Sentencia 2012-01163/10989-26 de octubre 7 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 760011102000201201163 01 (10989-26)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según acta de Sala Nº 84

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia. 

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Superioridad es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse sobre la competencia para conocer conflictos entre jurisdicciones y tutelas, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. Delacalidaddeldisciplinado.

A folio 95 del cuaderno de primera instancia, obra certificado del registro nacional de abogados informando que el señor Fernando Salazar Escobar se identifica con la cédula de ciudadanía 19.208.856 y se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional Nº 23998.

3. Delafaltaendilgada.

La conducta por la cual fue sancionado en primera instancia el abogado Salazar Escobar, está contenida en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, de la siguiente manera:

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

Igualmente, en el artículo 29 del mismo estatuto se prevé la siguiente incompatibilidad:

“ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

(…) 4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión”.

4. Delaapelación.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre el motivo de discrepancia planteado en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

5. Elcasoenconcreto.

En el presente asunto, el abogado Salazar Escobar fue declarado responsable de cometer la falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto el día 2 de agosto de 2011 actuó en el proceso ordinario Nº 2010-00229-00, seguido ante la Jueza 10 Civil del Circuito de Cali, a pesar de que su tarjeta profesional se encontraba suspendida a raíz de una condena disciplinaria emitida el 2 de febrero de 2011 por esta colegiatura (exp. 110011102000200702930 01).

De forma preliminar, la Sala precisa que no está en duda la materialidad de la conducta sancionada, toda vez que los elementos probatorios allegados al plenario demuestran que el 2 de agosto de 2011 el abogado Salazar Escobar presentó memorial objetando las agencias en derecho reconocidas en el proceso Nº 2010-00229-00 (fls. 71 y 72, c.o.), a pesar de que para esa época estaba suspendido en el ejercicio de la profesión (exp. 110011102000200702930 01), tal y como la secretaría judicial de esta Sala le informó mediante telegramas del 9 de febrero de 2011 (fls 21 y 22, c. anexo 5) y le notificó personalmente a su abogado de confianza, el 14 de febrero de 2011 (fls. 31, 35 y 37, ibíd.).

Sin embargo, el defensor de oficio del abogado Salazar Escobar asegura que la conducta de su prohijado se justificó por numerosas razones, entre las cuales se destaca el desconocimiento de la sanción disciplinaria que pesaba en su contra. Por consiguiente, a continuación la Sala abordará el estudio de los argumentos elevados por el apelante con el fin de solicitar la revocatoria de la sentencia proferida el 7 de marzo de 2014 por la colegiatura seccional de Valle del Cauca.

I) En primer lugar, el recurrente sostiene que la Sala a quo no demostró el conocimiento del togado de la sanción de suspensión que gravitaba en su contra y de la fecha en la cual comenzaría a regir. También sostiene que no puede presumirse que su defensor de confianza le hubiese informado sobre aquella situación.

Al respecto, la Sala destaca que el doctor Salazar Escobar tuvo efectivo conocimiento de la decisión sancionatoria del 2 de febrero de 2011, como lo demuestra el hecho que 17 de febrero siguiente le solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura “revocar la sentencia en que me imponen como sanción la suspensión en el ejercicio de la profesión por un término de 6 meses” (sic) (fl. 38, c. anexo 5).

En otras palabras, es tan cierto y evidente el conocimiento del togado de la sanción en cuestión, que tres días después de que la misma fuese notificada por la secretaría judicial de esta Sala a su apoderado, él personalmente solicitó dejarla sin efectos, acudiendo a una suerte de “tercera instancia” que denominó “recurso de súplica”.

Entonces, teniendo en cuenta que el ordenamiento disciplinario no contempla un mecanismo de oposición en contra de las sentencias de segunda instancia adoptadas por esta superioridad, el 24 de febrero de 2011 el magistrado José Ovidio Claros Polanco dispuso “estarse a lo resuelto en la sentencia del 2 de febrero de este año” (fl. 41, c. anexo 5).

La anterior actuación comprueba el conocimiento efectivo de la sentencia proferida en contra del togado y, en consecuencia, acredita la falta de mérito del argumento elevado por el apelante.

