Sentencia 2012-01178 de marzo 1º de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

RAMA JUDICIAL

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 73001110200020120117801

Aprobado según Acta 17 de la misma fecha

Ref.: Apelación sentencia abogado Oscar Acosta Galindo

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Conforme lo dispone el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, procede esta Superioridad a revisar por vía de apelación la providencia emitida el día 21 de agosto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

El asunto que centra la atención de la Sala es el referente a la queja interpuesta por el señor Libardo Fonseca Rodriguez, en contra del abogado Oscar Acosta Galindo, quien actuando como apoderado en el proceso ejecutivo seguido ante el Juzgado Segundo Civil de Ibagué, en el que luego de dictar auto ordenando seguir adelante la ejecución debían realizarse por parte del investigado los trámites pertinentes para llevar a cabo diligencia de remate, la cual se dilató debido a la negligencia del disciplinable pues en múltiples ocasiones solicitó el aplazamiento de la diligencia con lo cual se perjudico el ejecutante.

Analizado el acervo probatorio obrante se encuentra la certificación expedida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, en la cual se certifican las múltiples oportunidades en que se fijó fecha para el remate de bien inmueble, sin que se hubiera podido llevar a cabo así:

Mediante auto del 19 de diciembre de 2010, se señaló diligencia de remate del inmueble para el día 20 de mayo de 2010, fecha en la cual no se realizó la diligencia debido a que el interesado no allegó las publicaciones de que trata el inciso 2 del numeral 4 del artículo 525 del Código de Procedimiento Civil.

Se fijó como nueva fecha para realizar la diligencia el 24 de septiembre de 2010 librando el aviso de remate el 2 de septiembre de 2010, el que no fue retirado por la parte interesada, y llegado el día de la diligencia no se pudo efectuar en razón a que no se presentó postor alguno.

Posteriormente se fijó como nueva fecha para realizar la diligencia de remate el día 16 de febrero de 2011 librando aviso de remate sin que haya sido retirado, por tanto llegado el día de la diligencia no se realizó por no haber sido allegado por la parte interesada el certificado de libertad y tradición actualizado del bien inmueble objeto de la diligencia, ni las publicaciones de que trata el inciso 2 del numeral 4 del artículo 525 del Código de Procedimiento Civil.

Se señaló nuevamente la diligencia de remate el día 11 de mayo de 2011, realizando el cartel de remate el 15 de abril de 2011 el cual fue reclamado el 2 de mayo de 2011, la cual no se realizó por solicitud de aplazamiento del apoderado doctor Acosta Galindo.

Posteriormente se fijó nuevamente el día 21 de junio de 2011, librando el cartel de remate el día 13 de mayo de 2011, sin que fuese solicitado por la parte interesada, la cual no se llevó a cabo por solicitud del apoderado.

Seguidamente se fijó para el día 19 de julio de 2011, librando el cartel del remate el día 16 de junio de 2011, sin que fuera retirado, la que no se realizó por solicitud del apoderado.

Se señaló posteriormente el día 30 de abril de 2012 como fecha para llevar a cabo la diligencia de remate, pasando el proceso al juzgado adjunto sin que este realizara el cartel del remate, razón por la cual no ser llevo a cabo la diligencia en esa oportunidad.

Se dispuso como fecha para la realización del remate el día 27 de junio de 2012 librando el cartel de remate el día 6 de junio de 2012, el que fue reclamado el día 6 de junio de 2012, la cual no se llevó a cabo por solicitud de aplazamiento del disciplinable.

Mediante auto del 23 de agosto de 2012 se fija como nueva fecha el día 18 de septiembre de 2012, librando el cartel de remate el día 31 de agosto de 2012 el cual fue reclamado el mismo día, fecha en la que no se realizó la diligencia en razón a que el certificado de tradición y libertad del inmueble a rematar no fue expedido dentro de los cinco días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.

Finalmente se fijó el día 22 de abril de 2013 librando el aviso de remate el día 3 de abril de 2013, sin que hasta el día cuatro de abril de 2013 hubiera sido reclamado.

Con fundamento en la certificación anteriormente relacionada, y en las demás pruebas aportadas, considera esta corporación que el abogado investigado fue evidentemente indiligente en el encargo profesional que le encomendó el quejoso, puesto que habiendo señalado en diferentes oportunidades el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué las fechas para realizar la diligencia de remate del bien inmueble dentro del proceso ejecutivo con radicado 1995-10906 adelantado por Libardo Fonseca Rodríguez, contra Jorge Isaac Arias, el abogado no desplegó las actuaciones pertinentes a fin de que se pudiera efectuar el remate, observando que contrario a la diligencia debida, el abogado reiteradamente presentó solicitud de aplazamiento de la diligencia de remate del bien como es del caso para la diligencia programada para el día 11 de mayo de 2011, igual conducta asumió el togado en las diligencias fijadas para los días: 21 de junio de 2011, 19 de julio de 2011, 27 de junio de 2012.

