Sentencia 2012-01196 de marzo 11 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201201196 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobada según Acta 20 de la misma fecha

Bogotá D.C., Once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

Competencia. De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256 —3º de la Constitución Política, 112— 4º y 60 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado Arévalo Antonio, contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Sobre la nulidad invocada.

Si bien es cierto que el doctor Arévalo Antonio solicitó la prescripción de la acción disciplinaria en escrito presentado el 1º de agosto de 2012, también lo es, que lo hizo antes de celebrarse la audiencia de pruebas y calificación provisional, es decir, contrariando el procedimiento oral instituido para investigaciones como la examinada(5). Pero como el anotado togado al intervenir en la indicada audiencia el 21 de agosto de 2012 le recordó a la magistrada instructora la existencia de dicha petición, se le decidió con toda lógica y razonabilidad en el sentido de no contarse con elementos de juicio para que pudiera tomarse una determinación de fondo.

Si después de esa primera aparición del abogado disciplinado y habiéndose recaudado las pruebas ya referenciadas con la asistencia de dicho letrado, ningún pronunciamiento hizo al calificarse con formulación de cargos la actuación, como igualmente ocurrió en la audiencia del juicio al presentar los alegatos de conclusión, ninguna solicitud sobre prescripción quedaba por resolverse. Es más, de considerarse alguna irregularidad, sin duda que la misma quedó subsanada con las intervenciones posteriores del abogado investigado, tal como lo consagra el artículo 101-4 del Código Deontológico del Abogado:

“Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación. 1 (...)

Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales (...)”.

Por lo anterior, no se accederá a la nulidad solicitada por el recurrente.

Se endilgó al abogado disciplinado, en la audiencia de pruebas y calificación, estar posiblemente incurso en la siguiente falta: la contenida en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal dispone:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional descuidarlas o abandonarlas”.

Caso Concreto.

El problema jurídico a dilucidar en este asunto, de conformidad con el principio de limitación del juez ad quem, es determinar si el abogado Eliberto Arévalo Antonio incurrió culposamente en la conducta trasgresora del deber a la debida diligencia profesional que ameritó la sanción impuesta por la Sala de primera instancia, por haber omitido adelantar las diligencias encargadas por el Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito, dentro de los procesos ejecutivos 2006-1493 a cargo del Juzgado 21 Civil Municipal, 2006-1478 tramitado por el Juzgado 10 Civil Municipal, 2006-1288 repartido al Juzgado 44 Civil Municipal, 2006-1913 instruido por el Juzgado 71 Civil Municipal y el 2006-320 repartido al Juzgado 6 Civil Municipal. Aunado a ello, verificar si concurre alguna causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, o eventualmente establecer, si la acción disciplinaria se encuentra prescrita, tal y como lo planteó el censor en su escrito de alzada.

1. Tipicidad. Pues bien, a efectos de solucionar el problema jurídico antes planteado, es decir, auscultar si el abogado faltó al deber de la debida diligencia profesional, deberá analizarse en conjunto el material probatorio allegado al plenario. Para esta Sala objetivamente está probado que el citado profesional del derecho denunciado suscribió contrato de prestación de servicios profesionales el 20 de octubre de 2006(6) con la señora Marisol Morales Ríos en condición de administradora del Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito, siendo el objeto “obtener la recuperación de los dineros por concepto de cuotas tanto ordinarias como extraordinarias, los intereses moratorios sobre dichas sumas (...) por vía extraprocesal y/o procesal”.

No queda ninguna duda para que pueda la Sala afirmar, con apoyo en las pruebas recaudadas, que el disciplinable fue contratado por la administración del Conjunto residencial Los Alcaparros de Sauzalito para que cobrara la cartera morosa que tenían los copropietarios, recibiendo los respectivos poderes, razón por la cual promovió procesos ejecutivos en contra de: Marco Tulio Lara Olarte, Enrique Castillo, Nubia Esperanza Mora González, Eduardo Pinzón Garcés, Luz Stella Silva Mojica, Edgardo Sanabria y Lucero Heredia Gómez.

Así las cosas, pertinente resulta verificar la materialidad de la conducta en cada uno de los procesos adelantados por el disciplinado, conforme las pruebas allegadas al diligenciamiento:

Proceso Nº 2006-1493.