Por otro lado, tampoco puede sostenerse que la falta de sello o firma de recibo en las diversas comunicaciones libradas al togado impide “asumir” que las mismas llegaron a su destinatario. Sobre este aspecto, la Sala destaca que las dos direcciones empleadas por la secretaría judicial para notificar las providencias adoptadas en su contra fueron las siguientes: carrera 5 Nº 22-85 oficina 201 ANUPAC, Bogotá y calle 16 Nº 9-64 oficina 301, Bogotá D.C. (fls. 21 y 22, c. anexo 5).

Tales domicilios fueron reiterados por el doctor Salazar Escobar en su oficio del 17 de febrero de 2011 (fl. 38, ibíd.), y, adicionalmente, son las inscritas por él ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados (fl. 207, c.o.). De igual forma, tanto en su memorial del 14 de noviembre de 2012 (fls. 106 y 107, c.o.) como en la audiencia de pruebas y calificación provisional llevada a cabo el 16 de mayo de 2013, el disciplinado aseguró que su dirección de notificaciones era la carrera 5 Nº 22-85 en la ciudad de Bogotá (min. 1, CD obrante a fl. 126, c.o.).

Con base en lo anterior, queda claro que las direcciones empleadas para notificarle la sanción disciplinaria dictada en su contra eran válidas y, de este modo, que el togado sí estuvo enterado en todo momento y de forma efectiva de las diferentes decisiones emitidas en el proceso que concluyó con la suspensión temporal de su tarjeta profesional (exp. 110011102000200702930 01).

Por último, esta colegiatura rechaza el argumento del defensor de oficio relativo a que no puede presumirse que el abogado de confianza del doctor Salazar Escobar lo hubiese tenido al tanto del desarrollo del trámite judicial seguido ante la Sala homóloga de Bogotá. Al respecto, se recuerda uno de los deberes de cualquier abogado que asuma la representación judicial de un individuo es informarle sobre las decisiones adoptadas en su desarrollo. Así lo prevé el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 cuando le ordena a los profesionales “18. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones: c) La constante evolución del asunto encomendado (…)”. Por consiguiente, la Sala considera que la notificación efectuada por conducto del abogado de confianza sí constituía un medio idóneo para enterar al doctor Salazar Escobar de la decisión emitida en su contra.

Adicionalmente, la Sala destaca que el artículo 73 de la Ley 1123 de 2007 reglamenta la forma en la cual deberán notificarse las providencias en materia disciplinaria:

“ART. 73.—Notificación de sentencias y providencias interlocutorias. Proferida la decisión por la Sala, a más tardar al día siguiente se librará comunicación por el medio más expedito con destino al interviniente que deba notificarse; si no se presenta a la secretaría judicial de la Sala que profirió la decisión dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto.

En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada”.

En el caso de marras, la secretaría judicial de esta Sala libró las comunicaciones a las que hace referencia el artículo trascrito (fls. 47 y 48, c. anexo 3) y fijó el correspondiente edicto desde el 15 hasta el 17 de febrero del año 2011 (fl. 114, c. anexo 3).

En este orden de ideas, contrario a lo alegado por el recurrente, la Sala a quo sí podía presumir o inferir legítimamente que el disciplinado conocía su situación jurídica de cara a la suspensión temporal de su tarjeta profesional durante seis meses del año 2011, y, de ese modo, estaba en condición de adecuar su conducta a la incompatibilidad legal que pesaba en su contra para la época. Dicha clase de presunción ha sido avalada por la Corte Constitucional, por ejemplo, mediante Sentencia C-648 de 2001, a propósito de las notificaciones en materia penal:

“[N]uestro sistema procesal penal acepta que la notificación surtida con observancia de todas las formas procesales prescritas para llevarla a cabo hace presumir el conocimiento de la providencia por parte del notificado. No obstante, admite también que dicho conocimiento efectivo puede darse sin que hayan mediado tales formalidades, por lo cual acoge la notificación por conducta concluyente. Es decir, en relación con el momento en el cual debe entenderse conocida la providencia, acoge una posición ecléctica que combina lo que la doctrina ha llamado los principios de la recepción y del conocimiento. De conformidad con el primero, el conocimiento de la providencia debe entenderse producido cuando se han observado todas las formalidades prescritas por la ley para llevar a cabo la notificación. Según el segundo, la notificación debe entenderse surtida cuando el notificado conoce realmente el contenido de la providencia, aunque no se hayan observado efectivamente los formalismos legales previstos para comunicarla” (negrilla de la Sala).

