Sentencia 2012-01212 de Diciembre 11 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según Acta Nº 101 de la fecha

Rad.: 680011102000201201212 01

Ref.: Abogado en consulta.

Investigado: Yenny Lizeth Cardenas Nieto

Quejoso: Inés Rodríguez Ortega E Iván Durán Lizarazo

Primera instancia: Exclusión de la profesión - artículo 39 Ley 1123 de 2007

Segunda instancia: Confirma

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2014.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 - Ley estatutaria de la justicia al fijar funciones de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejo seccionales de la judicatura” y el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Asunto a resolver. Atendiendo a los fines de la consulta, en el asunto bajo escrutinio de la Sala no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la misma, ni de la sentencia. Se adelantó la causa con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados; se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas y en la forma señalada en las normas instrumentales, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, procede la Sala jurisdiccional a pronunciarse en grado jurisdiccional de Consulta sobre el fallo proferido el 17 de febrero de 2014, por medio del cual la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, sancionó con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión a la abogada Yenny Lizeth Cardenas Nieto, al hallarla como responsable de incurrir en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En el expediente, de manera incontestable se probó que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, el haber ejercido la profesión de abogado encontrándose suspendida por Sentencia debidamente ejecutoriada.

Tipicidad. En el caso bajo examen, la abogada Jenny Lizeth Cárdenas Nieto fue sancionada por el desconocimiento del deber consagrado en el artículo 28 numerales 14 de la Ley 1123 de 2007, que prescribe:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión”.

Igualmente, por haber desconocido la incompatibilidad consagrada en el numeral 4° del artículo 29 del estatuto del Abogado, que señala:

“ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión”.

El desconocimiento de los anteriores deberes y la incompatibilidad señalada, conlleva a que se incurra en la falta consagrada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

En lo atinente a la falta tipificada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por la cual fue sancionada la togada, para que se configure deben estar reunidos dos requisitos, de un lado la materialidad de la conducta y de otro la responsabilidad en cabeza del sujeto disciplinable.

Sobre la materialidad de la falta disciplinaria al revisar las copias de la escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad conyugal de los señores Iván Duran Lizarazo e Inés Rodríguez Ortega, se evidenció que la doctora Jenny Lizeth Cárdenas Nieto, actuó como apoderada especial de los quejosos entre el 9 de febrero de 2010, fecha de otorgamiento del poder y hasta el 1º de octubre de 2010, calenda en la cual suscribió la respectiva escritura pública número 1741 otorgada ante la notaría única de Girón-Santander,(24) en nombre y representación de sus poderdantes.

Del anterior material probatorio, resulta evidente para esta colegiatura que la doctora Jenny Lizeth Cárdenas Nieto, con su actuar infringió el estatuto de la abogacía ya que pese a estar inhabilitada para ejercer la profesión dentro del asunto por encontrarse suspendida en el ejercicio de la abogacía, actuó activamente entre el 9 de febrero y el 1º de octubre de 2010, cuando se encontraban vigentes las sanciones impuestas por esta superioridad.

En efecto, al verificar el certificado de antecedentes disciplinarios de abogados Nº 235119 del 10 de septiembre de 2014,(25) se tiene que la togada encartada registrada quince (15) sanciones, y durante el período objeto de reproche las siguientes específicamente:

1. Suspensión de dos (2) meses entre el 13 de mayo y el 12 de julio de 2010.

Sentencia del 31 de enero de 2010, expediente 68001110200020060050001. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

2. Suspensión de seis (6) meses entre el 19 de agosto de 2010 y el 18 de febrero de 2011. Sentencia del 10 de marzo de 2010, expediente 68001110200020060095302. M.P. Angelino Lizcano Rivera.

3. Suspensión de dos (2) años entre el 25 de agosto de 2010 al 24 de agosto de 2012. Sentencia del 7 de abril de 2010, expediente 68001110200020090003301. M.P. José Ovidio Claros Polanco.