Cursó en el Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá, demandante Conjunto Residencial los Alcaparros de Sauzalito, demandado: Marco Tulio Lara Olarte. Le fue otorgado poder(7) especial amplio y suficiente al investigado el día 26 de octubre de 2006 para que iniciara y llevara hasta su terminación proceso ejecutivo singular por mora en el pago de la administración. Presentó la demanda, la cual fue inadmitida en auto del 6 de diciembre de 2006, y en decisión del 24 de enero de 2007 rechazada por no haber sido subsanada. El togado no volvió a presentar la demanda, teniendo facultades para hacerlo, generando con dicha conducta un perjuicio para la copropiedad, emergiendo así que el investigado Dejó de Hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación dado que no enmendó la demanda y posterior a su rechazo no la presentó nuevamente.

Desvirtuándose el argumento planteado por el censor frente al hecho de que el Conjunto no le entregó lo necesario para continuar la gestión, pues se nota que lo pertinente era adecuar las pretensiones del título base de la acción, conforme a la certificación de la deuda, y en ese sentido no requería documental adicional por parte del conjunto. Aunado a que frente a este mandato, le fue revocado el poder solamente hasta el mes de abril de 2012, por lo cual la posibilidad de actuar se encontraba incólume.

Proceso Nº 2006 - 1478.

Correspondió al Juzgado 10 Civil Municipal de Bogotá, demandante Conjunto Residencial los Alcaparros de Sauzalito, demandado: Enrique Castillo Muñoz. Le fue otorgado poder especial amplio y suficiente al investigado el día 26 de octubre de 2006 para que iniciara y llevara hasta su terminación proceso ejecutivo singular por mora en el pago de la administración, presentó la demanda el 9 de noviembre de 2006, la cual fue inadmitida y subsanada mediante memorial del 24 de noviembre del mismo año. El despacho dispuso librar mandamiento de pago a favor del Conjunto Residencial los Alcaparros de Sauzalito y en contra del demandado. Con auto del 28 de junio de 2010, fue declarada la perención del proceso y en consecuencia decretada la terminación del mismo, al tenor del artículo 23 de la Ley 1285 de 2009 por haber permanecido en secretaría por más de 9 meses, estando pendiente de su trámite un acto que correspondía al demandante(8).

En efecto, el disciplinado Abandonó el asunto, siendo su última actuación la del 24 de noviembre de 2006, sin que adelantara la gestión tendiente a evacuar la notificación de los demandados, ni ninguna otra como era solicitar las medidas cautelares, lo que conllevó a la condena en costas y perjuicios para la parte demandante.

Es del caso resaltar por parte de esta Superioridad, y a efectos de ir evacuando los motivos de inconformidad del recurrente, que el hecho de que la última actuación dentro de las diligencias haya sido el 24 de noviembre de 2006, dicha data no es la que debe tenerse en cuenta para tomar el término de prescripción, pues le asistía la obligación de actuar en las diligencias hasta tanto el poder no le fuera revocado, luego el argumento vertido en el escrito de apelación respecto a que la acción se encuentra prescrita, no es dable, debido a que la indiligencia es una conducta de carácter permanente hasta cuando al abogado no le sea revocado el poder, o renuncie. Nótese como a la fecha de la presentación de la queja, el demandado Castillo Muñoz aún tenía deuda con el Conjunto Residencial, por lo que el quejoso solamente hasta el mes de abril de 2012(9), le revocó el mandato al disciplinado y otorgó poder a otro profesional del derecho. Por eso entonces, el término de prescripción para el investigado empezaría a correr desde la fecha antes referida, es decir, desde cuando le revocaron el poder.

Proceso Nº 2006 - 1288.

Correspondió al Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, demandante Conjunto Residencial los Alcaparros de Sauzalito, demandada: Nubia Esperanza Mora. Le fue otorgado poder especial amplio y suficiente al investigado el día 26 de octubre de 2006, presentó la demanda el 3 de noviembre siguiente, y en auto del 10 de noviembre del mismo año fue librado mandamiento ejecutivo, fijándose caución de $ 82.775. Mediante providencia adiada el 27 de octubre de 2009 el Juzgado decretó la perención del proceso en virtud de la Ley 1285 de 2009, toda vez que permaneció durante nueve (9) meses o más sin impulso, cuando correspondía al demandante adelantar el trámite del mismo y por ello, declaró terminación del proceso y se ordenó la devolución de la demanda, además, dispuso condenar en costas y perjuicios a la parte actora.

Refulge que el abogado dejó Abandonado también este encargo, pues no le volvió a dar impulso, pues si bien es cierto debía prestar una caución, no obra prueba en el dossier de que el togado la haya solicitado al Conjunto, y si eventualmente no la hubieran prestado, debió haber renunciado al mandato y así terminar el vínculo contractual, no dejarlo al garete para que fuera condenada en costas la parte que representaba.

