Sentencia 2012-01140 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201201140 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobada según Acta de Sala 101

Ref. Abogado en apelación: Dra. Claudia Teresa González Delgado.

Bogotá D.C., diez de diciembre de dos mil quince

Asunto a tratar

Procede esta Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia adiada el 31 de enero de 2014, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), sancionó con suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión a la abogada Claudia Teresa González Delgado al hallarla responsable de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

Calidad de disciplinable - Antecedentes

A folio 129 del cuaderno de primera instancia, obra certificado 044262012, del 30 de abril de 2012 emitido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en el cual se indicó que a Claudia Teresa González Delgado, identificada con la cédula de ciudadanía número 52171961, le fue expedida la tarjeta profesional de abogado Nº115231, encontrándose vigente.

Así mismo, mediante certificado de antecedentes disciplinarios(2) Nº 289494, expedido por la Secretaria Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, quedó acreditado que la abogada investigada no reporta antecedentes disciplinarios en los últimos cinco (5) años.

Lo fáctico

La señora María Patricia Riaño, mediante escrito del 8 de marzo de 2012, radicado en la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, interpuso queja disciplinaria contra la abogada Claudia Teresa González Delgado, informando que:

“Conozco desde niña a la abogada Claudia Teresa González Delgado ya que yo trabaje con su madre Teresa Delgado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el año 2002 pues en conocimiento de la abogada Claudia Teresa González Delgado que tenía una letra de cambio que habían sido giradas por amigo por préstamo de dinero que le hice, uno de ellos Luis Eduardo Bueno Bueno, letra girada por $ 18.000.000 (…), lo cual le comente (sic) a ella y me dijo que se la diera, que ella me la cobraba, hecho que hice al día siguiente y en la sala de su casa, estando su esposo William Huertas Cruz, nos sentamos a hablar y ella me dijo que para que yo no tuviera enfrentamientos ante un Tribunal con mis amigos y por mi estado de salud y dificultad para desplazarme, ya que soy una persona discapacitada no me convenía estar asistiendo a juzgados y tribunales y que lo mejor era que le endosará en propiedad a ella la letra de Luis Eduardo Bueno Bueno (en ese momento yo no sabía que era endosar en propiedad y le pregunte qué era eso y ella me dijo que eso era como el poder para ella cobrar la letra) (…) Una vez entregadas la letra le dije que me firmará un papel que dijera que ella me recibió en confianza esa letra de cambio para que me la cobrara por los valor de $ 18.000.000 (…), pero que el dinero era únicamente mío y especificara que los honorarios como ella misma me lo dijo los arreglábamos cuando salieran los respectivos procesos y ella me contestó que ella no le firmaba papeles a nadie y que como se me ocurría ir a desconfiar de ella y de su esposo”.

En cuanto a la letra de Luis Eduardo Bueno Bueno por la suma de $ 18.000.000, le indicó que le consiguiera el certificado de libertad y tradición de la casa para poder embargarlo. El día 5 de septiembre de 2002 en este proceso de Luis Eduardo Bueno Bueno le dijo que tenía que comprar una póliza que costaba $ 500.000 y como en el momento no los tenía, le entregó $ 50.000, los cuales se los dejo con una empleada, la cual le firmó que era para el proceso del juzgado 32 civil municipal. El día 6 de septiembre de 2005 fue citada por ella al juzgado para que dijera que le había vendido la letra a ella porque de lo contrario se perdía el dinero. En ese proceso señaló que le manifestaba muchas excusas por las cuales el proceso no salía de forma rápida. Ante la falta de respuestas de la abogada, se dirigió a los Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá y solicitó copia del expediente de Luis Eduardo Bueno Bueno y se enteró que la suma de $ 45.000.000 le fue entregada a Claudia Teresa el 1º de octubre de 2009.

Anexó con su escrito:

—Fotocopia informal del proceso ejecutivo Nº 2005-0528 adelantado ante el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá.

— Fotocopia informal de la letra de cambio aceptada por Luis Eduardo Bueno Bueno.

— Recibo por $ 50.000 suscrito por la abogada.

— Copia de la Póliza Judicial 0963805

— Grabaciones de conversaciones sostenidas con la abogada Claudia Teresa González.

Actuación procesal

1. Mediante auto del 30 de abril de 2012, se dispuso dar cumplimiento a lo signado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, se ordenó abrir proceso disciplinario contra la doctora Claudia Teresa González Delgado, y se citó a audiencia de pruebas y calificación provisional para el día 3 de julio de 2012, la cual no se realizó debido a la inasistencia de la investigada.

2. Se dio inició a la audiencia de pruebas y calificación provisional, en la cual se dio lectura a la queja. Se escuchó en ampliación de queja a la señora María Patricia Riaño Torres, quien se ratificó en su dicho. Adujo que la letra de cambio de Luis Eduardo Bueno Bueno por la suma de $ 18.000.000 se la entregó a la abogada en su negocio, oportunidad para la cual, la profesional le dictó que escribiera endoso en propiedad.

