobada.
Corte Constitucional, Sentencia C-312 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SV Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; AV Jaime Araujo Rentería)

92 Corte Constitucional, Sentencia C-1092 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SPV Jaime Araujo Rentería, AV Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la Corte resolvió, entre otras cosas, declarar exequible el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002, por el cargo analizado en la parte motiva de la sentencia.

93 Corte Constitucional, Sentencia C-920 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). La Corte declara la inexequibilidad de una disposición. Introducida en el último debate, que constituía un asunto nuevo, sin relación con la materia debatida hasta ese momento.

94 Ver Corte Constitucional, Sentencia C-198 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández, SV Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis).

95 Corte Constitucional, Sentencia C-996 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

96 Corte Constitucional, Sentencia C-332 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; AV M Jaime Araujo Rentería; M Jaime Córdoba Triviño; M Marco Gerardo Monroy Cabra, y M Álvaro Tafur Galvis) En este caso la Corte resolvió declarar inexequible el artículo 10 del Acto Legislativo 1 de 2003.

97 Corte Constitucional, Sentencia C-614 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández) En este caso, la Corte consideró que “(...) como resultado de los debates en segunda vuelta, el proyecto aprobado en la primera puede ser objeto, en primer lugar, de modificaciones que tengan un alcance meramente formal, como cambios en las palabras, o en la redacción. Tales cambios puede afectar también la estructura de un artículo, de tal modo que se fundan en uno solo los contenidos de varios incisos, o, en un proyecto complejo, puede ocurrir que haya intercambio de textos entre distintos artículos. Y puede ocurrir que en ninguno de tales eventos se modifique el contenido de regulación del proyecto. Y así, puede suceder que el inciso que se echa de menos en una disposición se encuentre incorporado en otro de la misma norma, o que el artículo que parece ser nuevo no sea sino el producto de la regulación separada de materias que antes se habían tratado de manera conjunta en una sola norma, etc.”.

98 Corte Constitucional, Sentencia C-614 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; AV Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández) Para la Corte, “[c]omo resultado del debate, en cualquiera de sus etapas, pueden presentarse modificaciones que afecten el contenido normativo de las disposiciones de un proyecto, o le incorporen regulaciones complementarias, con la condición de que no comporten cambios esenciales sobre lo que ha sido previamente aprobado”. Por ‘cambios esenciales’ dice la Corte en este caso, se entiende modificaciones “(...) en las disposiciones aprobadas, en tal medida significativas, que no permitan afirmar que se trata de modificaciones o adiciones a una iniciativa aprobada con anterioridad, sino que constituyan verdaderas propuestas nuevas, que no habrían recibido los debates reglamentarios y que no habrían sido consideradas en la primera vuelta”.