Esa conducta raya con el deber previsto para los profesionales del derecho en el numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el numeral 4º del artículo 29, incurriendo por lo tanto en la falta consagrada en el artículo 39 ibídem, trascritas en precedencia.

Resulta evidente que el comportamiento adoptado por la abogada Jenny Lizeth Cárdenas Nieto, se adecua típicamente a la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto se incurre en la misma, cuando se ejerce ilegalmente la profesión o cuando se quebrantan las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, como ocurrió en este caso.

Ahora bien, no pueden aceptarse los argumentos exculpativos de la defensora de oficio de la disciplinada, pues como profesional del derecho conoce de las incompatibilidades que genera el ejercicio de la abogacía y es que el legislador previo en el Código Deontológico del Abogado como falta disciplinaria por la que hoy se le está investigando, implicando igualmente el desconocimiento de los deberes a cuyo cumplimiento se encontraba obligada como profesional derecho.

Así las cosas, la Sala estima que se cumplen a satisfacción los presupuestos exigidos en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para confirmar el fallo sancionatorio respecto de la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión enrostrado por el juzgador disciplinario de primera instancia.

Culpabilidad. Requisito este necesario para la concreción de la falta, en tanto en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, se tiene que de la lectura del expediente se hallan probadas las condiciones mentales de la abogada quien era consciente y conocía su responsabilidad frente al ejercicio de la profesión, optó por ejercer la profesión al tramitar ante Notaría la disolución y liquidación de la sociedad conyugal existente entre los señores Iván Duran Lizarazo e Inés Rodríguez Ortega, a sabiendas de la incompatibilidad que tenía por haber sido sancionada con suspensión en el ejercicio de la profesión desde el mes de mayo de 2010 y esa opción acogida por la encartada, es la que permite al juez disciplinario realizar el juicio de reproche que se le adelanta.

De la exclusión del ejercicio profesional. Artículo 44 de la Ley 1123 de 2007. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. La Corte Constitucional sobre el particular precisó: “ABOGADO - Sanción de exclusión. La sanción de exclusión de los abogados debe ser adoptada, de conformidad con el artículo 256 numeral 3 de la Constitución Política, a través del proceso correspondiente por parte del Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso, de acuerdo con la el grado de competencia consagrado en la ley, teniendo en cuenta las normas que garantizan el debido proceso y en la instancia que señala la ley para los profesionales del derecho en ejercicio de su profesión. Cabe advertir que al abogado sancionado con la exclusión de la profesión por haber quebrantado, a juicio de las autoridades jurisdiccionales competentes, el estatuto del ejercicio de la abogacía tal como la define la norma en cuestión, en ningún momento por ese solo hecho se le impide escoger libremente otra actividad laboral mientras se rehabilita, ya que la sanción sólo se predica de las faltas a la ética cometidas por el profesional en desarrollo de la actividad mencionada y no opera frente a otras ocupaciones que pueda realizar la persona sancionada”(26).

La misma Corte en Sentencia C-290 de 2008, ratificó esa postura e indicó:

El artículo 44 de la Ley 1123 de 2007 define la sanción de exclusión como “la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía”, en tanto que el artículo 108 ibídem contempla la figura de la rehabilitación para el profesional excluido, la cual podrá ejercer luego de cinco (5) años de ejecutoria de la sentencia que impuso la sanción. El término se amplía a diez (10) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones del abogado que se desempeñe como apoderado o contraparte de una entidad pública. Así mismo se puede reducir a tres (3) y cinco (5) respectivamente, si el abogado aprueba los cursos de capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura. Al respecto constata la Corte que la constitucionalidad de una medida sancionatoria de tales características ha sido sostenida por esta Corporación sobre la base de la función de control y vigilancia que se asigna a las autoridades (C.P., art. 26) respecto de una profesión a la que se atribuye una relevante función social, cumple un papel en la concreción de importantes fines constitucionales, y genera unos correlativos riesgos social que ameritan un control eficaz.

