Sentencia 2012-01295 de febrero 4 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000201201295 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Ref.: Abogado en apelación.

Denunciado: José Antonio Devia Lozano.

Informante: De Oficio – Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

Primera instancia: Suspensión de tres (3) meses.

Decisión: Confirma.

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 – Ley Estatutaria de la justicia al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura”.

Asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el doctor José Antonio Devia Lozano en su condición de abogado disciplinado y el doctor José Luis García Hernández en condición de defensor de oficio del disciplinado, contra el fallo proferido el 5 de marzo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual sancionó al abogado José Antonio Devia Lozano, la suspensión de 3 meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la incursión en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, enlazado con el deber del numeral 7º del artículo 28 ibídem, circunscribiéndose al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al cual se llega por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Válido resulta anotar que el recurso de apelación es un medio de carácter procesal que la ley confiere a los intervinientes agraviados por una decisión judicial, para solicitar ante el juez que la dictó dentro del plazo legal y debidamente fundamentado la revisión de la actuación, habilitando al superior jerárquico para auscultar en los hechos frente al derecho y decidir la cuestión en alzada en aquello que concretamente se coloca bajo la esfera de su competencia para que lo revoque o enmiende.

Así las cosas, se constató por esa instancia que el doctor José Antonio Devia Lozano, atentó contra el respeto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas, pues incurrió en el despropósito ético endilgado pues se señaló que el abogado se había manifestado en términos despectivos y vulgares en la Secretaría del Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Guamo - Tolima, de lo cual fue testigo el titular de esa dependencia al expresar el señor Devia Lozano aludiendo al servidor judicial expresó: “… ahí está ese perro hp? Para cogerlo y darle de una vez en la jeta, él no sabe quién soy yo, él no sabe con quién se metió…” (sic a lo transcrito).

Concluyó la Sala de instancia que el argumento incriminatorio estaba llamado a prosperar, si se tenía en cuenta que esa manifestación aunada a la prueba documental y testimonial obtenida, confluyó en la falta disciplinaria contra el respeto debido a la administración de justicia, al injuriar y acusar temerariamente al señor juez, lanzándole unas procacidades, por lo cual había de hacérsele juicio de reproche a título de dolo.

Descripción de la falta disciplinaria. El abogado José Antonio Devia Lozano, fue encontrado responsable de la comisión de la falta al injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos – deber previsto en el numeral 7º del artículo 28 ibídem; antijurídico, porque sin justa causa vulneró el ordenamiento legal, circunscrito en la de observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, tipificada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, en relación con, que establece lo siguiente:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas.”

Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe existir la certeza sobre una conducta constitutiva de falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

El ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

El citado precepto normativo protege el debido respeto que debe tenérsele, entre otros, a la administración de justicia, representada por los órganos competentes establecidos por la Constitución y la ley, asegurando de esta forma, su respetabilidad por quienes intervienen en los diversos asuntos sometidos a su consideración.

Debe recordarse, que la injuria es conocida como la imputación deshonrosa que una persona hace a otra, perjurando no solo su dignidad sino la estimación de la que goza en el espacio donde se desenvuelve. La jurisprudencia ha señalado cuatro requisitos para que se configure el delito de injuria, a saber: 1) Que una persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso; 2) Que el imputador tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho; 3) Que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona y, 4) Que el imputador tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona.

La jurisprudencia de esta corporación reiteradamente ha sostenido que el animus injuriandi se constituye en elemento subjetivo indispensable para que se configure la falta prevista por el canon 32 de la Ley 1123 de 2007, elemento que se traduce en la intención inequívoca por parte del sujeto activo de la conducta de ofender, agraviar o deshonrar a la persona o personas contra quien o quienes van dirigidas las expresiones verbales o de hecho que tiene tal potencialidad de ofender, agraviar o deshonrar. Por tanto, se requiere que el agente haya tenido la intención de injuriar y que la conducta realizada posea la capacidad efectiva de agraviar a la persona contra quien va dirigido el hecho ofensor.

La calumnia, consiste en imputar falsamente a otro un hecho punible y los elementos que estructuran este delito son: 2) (sic) La atribución de un hecho delictuoso a persona determinada o determinable; 2) Que el hecho delictuoso atribuido sea falso; 3) Que el autor tenga conocimiento de esa falsedad, y 4) Que el autor tenga la voluntad y conciencia de efectuar la imputación.