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala estima infundado el alegato bajo estudio, pues los diversos elementos de prueba obrantes en el expediente indican, sin lugar a dudas, que el doctor Salazar Escobar tuvo pleno conocimiento de la suspensión temporal de su tarjeta profesional, luego pudo predecir las consecuencias legales de su conducta.

II) En segundo lugar, el apelante sugiere que el disciplinado no tuvo tiempo “suficiente” para enterarse de la providencia sancionatoria adoptada por esta colegiatura el 2 de febrero de 2011 (exp. 110011102000200702930 01).

Al respecto, la Sala se remite a las consideraciones expuestas en el acápite anterior, en virtud de las cuales se acreditó el efectivo conocimiento por parte del doctor Salazar Escobar de la suspensión en ejercicio de la profesión dictada en su contra. De este modo, la Sala se releva de efectuar mayores elucubraciones sobre el asunto y declara infértil el presente argumento de apelación.

III) Según el defensor de oficio, el togado obró de buena fe y con la convicción insuperable de actuar correctamente, sin que tuviese la obligación de consultar sus antecedentes disciplinarios en la página web de la Unidad de Registro Nacional de Abogados.

Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado que una actuación de buena fe es aquella caracterizada por la diligencia y el profesionalismo con la cual se ejecuta. Por ejemplo, en la Sentencia C-512 de 2013 el Alto Tribunal destacó que dicha forma de obrar implica una conducta leal y propia “de ‘un buen hombre de negocios’, lo cual no puede más que denotar la profesionalidad, diligencia y rectitud”.

A su turno, la Sala ha precisado que la naturaleza insuperable de la convicción con la cual actúa el sujeto disciplinable, radica en su imposibilidad de evitar el error de prohibición, pese a haber demostrado una conducta diligente:

“Frente a esa causal de exclusión de responsabilidad, denominada error sobre el tipo, se tiene que para que pueda ser aceptada debe poseer la nota de insuperabilidad del error, es decir, que el mismo no haya sido humanamente posible de evitar o vencer pese a la diligencia y cuidado con que se actuó en el caso concreto, insuperabilidad que debe medirse conforme a las condiciones personales del actor, las características de lo que fue objeto de error y los factores circunstanciales que hayan rodeado el hecho, tal y como desde años atrás lo pregonó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 24 de mayo de 1983, ocasión en la cual precisó:

‘... en tratándose de un error de interpretación normativa de expresiones propias del derecho, es importante examinar los conocimientos jurídicos del agente, su experiencia judicial y el texto mismo de la disposición interpretada para deducir de él su claridad formal o su compleja conformación.

‘Evidenciada esta nota del error (su insuperabilidad), la culpabilidad no se da por ausencia de dolo en cuanto faltaría uno de sus elementos: el conocimiento de la concreta tipicidad de la propia conducta, o lo que es igual, del aspecto cognoscitivo del actuar doloso. Si, en cambio el error existió pero fue fruto de negligencia, descuido o desatención; si el agente debió y pudo haberlo superado habida cuenta de su condición personal y de las circunstancias en que actuó, persiste la inculpabilidad dolosa por desconocimiento intelectivo de la específica tipicidad de su conducta, pero se abre la perspectiva de una culpabilidad culposa en cuanto incumplió reprochablemente el deber de cuidado que le era exigible para evitar la producción del resultado típico’”(2) (negrilla de la Sala).

En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que el doctor Salazar Escobar no obró de buena fue ni exhibió una conducta diligente y cuidadosa que le hubiese permitido conocer el carácter reprochable de sus actuaciones.