99 Folios 11 al 39.

100 Folios 344 a 347.

101 Folios 350 y 351.

102 Folios 349 a 354, cuaderno 3.

103 Folios 353 y 354.

104 Folios 78 al 83.

105 Folios 89 a 93

106 Folios 94 al 103

107 Cfr. anexo 1, cuaderno 1.

108 Cfr. anexo 1, cuaderno 2.

109 Cfr. anexo 1, cuaderno 3.

110 Cfr. anexo 1, cuaderno 4.

111 Cfr. anexo 1, cuaderno 5.

112 Cfr. anexo 1, cuaderno 6.

113 Cfr. anexo 1, cuaderno 7.

114 Cfr. anexo 1, cuaderno 8.

115 Cfr. anexo 1, cuaderno 9.

116 Cfr. anexo 1, cuaderno 10.

117 Cfr. anexo 1, cuaderno 11.

118 Cfr. anexo 1, cuaderno 12.

119 Cfr. Gaceta del Congreso www.congresodelarepublica.gov.co

120 Cfr. anexo 1, cuaderno 13.

121 Cfr. anexo 1, cuaderno 14.

122 Cfr. anexo 1, cuaderno 15.

123 Cfr. anexo 1, cuaderno 16.

124 Cfr. anexo 1, cuaderno 17.

125 Cfr. anexo 1, cuaderno 18.

126 Cfr. anexo 1, cuaderno 19.

127 Cfr. anexo 1, cuaderno 20.

128 Cfr. anexo 1, cuaderno 21.

129 Cfr. anexo 1, cuaderno 22.

130 Cfr. anexo 1, cuaderno 23.

131 Cfr. anexo 1, cuaderno 24.

132 Cfr. anexo 1, cuaderno 25.

133 Cfr. anexo 1, cuaderno 26.

134 Cfr. anexo 1, cuaderno 27.

135 Cfr. anexo 1, cuaderno 28.

136 Cfr. anexo 1, cuaderno 29.

137 Cfr. anexo 1, cuaderno 30.

138 Cfr. anexo 1, cuaderno 31.

139 Cfr. anexo 1, cuaderno 32.

140 Cfr. anexo 1, cuaderno 33.

141 Cfr. anexo 1 de esta providencia

142 Diario Oficial Nº 48.472 de 2012 (jun. 25).

143 Para consultar las actuaciones cumplidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con posterioridad al decreto oficioso de pruebas, ver anexo 2.

144 No los individualiza ni especifica.

145 En el parágrafo transitorio suprimido se preveía: “Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales no se aplicará a los delitos por los cuales hubiera resolución de acusación ejecutoriada al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo”.

146 En los parágrafos transitorios 3º, y 4º suprimidos, se preveía: “PAR. 3º.—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, todas las indagaciones preliminares e investigaciones formales que esté adelantando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, serán remitidas en el estado en que se encuentren a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema de Justicia para que siga conociendo de ellas; y los juicios que esté adelantando aquella sala contra los aforados mencionados en los numerales 2º, 3º y 4º serán remitidas a la Sala de Juzgamiento de primera instancia de que habla el parágrafo segundo de este artículo, cuya sentencia será susceptible de apelación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tanto estas nuevas salas asuman la competencia de estos procesos, se suspenderán los términos procesales y la prescripción de la acción penal.
(...)
PAR. TRANS. 4º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, las investigaciones disciplinarias que se estén adelantando contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo serán remitidas a la Sala de Investigación y Juzgamiento disciplinario de la Corte Suprema de Justicia en el estado en el que se encuentren”.

147 Con exclusión de los consejeros que hubieran conocido del asunto en primera instancia

148 Crf. Gaceta del Congreso Nº 566, págs. 71 a 75

149 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 747 de 2011, págs. 32 y 33

150 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 763 de 2011, págs. 28 y 29.

151 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 857 de 2011, págs. 10 a 12

152 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 903 de 2011, pág. 21

153 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 944 de 2011, págs. 31 y 32.

154 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 997 de 2011, págs. 23 a 25.

155 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 293 de 2012, págs. 96 a 98.

156 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 228 de 2012, págs. 19 a 21.

157 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 347 de 2012, págs. 50 a 53.

158 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 387 de 2012, Págs. 4 a 7.