Adujo que ante las múltiples excusas ofrecidas por la disciplinable como el juzgado cerrado, cambio de secretario, paro judicial decidió acudir al Juzgado de conocimiento, enterándose del pago de dineros a la abogada Claudia González.

Así mismo, se escuchó la versión libre de la abogada investigada, quien señaló que en ningún momento había actuado como apoderada de María Patricia Riaño, con quien el único negocio que había celebrado era la compra de una letra de cambio por $ 18.000.000, por la que le canceló a aquella la suma de $ 15.000.000 en efectivo. Advirtió incluso que la quejosa ante varios estrados judiciales había declarado que le había vendido la referida letra. Finalmente deprecó pruebas a su favor.

3. El 4 de octubre de 2012 se continuó con la audiencia de pruebas y calificación provisional, contando con la presencia de la disciplinable y la quejosa. En esta data se escucharon los testimonios de:

— Armando Delgado Sánchez: señaló que sirvió como dependiente judicial de la disciplinable aproximadamente de 6 a 8 años. Adujo que en una ocasión vio en la oficina de la profesional a la señora Patricia Riaño, quien iba a servir de testigo dentro de un proceso ejecutivo del Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, en el que, el titulo se lo había vendido a Claudia Teresa González.

— Rosa Cecilia Valdiri Flórez: Abogada, quien en una noche en el 2001 o 2002 vio a su colega Claudia Teresa en el negocio de la señora Patricia, fotocopiadora ubicada al frente de Plazas de las Américas, y luego que se retiró, esta cuestionó a Patricia de por qué requería los servicios de un abogado, quien le señaló que debía contratarla para el cobro de dos letras de cambio. Afirmó que la señora Patricia le hizo entrega de una letra de cambio a la abogada Claudia Teresa.

El magistrado instructor fijo nueva fecha para la continuación de la presente audiencia de pruebas y calificación, para efectos de recolectar pruebas.

En esta instancia se recaudaron las siguientes probanzas:

— El Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá mediante oficio Nº 2735 del 17 de septiembre de 2012 remitió en calidad de préstamo proceso ejecutivo Nº 2005-0528 de Claudia Teresa González contra Luis Eduardo Bueno Bueno (2 cdnos de 100 y 24 fls).

4. El 7 de febrero de 2013 se continuó con la audiencia de pruebas y calificación provisional, contando con la presencia de la disciplinable y la quejosa.

Seguidamente se escuchó en versión libre a la abogada inculpada, quien en esta oportunidad simplemente señaló que compró el titulo letra de cambio en efectivo en la sala de su casa, de lo cual era testigo su esposo William Huertas Cruz.

A continuación se decretaron pruebas y se insistieron en otras ya decretadas.

5. El 19 de marzo de 2013 se continuó con la audiencia de pruebas y calificación provisional, contando con la asistencia de la disciplinable y la quejosa. En esta sesión se escucharon los testimonios de:

— William Huertas Cruz: Quien se presentó como esposo de la abogada Claudia Teresa González. Refirió que su esposa le mostró la queja formulada por Patricia Riaño en su contra. En cuanto a la letra de cambio plurimencionada, indicó que ese negocio lo realizó su esposa directamente.

— Adelaida Pedraza Ochoa: Manifestó que laboró para la quejosa en la fotocopiadora de ésta por un lapso de 16 años. Afirmó conocer a la abogada Claudia Teresa porque frecuentaba el negocio.

Indicó que presenció la entrega de una letra de cambio por parte de la quejosa a la abogada González Delgado, sin indicar la fecha. Expresó no tener conocimiento de la razón por la cual se efectuó la entrega del documento, y con frecuencia la señora Patricia la enviaba a ella o a las otras empleadas a preguntarle a la abogada que había sucedido con la letra, pues esta no contestaba el teléfono.

6. El 12 de junio de 2013 se continuó con la audiencia de pruebas y calificación provisional, contando con la presencia de la quejosa y el defensor de confianza de la disciplinable, al cual previamente le otorgó poder ese mismo día, al cual se le reconoció personería jurídica en la diligencia. Seguidamente se fijó nueva fecha y hora para continuarla ante la solicitud del apoderado de confianza de la disciplinable.

7. El 6 de agosto de 2013, con la asistencia de la disciplinable y la quejosa se continuó con la audiencia de pruebas y calificación provisional, en la cual la quejosa solicitó la incorporación de unos cds contentivos de unas conversaciones telefónicas sostenidas entre ella y la abogada Claudia Teresa González Delgado.

El magistrado instructor ordenó correr traslado de dichos documentos magnéticos a la abogada disciplinable, quien señaló que se notaba el seguimiento que desde hacía más de 5 años de manera temeraria le venía haciendo la quejosa y que el contenido de las mismas había sido manipulado.