Proceso Nº 2006 - 1913.

Correspondió al Juzgado 71 Civil Municipal de Bogotá, demandante Conjunto Residencial los Alcaparros de Sauzalito, demandados: Eduardo Pinzón Garcés y Luz Stella Mojica. Le fue otorgado poder especial amplio y suficiente al investigado el día 26 de octubre de 2006, presentó la demanda el 3 de noviembre siguiente, fue inadmitida y la subsanó el 28 de noviembre de 2006. Con auto del 5 de diciembre de 2006, el despacho judicial rechazó la demanda, toda vez, que el disciplinado no aportó el certificado de intereses de que trata el artículo 48 de la Ley 675 de 2001, no obstante habérsele advertido en el auto inadmisorio de la demanda.

No obra prueba en el cartulario, de que el togado haya presentado nuevamente la demanda en procura de los intereses de su poderdante. Se denota una vez más que el abogado encartado no requería de documento alguno entregado por parte del Conjunto para el éxito de la admisión de la demanda, como tampoco obra prueba de haberlo requerido, pues allegar el certificado de intereses, no es una tarea titánica y a dicho documento tienen acceso todos los abogados normalmente. Luego el disciplinado Dejó de Hacer la gestión encomendada, pues posterior al rechazo de la demanda, no la presentó nuevamente máxime cuando el poder se itera, no le había sido revocado.

En este aspecto se hace forzoso acotar, conforme a la aprueba testimonial recaudada, que al togado solo se le revocó el poder en abril de 2012, para adelantar las gestiones en contra de: Enrique Castillo Muñoz y Marco Tulio Lara, lo que permite inferir la ausencia de prescripción de la acción disciplinaria, pues para la contabilización de términos de esa naturaleza se tomaría desde la fecha mencionada.

Proceso Nº 2006 - 1320.

Correspondió al Juzgado 6 Civil Municipal de Bogotá, demandante Conjunto Residencial los Alcaparros de Sauzalito, demandados: Gildardo Sanabria y Lucero Heredia Gómez Sanabria. Le fue otorgado poder especial amplio y suficiente al investigado el día 26 de octubre de 2006, presentó la demanda el 24 de noviembre de 2006, el 14 de febrero de 2007 se libró mandamiento de pago ejecutivo de única instancia a favor del Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito. El investigado solicitó medidas cautelares y previo a su decreto el Juzgado fijó caución por la suma de $ 575.000. El 12 de noviembre de 2009 el doctor Carlos Alfonso Silva Aldana en representación de la parte demandada solicitó la perención del proceso por haber permanecido en la secretaría por más de 9 meses.

Así las cosas, el Juzgado con auto del 21 de mayo de 2010 resolvió decretar la perención del proceso, toda vez que desde el 22 de enero de 2009 a dicha data el Conjunto Residencial no adelantó ninguna diligencia notificatoria prevista en la Ley. Bajo el anterior eje conceptual, el disciplinado Abandonó el proceso en atención a que la última actuación que aparece es el auto mediante el cual se fijó caución, sin que adelantara trámite alguno tendiente a notificar. Siendo necesario resaltar, que frente a este proceso no le fue revocado el poder al disciplinado, y dentro de las pruebas adosadas no obra renuncia, quedando vigente su obligación de actuar en los términos para los que se le contrató.

En la misma línea argumentativa, encuentra la Sala que el Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito, siempre ha contado con un administrador que lo represente legalmente tal y como se evidencia de las Actas(10) obrantes en el dossier, sin que exista prueba de que el investigado haya efectuado alguna solicitud para obtener documentos o algunos recursos para el trámite de los procesos. Respecto al argumento planteado por el censor, frente a que el Conjunto no le hizo requerimiento conforme a la ley, debido a que las comunicaciones no le fueron enviadas por correo certificado para haber tenido la certeza de haberlas recibido. Pertinente resulta indicarle que, independientemente de que no le hayan sido enviadas por correo certificado dichas comunicaciones, le asistía la obligación de estar pendiente de todos los asuntos por los cuales había recibido poder, y no esperar a que lo estuvieran requiriendo para que cumpliera con su deber.

