Sentencia 2012-01321/524-2014 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 250002342000201201321 01

Nº Interno: 0524-2014

Actora: Martha Paulina Matamoros Becerra

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (autoridades nacionales)

Instancia: Segunda

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce

«EXTRACTOS: Consideraciones de la sala

Problema jurídico.

Consiste en determinar si la pensión de jubilación reconocida a la sra. Martha Paulina Matamoros Becerra se le debe reliquidar con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, conforme a los términos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y con los factores prestacionales señalados en el Decreto 1158 de 1994, o aplicando en su integridad el régimen especial anterior al Sistema de Seguridad Social Integral, previsto para los funcionarios de la Registraduría del Estado Civil contenido en el Decreto 603 de 1977 con la inclusión de la prima electoral.

Hechos probados.

El 17 de abril de 2008 la coordinadora del Grupo de Registro y Control de la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que la sra. Martha Paulina Matamoros Becerra venía laborando desde el 26 de octubre de 1976 como dactiloscopista 4125-13(17) y que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 2º del Decreto 1069 de 1995, el cual reglamenta la pensión especial de vejez estipulada en el Decreto 603 de 1977 (fl. vto. 69).

Mediante Resolución AMB 57102 de 21 de noviembre de 2008, el Gerente General de la Caja de Previsión Social, Cajanal EICE, reconoció y ordenó el pago a favor de la sra. Martha Paulina Matamoros Becerra de una pensión de vejez efectiva a partir del 1º de enero de 2008. Para el efecto se tuvo en cuenta el régimen especial de los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cuanto a tiempo de servicio, edad y la liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado en los últimos 10 años(18), conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (fls. 12 a 16).

En virtud de la Resolución 8530 de 14 de julio de 2010, suscrita por el Registrador Nacional del Estado Civil, fue aceptada la renuncia de la demandante, a partir del 1º de agosto de 2010, del cargo de técnico administrativo 4065-04 de la planta global sede central (fl. 19).

Por medio de la Resolución UGM 035445 de 27 de febrero de 2012, el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social EICE, reliquidó la pensión de vejez de la sra. Martha Paulina Matamoros Becerra con el 75% del promedio de los salarios sobre los cuales ha cotizado o aportado entre el 1º de agosto de 2000 al 30 de julio de 2010, con lo cual se incrementó a un millón ciento catorce mil ciento noventa y seis pesos ($ 1.114.196) (fls. 2 a 6).

A través de la Resolución UGM 043447 de 23 de abril de 2012, la misma autoridad administrativa, al resolver el recurso de reposición, confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución UGM 035445 de 27 de febrero del mismo año, en tanto que, se encontraba ajustada a derecho (fls. 8 a 10).

El coordinador del Grupo de Salario y Prestaciones de la Gerencia de Talento Humano de la Registraduría del Estado Civil certificó que la demandante devengó durante el último año de servicios, comprendido entre 1º de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010, los siguientes emolumentos: asignación básica, auxilio de transporte, horas extras, bonificación por servicios, primas de servicios, de vacaciones, de navidad y remuneración electoral (fls. 17 y 18).

Análisis del asunto.

i) Normatividad aplicable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 que contiene el régimen de seguridad social integral conformado por los sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.

En relación con el sistema pensional, la ley en cita crea dos regímenes pensionales a saber, el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad (art. 12)(19).

Ante dicho cambio legislativo, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición como mecanismo de protección para las personas que estaban próximas a cumplir los requisitos pensionales allí dispuestos siempre que cumplieran una de las siguientes condiciones:

“(…) ART. 36.—Régimen de transición.

La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (…)” (negrillas de la Sala)(20).

El régimen de transición ha sido definido por la Corte Constitucional como “(…) un instrumento de protección de los derechos pensionales de quienes al momento de darse el tránsito legislativo no sumaban los requisitos para pensionarse conforme al régimen aplicable anterior, pero por encontrarse próximos a reunirlos tienen una expectativa legítima de adquirirlos (…)(21)”.

La misma corporación, en Sentencia C-754 de 2004, consideró en relación con el régimen de transición lo siguiente:

“(…) Una vez que haya entrado en vigencia la disposición que consagra el régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo, consolidan una situación jurídica concreta que no se les puede menoscabar.