Ante tal afirmación de manipulación el Magistrado Ponente le solicitó a la abogada le explicará dicha afirmación, limitándose a decir que no estaba la última conversación entre ellas donde se aclaraba que su relación fue comercial. Afirmó que era su voz pero no había continuidad en el tiempo. Se fijó nueva fecha para su continuación.

En esta etapa se recaudó la siguiente prueba:

— Mediante escrito del 30 de septiembre de 2013 la quejosa remitió copia de la resolución por medio de la cual se le reconoció pensión por invalidez (Fl. 28 y 29 del cdno original 2).

Formulación de cargos

8. El 23 de octubre de 2013 contando con la presencia de la disciplinable y la quejosa, procedió el Magistrado instructor a calificar el mérito de las pruebas, profiriendo pliego de cargos contra la investigada por presuntamente transgredir el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, ya que según la quejosa le endoso en propiedad a la abogada Claudia Teresa Gonzáles la letra de cambio girada a su favor por el señor Luis Eduardo Bueno, con el fin de que procediera a su cobro judicial, ejecución que le correspondió al Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, despacho que mediante sentencia del 14 de julio de 2006 ordenó seguir adelante la ejecución contra aquél a favor de la parte actora. A raíz de lo anterior, y ante la petición expresa de González Delgado con auto del 17 de septiembre de 2009 la jueza de conocimiento ordenó la entrega de 2 títulos valores por las sumas de $ 23.365.714 y $ 21.634.285 dentro del expediente 2005-0528. El referido valor monetario que ascendía a $ 45.000.000 fue cobrado por la encartada. Dineros cuya retención comporta el objeto de la censura que se realizó a la inculpada y que cuyo endoso en propiedad obedeció a un mandato previo entre la quejosa y la inculpada de acuerdo con las grabaciones aportadas y a las cuales se les dio valor probatorio. Conducta imputada a título de dolo.

En esta etapa se recaudaron las siguientes pruebas:

— Oficio del 12 de noviembre de 2013 del Banco Agrario de Colombia el cual informó que revisada la base de datos se logró establecer que para el proceso de marras a órdenes del Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá se encontraron dos títulos pagados en efectivo el 20 de septiembre de 2009 por las sumas de $ 23.365.714 y $ 21.634.285 (Fls 37 a 43 del cdno original).

9. El 20 de enero de 2014, se realizó la Audiencia de juzgamiento, contando con la comparecencia de la disciplinable y la quejosa. Se le concedió el uso de la palabra a la abogada encartada, quien presentó sus alegatos de conclusión, señalando que los dineros cuya retención se le imputaban eran de su propiedad, pues no fungió como apoderada de la quejosa. Reconoció reclamar los dos títulos del juzgado, pero que ya no cuenta con el dinero porque se lo gasto.

Afirmó que las grabaciones de las conversaciones, nunca se verificó si su contenido fue manipulado. Aseguró que el Despacho Instructor dejó de valorar el cuarto registro de las conversaciones donde obraba de manera clara que había inquirido a la quejosa que estaba equivocada, porque ella no era su deudora.

La sentencia apelada

Mediante providencia del 31 de enero de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió:

“Primero: SANCIONAR a la abogada Claudia Teresa González Delgado, identificada con cédula de ciudadanía 52.171.961 y portadora de la Tarjeta profesional Nº 115231 del Consejo Superior de la Judicatura, por la comisión de la falta que se le imputó prevista en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a la sanción de suspension de un (1) año en el ejercicio de la profesión de abogado (…)”(3).

Arribó a tal resolutiva considerando que no había duda de la materialidad de la falta en la conducta de la profesional del derecho, toda vez que la entrega del título valor por parte de la quejosa a la doctora Claudia Teresa González obedeció a un mandato cuyo objeto fue el cobro ejecutivo de un título, lo cual se deducía de las grabaciones aportadas con el escrito de denuncia(4), el testimonio de Adelaida Pedraza y Rosa Cecilia Valdiri, así como la asunción por parte de la quejosa de gastos del proceso, póliza., y que dicho endoso en propiedad obedeció a las condiciones de discapacidad de la quejosa como el incumplimiento de la carga probatoria en la disciplinada para probar que pago por la compra de los derechos litigiosos incorporados en los títulos.

Concluyó la Sala, que entre la abogada Claudia Teresa González y la señora Patricia Riaño existió un contrato de mandato verbal, con ocasión del cual, y tras las condiciones de discapacidad de la última de las mencionadas y la “intima” amistad entre las mencionadas, la quejosa “endoso en propiedad” el título cuyo conocimiento de la ejecución de surtió ante el Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá y en desarrollo del pleito, cobró la profesional del derecho la suma de $ 45.000.000, dineros que siendo propiedad legitima de la quejosa retiene indebidamente.