En efecto, teniendo pleno conocimiento la sanción de suspensión decretada en su contra por esta colegiatura el 2 de febrero de 2011, su deber como apoderado de los señores Sobeida Rentería Hernández y Carlos Ernesto Andrade en el proceso civil Nº 2010-00229-00 era sustituir o renunciar inmediatamente al poder que le había sido conferido, en aras de que sus clientes tuviesen la oportunidad de continuar disfrutando de una defensa técnica al interior de dicho trámite judicial.

Sin embargo, el disciplinado obró de forma indiligente y descuidada y no solo no le encargó la representación de sus poderdantes a otro colega sino que, además, continuó ejerciendo su defensa, a pesar de encontrarse incurso en una causal de incompatibilidad para realizar cualquier clase de litigio.

En idéntico sentido, era perfectamente superable el supuesto desconocimiento del doctor Salazar Escobar sobre la fecha exacta en la cual comenzaría a regir la sanción de suspensión dictada en su contra, pues a través de la Circular 11 del 26 de abril de 2011 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le comunicó el inicio de aquella medida (fls. 66 a 68, c. anexo 3) y, en todo caso, estaba a su alcance, y no era una carga desproporcionada, consultar tal información en la Unidad de Registro Nacional de Abogados.

De este modo, la alegada errada convicción padecida por el disciplinado era por completo superable, e incluso era su obligación indagar sobre el período de tiempo durante el cual su tarjeta profesional estaría suspendida, de manera que pudiese tomar acciones para no perjudicar a sus poderdantes.

Así las cosas, el presente argumento de apelación tampoco reviste mérito suficiente para conducir a la revocatoria de la sentencia proferida el 7 de marzo de 2014.

IV) Postula el defensor de oficio que la Sala de primera instancia “presumió” irregularmente el dolo en la conducta del doctor Salazar Escobar. En concreto, asegura que no existió evidencia sobre su intención torticera y engañosa cuando actuó ante el Juzgado 10 Civil del Circuito de Cali.

Al respecto, como lo recordó esta Sala en providencia del 23 de septiembre de 2015(3), “la consciencia y la voluntad de cometer una conducta descrita como típica por la ley disciplinaria (es decir, el dolo), no es un hecho o circunstancia susceptible de acreditarse de forma directa, al pertenecer al fuero interno del sujeto involucrado”.

Dicho de otro modo, la modalidad dolosa de la conducta investigada es una circunstancia que válidamente se puede inferir del material probatorio recaudado, en particular, de aquel que demuestra el conocimiento sobre la reprochabilidad de la actuación y la decisión de emprenderla a pesar de sus consecuencias legales de índole sancionatoria.

En el caso sub judice, el doctor Salazar Escobar conocía los términos de la incompatibilidad derivada de su sanción disciplinaria, como se indicó previamente, y a pesar de ello decidió continuar ejerciendo como apoderado de la parte demandante en el proceso civil Nº 2010-00229-00.

En la misma sentencia del 23 de septiembre de 2015 esta colegiatura recordó que “los indicios son medios de prueba válidos en el proceso disciplinario”, en virtud del principio de libertad probatoria que opera en este ámbito, tal y como lo estipulan los artículos 86 y 87 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 86.—Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección judicial y los documentos, o cualquier otro medio técnico o científico los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica (…)”.

“ART. 87.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos” (negrilla agregada).

Por consiguiente, la Sala de primera instancia respetó los derechos del encartado y se ajustó a los cauces legales cuando le atribuyó la modalidad dolosa a su comportamiento exhibido. Así las cosas, el argumento de apelación analizado también carece de fundamento jurídico.

V) El apelante considera justificada la actuación del doctor Salazar Escobar, toda vez que se limitó a pedir una “simple reducción de costas” en el proceso civil Nº 2010-00229-00, solicitud meramente “accesoria” o “complementaria” y sin “carácter jurídico” (fl. 256, c.o.).

A juicio de esta Sala, este alegato del recurrente resulta contradictorio, pues, de una parte, asegura que la intervención efectuada por el togado el 2 de agosto de 2011 ante el Juez 10 Civil del Circuito de Cali fue intrascendente y carente de relevancia jurídica; pero, de otro lado, manifiesta que el doctor Salazar Escobar obró en defensa de los derechos fundamentales de una familia “en la ruina” (fl. 257, c.o.), buscando evitar “un daño mayor” sobre bienes jurídicos “superiores” a los garantizados con la incompatibilidad prevista en el artículo 29.4 de la Ley 1123 de 2007.

