Sentencia 2012-01403 de abril 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-15-000-2012-01403-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Laura Rosa Benjumea Benjumea

Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

La Sala decide sobre la impugnación interpuesta la señora Laura Rosa Benjumea Benjumea, contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2012 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la presente acción de tutela.

I. Antecedentes

1.1. Actuaciones procesales que originan la presente solicitud de tutela contra providencia judicial:

El presente asunto surge de las razones expuestas en la Sentencia 129 del 28 de mayo de 2012 dentro de un proceso de reparación directa por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual se decidió revocar la decisión de primera instancia, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa (de las señoras Laura Rosa, Marysabel Benjumea Benjumea, Noerly de Jesús Patiño Benjumea y Sandra Zulima Osorio Benjumea) y se declaró inhibida para pronunciarse respecto del señor Iván Darío Patiño Benjumea.

1.2. La solicitud y sus pretensiones:

El 3 de agosto de 2012, las señoras Laura Rosa, Marysabel Benjumea Benjumea, Noerly de Jesús Patiño Benjumea y Sandra Zulima Osorio Benjumea presentaron la demanda de tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Descongestión y solicitaron las siguientes pretensiones:

— Que se tutele el derecho al debido proceso y a la igualdad de los accionantes.

— Que se declare que por defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configuró una vía de hecho en la Sentencia S-04 Nº 129 del 28 de mayo de 2012, fallada por la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, al declarar de manera oficiosa la falta de legitimación por activa.

— Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia se revoque el fallo contenido en la Sentencia S-04 Nº 129 del 28 de mayo de 2012 fallada por la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y se declare en consecuencia responsable a la Nación por los daños causados con ocasión de las lesiones sufridas por el fallecido, señor Iván Darío Patiño Benjumea(1).

1.3. Hechos relevantes y fundamentos de la solicitud:

Los accionantes expusieron como fundamentos fácticos de su pretensión los siguientes:

1.3.1. El día 21 de mayo de 2004 mediante apoderado fue presentada una acción de reparación directa contra la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el fin que fueran declaradas administrativamente responsables de los daños causados con ocasión de las lesiones sufridas por el ya fallecido Iván Darío Patiño Benjumea, ocurridas el día 21 de mayo de 2002 en hechos registrados en la ciudad de Medellín.

1.3.2. Dentro del período probatorio se acopiaron pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de las demandadas en las graves lesiones sufridas por el fallecido Patiño Benjumea y los perjuicios que se le ocasionaron a él y a sus familiares, quienes también demandaron.

1.3.3. Se agotaron todas las etapas procesales y el 29 de junio de 2007 el Juez 22 Administrativo del Circuito declaró administrativamente responsables a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación de todos los daños y perjuicios ocasionados al fallecido Patiño Benjumea y a sus familiares.

1.3.4. Dentro del término legal correspondiente se presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

1.3.5. El proceso fue repartido a la magistrada de descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Dra. Martha Cecilia Madrid Roldán, quien después de agotar las etapas de segunda instancia y mediante Sentencia S-04 Nº 129 de 28 de mayo de 2012, resolvió revocar la decisión de primera instancia; inhibiéndose de pronunciamiento respecto del señor Iván Darío Patiño Benjumea y respecto de las demás demandantes, declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de las mismas, lo cual generó como consecuencia el rechazo de las pretensiones por ellas solicitadas.

1.3.6. Los motivos que expuso el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia en la referida sentencia fueron: En cuanto a la inhibición de pronunciamiento respecto de Patiño Benjumea, por cuanto el lesionado y victima directa falleció el 14 de enero de 2003 y la demanda se presentó en mayo de 2004, es decir, en fecha posterior a la muerte del señor Patiño Benjumea.

En cuanto a la declaración oficiosa de falta de legitimación en la causa por activa respecto de los demás demandantes, por cuanto el registro civil de nacimiento de la victima tiene fecha de expedición posterior a la de presentación de la demanda; motivo por el cual, para el tribunal, este documento no puede ser tenido en cuenta como prueba para tomar ninguna decisión de fondo. Además indicó que tampoco las declaraciones rendidas por los testigos llevados al proceso permitieron concluir el parentesco de las aquí accionantes con la víctima; con lo cual dicho punto quedó sin ser probado en el proceso. Por lo tanto, razona el tribunal, los accionantes carecían de legitimidad para demandar.