Y en cuanto a la responsabilidad de la abogada, indicó el seccional de instancia que no eran de recibo los argumentos exculpatorios de la togada encartada, en cuanto a que no era sujeto disciplinable de esta jurisdicción, ya que medio un contrato de mandato, el cual se infiere de las conversaciones realizadas por la quejosa y la abogada.

Y referente a la cuarta conversación, que a consideración de la disciplinable no fue objeto de valoración, y que en ella, a su juicio, le indicó a la quejosa la inexistencia de deuda alguna con ella. Advirtiendo la Sala con fundamento en la reproducción del mismo, la tergiversación del contexto de la misma por parte de la disciplinable, pues primeramente en la cuarta grabación exculpa la ausencia de resultados porque el proceso estaba en el tribunal.

La Sala de instancia expidió copias penales para investigar a la abogada encartada.

La apelación

La anterior determinación fue apelada por la doctora Claudia Teresa González Delgado, quien insistió que no era sujeto disciplinable por cuanto no asesoró, patrocinó ni asistió a la señora María Patricia Riaño en ninguna gestión, ya que simplemente actúo como endosataria en propiedad y por ello retiró los títulos, que eran suyos.

Adujo que quien vendía un título, ya no era titular del crédito, sino que traslada tal derecho al nuevo endosatario, lo cual se corrobora con las declaraciones rendidas por la quejosa ante varias autoridades y el testimonio del señor William Huertas.

Señaló que las grabaciones aportadas, no se deberían tener en cuenta por cuanto las mismas no reunían los requisitos legales para ser admitidos como medio de prueba.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Es esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, competente para conocer y decidir de los recursos de apelación impetrados en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de conformidad con los mandatos establecidos en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 59 numeral 1º y 89 del Código Disciplinario del Abogado.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art.14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. El caso a resolver.

Esta superioridad entrará a resolver si confirma, revoca o modifica la decisión emitida el día 31 de enero de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año a la abogada Claudia Teresa González Delgado, por haberla encontrada responsable de la transgresión del precepto establecido en el numeral 4º, artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:

“No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

En concreto los problemas jurídicos a dilucidar en este asunto, de conformidad con el principio de limitación del juez ad quem, es determinar:

1. Si las grabaciones telefónicas realizadas a la disciplinable por la quejosa y la cual se transliteró por la Sala de instancia es una prueba válida para haberle imputado cargos a la abogada encartada por cuanto ha retenido dineros recibidos en virtud de la gestión profesional que realizó a su favor.

2. Si se configuró el contrato de mandato entre la quejosa y la disciplinable.

Pues bien, para resolver este asunto inicial basta traer a colación la Sentencia del 18 de noviembre del 2008 con ponencia del doctor Augusto Ibáñez Guzmán de la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso 26984 que declara admisibles las grabaciones hechas para la pre constitución de pruebas:

“Al expediente fueron anexados diversos documentos que contienen la transcripción de las grabaciones logradas de diálogos sostenidos por el señor Castro Gil con varias personas, especialmente con quienes dijeron ser de las AUC. En punto de las interceptaciones obtenidas por orden de autoridad judicial, nada se ha cuestionado, pero se han tachado de ilegítimas aquellas realizadas por el propio denunciante.

Sobre el punto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado lo siguiente(5):

“Cuando el censor entra a desarrollar el reproche, señala como únicos elementos de juicio cuya práctica fue omitida, dos grabaciones que, dice, la progenitora del acusado realizó a conversaciones sostenidas con los dos testigos de cargo.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha explicado en forma pacífica, reiterada y conteste que en esos supuestos la prueba debe ser rechazada por ilícita, en cuanto en respeto del derecho fundamental a la intimidad ese tipo de grabaciones solamente puede llevarse a cabo previa orden de autoridad judicial competente, toda vez que no se estaría ante las únicas excepciones admitidas, como que no se trataba de la víctima que preconstituía prueba sobre un delito de que se la estaba haciendo objeto, ni todos los intervinientes en la conversación habían accedido al registro.

La Sala ha expresado(6):

La Corte ha mantenido el criterio acorde con el cual no se reconoce ninguna eficacia jurídica a las pruebas practicadas con violación de las garantías o de los derechos fundamentales constitucionales de las personas, de manera que las que han sido obtenidas mediante la tortura o los tratos degradantes, inhumanos o crueles o con desconocimiento de aquellas, son inadmisibles con independencia de la naturaleza de las pruebas pues la protección se relaciona con la totalidad de los medios probatorios.

Ya en sentencia de casación de 16 de marzo de 1988(7) frente al problema de la interceptación de comunicaciones la Sala había admitido la posibilidad de hacerla sin que mediara orden judicial “cuando una persona, como en el caso concreto, es víctima de un hecho punible y valiéndose de los adelantos científicos, procede a preconstituir la prueba del delito, para ello de modo alguno necesita autorización de autoridad competente, precisamente porque con base en ese documento puede promover las acciones pertinentes. Esto por cuanto quien graba es el destinatario de la llamada”.