La anterior incongruencia denota la falta de sustento del presente alegato y desconoce lo señalado por el doctor Salazar Escobar en su memorial del 2 de agosto de 2011, en el sentido de que era “importante” verificar el monto total de las agencias en derecho reconocidas, ya que el valor establecido era “demasiado” oneroso para su poderdante (fl. 71, c.o.). Las anteriores manifestaciones del disciplinado son suficientes para concluir no era “poca cosa” o un “simple” acto “complementario” la petición elevada el 2 de agosto de 2011 y que lo llevó a incurrir en la falta disciplinaria descrita por el artículo 39 del estatuto deóntico de los abogados.

VI) El quinto lugar, el recurrente califica de “excesivo” el término de suspensión de la profesión decretado por el a quo en contra de su prohijado, pues aduce que le acarreará la pérdida total de sus clientes y su “sustento natural”, haciendo alusión a sus ingresos económicos.

Sobre este punto, la Sala recuerda que la libre elección de la profesión implica la asunción voluntaria de una serie de cargas y responsabilidades dirigidas a garantizar los derechos de los usuarios y de la ciudadanía en general.

En el caso de marras, el doctor Salazar Escobar aceptó sin apremios ni coerciones ilegítimas agenciar los intereses de los señores Sobeida Rentería Hernández y Carlos Ernesto Andrade en el proceso civil Nº 2010-00229-00, consciente de las implicaciones legales del contrato de mandato. En desarrollo de su encargo, tuvo conocimiento de la imposición de una suspensión en su tarjeta profesional que abarcaría del mes de abril a octubre de 2011. No obstante, hizo caso omiso de la restricción laboral mencionada y prefirió actuar ante el Juez 10 Civil del Circuito de Cali a sabiendas de su incompatibilidad para litigar. En ese orden de ideas, el castigo disciplinario no se revela arbitrario o caprichoso, sino que constituye la consecuencia lógica, previsible y preestablecida, del desempeño ilícito de la profesión.

Ahora bien, con respecto al quantum punitivo fijado por la Sala de primera instancia, esta colegiatura recuerda que la determinación del castigo en concreto es un aspecto ligado a los principios de “razonabilidad, necesidad y proporcionalidad” previstos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, y a los criterios de graduación de la sanción fijados en el artículo 45 del mismo estatuto.

Sobre los primeros, la Corte Constitucional enseña en el ámbito penal, mutatis mutandi, que la:

“[N]ecesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no solo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural”(4).

A su turno, para el Alto Tribunal la razonabilidad “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”(5).

El principio de proporcionalidad de la pena, por su parte, “exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal”(6).

Ahora bien, la aplicación de tales postulados generales en el caso del doctor Salazar Escobar resulta adecuada, principalmente porque figuran en su registro de antecedes disciplinarios nueve (9) sanciones vigentes (fls. 19 y 20, c. 2ª instancia), siete (7) de las cuales son de suspensión en el ejercicio de la profesión, una de ellas por el lapso de dos (2) años(7).

En tal contexto, la pena controvertida deviene necesaria, en la medida en que busca disuadir a un profesional del derecho de cometer nuevas faltas disciplinarias y, por lo tanto, disminuir su número de reincidencias. De igual forma, se entiende razonable por cuanto fue el resultado de un amplio y prudente debate probatorio llevado a cabo por la Sala homóloga de Valle del Cauca, en cuyo desarrollo participó y ejercitó su derecho de defensa el imputado, sin lograr controvertir las fuertes evidencias que soportaron su declaratoria de responsabilidad disciplinaria. Así mismo, se trató de una sanción proporcional, pues la conducta reprochada fue grave, si se tiene en cuenta que implicó el abierto desconocimiento de una incompatibilidad derivada su previo incumplimiento de los deberes profesionales, la cual puso en peligro los derechos patrimoniales de una familia que el mismo togado aseguró se encontraba “en la ruina”.