1.4. Trámite de la solicitud y respuesta de los demandados:

La solicitud fue admitida por el Consejo de Estado, Sala Quinta mediante auto del 8 de agosto de 2012, en el mismo se ordenó la notificación a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, al Juez 22 administrativo del circuito de Medellín, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, por tener intereses en el resultado de la presente tutela. El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el Juez 22 Administrativo del circuito de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía ejercieron su defensa.

1.4.1. Respuesta del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.

Se realizó un recuento de las actuaciones de ese tribunal dentro del trámite de la acción de reparación directa referida con anterioridad, manifestaron que se observó una grave irregularidad dentro del trámite del proceso la cual consistió en la inclusión de una prueba indispensable para demostrar el parentesco en fecha posterior a la de la presentación de la demanda; razón por la cual se adoptó la decisión de no otorgar valor probatorio alguno al documento, por considerar que fue allegado irregularmente al expediente.

Afirmaron también que fueron negadas las pretensiones de las tutelantes por carecer de legitimación en la causa para reclamar los perjuicios en su calidad de damnificadas con la muerte del señor Iván Darío Patiño Benjumea, ya que pese a que tuvieron la oportunidad de acreditar el parentesco y los daños sufridos no lo hicieron.

Finalmente adujeron que en virtud de lo anterior no hubo violación de derechos fundamentales, razón por la cual solicitaron negar el amparo solicitado.

1.4.2. Respuesta del Juzgado 22 Administrativo del circuito de Medellín.

Realizó un recuento de las actuaciones de ese juzgado dentro de la acción de reparación directa referida con anterioridad y solicitó la improcedencia de la solicitud de tutela por no configurarse los requisitos para la existencia de una vía de hecho.

1.4.3. Respuesta de la Policía Nacional.

El secretario general de esa entidad señaló que en el caso concreto la solicitud de tutela no cumplía con las “exigencias primordiales para dirigir una tutela contra providencia judicial” en consecuencia solicitó que se declare improcedente la presente solicitud de amparo.

1.4.4. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación.

La jefe de la oficina jurídica de esa entidad aseveró que las accionantes tenían a su disposición otros medios de defensa judicial que no agotaron en su debida oportunidad.

Afirmó que la intención de las accionantes es crear a través del amparo constitucional otra instancia judicial en consecuencia solicitó que se declare improcedente la presente solicitud de amparo.

II. La decisión impugnada

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia el 6 de diciembre de 2012, por medio de la cual rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta. El juez de instancia determinó que “la solicitud de protección es improcedente porque se dirige contra una providencia judicial únicamente por estar en desacuerdo con su sentido, al ser adversa a los intereses del tutelante, mas no así, porque se alegue y se demuestre que tal decisión contiene una protuberante lesión del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia o del derecho de defensa”(2).

Finalmente sostuvo “que los argumentos de las accionantes, no comportan en sí mismos un vicio procesal ostensible y grave que haga procedente la tutela contra la providencia judicial censurada, puesto que no sustenta, ni de ellos se evidencia la vulneración atribuida a los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. En consecuencia, la presente solicitud de amparo no encaja dentro de las circunstancias de procedibilidad establecidas por esta Sala”(3).

III. La impugnación

Mediante escrito presentado el 24 de enero de 2013, la parte actora manifestó su inconformidad con la decisión adoptada en primera instancia. En su concepto agotaron todos los medios jurídicos y finalmente se emitió la providencia objeto de tutela, aclararon que el objeto de la tutela no fue la vulneración del debido proceso en el sentido de no haberse concedido los recursos de ley, sino que la tutela incoada se fundamentó en que el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental.

Finalmente recalcaron que no compartían el argumento de que la tutela contra providencias judiciales implica desconocer los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica e independencia de la autoridad judicial.

IV. Consideraciones de la Sala

4.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por los artículos 1º y 4º del Decreto 1382 de 2000 en materia de competencia para conocer de las acciones de tutela interpuestas contra decisiones judiciales y de su impugnación, en armonía con lo dispuesto por el artículo 2º literal b) del Acuerdo 55 del 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sala de Decisión es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada en primera instancia por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el pasado 4 de octubre dentro de este expediente.

4.2. Presentación del caso y problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos de la parte demandante, la autoridad judicial vulneró sus derechos al debido proceso y a la igualdad, primero, por haberse inhibido frente a una decisión de fondo sobre el señor Iván Darío Patiño Benjumea toda vez que fue comprobado que éste al momento de presentación de la demanda ya había muerto; y segundo, por haber rechazado las pretensiones de las accionantes en razón de que el registro civil de la víctima había sido aportado extemporánea e ilegítimamente al proceso, por lo cual no se le dio validez probatoria al mismo y al valorar los demás medios probatorios obrantes dentro del proceso se determinó que no se había logrado demostrar parentesco ni tampoco los daños sufridos por las accionantes a raíz de las lesiones sufridas por el señor Patiño Benjumea.