159 Cfr. Gaceta del Congreso Nº 347 de 2012, Págs. 42 y 43

160 Anexo 1, cuaderno 31.

161 Anexo 1, cuaderno 31, página 35.

162 Anexo 1, cuaderno 31, página 40.

163 Anexo 1, cuaderno 33.

164 Anexo 1, cuaderno 33, página 3.

165 Anexo 1, cuaderno 15.

166 Anexo 1, cuaderno 15, página 18.

167 Anexo 1, cuaderno 33.

168 Anexo 1, cuaderno 33, página 3.

169 Anexo 1, cuaderno 6.

170 Anexo 1, cuaderno 6, página 36.

171 Anexo 1, cuaderno 25.

172 Anexo 1, cuaderno 25, página 29.

173 Anexo 1, cuaderno 15.

174 Anexo 1, cuaderno 15, página 18.

175 Anexo 1, cuaderno 10.

176 Anexo 1, cuaderno 10.

177 Anexo 1, cuaderno 10, página 31.

178 Anexo 1, cuaderno 10, página 31.

179 Anexo 1, cuaderno 15.

180 Anexo 1, cuaderno 15, página 18.

181 Anexo 1, cuaderno 21.

182 Anexo 1, cuaderno 21, página 14.

183 Anexo 1, cuaderno 33.

184 Anexo 1, cuaderno 33, página 3.

185 Anexo 1, cuaderno 12.

186 Anexo 1, cuaderno 12, página 38.

187 Anexo 1, cuaderno 15.

188 Anexo 1, cuaderno 33.

189 El 11 de agosto de 2011, el Presidente del Consejo de Estado, doctor Mauricio Fajardo Gómez, radicó en la Secretaría General del Senado de la República, de acuerdo al artículo 139 y ss. Ley 58 de 1992, el proyecto de acto legislativo “Por medio del cual se reforman los artículos 78, 86, 116, 179 a 181, 183, 184, 228, 230 a 232, 237, 238, 241, 254 a 257, 264 y 265 de la Constitución Política de Colombia”, con el fin de que surta el trámite correspondiente, quedando radicado con el número 11/11 con todo y cada uno de los requisitos constitucionales y legales y con su correspondiente exposición de motivos. Ese mismo día, la secretaría general del Senado informa a la presidencia de esa Cámara legislativa de la recepción del citado proyecto y procede a repartirlo, por ser de competencia de dicha Comisión, y finalmente, a remitir copia del mismo a la Imprenta Nacional para su publicación, la cual se efectuó en la Gaceta del Congreso Nº 594 del día jueves, 11 de agosto de 2011.

190 Gaceta 747 de 2011, págs. 15 y 16

191 Gaceta 857 de 2011.

192 Cfr. Infra transcripción en págs. 85 y 86.

193 En el parágrafo transitorio suprimido se preveía: “Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y juzgamiento de aforados constitucionales no se aplicará a los delitos por los cuales hubiera resolución de acusación ejecutoriada al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo”.

194 En los parágrafos transitorios 3º y 4º suprimidos, se preveía: “PAR. 3º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, todas las indagaciones preliminares e investigaciones formales que esté adelantando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, serán remitidas en el estado en que se encuentren a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema de Justicia para que siga conociendo de ellas; y los juicios que esté adelantando aquella sala contra los aforados mencionados en los numerales 2º, 3º y 4º serán remitidas a la Sala de Juzgamiento de primera instancia de que habla el parágrafo segundo de este artículo, cuya sentencia será susceptible de apelación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tanto estas nuevas salas asuman la competencia de estos procesos, se suspenderán los términos procesales y la prescripción de la acción penal.
(...)
PAR. TRANS. 4º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, las investigaciones disciplinarias que se estén adelantando contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo serán remitidas a la Sala de Investigación y Juzgamiento disciplinario de la Corte Suprema de Justicia en el estado en el que se encuentren”.

195 Sentencia de 27 de julio de 2010, actor: Cesar Alberto Sierra Avellaneda, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

196 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; C.P. Dr. Joaquín Barreto Ruiz.

197 Sentencia de 17 de octubre de 2000. C.P. Mario Alario Méndez. Expediente AC-11116.

(sic)

199 Folio 793.

200 Folio 713.

201 El Consejo de Estado consideró que no existían elementos para probar que el exsenador Holguín Sarria conocía de la investigación por el delito de enriquecimiento de particulares antes de la votación del 13 de diciembre de 1995, razón por la cual no era posible que intentara beneficiarse con dicha votación al pretender convertir en delito subordinado el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. (Sent. mar. 5/96, Exp. AC3302, C.P. Amado Gutiérrez Velásquez).

202 En el caso del senador Jorge Ramón Elías Nader la Sala desestimó que la alegada violación del régimen de conflicto de intereses hubiese tenido lugar, porque no fue probado que en el momento en que votó el artículo nuevo tuviera conocimiento de que contra él adelantaba la Corte Suprema de Justicia diligencias por el delito de enriquecimiento ilícito. (Sent. mar. 13 del mismo año, Exp. AC3299, C.P. Mario Alario Méndez).