Finalmente, la Sala a quo respetó los criterios de graduación dispuestos por el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que sopesó la modalidad dolosa de la conducta (num. 2, lit. A), las circunstancias que rodearon su comisión (num. 3, lit. A) y, entre otros, el hecho de que el doctor Salazar Escobar había sido sancionado disciplinariamente “dentro de los 5 años anteriores” en varias oportunidades (causal de agravación punitiva prevista en el num. 6, lit. C, del mismo art. 45). Así las cosas, carece de mérito tachar de “excesivo” el castigo decretado por la Sala Seccional de Bogotá su sentencia del 7 de marzo de 2014.

VII) Finalmente, el recurrente considera que el abogado Salazar Escobar no puede someterse a escrutinio disciplinario, por cuanto su conducta se enmarcó en varias “causales de exclusión de la responsabilidad”, consignadas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.

Dado que previamente esta colegiatura descartó la configuración de un error invencible en el disciplinado sobre la ilicitud de su conducta (art. 22, num. 6), a continuación se pronunciara sobre las tres causales restantes invocadas por el apelante.

a. Caso fortuito o fuerza mayor (art. 22, num. 1): según el recurrente, el togado “no tenía a quien sustituirle” el poder recibido de parte de los señores Sobeida Rentería Hernández y Carlos Ernesto Andrade.

Al respecto, esta Sala en sentencia del 13 de mayo de 2015(8) precisó que esta causal eximente de responsabilidad se estructura cuando el disciplinado enfrenta una situación “irresistible e imprevisible, que le impide al afectado haber obrado de una manera distinta”. En ese sentido, la colegiatura recordó el criterio acogido por la Corte Suprema de Justicia:

“La doctrina y la jurisprudencia enseñan que los elementos constitutivos de la fuerza mayor como hecho eximente de responsabilidad contractual y extracontractual son: la inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. El primero consiste en que el hecho que se invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del hecho. El segundo se tiene cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible de preverlo. Y la irresistibilidad radica en que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara [...](9)”.

Pues bien, en el caso de marras ninguno de los elementos característicos del caso fortuito o la fuerza mayor se verificó como lo alega el apelante. De una parte, el doctor Salazar Escobar conocía su situación disciplinaria para la época y, particularmente, la sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía que se aplicaría desde el mes de abril y hasta octubre del año 2011. Por consiguiente, la ausencia de un colega a quien pudiera a última hora sustituirle el poder para actuar en el proceso civil Nº 2010-00229-00 fue el resultado de su propia negligencia o su desidia, pues desde el mes de febrero de 2011 tenía conocimiento de aquel castigo y, sin embargo, no contactó algún otro profesional en Derecho que pudiese asumir la defensa de sus poderdantes.

De otro lado, era previsible, en condiciones normales, que el disciplinable enfrentara dificultades para sustituir su poder para actuar en un trámite judicial ya concluido (con sentencia adversa a los intereses de sus representados) y respecto del cual se habían decretado agencias en derecho por un monto que él mismo calificó de elevado.

Para finalizar, no era imposible evitar que el hecho se presentara, pues desde el 17 de febrero de 2011 el encartado tenía conocimiento de la existencia de una sanción de suspensión en su contra (fl. 38, c. anexo 5), y tuvo hasta el mes de agosto de dicha anualidad (es decir, más de 5 meses) para conseguir un abogado sustituto o, en caso contrario, renunciar al poder que le había sido conferido.

Empero, por desidia o cualquier otra motivación, el doctor Salazar Escobar se abstuvo de delegar las facultades de representación que le asistían y prefirió, con plena consciencia, continuar ejecutando el contrato de mandato, al punto de incurrir en una causal de incompatibilidad, simultáneamente prevista en como falta disciplinaria.

b. Estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado (art. 22, num. 2): según el apelante, el togado actuó en el proceso civil Nº 2010-00229-00 con la intención de proteger los derechos de una familia en estado de necesidad.

Al respecto, la Sala advierte que cuando el abogado Salazar Escobar desconoció el régimen de incompatibilidades, no defendía sus propios derechos sino los de terceras personas, en virtud de un contrato civil de mandato, sujeto a remuneración.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala rechaza el argumento del apelante según el cual el disciplinado actuó en el proceso civil Nº 2010-00229-00 por necesidad o por motivos altruistas y con el único propósito, desinteresado, de abogar por los derechos de una familia que atravesaba por una difícil situación.

