Sentencia 2012-01242 de mayo 25 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 73001110200020120124201

Aprobado según acta 45 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Carta Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma se desarrolló en el artículo 112 del Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia, al fijar las funciones de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 4º dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de la presente investigación, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, al señalar: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. Asunto a resolver.

Recurso de apelación interpuesto recurso de apelación interpuesto por el defensor de oficio de la doctora Stella Ramírez Vargas, en su calidad de Ex Juez Quinta Penal del Circuito de Ibagué, contra la providencia del 4 de junio de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante el cual la sancionó con TRES (3) MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO.

La anterior determinación fue tomada, con fundamento por la incursión en la falta disciplinaria por desatender el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos 6-1 y 8º de Decreto-Ley 2591 de 1991, incurriendo en falta disciplinaria conforme el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, concordada con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, los mencionados artículos establecen: Constitución Política:

“ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Decreto 2591 de 1991:

“ART. 6º—Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

“ART. 8º—La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso”.

Ley 270 de 1996 

“ART. 153.—DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

Ley 734 de 2002

“Faltas Disciplinarias

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

3. Decisión del caso.

De acuerdo con el acervo probatorio allegado a estas diligencias, podemos deducir que la inconformidad plasmada en la compulsa, tiene que ver con la posible falta disciplinaria en la que incurrió la doctora Stella Ramírez Vargas, en su condición de Juez Quinta Penal del Circuito con Funciones de Garantías de Ibagué para la época de los hechos, dentro de la acción de tutela 2012-00046 de María Cristina Remolina Barón contra el Instituto de Seguro Social —Seccional Cundinamarca y D.C.— Grupo de Servidores Públicos.

En el sub lite, se allegó copia del expediente de marras, evidenciando que la querellada incurrió en irregularidades que ameritan en su contra juicio de reproche.

Así las cosas se puede concluir lo siguiente:

— La disciplinada en su calidad de Juez Quinta Penal del Circuito con Funciones de Garantías de Ibagué para la época de los hechos, desatendió lo normado en el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos 6-1 y 8º de Decreto-Ley 2591 de 1991, incurriendo en falta disciplinaria conforme el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, concordada con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, pues el día 11 de septiembre de 2012 mediante fallo de tutela 2012-0046-00, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, seguridad social, vida digna y garantía de los derechos adquiridos de la accionante y ordenó al Instituto del Seguro Social, reconocer las pensión de vejez con observancia del régimen de transición y el pago del retroactivo de las mesadas dejadas de percibir (fls. 41-49).

— A la funcionaria investigada en su condición de juez constitucional, le correspondía realizar el test de procedibilidad correspondiente a la acción de tutela puesta en su conocimiento, sin que se observe por parte de este Superior un juicioso estudio de la misma, por cuanto es claro que la accionante no había agotado todos los mecanismos de defensa ante el ISS al momento de la presentación de la acción constitucional, pues había presentado un recurso de apelación contra el acto administrativo que no le concedió el pago y reconocimiento de la pensión de vejez.

Dicha situación se puede evidenciar claramente en la afirmación hecha por la misma petente en los puntos 8 y 9 del escrito de tutela, al manifestar que interpuso la citada apelación (fl. 22), por lo cual se entiende que existía la posibilidad que la entidad accionada resolviera de manera favorable la pretensión por la vía gubernativa o en sede de una acción instaurada ante el Juez Contencioso Administrativo, utilizando los mecanismos legales para tal fin.

En ese orden, como bien lo expresó el a quo “Esta verificación le imponía a la investigada analizar, en su fallo de tutela, lo relativo al carácter subsidiario que, en principio, tiene la acción de tutela respecto de los mecanismos ordinarios de protección de derechos”.

— Es claro que la doctora Ramírez Vargas, no observó lo ordenado en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, en lo referente al perjuicio irremediable, pues tampoco ocupó la atención de la investigada dicha situación, por cuanto interpretó que la edad de la accionante (54 años), era habilitante de la acción, cuando es latente que es la “ancianidad” la que podría activar el mecanismo de tutela de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, no siendo de recibo que la disciplinada haya considerado a la actora como una persona de la tercera edad, cuando en la tutela de marras esa no era la condición de quien asistía a hacer valer sus derechos fundamentales.