Por eso se ha insistido de manera uniforme que las grabaciones de audio resultan legalmente “válidas y con vocación probatoria porque, como desde antaño lo ha venido sosteniendo la Sala, su práctica no requiere previa orden judicial de autoridad competente en la medida en que se han realizado, respecto de su propia voz e imagen, por persona que es víctima de un hecho punible, o con su aquiescencia y con el propósito de preconstituir la prueba del delito, por manera que no entraña intromisión o violación alguna del derecho a la intimidad de terceros o personas ajenas(8).

De tal modo que lo que hace ilícita a la prueba es su obtención por un tercero ajeno, es decir por la persona que graba la voz, la imagen o intercepta la comunicación de otros sin que quienes intervienen en la misma hayan expresado su consentimiento, en todos aquellos casos en que no se requiera de autorización previa de las autoridades encargadas para disponerlas. No pasa inadvertido entonces que si bien conforme al artículo 15 de la Carta Política el derecho a la intimidad garantiza la inviolabilidad de la correspondencia y de toda forma de comunicación privada, pues según el mandato "sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley", los titulares de ese derecho que no es absoluto pueden renunciar a él cuando media el consentimiento de los intervinientes para que sea grabada, filmada o interceptada la conversación que se sostiene.

Una conclusión de tal naturaleza no se opone a la consideración según la cual el derecho a la intimidad involucra también la garantía a las personas “de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren”, lo que en principio constituiría un motivo impeditivo para que las grabaciones de las conversaciones y de la imagen obtenidas sin el conocimiento de quienes intervienen en ellas pudieran divulgarse o aportarse como pruebas judiciales.

La Sala precisa en este caso que salvo cuando se requiera autorización judicial, la grabación, interceptación de la voz o la filmación de imágenes, será viable jurídicamente (con capacidad para servir como medio de prueba judicial) cuando exista o se exprese el consentimiento de todos quienes intervienen en la conversación o en el acto que es objeto de filmación o grabación, predicándose como excepción a lo afirmado aquel evento ya insistentemente desarrollado por la jurisprudencia —que hoy se reitera— relativo a la preconstitución de prueba cuando se es víctima de un delito y la obtención de la respectiva información comporta fines judiciales probatorios”.

Posición que ha sido ratificada posteriormente dentro del radicado 41790 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia/Magistrada Ponente Dra. María del Rosario González aprobado mediante acta 302 del 11 de septiembre de 2013:

“Legalidad de grabación de conversaciones por la víctima

La defensa solicita excluir del material probatorio decretado la grabación de la conversación sostenida entre Orlando Luis Puello Ortega y el abogado José Tomás Arrieta Acosta por cuanto vulnera la garantía fundamental de la intimidad del acusado por haber sido realizada sin autorización judicial.

Por su parte, el tribunal a quo y los no recurrentes consideran que no se concreta la afectación de derechos pregonada puesto que fue efectuada por uno de los intervinientes en el diálogo, evento en el cual no se requiere permiso previo o posterior.

Entonces, el debate se circunscribe a determinar si la grabación obtenida por José Tomás Arrieta sin autorización de su interlocutor o de la autoridad judicial correspondiente constituye prueba ilegal, inadmisible como medio de convicción en el proceso penal.

El inciso 5 del artículo 29 de la Carta Política establece que “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” y el canon 360 de la Ley 906 de 2004 que, “el juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código”.

A su turno el artículo 15 de la Constitución Nacional preceptúa que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (…) la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley” (resalte propio).

Se entiende por intimidad el derecho constitucional que garantiza la preservación de un espacio personal, aislado a la injerencia de otros o, en otros términos, el “área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley”.

Con todo, la aludida prerrogativa fundamental no es absoluta por cuanto puede ser intervenida, previa autorización judicial, en los precisos eventos y bajo las expresas condiciones autorizadas en la ley, por ejemplo, cuando procede la interceptación de comunicaciones regulada en el artículo 235 de la Ley 906 de 2004, modificado por las Leyes 1142 de 2007 y 1453 de 2011.

Así mismo, acorde con la jurisprudencia de esta Corporación, cuando una persona es víctima de un hecho punible puede grabar su propia imagen y/o voz en el momento en que es sometida a la exigencia criminosa, sin que requiera autorización judicial, pues precisamente con ese documento puede iniciar las acciones pertinentes. Ello porque la persona, de manera voluntaria, permite el conocimiento de sus comunicaciones con el objetivo de demostrar la ocurrencia de la conducta delictiva que la victimiza.

Obviamente, quien en estos eventos infringe la ley, al efectuar manifestaciones o desplegar acciones delictivas, no puede refugiarse en dicha prerrogativa constitucional para inhabilitar el uso del medio de convicción recaudado motu proprio por la víctima, en tanto la grabación constituye un acto defensivo ante el atropello que padece.