203 El Consejo de Estado estableció que el exsenador Guerra de la Espriella era objeto de investigación por los hechos punibles de testaferrato y de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. En relación con el primero, concluyó que no existía posibilidad de establecer vínculo con el proceso 8.000 y que, a pesar de investigarse por el posible delito de enriquecimiento ilícito, la ausencia de calificación provisional le impedía al exsenador que de la versión libre, en la que se le indagó sobre su patrimonio, se derivara conocimiento alguno sobre los efectos del voto el 13 de diciembre de 1995. Por su parte, respecto del proceso 1070, si bien fue interrogado sobre el pago de su estadía en el Hotel Intercontinental en Cali y sus vínculos con Javier Murcillo, el hecho de que se adelantara investigación por testaferrato, le impedía al exsenador conocer la incidencia de su voto en la investigación penal. (Sent. abr. 16 del mismo año, Exp. AC3304, C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández).

204 En el proceso seguido en contra de Francisco José Jattin Safar el Consejo de Estado concluyó que el exsenador sí tenía conocimiento de la existencia de una investigación de unos hechos calificados por la Fiscalía como delito de enriquecimiento ilícito de particulares y, por lo mismo, tenía interés en convertir en delito subordinado el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. (C.E., Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sent. mayo 14/96, actor: Emilio Sánchez Alsina, Rad: AC-3303, M.P. Dolly Pedraza de Arenas).

205 Las sentencias que decidieron los casos citados no fueron unánimes. Se aprobaron con sendos salvamentos y aclaraciones de voto.

206 Ver supra páginas 155 a 162.

207 MM. PP. Cepeda Espinosa, Escobar Gil, Monroy Cabra, Sierra Porto, Tafur Galvis y Vargas Hernández, por la cual se decidieron varias demandas de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 2 de 2004, que hizo posible la reelección inmediata del Presidente de la República.

208 Actas 29 y 29 respectivamente. Ver, en su orden, las gacetas 36 y 74 de 2011.

209 Ver las respectivas ponencias en las gacetas 883 y 1000 de 2010.

210 Gaceta 1025 de diciembre 3 de 2010.

211 Ver gacetas 261 y 371 de 2011 respectivamente. En la Comisión 1ª de la Cámara el proyecto fue aprobado por 24 votos a favor y ninguno en contra, pese a lo cual puede apreciarse la presencia y abstención de otros 10 representantes. En la plenaria se registró un total de 105 votos a favor y ninguno en contra.

212 Ver gacetas 328 y 466 de 2011 respectivamente. En la Comisión 1ª del Senado el proyecto fue aprobado por 11 votos a favor y 0 en contra, mientras que en la plenaria consta apenas que fue aprobado por unanimidad, sin que se hubiera realizado votación pública y nominal.

213 Ver gacetas 202 y 243 de 2011.

214 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, abril 28 de 2004. Radicación 1572.

215 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2009, Radicación PI. 01180-00 (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).

216 Ver los pronunciamientos citados en la nota 67 anterior.

217 Dijo al efecto, que “dentro del articulado original de la Constitución de 1991, pueden encontrarse varios ejemplos concretos de esta situación, siendo quizás el más claro de ellos el parágrafo del artículo 77 (recientemente derogado por el A.L. 2/2011) que protegía la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión. En menor medida podrían también mencionarse el artículo 35 (luego modificado por el A.L. 1/97) que de manera absoluta prohibía la extradición de colombianos por nacimiento y los artículos 130 y 370 que se refieren en forma particular a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respectivamente”.

(sic)

219 Entre ellas en todos los casos citados, en varias de las intervenciones ciudadanas reseñadas, como antecedente que justificaría reconocer en estos casos y por vía de tutela, efecto retroactivo a lo decidido mediante Sentencia C-336 de 2008, esto es, los casos resueltos mediante las sentencias C-309 de 1996, C-482 de 1998, C-464 y C-1126 de 2004.