Ahora bien, se hace manifiesto que dentro de las argumentaciones de la acción de tutela impetrada ante el Despacho de la investigada, no se probó de manera siquiera sumaria la existencia de perjuicio irremediable que le permitiera a la accionante acudir vía tutela a reclamar sus derechos pensionales, no obstante la operadora judicial de manera oficiosa concluyó que existía dicho perjuicio, debido a la “avanzada edad de la actora” (54 años).

La Sentencia T-138 de 2010 con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo, ilustra lo siguiente en lo atinente al derecho de las personas de la tercera edad a obtener su pensión de vejez por la vía de la acción de tutela:

“PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y VÍA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR PENSIÓN DE VEJEZ. — Sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden acudir a esta acción.

A menos que concurran en algún caso concreto circunstancias específicas que ameriten hacer alguna consideración particular, sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden acudir a la tutela como mecanismo excepcional para lograr judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión. Y, en tal caso, acreditado ese primer requisito, tendrán también que acreditar los otros requisitos de procedibilidad tales como la demostración de la afectación al mínimo vital, el despliegue de alguna actividad administrativa o judicial y la ineficacia del medio judicial ordinario. Claro está que este criterio no es absoluto y pueden darse casos de personas que, aún sin llegar a la edad mencionada, requieran de la intervención urgente del juez constitucional para efectos de garantizar, a través del reconocimiento del derecho a su pensión de vejez, la protección de su derecho fundamental al mínimo vital. Pero, sin duda, este criterio de edad permite tener un punto de partida objetivo y preciso para entrar en el análisis de procedibilidad de la tutela. En el presente caso el tutelante cumplirá 69 años en marzo de 2010. En consecuencia, no puede predicarse de él, según el criterio jurisprudencial aquí reiterado y acogido, que pertenezca a la tercera edad, y por lo tanto tenga por ahora derecho a una especial protección estatal. Por lo tanto, en principio, no le es dable solicitar el reconocimiento y pago de su pensión de vejez por el camino excepcional de la acción de tutela”.

Por otra parte, respecto de la subsidiaridad y la existencia de perjuicio irremediable en las reclamaciones por vía tutelar de la pensión vejez, la Sentencia T-872 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, resume lo siguiente:

“2.5. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.

Como se expresó en el apartado anterior, una de las características de la acción de tutela es la subsidiariedad. No obstante, es posible que excepcionalmente el juez de tutela reconozca alguno de los derechos que emanan del régimen de seguridad social en pensiones, como por ejemplo el derecho a la pensión de vejez, cuando, como ya se dijo, se acredita que los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[8].

En lo que hace referencia a la falta de idoneidad de los otros medios de defensa judicial, esta Corporación ha señalado las siguientes circunstancias o requisitos que permitirían de manera excepcional conocer por vía de tutela la cuestión relativa al reconocimiento y pago de una pensión de vejez, aún a pesar de la existencia de las acciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a saber: “La acción de tutela deviene procedente para el reconocimiento de pretensiones prestacionales en materia pensional, si su desconocimiento compromete de forma conexa derechos fundamentales como el mínimo vital y la vida digna, y el juez constitucional, a la luz de las particularidades fácticas del caso en revisión, arriba a la conclusión de que el mecanismo judicial de que dispone el interesado es ineficaz, debido a que no resuelve el conflicto de manera integral o no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia de protección inmediata de derechos fundamentales.

(…) Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias laborales, particularmente cuando estas corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera previa deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: (i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital, (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo”[9].

Si concurren los cuatro requisitos mencionados, al juez de tutela no sólo le será dable conocer el fondo del asunto, esto es, examinar si se dan o no los requisitos legales que le permiten al accionante en tutela adquirir el derecho a una pensión de vejez; sino que también podrá otorgarle al amparo constitucional propuesto la naturaleza de mecanismo principal de protección, por estar comprometidos los derechos de personas de la tercera edad, cuya condición de sujeto de especial protección constitucional[10], exige una mayor flexibilidad en el examen de las condiciones de procedencia de la acción de tutela.