Asimismo se advierte la omisión del investigado en las diferentes actuaciones que tenía a su cargo con el fin de hacerse efectiva la diligencia de remate, obsérvese como debiendo allegar las publicaciones de que trata el inciso 2 del numeral 4 del artículo 5252 del Código de Procedimiento Civil, no realizó dicha actuación lo cual dio lugar a que la diligencia fijada para el 20 de mayo de 2010 no se pudiera llevar a cabo, de esta misma forma se tiene que en una nueva oportunidad habiéndose fijado el día 24 de septiembre de 2010 para realizar el remate, el togado no retiró el aviso de remate lo cual condujo a que no se pudiera realizar la multicitada diligencia, posteriormente se fijó el 16 de febrero de 2011 para ejecutar el remate del bien inmueble observándose que en esta oportunidad el aviso de remate no fue retirado, igualmente para esa misma oportunidad el apoderado no allegó el certificado de libertad y tradición actualizado ni las publicaciones razón por la cual tampoco se pudo llevar acabo en esa oportunidad la diligencia, situación que fue repetida con ocasión de la diligencia programada para el 18 de septiembre de 2012, en cuanto el certificado de traición y libertad del inmueble a rematar no fue expedido dentro de los cinco días anteriores a la fecha prevista para el remate.

Así las cosas demuestra el curso procesal respectivo que el disciplinable fue negligente al dar cabal cumplimiento al encargo profesional asumido, siendo indiscutible la actitud descuidada asumida por el apoderado la cual se hizo en forma reiterada, permitiendo con ello el paso del tiempo sin que el ejecutante hubiere logrado obtener oportunamente el remate del bien, conducta que no encuentra justificación alguna pues no expuso oportunamente el disciplinable excusa alguna para justificar su actuar negligente.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por el defensor del togado, se advierte que no resultan de recibo las afirmaciones hechas, puesto que si bien obran en las presentes diligencias copias en las cuales el doctor Oscar Galindo Acosta, solicitó al Juzgado de conocimiento fijar fecha y hora para la subasta pública con el fin de obtener el remate del bien de propiedad del demandado, tal como lo demuestran los oficios obrantes a folios 205, 206, 207, 208, 209, los mismos no pueden utilizarse ahora como argumento para demostrar una actitud diligente por parte del abogado, puesto que lo cierto es que en las diferentes oportunidades que el juzgado fijo fecha para realizar las diligencias el abogado actúo en la forma negligente que se expuso anteriormente.

Tampoco puede admitirse el argumento expuesto por el recurrente de haber existido una conducta diligente en el actuar del investigado, puesto que el acervo probatorio demuestra que en efecto el disciplinable fue negligente en los actos relacionados con la diligencia de remate que son concretamente los que dan origen a esta investigación.

De otra parte no resulta de recibo la afirmación en cuanto a como lo denominó el a quo “el estiramiento de términos” sea atribuible al actuar pasivo del Juzgado y a la conducta dilatoria del ejecutado, porque como se indicó en líneas anteriores las diligencias previas al remate tales como las publicaciones, y el retiro de los avisos de remate son actuaciones a cargo de la parte ejecutante que se encontraba representada en el proceso por el doctor Oscar Acosta Galindo, sin que pueda pretenderse el traslado de esa carga procesal al demandado ni mucho menos al juzgado.

Ahora, si bien el disciplinable desplego algunas de las actuaciones a las que estaba obligado no puede perderse de vista su conducta omisiva y negligente la que finalmente conllevó a la demora en la realización de la diligencia de remate, advirtiéndose que la conducta diligente del abogado se demanda en el curso de toda las actuaciones que conlleva el mandato y no tan sólo respecto de algunas actuaciones.

Así las cosas, es evidente que el abogado investigado no cumplió a cabalidad con los deberes emanados del mandato pues el remate del bien propiedad del demandado se demoró por causas atribuible al abogado. Conducta con la cual afectó los intereses de su mandante al no contribuir para que oportunamente hubiera podido obtener los frutos del bien objeto de remate.

Así las cosas, las pruebas obrantes en el expediente son contundentes en demostrar que efectivamente el abogado investigado, fue negligente en el ejercicio de la gestión encomendada.

En consecuencia, se advierte sin dubitación alguna, que el disciplinable incurrió en la falta establecida en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, siendo merecedor de juicio de reproche, pues le asistía el deber de cumplir diligentemente con la gestión encomendada, contrariando con su actuar dicho deber.

En consecuencia, sin duda alguna se establece que el abogado investigado faltó a la ética profesional, pues incurrió en la falta establecida en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con las motivaciones expuestas en líneas anteriores, falta en la que incurrió a título de culpa como acertadamente lo encontró la Sala de Instancia, a quien le asistió razón al encontrar disciplinariamente responsable al doctor Óscar Acosta Galindo.

De la sanción:

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación señalados en el artículo 45 de la precitada norma.

Así las cosas, también ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por el disciplinado, esto es culposa, como lo advirtió de manera acertada el a quo, falta endilgada que a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometió la misma, pues de manera indiligente el abogado investigado no realizó las gestiones pertinentes para que pudiera llevarse a cabo la diligencia de remate y sin lugar a dudas en perjuicio del interés directo que éste tenía sobre el asunto encomendado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia de 21 de agosto de 2013, mediante la cual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al abogado Oscar Acosta Galindo, tras hallarlo responsable de la falta establecida en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».