220 Radicación 11001-03-15-000-2011-00084-00(PI). Actor: Pablo Bustos Sánchez. Demandado: Armando Benedetti Villaneda.

221 Folios 59-61, cuaderno 1.

222 Radicación 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI). Actor: Jairo Adbeel Ovalle Londoño. Demandado: Bernardo Miguel Elias Vidal y Musa Besaile Fayad.
En dicho fallo la corporación desestimó la solicitud de pérdida de la investidura de los congresistas Bernardo Miguel Elías Vidal y Musa Besaile Fayad por tráfico de influencias, que el actor derivaba del artículo periodístico que publicó el diario El Espectador los días 17 y 18 de septiembre de 2011, primero en su página web y luego en la edición impresa.

223 Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener “(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, Rad. 9255, C.P. Carlos A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, Exp. 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, Rad. 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, aad. ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, Rad. 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, Rad. 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla.

224 En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

225 Sentencia de 6 de junio de 2007, Expediente AP-00029, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Sección Tercera.

226 Sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13338, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Sección Tercera.

227 Sentencia de 2 de marzo de 2006, Expediente 16587, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sección Tercera.

228 Sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13338, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Sección Tercera.

Aclaración de Voto

Aunque comparto la decisión que se adopta en la providencia de 24 de febrero de 2015, que negó las solicitudes de pérdida de investidura de los senadores y representantes que integraron la comisión de conciliación al fallido proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 (conocido como “Reforma a la justicia”), me permito aclarar voto en cuanto, estimo que era preciso subrayar que una decisión favorable a las pretensiones de la demanda, hubiere configurado una flagrante violación al derecho fundamental al debido proceso.

1. El Acto Legislativo 1 de 2011 expresamente excluyó el conflicto de interés del proceso de formación de los actos reformatorios de la Constitución Política. Y no era posible darle efectos retroactivos a su declaración de inexequibilidad pronunciada por la Corte Constitucional en Sentencia C-1056 de diciembre 5 de 2012, pues las actuaciones objeto de reproche fueron desarrolladas en el mes de junio de 2012, es decir, en vigencia del acto legislativo señalado, y con anterioridad a la fecha en que comenzó a producir efectos dicha declaratoria, vale decir, más de un año después de estos hechos. Y por ello acierta el fallo objeto de esta aclaración al concluir que:

“Ciertamente, dada la particular naturaleza de este proceso sancionatorio, y las graves consecuencias de la sanción que implica la aceptación de la solicitud de pérdida de investidura, debe observarse indefectiblemente el principio clásico de la legalidad de los delitos y de las penas, expresado en el brocardo latino ‘nullum crimen, nulla pena, sine lege’.

En el Estado de derecho no es dable tipificar una conducta a voluntad del denunciante o del fallador, para hacerla acreedora a una sanción. Nadie, sin excepción, hállese en la situación que se hallare, puede ser motivo de sanción o pena, por conductas no tipificadas en ley preexistente, o cuyos supuestos fácticos no han sido plenamente demostrados.

Se reitera que tanto en el campo disciplinario como en el penal opera en toda su extensión el principio de la legalidad punitiva preexistente, pilar del Estado de derecho”.

2. Es preciso, sin embargo, agregar que el citado fallo de constitucionalidad solo comenzó a producir efectos a partir del 8 de julio de 2013. Según consta en el sitio web de la Corte Constitucional(1), el edicto por el cual se notificó dicha providencia de constitucionalidad fue fijado el 27 de junio de 2013 y desfijado el 2 de julio siguiente, y conforme lo dispuesto por el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas”.

De manera que antes de la firmeza de la sentencia de constitucionalidad tantas veces citada, no podía imponerse su cumplimiento, sino cuando comenzó a producir efectos, hasta cuando comenzó a producir efectos el fallo en cita, esto es, más de trece (13) meses después de los hechos objeto de este proceso. Es preciso advertir que la Corte Constitucional no le dio un efecto diferente a su decisión, pudiendo hacerlo, por lo cual al tenor del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de justicia, la referida sentencia tiene efectos hacia futuro.