Así las cosas, el problema jurídico a resolver por esta Sala consiste en determinar si en el presente caso, al haberse declarado inhibido y haber rechazado las pretensiones por las razones indicadas con anterioridad, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia incurrió en una vía de hecho.

4.3. Análisis del asunto.

Resolver los cuestionamientos planteados en el apartado anterior presupone, en primer lugar, hacer una revisión somera de los presupuestos y requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda la acción de tutela contra decisiones judiciales (1); para pasar a examinar luego el cumplimiento de los requisitos o presupuestos de procedencia (2) y, de ser el caso, analizar las causales de procedibilidad en el caso concreto. Con base en el resultado de las consideraciones anteriores se procederá a definir la procedencia de la presente acción de tutela.

4.3.1. Los presupuestos y requisitos de procedibilidad de la acción de tutela frente a decisiones judiciales establecidos por la jurisprudencia constitucional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares, en los casos señalados por el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela.

Si bien esta disposición constitucional no excluye del control de tutela las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, tempranamente la jurisprudencia constitucional advirtió la necesidad de establecer un régimen particular de control frente a esta clase de determinaciones. Los riesgos de poner en entredicho instituciones vertebrales del orden jurídico constitucional como el principio de seguridad jurídica, la independencia y autonomía judicial, la cosa juzgada o garantías esenciales como el juez natural o el debido proceso, han servido de base para la construcción de este particular régimen de procedencia de la acción de tutela. De aquí que desde la Sentencia C-543 de 1992 se haya dejado en claro que el juez de tutela no puede inmiscuirse de cualquier manera en un proceso en curso o ya cursado, desplazando al juez natural o usurpando sus competencias mediante la adopción de decisiones que no le corresponden y que exceden sus facultades de juez constitucional. Según lo sostenido por la Corte Constitucional en este pronunciamiento el juez de tutela:

No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia (C.N., art. 228), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio (C.N., art. 29), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales (resaltado fuera de texto).

Esta misma preocupación por el desquiciamiento de las garantías judiciales que ofrece el sistema normativo y por la anulación práctica de disposiciones constitucionales como las que sancionan la existencia de jurisdicciones autónomas, separadas y especializadas en el conocimiento de determinados asuntos, llevó a que en este mismo fallo la Corte Constitucional indicara que “no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas”.

De este modo, aun cuando existe claridad meridiana sobre el hecho que el juez de tutela no puede concebirse ni actuar como un juez de instancia, la necesidad de reconocer la primacía de los derechos fundamentales (C.P., art. 5º) y de promover condiciones adecuadas para su amparo también frente a actuaciones procedentes del poder judicial, llevó a la jurisprudencia constitucional a acoger la doctrina de la vía de hecho. Con base en esta construcción, de forma muy excepcional, se admite el uso de la acción de tutela para cuestionar aquellas decisiones que por contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional, no pueden tenerse por pronunciamientos judiciales.

Con todo, las restricciones que en términos de protección de derechos supone la exigencia de configuración de una vía de hecho condujeron a que la jurisprudencia constitucional adoptara, a partir de la Sentencia C-590 de 2005, una visión más amplia, objetiva y garantista de las condiciones que deben presentarse para que proceda en un caso concreto la acción de tutela contra decisiones judiciales. A partir de esta providencia la procedibilidad del amparo frente a las decisiones judiciales está supeditada al cumplimiento de los denominados “requisitos generales de procedencia” y a la verificación de las “causales generales de procedibilidad”(4) definidas.

En relación con los primeros se ha señalado que son requisitos o presupuestos generales de procedencia de la acción los siguientes:

a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

f) Que no se trate de sentencias de tutela.

En lo atinente a los segundos se ha manifestado igualmente que representan causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales las siguientes anomalías:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales(5) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f)(sic) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.

i) Violación directa de la Constitución.

Aun cuando por varios años el criterio mayoritario al interior del Consejo de Estado fue reacio a aceptar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (rad. 2009-01328), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en aras de rectificar y unificar el criterio jurisprudencial, se consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales —sin importar la instancia y el órgano que las profiera— que resulten violatorias de derechos fundamentales, siempre que se den los requisitos o presupuestos de procedencia y causales de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial(6).