Además adquiere la calidad de derecho subjetivo que no puede ser desconocido por ningún motivo, pues le da a su titular la posibilidad del reconocimiento de la prestación en las condiciones prescritas en la normatividad anterior y la de acudir al Estado a través de la jurisdicción para que le sea protegida en caso de desconocimiento de la misma (…)”.

De acuerdo con las anteriores preceptivas las personas que al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tuvieran 15 años de servicio cotizados, o 35 años de edad si es mujer o 40 años de edad si es hombre, tendrán derecho a que se les reconozca la pensión teniendo en cuenta la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión establecidos en el régimen anterior al que se encontraban afiliados al 1º de abril de 1994, fecha de vigencia del Sistema de Pensiones en el orden nacional.

ii) Régimen pensional especial.

El Decreto-Ley 603 de 1977, por medio del cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su artículo 17 estableció el régimen especial de pensiones para algunos funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el siguiente tenor literal:

“(…) El empleado de la Registraduría Nacional del Estado Civil que por 16 años continuos o discontinuos haya servido en el laboratorio fotográfico como jefe de sección o de grupo; o como fotógrafo, o que haya desempeñado el cargo de dactiloscopista; o trabajado en el proceso de prensado o laminación de cédulas de ciudadanía o tarjetas de identidad como prensador, troquelador, estampador, armador o revisor, tiene derecho, al llegar a la edad de cincuenta años, a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

El haber desempeñado por veinte años continuos o discontinuos alguno de los cargos señalados en este artículo, da derecho a la pensión mensual vitalicia de jubilación, cualquiera que sea su edad (…)”.

Quienes se encuentran dentro de la excepción que contempla la norma tienen derecho al reconocimiento pensional con 16 años de servicios y 50 años de edad, ya que el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 expresamente excluyó de su aplicación a quienes gozan de un régimen especial de pensiones, con el siguiente tenor literal:

“(…) No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo, las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno (…)”.

Por su parte, el Decreto 1069 del 23 de junio de 1995, por el cual se reglamenta la pensión especial de vejez para unos servidores públicos de la Registraduría del Estado Civil, establece:

“(…) ART. 1º—Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, se aplica a todos los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con excepción de los servidores públicos que desempeñan las labores descritas en el artículo siguiente, a quienes se les aplica el régimen especial previsto en el artículo 17 del Decreto 603 de 1977, siempre que continúen afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con prestación definida.

Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por las normas propias de éste, salvo en lo que respecta al monto de las cotizaciones que se regirán en el presente decreto.

“ART. 2º—Servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil que tiene derecho a una pensión especial de vejez o jubilación. Tendrán derecho a una pensión especial de vejez, en los términos del artículo 17 del Decreto 603 de 1977, los funcionarios públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil que se encontraban vinculados a ella a 31 de diciembre de 1994 y que tuvieran 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o aquellos que tuvieran siete (7) años o más de servicios en los cargos que a continuación se mencionan:

Dactiloscopistas.

En el laboratorio fotográfico: profesional 04, técnico 09, o fotógrafo (…)”.

De las normas anteriormente transcritas, es claro que el personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en lo pertinente queda sometido al régimen anterior, que comprende los decretos 603 de 1977 y 1069 de 1995, específicamente en los requisitos a tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Como el régimen especial no enlista los factores sobre los cuales se debe liquidar la pensión, debe acudirse a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior al Decreto 603 de 1997 de carácter general, que determina explícitamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación, con el siguiente tenor literal:

“(…) De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.

Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación y la prima técnica;

c) Los dominicales y feriados;

d) Las horas extras;

e) Los auxilios de alimentación y transporte;

f) La prima de navidad;

g) La bonificación por servicios prestados;

h) La prima de servicios;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;

k) La prima de vacaciones;

l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;

m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968 (…)”.

iii) Caso en concreto.

La Sala encuentra que en el caso bajo examen no es objeto de controversia que la demandante en su calidad de dactiloscopista de la Registraduría Nacional del Estado Civil está amparada por la transición y que goza de un régimen especial de pensiones.