Esta corporación en reiteradas oportunidades ha señalado que las decisiones de constitucionalidad no vinculan a partir del día siguiente a la fecha de su expedición (que es conocida por medio del comunicado de prensa), sino a partir de su firmeza. Según la jurisprudencia en cita:

“(...)

[Q]ue el presidente de la Corte Constitucional pueda dar a conocer a la opinión pública el contenido y alcance de las decisiones judiciales, tal y como lo prevé el inciso segundo del artículo 64 de la Ley estatutaria de administración de justicia, norma aplicable también a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, no implica el reconocimiento legal de que a partir de entonces las decisiones sean vinculantes. (...) La norma transcrita permite que exclusivamente ‘[p]or razones de pedagogía jurídica’, y sólo para esos efectos, pueda darse a conocer el contenido y alcance de las decisiones judiciales, antes de que se encuentre el texto adoptado con todas las modificaciones propias del procedimiento colegiado y sin que aún haya sido notificado.

(...)

Por manera que, la divulgación de las decisiones judiciales de que trata el artículo 64 de la Ley estatutaria de administración de justicia no tiene el propósito de sustituir las normas de orden público que señalan desde cuándo comienzan a producir efectos los fallos, sino que es tan solo un simple desarrollo del derecho a la información previsto en el artículo 20 Constitucional”(2).

Criterio que además consulta el sentir de la propia Corte, quien tiene determinado que el proceso constitucional sólo termina con la ejecutoria del fallo correspondiente y, por lo mismo, la decisión de constitucionalidad es obligatoria desde que adquiere firmeza y no antes, tal y como lo puso de relieve el fallo en referencia:

“La Corte Constitucional, en la ratio decidendi de la sentencia que se ocupó de estudiar los efectos de sus fallos en asuntos de constitucionalidad (D. 2067/91, art. 21), definió que el proceso constitucional tan sólo termina con la ejecutoria de la respectiva sentencia, comoquiera que únicamente cuando está en firme es de obligatorio cumplimiento y sus efectos se producen cuando la sentencia esté ejecutoriada (...)(3). 

Es preciso tener en cuenta que esta providencia fue retomada por la Corte Constitucional, cuando adelantó la revisión previa de Constitucionalidad del artículo 45 de la Ley estatutaria de administración de justicia, relativo a las reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad)(4)” (cursiva en original)(5).

No debe perderse de vista que si la publicidad es elemento estructurante de toda decisión judicial, mal puede atenerse a la fecha de expedición de la sentencia (o de un mero comunicado de prensa) para hablar de vinculación obligatoria de un fallo de constitucionalidad. Postulado que está estrechamente vinculado al de certeza del derecho(6) como principio esencial de todo régimen democrático, que debe ser construido a partir de la premisa conforme a la cual el orden jurídico solo es coercible, una vez haya sido conocido por sus destinatarios.

3. En definitiva, al tenor del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991 solo después de ser conocida legalmente una decisión de constitucionalidad (parte resolutiva y consideraciones), esta produce efectos de res iudicata y, por tanto, no vincula al no estar en firme, al punto que es procedente su eventual anulación.

4. Ahora bien, al abordar el régimen jurídico aplicable al caso concreto, la mayoría de la Sala razona atinadamente al darle plena aplicación a lo prescrito por el Acto Legislativo 1 de 2011. Estimo, sin embargo que es preciso subrayar que proceder de otra manera supondría la infracción del derecho fundamental al debido proceso (art. 29 sup.).

En efecto, una de las garantías propias del Estado de derecho consiste en el juzgamiento conforme a normas preexistentes, regla que puede sintetizarse en que “la disposición preexistente prefiere al precepto ex post facto”, excepción hecha de materias relacionadas con el establecimiento de tribunales y determinación de procedimiento.