Al examinar una disposición que contemplaba una medida similar para los abogados que incurrieran en faltas a la profesión, la Corte señaló:

“4.1. En cuanto a la sanción de “exclusión” del literal d) del artículo 63 del Decreto 196 de 1971, estima esta Corte, que dicha norma obedece al desarrollo de un deber constitucional, no vulnera los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, aparte de que ella no tiene un efecto absoluto, sino relativo, pues el abogado excluido tiene el derecho a ser rehabilitado.

En efecto:

— El ejercicio de la abogacía implica el desarrollo de una función social que implica responsabilidades lo cual faculta al legislador para crear instrumentos y diseñar mecanismos que le permitan al Estado encauzar dicha función y conseguir las finalidades propias de la profesión del derecho, e impedir el ejercicio indebido de la correspondiente actividad profesional...

Síguese de lo expuesto, que los profesionales del derecho deben dar ejemplo de idoneidad, eficiencia y moralidad en el desempeño de sus actividades y estar comprometidos en los ideales y el valor de la justicia, los cuales constituyen la esencia y el fundamento para la vigencia del orden político, económico y social justo que preconiza la actual Constitución Política.(...)”.

La exclusión de la profesión tal como está concebida en el estatuto disciplinario del abogado no puede ser catalogada como una pena imprescriptible, puesto que si bien comporta una drástica restricción al ejercicio de la profesión, que debe ser producto de la aplicación del principio de legalidad y del debido proceso, no tiene un carácter ilimitado, intemporal y absoluto, puesto que como lo prevé el propio estatuto, incorpora una prohibición relativa que puede ser removida mediante el ejercicio de la rehabilitación que se erige como un verdadero derecho derivado del carácter imprescriptible de las sanciones tal como se desarrolla en aparte posterior. En lo atinente a la falta tipificada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por la cual fue sancionado, para su configuración deben estar reunidos dos requisitos, de un lado la materialidad de la conducta y de otro la responsabilidad en cabeza del sujeto disciplinable”.

En relación con esta sanción impuesta a la abogada Cárdenas Nieto, encuentra la Sala que la misma se halla acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40 y 43 de la Ley 1123 de 2007, pues, quedó debidamente probado conforme a la actuación procesal disciplinaria que la falta es grave-dolosa, que con la consumación de la misma no solo se vulneró el estatuto ético de la abogacía, sino que ese comportamiento puso de manifiesto que la profesional del derecho vulneró el régimen de incompatibilidades al ejercer como abogada encontrándose suspendida, situación de la cual, la disciplinada tenía conocimiento y a pesar de ello actuó como profesional del derecho en el proceso notarial de disolución y liquidación de la sociedad conyugal relacionado en precedencia, razones por las cuales sin lugar a dudas debe generar la sanción que le fue impuesta.

El a quo al momento de dosificar la sanción acogió los criterios estatuidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 y constató la modalidad de la conducta desplegada por la disciplinada, esto es dolosa, falta que a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometió la misma, pues de manera consciente y con el ánimo de perjudicar no solamente a su cliente sino también al aquí quejoso, encaminó todos sus conocimientos jurídicos para continuar ejerciendo un mandato que no podía continuar desplegando, dejando de lado en forma voluntaria la posibilidad de sustituirlo o en últimas de renunciar al mismo.

Por tanto, la sanción concuerda con los elementos de juicio que orientan a la existencia objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, sin que emerjan exonerantes ni justificaciones, valoración suficiente para que esta Superioridad proceda a confirmar la sanción impuesta en el caso sub examine.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia de fecha 17 de febrero de 2014, proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante la cual declaró la responsabilidad disciplinaria de la abogada Jenny Lizeth Cárdenas Nieto, frente a la falta establecida en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, excluyéndola de la profesión, de conformidad con la obíter dicta de este proveído.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen, para que notifique a las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por esta Superioridad.

4. Por secretaría LÍBRENSE las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase».

(24) Folios 110-115 c.1 instancia.

(25) Folios 14-17 c. 2 instancia.

(26) C-190 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.