La Sala se ha pronunciado sobre el punto de la siguiente forma,

“Si la víctima de un delito graba o autoriza la grabación de su voz o de su imagen para efectos probatorios, mientras dialoga o interactúa con el implicado, obviamente sin que éste consienta tales operaciones, podría generar una tensión aparente o muy leve entre el derecho a la intimidad del implicado, y los derechos de la víctima a la protección integral de las autoridades, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ello, por cuanto en la expresión literal del artículo 15 de la Carta el derecho a la intimidad solo puede ser interferido por orden de autoridad y en los términos que la ley disponga; y porque siendo la comunicación un acto en el que necesariamente deben intervenir el emisor y el receptor, generalmente con alternancia en esas posiciones, la comunicación deja de ser privada, aunque sólo uno de ellos facilita su consentimiento para que así ocurra.

Se precisa entonces ponderar tales derechos desde la perspectiva del mejor efecto constitucional posible.

En ese ejercicio es razonable privilegiar el derecho de la víctima, puesto que al establecer la verdad, dentro de un marco de justicia material, utilizando para ello las voces y las imágenes así grabadas, se logran los fines constitucionales atribuidos al proceso penal en mayor medida, que si se optara por la solución contraria; es decir, si se concediera preponderancia a la intimidad del implicado como derecho absoluto o intangible, mientras la autoridad judicial no disponga lo contrario.

Se dice en tal contexto que la tensión es solo aparente o muy leve, toda vez que no se requiere confeccionar intrincados argumentos para encontrar la solución adecuada, sino que la axiología constitucional ofrece la respuesta de manera obvia y evidente.

Es claro que el de la intimidad es un derecho fundamental no absoluto y que puede ser objeto de limitaciones, con fines constitucionales o con arreglo a la ley; en cambio, la búsqueda de la justicia material dentro de un marco jurídico es un principio superior fundante del Estado de derecho, una meta, un horizonte de llegada, que no admite excepciones y que irradia todo el espectro jurídico desde el Preámbulo de la Constitución Política”.

En ese contexto, acorde con la línea jurisprudencial citada, constituyen elementos esenciales para establecer en qué casos una grabación elaborada por un particular, sin orden judicial, puede tener validez al interior de un proceso penal: i) si se realiza directamente por la víctima de un delito o con su aquiescencia; ii) si capta el momento del accionar criminoso y, iii) si tiene como finalidad preconstituir prueba del hecho punible, presupuestos que deben concurrir simultáneamente”

Es por lo anterior, que tal y como lo fue para la primera instancia esas grabaciones y posterior transliteración como prueba documental es tenida en cuenta para darle valor probatorio en el presente disciplinario(9), como quiera que la señora Patricia Riaño como cliente grabó a su abogada, lo cual le sirvió para pre constituir la prueba en un proceso de carácter sancionatorio, que da cuenta que ésta le había entregado la letra girada a su favor por el señor Luis Eduardo Bueno mediante el “endoso en propiedad” a la abogada Claudia Teresa González por la confianza que ésta le tenía y la incapacidad que pesaba sobre la quejosa.

El mentado proceso ejecutivo le correspondió al Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá, despacho que, mediante sentencia del 14 de julio de 2006, ordenó seguir adelante la ejecución. A raíz de lo anterior y ante la petición de la abogada González Delgado con auto del 17 de septiembre de 2009 la jueza de conocimiento ordenó la entrega a la profesional de dos títulos valores por valor de $ 23.365.714 y $ 21.634.285, los cuales fueron cobrados por la encartada, tal y como lo reconoció ella en sus diversas intervenciones y lo evidenció la Directora Operativa de la Unidad de Depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia (Fl 27 y ss cdno original 2).

Ahora bien, las grabaciones de las conversaciones develan la entrega del título judicial a la abogada González Delgado para su cobro, por cuanto, muestran como ante cada requerimiento por parte de la quejosa, la abogada rendía informe del estado del asunto proporcionando datos inexactos y falsos, pretendiendo con ello convencer a Patricia Riaño que el asunto contra Luis Eduardo Bueno se encontraba demorado por diferentes circunstancias en detrimento de la ética profesional, por lo que esas grabaciones son tenidas como válidas por el operador disciplinario, aunado a que no fue obtenida mediante tratos crueles o denigrantes, ni tachada de falsa por la disciplinable, quien reconoció que era su voz y sin que antes de la calificación, ni tampoco en el juicio especificara las vicisitudes de una presunta manipulación.