Además se encuentra demostrado, por un lado, que la sr.a Martha Paulina Matamoros Becerra nació el 13 de abril de 1957; y por otro, que el gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE, mediante Resolución AMB 57102 de 21 de noviembre de 2008(22), reconoció la pensión de vejez a la demandante en cuantía de un millón treinta mil seiscientos veintidós pesos ($ 1.030.622); y que posteriormente, por medio de la Resolución UGM 035445 de 27 de febrero de 2012, suscrita por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, le fue reliquidada la prestación elevando la cuantía a un millón ciento catorce mil ciento noventa y seis pesos ($ 1.114.196) con efectividad a partir del 1º de agosto de 2010(23), fecha en que le fue aceptada la renuncia al cargo de dactiloscopista 4125-13, luego de haber prestado sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil durante más de treinta y tres (33) años y (9) meses.

Del recuento de fechas, se demostró que al entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social, esto es, el 1º de abril de 1994, la actora contaba con más de 35 años y había prestado servicios a la Registraduría Nacional del Estado Civil por más de 17 años, lo que significa que está amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que su pensión de jubilación se regula por la normatividad anterior a dicha ley, esto es, el Decreto 603 de 1977.

Según la entidad demandada, el ingreso base para la liquidación de la pensión de la actora se hizo conforme al inciso 3º de la Ley 100 de 1993, y con los factores de salario enlistados en artículo 6º del Decreto 691 de 1994 modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que no contempla la prima de vacaciones, navidad, bonificación electoral y alimentación, como ítems que integran el ingreso base de cotización, al considerar que la demandante adquirió el derecho a la pensión en vigencia del Sistema General de Seguridad Social previsto en la citada ley, sin embargo, tal argumento no es de recibo por parte de la Sala, pues ello desvirtuaría el régimen de transición, en la medida en que el régimen que la cobijaba debe ser aplicado inexorablemente en su integridad, lo contrario sería, como introducir una norma que no es permitida en materia laboral que es la escisión de las normas.

Es decir, si se altera alguno de los presupuestos señalados por el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, al establecer la cuantía de la pensión con base en lo devengado durante los últimos 10 años de servicios, como el caso de la demandante, es tanto como desconocer el régimen de transición, y de paso se desnaturaliza el régimen del cual es beneficiario(24).

Además, aplicar dos normas legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”(25), el cual prohíbe la aplicación parcial de las normas legales.

Debe destacarse sobre el particular que, en sentencia de 14 de noviembre de 2002(26), se concluyó que los factores salariales enlistados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 no resultaban aplicables a las pensiones cobijadas por el régimen de transición, salvo que los mismos constituyan una condición más beneficiosa para el pensionado, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el régimen de transición implica la observancia del régimen anterior aun para los factores de liquidación pensional, por ser ésta su naturaleza.

Por otra parte, la sra. Martha Paulina Matamoros Becerra alegó dentro del recurso de apelación que se le debe incluir la prima electoral dentro de la reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, la Sala observa que el Decreto 28 de 1996, por el cual se fijan las escalas de asignaciones básicas de los empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se dictan otras disposiciones en materia salarial, reguló el otorgamiento de la remuneración electoral consagrada en el Decreto 1434 de 1982, y en su artículo 12 estipuló:

“(…) La remuneración electoral de que trata el Decreto 1434 de 1982 será del ciento cincuenta por ciento (150%) de la asignación básica mensual que corresponde al empleo de planta del cual es titular, con excepción del Registrador Nacional del Estado Civil.

La remuneración electoral se pagará por una sola vez en cada año electoral y será cubierta en el mes siguiente a la celebración de la última elección del respectivo año, sin que constituya factor salarial para ningún efecto legal (…)” (la negrilla de la Sala).

De lo anterior se concluye que, la prima y/o remuneración electoral no puede ser incluida como factor salarial para efectos del reconocimiento pensional, pues la misma norma en forma expresa así lo dispuso; adicionalmente debe tenerse en cuenta, que no se puede asemejar a la prima de riesgo, como lo pretende la recurrente, en la medida en que no es un emolumento que la actora lo hubiese recibido de manera habitual y permanente, pues lo recibía por una sola vez en cada año electoral. Al respecto esta Sala ha indicado lo siguiente(27):

“(…) Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de unificar criterios en torno al asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como factor para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional, la Sala en esta ocasión se permite precisar que dicha prima sí debe ser tenida en cuenta para los fines indicados.