Se puede afirmar entonces, que el letrado desatendió el mandato encomendado, lo que comporta necesariamente la tipificación de la conducta enrostrada, por su indiscutible negligencia, por consiguiente, es inequívoco y acorde con el ordenamiento jurídico el juicio de reproche realizado al doctor Arévalo Antonio, quedando totalmente desvirtuada la presunción de inocencia, tal como lo indicó la primera instancia, al endilgarle la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa por haber Dejado de Hacer y Abandonado las gestiones encomendadas, observando una conducta omisiva e injustificada, sin que las alegaciones plasmadas en el recurso de apelación permitan exonerarlo de responsabilidad disciplinaria.

Por último, frente al argumento del censor respecto a que “la conducta se encuadra en lo normado en el Decreto 196 de 1971, dado que los hechos se dieron entre el 26 de octubre de 2006 y el 17 de febrero de 2007”, debe adverarse por parte de esta Superioridad que la indiligencia es una conducta de carácter permanente, y frente a los procesos puntualizados con anterioridad, refulge claramente que si bien es cierto, las conductas iniciaron en vigencia del Decreto 196 de 1971, y las últimas actuaciones del togado fueron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1123 de 2007, las mismas se perpetuaron en el tiempo toda vez que la indiligencia se torna permanente hasta cuando el profesional del derecho tenga la facultad legalmente conferida para poder actuar, como en el caso de autos; pues se itera una vez más, que solamente en el mes de abril de 2012 le fue revocado el poder, lo que significa que el disciplinado pudo haber retomado las riendas del asunto con anterioridad a esta fecha.

Es que no puede olvidarse que el doctor Eliberto Arévalo Antonio fue contratado por el Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito con el fin de “obtener la recuperación de los dineros por concepto de cuotas tanto ordinarias como extraordinarias, los intereses moratorios sobre dichas sumas (...) por vía extraprocesal y/o procesal”, lo que permite considerar que, aún habiéndose presentado la prescripción de la acción cambiaria en los títulos que permitieron la presentación de las demandas, debe recordar la Sala que la prescripción de la acción ejecutiva, como fenómeno procesal, debe ser alegada por la parte demandada, es decir, ningún obstáculo se le presenta al acreedor para que promueva la demanda respectiva, quedando saneada la prescripción en caso de que el demandado no la alegue continuando el trámite procesal correspondiente, toda vez que el Juez no la puede decretar de oficio, como lo dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil(11).

Inclusive, así prescriba la acción ejecutiva, ello no conduce a considerar que se extinguió la obligación a cargo del deudor, quedándole entonces al demandante el ejercicio de la vía ordinaria judicial con el fin de que se declare la existencia del negocio jurídico que dio lugar al crédito, es decir, con plena y válida opción de poder ser cobrada la obligación.

2. Antijuricidad.

Demostrada la flagrante indiligencia en que incurrió el doctor Arévalo Antonio, pues era él quien fungía como responsable de la obligación de hacer, dentro del mandato que le fue conferido, toda vez, que como experto en derecho tenía que haber realizado la labor encomendada, por eso incurrió en la falta disciplinaria endilgada en la providencia de cargos, pues desatendió el deber descrito en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007:

“Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

Al respecto, teniendo en cuenta la función social de la profesión, la Corte Constitucional(12) ha advertido que:

“en razón de la función social que están llamados a cumplir, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico”, habida cuenta de que el incumplimiento de los principios que informan la profesión “implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26”.

A su vez, esta Superioridad sobre el tema se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Cabe anotar que cuando el abogado asume una representación judicial mediante poder se obliga a realizar en su oportunidad una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobra vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo confiado, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto. Por lo tanto cuando el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con celosa diligencia una representación judicial, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional”(13).

De las jurisprudencias anteriormente citadas, se infiere sin lugar a equívocos, que sobre el abogado recae una obligación clara, que resulta ser el obrar de forma diligente y celosa sobre cada uno de los procesos que lleve a su cargo. Recuerda esta Sala que, tal y como lo advierte la Corte Constitucional, en razón de la función social que están llamados a cumplir los abogados, se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico.

Colofón de lo anterior, es contundente la inobservancia infundada del deber de diligencia que le era exigible al disciplinado, sin que se demostrara justificación alguna para no proceder en los términos en que estaba obligado.

3. Culpabilidad.

Sobre la culpabilidad, requisito necesario para la concreción de la falta, pues en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, se tiene que de la lectura del expediente se hallan probadas las condiciones mentales del abogado quien sencillamente omitió dar cumplimiento a su deber de atender con celosa diligencia el encargo profesional confiado, por lo cual permite al juez disciplinario realizar el juicio de reproche que se le adelanta.