En sentido diverso, resulta evidente que la causa de su actuación fue la existencia de un contrato de representación profesional, suscrito con sus clientes y en virtud del cual obtendría una remuneración por sus servicios.

Por consiguiente, el doctor Salazar Escobar no estaba en la obligación, imperativa e inevitable, de defender judicialmente unos derechos de titularidad exclusiva de los señores Sobeida Rentería Hernández y Carlos Ernesto Andrade. Tampoco era entonces su deber intervenir en el trámite judicial incluso a costas de cometer una conducta típica y reprochable desde el punto de vista disciplinario.

En suma, dado que el compromiso profesional del doctor Salazar Escobar no abarcaba la comisión de faltas disciplinarias en aras de alcanzar un particular resultado de litigio, esta colegiatura considera que la causal de exclusión de responsabilidad bajo examen tampoco se verificó en el presente caso.

c. Obrar para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber ético (art. 22, num. 4): de acuerdo con el recurrente, es “clarísimo” que el encartado buscó defender un derecho ajeno y salvaguardar los intereses de una “familia desprotegida”.

Sobre este punto, la Sala advierte la ausencia de pruebas en el expediente sobre la supuesta “desprotección” y el estado de vulnerabilidad que enfrentaban los entonces clientes del doctor Salazar Escobar.

Adicionalmente, para esta colegiatura resulta discutible la existencia misma de un derecho en cabeza de los poderdantes del disciplinado, que mereciera su heroica protección, al grado de exigirle desconocer su régimen de incompatibilidades.

En efecto, según consta a folios 55 a 64 del expediente, la demanda civil de revisión de contrato impetrada por el doctor Salazar Escobar en nombre de los señores Sobeida Rentería Hernández y Carlos Ernesto Andrade buscaba la reliquidación de un préstamo hipotecario de vivienda celebrado con el Banco Davivienda.

No obstante, la Juez 10 Civil del Circuito de Cali negó todas las pretensiones, luego de comprobar que la entidad financiera demandada ya había reliquidado en crédito en cuestión, de conformidad con los parámetros legales vigentes (L. 546/99) y que la propuesta de revisión del préstamo aportada por el togado carecía de “mérito probatorio”, pues no venía suscrita con la firma de “un experto financiero o contador público” (fls. 62 y 63, c.o.).

Con base en lo anterior, deviene infundado justificar el quebrantamiento de los deberes profesionales, con la excusa de que el disciplinado buscaba garantizar unos derechos “de mayor relevancia” que los bienes jurídicos tutelados con la Ley 1123 de 2007.

Esta colegiatura no es de la opinión que la salvaguarda de la integridad y rectitud con la cual deben actuar los abogados, revista menor importancia que la supuesta protección de intereses netamente económicos y, como ocurrió en este caso, inciertos.

Por lo tanto, la Sala confirmará en su integridad la decisión adoptada el 7 de marzo de 2014, mediante la cual se sancionó con veinticuatro (24) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al doctor Fernando Salazar Escobar, tras hallarlo responsable de cometer la falta contenida en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del 7 de marzo de 2014, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de veinticuatro (24) meses al abogado Fernando Salazar Escobar, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.208.856 y la T.P. 23998, por incurrir en la falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. COMISIÓNASE al magistrado en turno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, con facultades para subcomisionar, para que en el término establecido en la ley, notifique la presente providencia a los intervinientes de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Sentencia del 28 de Septiembre de 2009. M.P.: Doctor Angelino Lizcano Rivera. Exp. 760011102000200401418 03.

3 Exp. 20011102000201100268 01 (8482-16), M.P.: Dra. Julia Emma Garzón de Gómez.

4 Sentencia C-647de 2001.

5 Sentencia C-530 de 1993.

6 Sentencia C-647de 2001.

7 Exp. 11001110200020110245801, sentencia de 10 de septiembre de 2014.

8 Radicación 050011102000201300091 01, M.P.: Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño.

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 13 de noviembre de 1962.