Lo anterior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de esta corporación(28), ha entendido por salario la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual y periódica perciba el trabajador, son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen los ingresos base de cotización y liquidación de una prestación pensional (…)”.

Finalmente, la Sala no pasa por alto que en virtud a lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, la liquidación de la pensión debe estar de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, regla a la que están obligados todos los servidores públicos, en el sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional. Lo anterior significa, que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes.

Tal ha sido la filosofía del legislador, que actualmente se ha elevado a rango constitucional a través del Acto Legislativo 1 de 2005, en el sentido de establecer que para efectos de la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Máxima que implica a partir del año de 2005 que sobre todos los factores que constituyen base para liquidar la pensión deban realizarse los respectivos aportes, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Así las cosas, en consideración a lo expuesto, y para el caso concreto, la entidad demandada debe ordenar, sobre las condenas originadas en la presente providencia, los descuentos por concepto de aportes en seguridad social en pensiones no efectuados durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará y adicionará la providencia impugnada que accedió a las súplicas de la demanda, de acuerdo a las consideraciones expuestas en precedencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 21 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Martha Paulina Matamoros Becerra contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ADICIÓNASE la sentencia recurrida en el entendido de que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, debe ordenar sobre las condenas originadas en la presente providencia, los descuentos por concepto de aportes en seguridad social en pensiones no efectuados durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios a la Registraduría Nacional del Estado Civil, según se expresó en la parte considerativa de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

17 Cargo que fue homologado a técnico administrativo 4065-04.

18 Se tuvo en cuenta la asignación básica, horas extras y bonificación por servicios prestados.

19 El artículo 279 de la Ley 100 desarrolla un régimen de excepciones en el sistema de pensiones y determina que el régimen general no se aplica en el sector público a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; el personal regido por el Decreto 1214 de 1990; los miembros no remunerados de las corporaciones públicas; los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (L. 50/86, L. 114/13, L. 116/28, L. 37/33, L. 6ª/45, L. 33/85, L. 91/89, L. 60/93, L. 115/94, D. 3135/68, D. 1848/69, D. 1045/78); y, los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos (D. 807/94, convención colectiva de trabajo, Acuerdo 01 de 1977 expedido por la Junta directiva).// El Decreto 691 del 29 de marzo de 1994 incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los servidores de la rama judicial.

20 Inciso declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencias C-410 de 1994 y C-168 de 1995.

21 Sentencia C-789-02, M.P. Rodrigo Escobar Gil

22 Folios 12 a 16.

23 La liquidación de la pensión se conformó con el 75% del ingreso base de liquidación conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó entre el 1º de agosto de 2000 y el 30 de julio de 2010.

24 Esta discusión ya fue resuelta por esta corporación, mediante sentencia proferida el 21 de septiembre de 2000, expediente 470-99, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, cuando se estableció lo siguiente:

“(…) Advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra “monto” que cuando la ley la empleó no fue para que fuera el tanto por ciento de una cantidad, como decir el 75% de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de una pensión, es solo un número abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere la palabra monto, de ser el resultado de la suma de varias partidas, sino la liquidación aritmética del derecho, que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de los factores que deben tenerse en cuenta y que debe hacerse, según el referido artículo 36, con apoyo en las normas anteriores a la Ley 100.

Por manera que si las personas sometidas al régimen de transición deben jubilarse con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión gobernados por las normas anteriores a la Ley 100, no ve la Sala cuáles son las demás condiciones para acceder al derecho, que según la última regla del inciso 2º en análisis se rigen por dicha ley.

De otro lado, la Sala también observa que en el inciso 3º del artículo 36, están previstos un ingreso base y una liquidación aritmética diferente a la que dedujo la Sala de la interpretación del inciso 2º, puesto que del monto que se rige por las normas anteriores se infiere un ingreso base regido igualmente conforme al ordenamiento jurídico anterior, lo cual pone de presente la redacción contradictoria de tales normas, que conduce necesariamente a la duda en su aplicación y, por ende, por mandato del artículo 53 de la Constitución Política a tener en cuenta la más favorable, o sea la primera regla del inciso 2º”.

25 La norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorables.

26 Consejo de Estado. Rad. 3534-00. C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

27 Consejo de Estado, sentencia de 1º de agosto de 2013, Expediente: 440012331000200800150 01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

28 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.