Sentencia 2012-01199 de abril 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2012-01199-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

SC4429–2014

(Aprobado en sesión de dieciocho de diciembre de dos mil trece).

Bogotá, D. C., ocho de abril de dos mil catorce.

Decide la Corte la solicitud de exequátur elevada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX respecto de la providencia dictada el veintiocho de julio de dos mil seis por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria (España).

I. Antecedentes

A. La pretensión.

Los demandantes, a través de apoderada judicial, solicitaron homologar la decisión mediante la cual se aprobó la adopción del menor hijo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nacido el 16 de abril de 2000 en la ciudad de Medellín (Antioquia), con el fin de que surta efectos en Colombia.

B. Los hechos.

1. El menor XXXXXXXXXX fue registrado en Colombia como hijo biológico de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, sin ser reconocido por su padre [fl. 6].

2. Los demandantes contrajeron matrimonio civil el 10 de octubre de 2003, en Las Palmas de Gran Canaria (España) [fl. 24].

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es ciudadano español y nació el 2 de abril de 1977 [fl. 24].

4. El mencionado actor promovió proceso de adopción respecto del adolescente XXXXXXXXXXXX en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (España), ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 [fl. 21].

5. Dentro del referido trámite, el adoptante y la madre biológica del menor, manifestaron su consentimiento para el procedimiento adelantado [fl. 21].

6. El proceso de jurisdicción voluntaria concluyó con decisión que autorizó la adopción [fl. 22].

C. El trámite del exequátur.

1. Admitida la demanda, se corrió traslado a los Procuradores Delegados en lo Civil y para la Defensa de la Familia [fl. 35].

2. La Procuradora Delegada para Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia sostuvo que no existe certeza acerca de que la providencia a homologar, alcanzó ejecutoria [fl. 42].

La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, por su parte, manifestó que se remitía al concepto referido en precedencia [fl. 46].

3. En la etapa probatoria se incorporaron el Convenio sobre ejecución de sentencias civiles entre la República de Colombia y el Reino de España, junto con la constancia de su vigencia y copia de la legislación española vigente en materia de adopción de menores, aplicable en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Posteriormente, los demandantes adjuntaron certificación sobre la ejecutoria de la providencia a homologar.

4. Con el objeto de que presentaran sus alegatos de conclusión, el expediente quedó a disposición de las partes por el término de ley, el cual venció en silencio [fl. 114].

II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de Estados extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos de que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias proferidas por autoridades judiciales de otros Estados se les otorgue validez en territorio colombiano, siempre y cuando en aquellos se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial patrio.

Además de la anterior exigencia, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país, es necesario que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y el proveído cuya homologación se pretende deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 de la citada codificación.

2. Ahora bien, a efectos de establecer si es posible reconocer eficacia al pronunciamiento jurisdiccional foráneo, es preciso verificar la existencia de reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió, la que consiste en la aplicación de tratados celebrados entre Colombia y esa nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a las pronunciadas por la jurisdicción colombiana, y en su defecto, esto es, subsidiariamente, opera la reciprocidad legislativa, que al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, se predica de la consagración en igual sentido, en las disposiciones legales de ambos países.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (…)”(1).

3. En el asunto que se analiza, la reciprocidad diplomática entre la República de Colombia y el Reino de España, que permite reconocer efectos a las decisiones judiciales pronunciadas en las causas civiles, deviene del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, que se halla vigente e incorporado en el ordenamiento nacional mediante la Ley 7ª de ese año, el cual se allegó a la actuación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores [fl. 51].

El enunciado convenio establece en su artículo 1º lo siguiente:

“Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución”.

A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisión judicial, el señalado instrumento reclama que es necesario aportar “un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de estos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de este a su vez por el agente diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización” [art. 2º].

El primer requisito contemplado en el referido tratado aparece cumplido, pues de los documentos que obran a los folios 101 a 104 del expediente, emana con claridad que la decisión judicial sometida a homologación, se encuentra debidamente ejecutoriada, pues así lo hace constar la funcionaria competente del Ministerio de Justicia de España, en certificación que se apostilló con seguimiento de los requerimientos contenidos en la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la ciudad de La Haya (Países Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhirió el 27 de abril de 2000 y la aprobó mediante la Ley 455 de1998.

4. Ahora bien, para que proceda el exequátur de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplomática, sino que es necesario corroborar que la decisión objeto del exequátur no contravenga el orden público, según se exige en el canon 694 del Código de Procedimiento Civil Colombiano y en el artículo 1º del Convenio celebrado entre los dos países, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido oportunidad de precisar que en el derecho internacional privado, “concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el ‘constitucional’ y el ‘privado interno’, pues en el ámbito de aquel, en el evento de llegar a contrariar principios fundamentales del ordenamiento jurídico, se erige como una excepción a la aplicación de la ley extranjera cuando se demanda el ‘reconocimiento y ejecución de un fallo foráneo’”(2).