En cuanto al segundo problema jurídico, la Sala indica que en el presente asunto el “endoso en propiedad” le precedió una relación de mandato judicial, cuyo objeto se centraba en el cobro ejecutivo del título, afirmación que se deduce de las grabaciones aportadas con el escrito de denuncia, en las cuales la abogada le rendía informes del proceso a la señora Patricia Riaño, así como los testimonios de Adelaida Pedraza quien señalaba que la señora Riaño las enviaba para preguntarle a la abogada por la letra, y el dicho de la señora Rosa Cecilia Valdiri a quien la quejosa le manifestó que le había entregado letras para el cobro a la togada encartada, aunado al pago de gastos del proceso que se corroboran con el recibo aportado por la quejosa a folio 13 del C.O. que indica “ recibimos de Patricia Riaño la suma de $ 800.000 para el pago de una póliza” y el recibo por la suma de $ 50.000 que indica “proceso juzgado (…)”

Lo anterior evidencia la relación cliente-abogado entre la señora María Patricia Riaño y Claudia Teresa González, ya que la definición que sobre el contrato de mandato trae nuestro código civil es:

“Artículo. 2142.—El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general, mandatario”.

Del anterior marco normativo se puede precisar que el contrato de mandato es bilateral, consensual y por regla general es oneroso, sin necesidad que obre por escrito como en el presente caso, pero si con elementos que demuestran que la entrega de la letra de cambio a la abogada fue producto de un contrato de mandato previo ajustado con la quejosa, y en consecuencia el titulo se entregó a la profesional para su cobro, y no a título de venta como lo manifestó la apelante, afirmación que no cuenta con credibilidad alguna, habida consideración que por experiencia nadie sufraga un precio tan elevado por una letra de cambio cuyo importe era de $ 18.000.000, sin obtener recibo alguno, y más tratándose de una persona del nivel de la disciplinable.

Por lo anterior, al existir relación cliente-abogada, la litigante Claudia Teresa González es sujeto disciplinable de la Ley 1123 de 2007, no existiendo duda para esta superioridad que la mencionada abogada efectivamente incurrió en la conducta omisiva sancionable, al no entregar los dineros que le pertenecían exclusivamente a la señora Patricia Riaño, incurriendo en la falta establecida en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia confirmará la responsabilidad endilgada en el fallo de primera instancia a la togada.

La sanción impuesta.

Frente a la sanción, el magistrado a quo, decidió imponerle la suspensión por el término de un (1) año en el ejercicio de la profesión de abogado, la cual deberá ser confirmada por las razones que se expondrán a continuación, pues se ha impuesto una sanción acorde o acompasada con la gravedad y trascendencia de la conducta disciplinable que se endilgó a la togada, siendo así que el baremo aplicado por la instancia inferior resulta ajustado y suficiente frente a la función preventiva y correctiva de la sanción disciplinaria —art. 11—, así como a los criterios dosimétricos establecidos en el canon 13 del Estatuto Deontológico, para quienes, como en este caso, incurren en falta disciplinaria, en la especie de falta a la honradez del abogado, y por tanto, se insiste, la misma será ratificada.

En efecto, veamos que consagra el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, Estatuto Deontológico, cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión. Una última sanción es la Multa, la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

De otra parte, el canon 45 del estatuto disciplinario vigente, establece tres criterios de graduación de la sanción, siendo así que el primero de ellos es el denominado como general, y se consideran como tales la trascendencia social de la conducta, el perjuicio ocasionado, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, así como los motivos determinantes del comportamiento. De igual manera, se consagran los criterios de atenuación, y su opuesto, de agravación.

Lo anterior, además, ha de ser articulado con el principio rector del canon 13 que señala que la imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Pues bien, para el caso en particular que concita la atención de la Sala, la disciplinante de primera instancia consideró que para el caso particular debía tenerse en cuenta para graduar la sanción a imponer, que los hechos investigados son graves pues la abogada está llamada a dar ejemplo de rectitud y lealtad, alejado de comportamientos fraudulentos, engañosos o equívocos que tiendan a desnaturalizar su esencia; igualmente es una conducta lesiva para la administración de justicia, para los clientes y el ejercicio de la profesión del derecho.

Para la Sala, no queda la mínima dubitación que la abogada de manera injustificada incurrió con su actuar en falta contra la honradez, y que por ello debe ser sancionada, es un aspecto que es compartido en toda su extensión. Y que la disciplinada, sin justificación alguna, con conocimiento y consciencia de la arbitrariedad y deshonestidad de su actuar, retuvo los títulos judiciales que recibió del juzgado de conocimiento, es algo que igualmente está determinado en el proceso.

En efecto, lo anterior permite establecer la gravedad de la infracción disciplinaria en la cual incurrió la disciplinada al retener y no entregar el dinero recibido en cuantía de $ 45.000.000, causando con su conducta perjuicio a la quejosa, quien no pudo hacer uso de dichos dineros.

Acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en este proceso, era coherente respecto de los elementos de convicción allegados al dossier, afectarse con sanción a la disciplinada, en tanto la prevención general que caracteriza la utilidad de la sanción, cumple el propósito de:

“(…) amenaza de un mal a todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias (…)”(10).