Se trata, como lo señaló de antaño la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia al explicar el alcance del artículo 26 de la Carta de 1886 —equivalente al 29 vigente—, i) de un principio de ecuménica adopción, como que está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración americana y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (L. 74/68) y ii) cuya aplicación comprende todos los ámbitos del derecho (civil, administrativo, laboral, etc.)(7).

Si al tenor del artículo 29 Constitucional nadie podrá ser juzgado sino conforme a las normas preexistentes al acto que se le imputa, se estaría violando el derecho fundamental al debido proceso del congresista, al estimar la configuración de una causal de pérdida de investidura por un presunto conflicto de interés, cuando al momento de discusión y trámite de la citada reforma constitucional a la justicia estaba vigente el Acto Legislativo 1 de 2011.

En efecto, el artículo 29 superior que consigna la garantía, tanto judicial como administrativa, de juzgamiento conforme a leyes preexistentes, es sin lugar a dudas uno de los más caracterizados presupuestos de toda democracia liberal, en tanto garantiza la neutralidad de la administración de justicia, evita la arbitrariedad y el abuso del poder al imponer sanciones que no estaban previamente establecidas y es reveladora de una de las facetas más importantes de la cláusula general de igualdad prevista en el artículo 13 superior (“regla de justicia” en palabras de Bobbio).

Preceptos fundamentales que por supuesto también aplican en sede de la acción de pérdida de investidura, por constituir una de las manifestaciones del poder sancionador del Estado.

Por lo anterior, considero que en el caso sub judice si con arreglo al Acto Legislativo 1 de 2011, el conflicto de interés no tenía lugar en la tramitación de proyectos de actos legislativos, no es procedente su configuración pues de ser así se estaría violando abiertamente el derecho fundamental al debido proceso.

5. Lo anteriormente expuesto no obsta para que si se llega a establecer que las conductas reprochadas en el trámite del fallido acto legislativo de reforma a la justicia, concretamente las actuaciones surtidas por los congresistas demandados en la comisión de conciliación, pudieren constituir faltas de orden disciplinario o hechos ilícitos, las autoridades competentes puedan y están en su deber de adelantar las correspondientes investigaciones.

En este sentido dejo presentada esta aclaración de voto.

Fecha ut supra.

Ramiro Pazos Guerrero 

1 http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ConsultaC/proceso.php.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AP 1470 de 2005, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. En el mismo sentido, vid. sentencias AP 1640 de 2006; AP 726 de 2007 y AP 819 de 2007.

3 Corte Constitucional, Sentencia C-113 de 1993.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AP 1470 de 2005, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

6 “En Colombia la ‘seguridad jurídica’ suele identificarse tan solo con una simple exigencia de cierta estabilidad regulatoria indispensable para que el inversionista pueda adelantar sus negocios, cuando esta categoría jurídica tiene cometidos mucho más ambiciosos. En efecto, la garantía de estabilidad de las normas es la esencia misma del Estado de derecho: generalidad, claridad, coherencia y posibilidad de cumplimiento son presupuestos de “moralidad del derecho o moralidad que hace posible el derecho” en términos de Lon L. Fuller. Así, mientras en otros países la seguridad jurídica ocupa lugar privilegiado entre sus prescripciones fundamentales —es el caso de España donde está contenida en el título preliminar de la Constitución de 1978— nuestros juristas, con ocasión de la expedición de la Constitución de 1991 y a partir de una discutible lectura de la cláusula Estado social de derecho, se enfrascaron en un falso dilema: seguridad jurídica versus justicia material, que desembocó en la bizantina controversia entre un ‘nuevo’ y un ‘viejo’ derecho que tanto daño le ha hecho a nuestra institucionalidad” Contexto, “Legislador y juez: ¿Garantías o amenazas al modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios?”, Revista de Derecho y Economía, Nº 18, Universidad Externado de Colombia, agosto de 2004, pág. 78.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 14 de junio de 1969, M.P. Eustorgio Sarria, en G.J. CXXXVIII, Nº 2338, pág. 156.