Precisamente, en la Sentencia T-138 de 2010[11], la Corte expresó que:

“(…) las controversias relativas al reconocimiento y pago de pensiones de vejez deben, por regla general, tramitarse ante la justicia laboral ordinaria. Sólo excepcionalmente, y sólo en tanto se den ciertas circunstancias concurrentes jurisprudencialmente establecidas, tal asunto puede tramitarse vía tutela. La primera de esas circunstancias es, como se dijo antes, el que la persona sea de la tercera edad”[12].

En este mismo sentido, en la Sentencia T-149 de 2012[13] se concluyó que: “el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es un asunto de relevancia constitucional por estar radicado en personas de la tercera edad; la privación de este derecho puede afectar el derecho al mínimo vital de este grupo de ciudadanos, y la procedibilidad para ser reclamado por vía de tutela se da cuando convergen otras circunstancias que complican la existencia digna del sujeto, tales como padecimientos de salud, carencia de otros recursos para subsistir, e indefinición del marco normativo en que se encuentra el afectado”.

En suma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, la acción de amparo constitucional es improcedente para obtener el reconocimiento y pago de derechos pensionales. No obstante, tratándose de personas de la tercera edad, la acción de amparo se convierte en un mecanismo principal de protección de sus derechos, cuando se acreditan el resto de los requisitos señalados en la jurisprudencia de esta Corporación, referentes (i) a la afectación del mínimo vital o de otros derechos constitucionales como la salud, la vida digna o la dignidad humana, (ii) a la demostración de cierta actividad administrativa y judicial desplegada por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iii) a que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”.

Igualmente es de reproche para esta Sala, que en efecto la disciplinable transgredió las normas constitucionales, al haber concedido el amparo tutelar de manera definitiva, ignorando que debió hacerlo de manera transitoria, extralimitándose así en el ejercicio de sus atribuciones, asumiendo una postura que no le era permitida en su calidad de juez constitucional.

De otra parte, recuérdese que las normas disciplinarias buscan encauzar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, imponiéndoles una serie de deberes para lograr el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones estatales, de manera que el objeto de protección del derecho disciplinario es el deber funcional y su incumplimiento determina la antijuridicidad de la conducta, empero, no es el mero desconocimiento formal del deber, sino la infracción sustancial del mismo, lo que atenta contra el buen funcionamiento de la administración de justicia y altera el discurrir normal de los actos.

No existe duda en este caso, acerca del desconocimiento de los deberes legales a cargo del funcionario disciplinado, ni sobre su responsabilidad, pues su conducta se muestra carente de justificación, y aunado a ello, dada su formación profesional y su experiencia como servidor de la Rama Judicial, existe certeza sobre su conocimiento jurídico, por lo que el incumplimiento de las normas procesales en cita, tornan reprochable su conducta, a título de culpa gravísima, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado, de cara a los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos en precedencia.

En cuanto a la sanción impuesta a la ex funcionaria, esta será confirmada, por cuanto se ajusta a los parámetros establecidos para tal efecto en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, el cual señala que las sanciones disciplinarias se aplicarán dentro de los límites señalados por la ley, teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes personales y profesionales de la infractora, y efectivamente la doctora Stella Ramírez Vargas, Ex Juez Quinto Penal del Circuito con Función de Control de Garantías de Ibagué, omitió cumplir, con los deberes a los cuales estaba obligada al incurrir en las irregularidades narradas anteriormente al conceder una acción de tutela sin observancia de la procedibilidad de la misma; no obstante se debe tener en cuenta que la suspensión se convertirá en multa equivalente al salario devengado por la investigada para el año 2012, en consideración a que la doctora Ramírez Vargas ya no desempeña el cargo, en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 4 de junio de 2014 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante el cual la sancionó con TRES (3) MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO, a la doctora Stella Ramírez Vargas, por desatender el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos 6-1 y 8º del Decreto-Ley 2591 de 1991, incurriendo en falta disciplinaria conforme al artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, concordada con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, la cual se convertirá en salarios devengados para el año 2012 como Juez Quinto Penal del Circuito con Función de Control de Garantías de Ibagué.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»