Igualmente, la imposición de la referida sanción cumple con el fin de prevención, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, que en lo que respecta a su aspecto general, alertar a los instruidos en Derecho, a abstenerse de incurrir en conductas que le hagan daño a la sociedad, a la administración de justicia, y de contera desprestigien la profesión de abogado.

Y, en lo particular, en el presente caso para la abogada Claudia Teresa González Delgado, quien, como consecuencia de su actuar, desde toda comprensión apartada de los límites de lo recto y honesto, está avisada de que debe detener su marcha hacia lo ilícito, pues de no hacerlo recaerá sobre él la condigna sanción disciplinante.

De igual forma, la sanción de suspensión impuesta a la disciplinada, satisface el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

Finalmente, se verifica también el principio de razonabilidad, entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, frente al cual se justifica la sanción disciplinaria impuesta, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Corolario

Entonces considera esta Sala que la sanción de suspensión por un (1) año en el ejercicio de la profesión, impuesta a la abogada Claudia Teresa González Delgado, por la Sala a quo debe ser confirmada en toda su extensión y comprensión. Y así se declarará en la parte resolutiva de este proveído de cierre.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR íntegramente el reproche disciplinario a la abogada Claudia Teresa González Delgado contenido el fallo de 31 de enero de 2014, emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante el cual la sancionó con suspensión de un (1) año en el ejercicio de profesión a la togada antes mencionada, tras hallarla responsable de la falta disciplinaria prevista en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones expuestas en la parte motiva.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago Adolfo León Castillo Arbeláez—José Ovidio Claros Polanco María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve Julia Emma Garzón De Gómez —Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Conformaron la Sala dual de instancia los H. Magistrados Alberto Vergara Molano (Ponente) y María Lourdes Hernández Mindiola.

2 Folio 31 del cuaderno 2º original.

3 Folio 98 del cuaderno 2 de primera instancia.

4 Grabación Nº 1 del CD1: (…) “Patricia: ¿Claudita y el proceso de Luis Eduardo está ahí por los $ 18.000.000 de la letra? Claudia: Si señora. Patricia: Ayy Claudita ¿yo que hago? Claudia: Creo que por ahí unos 25 30 le están llegando Patricia ¿Y por qué lo cambiaban de Juzgado otra vez Claudita? ¿No estaba en el 32 que usted me había dicho? Claudia: Fue una reasignación, cosas del Consejo Superior de la Judicatura”
Patricia: Me tenía olvidada Claudia: Si no hay platica ¿para qué la llamó? Patricia: Como que no, yo la llamaba esperanzada que me tenía algo. Claudia: No doña Patico con esa contraparte que tenemos, Dios quiera que al principio del otro año ya. Patricia: ¿Por qué? Claudia:.. vendió el crédito, se lo auto vendió al hijo, ya pago para que desaparezcan el proceso, una contraparte mal, muy mal. Patricia: ¿Para que desaparezcan el proceso? Claudia: rata completa (…) Patricia: Y la letra que hice para que William me cobrara esa plata es de Luis Eduardo o es la de Gloria? Claudia: La de Gloria doña Patico. Patricia: ¿La de Gloria es la de William? Y la que le di a usted para que me cobrara es la de Luis Eduardo? Claudia: SI.
Patricia: No Dios mío, padre santo, que yo recupere esa plata Claudita, yo de ahí, además de sus honorarios, yo le voy a reconocer algo más Claudita, Patricia: No, Claudita usted sabe cómo estoy de agradecida con usted, que ustedes se hayan permitido hacer el favor de cobrarme esas letras (…) por hacerme el favor de cobrar una letra de una persona que él ni conoce y ahora usted también hacerme el favor de ponerlas usted de frente a esa letra por no enfrentar yo las cosas Claudita (…)”.
En la segunda conversación:
Patricia: Claudita. Claudia: Doña Patricia ¿cómo está usted? Ya más tranquila. Patricia: Pues un poquito porque ya llegó febrero, entonces ya estoy como un poquito más tranquila. Patricia:¿ Y que más Claudita? Claudia: No, sin novedades. Patricia: ¿Por qué Claudita? Claudia: Porque el juez no está y estamos a la espera de que entreguen unos títulos y oficios (…)
En la cuarta grabación:
Patricia: Pero lo de Luis Eduardo ya salió Claudita? Claudia: No doña Patico, está en el tribunal (…)
En la quinta grabación
Claudia: Los juzgados se incendiaron y duró cerrado (…).

5 Sentencia de casación del 30 de enero de 2008, radicado 22.983.

6 Sentencia de única instancia del 27 de julio de 2006, radicado 24.679.

7 Radicación 1634.

8 Casación 6 de agosto de 2003, radicación 21.216.

9 En sede disciplinaria se ha aceptado las grabaciones del quejoso para preconstituir prueba. Providencia del 24 de junio de 2015 dentro del radicado 2012 00233 01 con ponencia de quien cumple igual función.

10 Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008. Págs. 45 y 46.