De ahí que el término que se impone acoger es el de “orden público internacional”, el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera, pero en un sentido restrictivo, esto es, “limitado a los fundamentos básicos sobre los que se sienta el ordenamiento jurídico”(3).

La Corte ha enfatizado que la definición doctrinaria predominante “al menos en el entorno continental americano”, explicativa del tema relacionado con el orden público es aquella conforme a la cual, este se entiende como “una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional”, pues es necesario aceptar que el significado del enunciado concepto como tal ha evolucionado y ello determina que el examen que le compete efectuar al juzgador ha de estar referido “siempre a criterios jurídicos actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones (…)”, pues no se trata de “hacer prevalecer un orden público defensivo y destructivo”, sino el “dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo”(4).

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional(5), podría dar lugar a que aquella no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas propias.

A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de adopción fue promovido por quien está unido en matrimonio a la madre del menor adoptado, previo el asentimiento de esta última, cuya prueba se mencionó en el proveído dictado dentro de dicha causa, documento al que, por su incorporación a este trámite en copia debidamente legalizada, se le debe reconocer valor probatorio y la mención del juzgado de conocimiento sobre que el mismo se aportó al proceso de adopción ha de tenerse por cierta, pues proviene de autoridad competente y no obra prueba que desvirtúe tal aserto, lo que, de contera, hace suponer que se cumplió debidamente el requisito de contar con la aquiescencia de la madre biológica de XXXXXXXXXXXX, nacido en Medellín (Antioquia).

En la providencia objeto de convalidación, se hizo referencia al cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la capacidad del adoptante y “prestando el consentimiento de las personas prevenidas en el artículo 177 del mismo Cuerpo Legal”, esto es, el adoptante, el adoptado y la progenitora de este; sumado a que en concepto del Ministerio Fiscal debía decretarse la adopción reclamada.

Además, el juez dejó constancia de la relación que surge entre el adoptante y su hijo adoptivo, en virtud de la cual este adquiere “los mismos derechos y obligaciones que si de un hijo biológico se tratare”, conforme al derecho de la Comunidad Autónoma de Canarias, concordante con los textos del Código Civil Español que obran a los folios 58 y 59, y que se arrimaron a costa de los interesados, en copia auténtica, cuyo contenido es similar al de los que rigen en el derecho colombiano respecto a dicho vínculo filial.

Finalmente, entre el adoptante y su hijo adoptivo existe una diferencia de edad de más de 20 años, pues el nacimiento de aquel data de 1977 y el de el adoptado de 2000, como se desprende del registro civil de matrimonio del primero, inscrito en Las Palmas de Gran Canaria y el de nacimiento del segundo.

Después de proferida la aludida sentencia, en el registro civil del joven, otorgado en la ciudad de Madrid (España), se registró el nombre de XXXXXXXXXXXX [fl. 25], asumiendo el primer apellido del adoptante, de conformidad con lo ordenado por el sentenciador del proceso de jurisdicción voluntaria.

Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contemplaba la regulación contenida en el Código del Menor, previstos ahora en la Ley de la Infancia y la Adolescencia, toda vez que el adolescente XXXXXXX fue adoptado por el cónyuge de su madre biológica, lo que también se permite en Colombia, para lo cual se contaba con la anuencia de esta última y en virtud de la determinación adoptada, el lazo filial se estableció en forma concordante con la normativa patria.

5. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual el actor pretende que surta efectos en el país, la que alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisión contenida en dicho proveído no es contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico de la adopción.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto del referido pronunciamiento no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, pues el adoptante al momento de promover el proceso de jurisdicción voluntaria residía en España, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

6. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación judicial sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el veintiocho de julio de dos mil seis por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria (España), que aprobó la adopción del menor XXXXXXXXXX, en adelante XXXXXXXXX.

Segundo. Para efectos de los artículos 6º, 10, 11, 22 y 60 del Decreto 1260 de 1970, en concordancia con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena inscribir esta decisión junto con el fallo homologado, en el folio del registro civil de nacimiento del adoptado. La secretaría libre las comunicaciones a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall De Rutén Ruíz.

(1) G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; 4 de mayo de 2012, exp. 2008-02100-00.

(2) Fallo de 27 de julio de 2011, exp. 2007-01956-00.

(3) Ibídem.

(4) Ibídem.

(5) Providencia de 30 de enero de 2004, expediente. 2002-00008-01