De acuerdo con los anteriores parámetros, no queda duda que el profesional del derecho disciplinado incurrió en la falta prevista en el artículo 32 referido, pues desbordó los límites de lo permitido, al manifestar con frases de un alto contenido ofensivo contra el señor juez, pues no solo le lanzó una frase vulgar sino que además lo reta, a sus espaldas, para que se líen a puños e incluso lo amenaza. Tanto es así que causó temor en la persona del doctor Nieto Galindo como lo expresara, no solo en el documento aludido en antes sino también en las audiencias a las cuales fue citado, e incluso esas mismas amenazas e irrespetos se los expresó a la personera municipal de esa localidad todo lo cual le generó al funcionario y a su entorno familiar una sentida preocupación a tal punto de haber pensado irse del Guamo “… porque lo iban a matar”

Por lo tanto, el hecho que el juez en referencia hubiere tomado algunas decisiones, no implica, como de manera irresponsable lo afirmó el encartado, de emitir expresiones descalificantes e injuriosas, con las cuales no solo se lesionó el nombre de dicho funcionario, sino de la Institución que representaba.

Así pues, los términos utilizados por el litigante no fueron los más moderados, no se compadecen con la cordura y serenidad que deben caracterizar a los abogados en sus actividades profesionales; estos comentarios, a simple vista, resultan lesivos tanto de la dignidad de la funcionaria investida de funciones jurisdiccionales, como de la institución que ella representa, razón por la cual son censurables disciplinariamente.

Se le recuerda al disciplinado, que si consideraba que el Juez Primero Promiscuo Municipal del Guamo, estaba incurriendo en alguna irregularidad en el trámite de una actuación, cualquiera que sea su naturaleza, dados los conocimientos jurídicos que posee como abogado, debe saber que existen instancias y organismos creados para tal finalidad, y no pretender aplicar justicia por su propia mano, censurando unos hechos que a él no le incumben, porque para ello están las autoridades competentes, ante quienes debió acudir denunciando las presuntas anomalías, que según su criterio se habían configurado.

En consecuencia, las explicaciones brindadas por el encartado para justificar su comportamiento no están llamadas a prosperar y sus comentarios son lesivos tanto de la dignidad del funcionario, como de la administración de justicia, razón por la cual debe sancionársele con suspensión en el ejercicio de la profesión.

Respecto a la culpabilidad, debe decirse que se trata de un comportamiento que por naturaleza es doloso, cometido por un profesional del derecho que dada su capacidad intelectiva tiene pleno conocimiento del carácter deshonroso y lesivo de las expresiones por él utilizadas; y no obstante esa comprensión, en forma libre y voluntaria prefirió vulnerar el ordenamiento jurídico, siendo por ello reprochable su proceder.

Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima de fecha 5 de marzo de 2014, por medio de la cual se sancionó al abogado José Antonio Devia Lozano, por la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

De la sanción: Con relación a la sanción impuesta por la instancia, encuentra esta Superioridad que la misma debe ser confirmada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 40, 41 y 45 de la Ley 1123 de 2007, como es la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y la ausencia de antecedentes disciplinarios.

Como principio rector que vincula a la autoridad disciplinaria en el proceso de graduación de la sanción se debe responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Como regla que rige la interpretación y aplicación de los preceptos del estatuto se contempla la finalidad del proceso.

Como bien se advierte, no se asignó a cada falta o a una categoría de ellas, un tipo de sanción específica, generando así un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción. Sin embargo, ese ámbito de libertad de apreciación se encuentra guiado por la explícita consagración de los deberes del abogado, por la creación de un catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos, y particularmente por unos criterios de graduación de la sanción que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable, y parámetros de proporcionalidad, por lo que es posible afirmar que el legislador proporcionó un marco de referencia que se aviene a la razonable flexibilización que se le ha reconocido al principio de legalidad en el ámbito disciplinario.

Estos principios y parámetros fueron debidamente atendidos y acogidos por la Sala a quo, por cuanto en la parte correspondiente motivó la sanción que se debía imponer, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, sus modalidades y el hecho que el disciplinado no presenta antecedentes disciplinarios.

Por lo anterior, esta Sala confirmará la sanción de suspensión de tres (3) meses en el ejercicio profesional impuesta al doctor José Antonio Devia Lozano, por la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, pues faltó a su deber de observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión, tal y como lo prevé el numeral 7º del artículo 28 de la citada ley.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo apelado, proferido el 5 de marzo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual sancionó al abogado José Antonio Devia Lozano con 3 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las consideraciones en la parte motiva de esta providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase»