Sentencia 2012-01240 de noviembre 30 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala jurisdiccional disciplinaria

Rad.: 050011102000201201240 01

Aprobado según Acta Nº 96 de la misma fecha.

Ref.: Apelación sentencia abogado May Fredy Piedrahita Peña

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 50.1 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer por vía de apelación de las sentencias emitidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

Ahora bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”.

En el mismo sentido, la Sala plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la comisión nacional de disciplina judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la comisión nacional de disciplina judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Caso concreto.

De acuerdo a lo anterior, la controversia jurídica objeto de definición en el sub lite se circunscribe a determinar si el profesional sancionado incurrió en la falta disciplinaria descrita en el numeral 6 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, esto es en concreto, si el abogado May Fredy Piedrahita Peña, en desarrollo de la gestión encomendada no expidió recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos, deber previsto en el numeral 8º del artículo 28 ibídem, que indica que los abogados deben “obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.

En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado debe fijar sus honorarios con criterios equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo con las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.

Pues bien, a efectos de abordar el problema jurídico antes planteado, es decir, auscultar si el abogado Piedrahita Peña, faltó al deber de honradez profesional al no expedir recibos por los pagos que recibió como honorarios, lo primero que establece esta Sala, es que objetivamente está probado que el citado profesional del derecho, fue contratado por la quejosa, señora Fabiola Camacho Rua para que representara a Jorge Alberto Camacho Rua (su hermano), en el proceso penal seguido en contra de éste por el delito de estafa radicado 2008-18177, tal como consta en el contrato de prestación de servicios suscrito el 26 de abril de 2011(11).

En cuanto al tema de los honorarios, se pactaron en el contrato referido en la cláusula segunda, así: “SEGUNDO: La contratante pagará por concepto de honorarios profesionales la suma de $ 17.000.000.oo, diecisiete millones de pesos por el acompañamiento en dicho proceso.”

De la prueba documental allegada al diligenciamiento se encuentran las 6 copias de las consignaciones efectuadas al jurista investigado por parte de la quejosa, las cuales dan cuenta del pago de honorarios por la gestión desplegada. Igualmente de la declaración rendida por el encartado en su versión libre, emerge que éste, no generó ningún recibo en donde constara la entrega que hizo la quejosa de los diferentes emolumentos, situación que estructura la falta irrogada en el pliego de cargos.

Ahora bien, nótese que al abogado se le sancionó en primera instancia por no cumplir con el deber de expedir en cada oportunidad los correspondientes recibos, como lo prevé el artículo 28 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, lo que conllevó a que el jurista no tuviera claridad de cuánto dinero recibió por su gestión pues así también lo resaltó en su exposición. El profesional del derecho encartado está en la obligación de conocer las normas que rigen el ejercicio de la profesión, y claramente la conducta por él desplegada está contenida en el tipo disciplinario del artículo 35 faltas a la honradez del abogado específicamente en el numeral 6, la cual es calificada a título de dolo puesto que el togado sabía que el dinero provenía de su mandante y pese a ello omitió su deber de suscribir el comprobante de pago.

Ha sido criterio reiterado de esta Sala, como la disposición señalada exige a los abogados obrar con total claridad y lealtad en las relaciones con sus clientes, por ello, así como se fijan desde un principio en los contratos de prestación de servicios: El monto de los honorarios y forma de pago los cuales además deben ser equitativos a la labor a desarrollar, los gastos y quién debe sufragarlos esto en caso de que se pacten los estipendios a cuota litis, y la expedición de recibos por las sumas de dinero que se perciban cualquiera que sea su concepto.

Precisamente, frente a estos aspectos la doctrina disciplinaria ha indicado(12):

“El deber identificado con el numeral octavo se identifica en su primera oración, con el plasmado en el Decreto 196 de 1971, esto es lo relacionado con la exigencia de lealtad y honradez. El resto de la norma es novedoso, y se ocupa de precisar de manera casuística el desarrollo de ese inicial postulado. Es así como impone el deber de fijar honorarios con equidad, justificación y proporcionalidad frente al servicio contratado, la suscripción de recibos cada vez que se perciba dineros, la claridad en el objeto de los mandatos, sus costos, contraprestaciones y forma de pago. No sobra precisar el carácter preventivo que ostenta la norma, pues en la medida en que se cumpla a cabalidad con ese deber, la posibilidad de que el abogado se vea sometido a la jurisdicción disciplinaria se verá reducida de manera ostensible”.

El deber antes aludido, no fue cumplido por el abogado Piedrahita Peña, pues, independientemente de que la quejosa hubiese efectuado el pago de los honorarios, mediante consignación o transferencia electrónica a su cuenta bancaria, ello no le impedía que una vez constatara el abono expidiera los recibos correspondientes, indicando con claridad el concepto de honorarios, recibos que además, bien podía enviarlos a su cliente vía correo físico o electrónico, todo a fin de obrar con absoluta lealtad y honradez, máxime que para efectos fiscales era su deber expedirlos.

Entonces, no le queda a esta Sala la más mínima duda, de que el disciplinable incurrió en la falta disciplinaria por la cual se lo sancionó en primera instancia, sin que el hecho de que la quejosa tuviera la copia de las consignaciones sea eximente de responsabilidad, pues está probado que en su cuenta bancaria se le hicieron varios abonos, sin que haya cumplido con su obligación de expedir los recibos correspondientes, lo cual afectó el deber consagrado en el artículo 28 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, como se indicó. Los precedentes razonamiento son suficientes para confirmar la decisión de instancia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada del 5 de febrero de 2015, por medio de la cual la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(13), impuso sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión al abogado May Fredy Piedrahita Peña, tras hallarlo responsable de la falta a la honradez prevista en el artículo 35 numeral 6 de la Ley 1123 de 2007, de acuerdo a las razones indicadas en la motivación de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Oficina de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(11) Fls. 4 c.o.

(12) “Comentarios al nuevo Código Disciplinario del Abogado”, editorial Biblioteca Jurídica Dike, edición 2008, p. 89.

(13) Conformaron la Sala los magistrados Oscar Carrillo Vaca (Ponente) y Manuel Fernando Mejía Ramírez.