En este orden de ideas, se concluye entonces, que el profesional acusado, injustificadamente faltó a su deber de debida diligencia profesional a título de culpa, al haber dejado de hacer y abandonado, las gestiones encomendadas, por lo que deberá confirmarse la declaratoria de responsabilidad, al igual que la sanción de suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión, por la comisión de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa.

De la Sanción.

Conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad necesidad y proporcionalidad

Para tal determinación, tiene en cuenta la Sala que, la sanción impuesta es proporcional y acorde con la gravedad de la conducta, pues quedó establecida la inexistencia de una causal de justificación exonerante de su responsabilidad, toda vez que la conducta culposa del togado investigado desatendió los intereses del Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito, sin la concreción del objeto contractual para el cual había sido designado.

Conforme con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala ponderadamente considera que por la indiligencia del investigado fue decretada la perención y rechazadas las demandas en los procesos especificados –como se dejó explicado-, causando con ello un gran perjuicio a la copropiedad, que requería de dichos dineros para el mantenimiento del ya citado Conjunto. Por tanto, y atendiendo la gravedad de la conducta, y el quebrantamiento al deber profesional, será pertinente mantener incólume la sanción, pues así no registre antecedentes disciplinarios el abogado Arévalo Antonio, la gravedad de la conducta reprochada permite que se le sancione en los términos considerados por la primera instancia, pues eso de no importarle que los intereses económicos del Conjunto que lo contrató quedaran desprotegidos en los procesos que había iniciado, denotan toda una falta de responsabilidad de un profesional del derecho que al cual se le confió en forma plena la gestión tantas veces mencionada, olvidando entonces de manera protuberante la misión que deben cumplir los litigantes en el ejercicio de la profesión, como antes de recordó. Por eso entonces, se estima razonable, necesaria y proporcional la sanción indicada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

“(...) la razonabilidad hace relación a que un juicio raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea juicio raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

En atención al principio de necesidad, en el caso de autos la sanción impuesta encuentra asidero como quiera, que era fundamental, para dejar sentado un mensaje reflexivo a los profesionales del derecho con el fin de prevenir a futuro dichas conductas. La doctrina(14) ha puntualizado:

“(...) Amenaza de un mal todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias”.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. Negar las solicitudes de nulidad y prescripción invocadas por el disciplinable en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, por lo argumentado en la parte motiva.

2. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 14 de marzo de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual declaró disciplinariamente responsable al abogado Eliberto Arévalo Antonio, por la falta a la debida diligencia profesional descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, imponiéndole Suspensión en el Ejercicio de la Profesión por el Término de un (1) Año, conforme lo expuesto en las consideraciones de este proveído.

3. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

4. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».

5 Cfr. L. 1123/2007, art. 57.

6 Visible a fls. 92 y 93, c.o.

7 Todos los poderes fueron suscritos por la administradora señora Marisol Morales Ríos.

8 Fl. 36 c.a. Nº 5.

9 Tomado de la ampliación de queja rendida el 24 de septiembre de 2013.

10 Visibles a fls.: 183, 186, 190, 195 y 201 c.o.

11 “Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

12 Sent. C-398/11.

13 En Rad. 080011102000200900829 01, aprobado según Acta 50, M.P.: Dr. Angelino Lizcano Rivera.

14 Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 2008, pág. 45 y 46.

Salvamento parcial de voto

Con el respeto de siempre, la suscrita ve la necesidad de salvar parcialmente el voto en el asunto de la referencia, al considerar que en respeto al principio de proporcionalidad, debió rebajarse la sanción impuesta por la Sala de primera instancia, si en cuenta se tiene que el disciplinado no registra antecedentes disciplinarios y en atención a la gravedad y modalidad de la conducta desplegada.

En efecto, considero necesario señalar que en atención al principio de proporcionalidad(1) de la sanción, es decir, “la prohibición de exceso”, deducida jurisprudencialmente por la Corte Constitucional de los artículos 1º, 2º, 5º , 6º 11º 12º 13º y 214 de la Constitución Política, la cual conduce a la simetría que debe existir entre el hecho y la dosificación a fin de evitar sanciones excesivas, debió morigerarse la sanción impuesta, pues los objetivos perseguidos por la pena disciplinaria, no otros que prevenir futuras omisiones en los deberes y corregir los comportamientos para así garantizar los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internaciones(2), así lo aconsejan.

De los Honorables Magistrados,

María Mercedes López Mora, Magistrada.

1 L. 1123/2007, art. 13.

2 Art. 11 ibídem.