Atendiendo a este nuevo criterio jurisprudencial, esta Sección, en Sala de 23 de agosto de 2012, adoptó como parámetros a seguir para determinar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional (M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño), sin perjuicio de las demás pronunciamientos que esta corporación elabore sobre el tema. De aquí que sean los elementos delineados por la jurisprudencia constitucional antes señalada los llamados a ser empleados en la definición de la procedencia o no de la acción interpuesta.

4.3.2. Examen del asunto a la luz de los presupuestos o requisitos de procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales.

De conformidad con la doctrina establecida en la mencionada Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, como ya fue mencionado, en primer lugar se debe verificar que en el caso objeto de revisión se cumpla con los siguientes requisitos generales: (i) Que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial —ordinarios y extraordinarios— de que disponga el afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que quien solicita el amparo identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

En el caso concreto se aprecian los siguientes elementos que permiten fundamentar el cumplimiento de los susodichos requisitos generales de procedencia:

a) En cuanto a la relevancia constitucional de la controversia, se observa, a la luz de los argumentos de las demandantes y de las implicaciones de las decisiones que originan el presente proceso, la posible afectación de derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

b) En lo relativo a que el accionante haya hecho uso de todos los mecanismos procesales disponibles, se tiene que tras el agotamiento del recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, se observa que también se cumple con este requisito.

c) En lo concerniente al requisito de la inmediatez, consta en el expediente que la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de mayo de 2012 fue notificada por edicto el primero de junio de 2012.

Teniendo en cuenta que la acción de tutela fue interpuesta el día 3 de agosto de 2012 resulta sencillo concluir que su presentación cumplió con el requisito de inmediatez.

d) En referencia a que exista una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia los demandantes sostienen que el Tribunal Administrativo de Antioquia se inhibió respecto de las pretensiones del señor Patiño Benjumea cuando debió haber fallado de fondo y sostiene que las decisiones del tribunal respecto de las demás demandantes obedecieron a un exceso ritual manifiesto lo cual conllevó directamente al rechazo de las pretensiones de las mismas. Por lo tanto, también se cumple con este requisito.

e) Se exige igualmente que quien solicita el amparo identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible. La lectura del escrito de tutela permite apreciar que también se cumple este requisito, pues no se trata de acusaciones vagas o genéricas, sino de cargos formulados con la claridad suficiente para satisfacer razonablemente esta exigencia.

f) Por último, se requiere que no se trate de sentencias de tutela, esto es, que la acción de tutela no se dirija contra una decisión adoptada en un proceso de esta índole. Teniendo en cuenta que no es el caso, también se cumple con este requisito.

A. Examen del asunto a la luz de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela frente a decisiones judiciales.

El cumplimiento de los presupuestos o requisitos generales de procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales hace posible avanzar al siguiente paso dentro del esquema metodológico diseñado por la jurisprudencia, esto es, al examen de la configuración de alguna de las siguientes causales de procedibilidad establecidas:

• Defecto orgánico.

• Defecto procedimental absoluto.

• Defecto fáctico.

• Defecto material o sustantivo.

• Error inducido.

• Decisión sin motivación.

• Desconocimiento del precedente.

• Violación directa de la Constitución.

En este caso, teniendo en cuenta los cargos formulados por el accionante, el análisis a realizar se circunscribirá a la causal invocada, es decir: la configuración de un defecto.

a. Valoración de la configuración de un defecto procedimental:

Frente a este punto se deben estudiar tres temas que permitirán determinar si en efecto el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia incurrió o no en alguna irregularidad procesal, lo temas son los siguientes: a) Capacidad para ser parte; b) Legitimación en la causa y c) fallos inhibitorios, resolviendo estos tres aspectos se estará en la capacidad de determinar si el haber declarado de oficio la falta de legitimidad en la causa por activa y el consecuente rechazo de pretensiones produjo irregularidad procesal y finalmente determinar si la autoridad demanda podía inhibirse ante el hecho de haber determinado que la víctima había muerto con anterioridad a la presentación de la demanda contentiva de la acción de reparación directa.

a) Capacidad para ser parte

La capacidad para ser parte la tiene toda persona que exista e incluso el que está por nacer, sea ésta de derecho privado o público, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones(7). A esta capacidad se le suma el poder que se instala en ellos de acción y de excepción. En consecuencia, la capacidad para ser parte se manifiesta en la aptitud para que una persona sea titular de derechos, facultades, deberes, obligaciones y cargas que surjan como consecuencia del proceso. El tratadista Valencia Zea afirma que tienen capacidad para ser parte todos los sujetos de derechos, manifestando que las personas naturales la tendrán desde antes de nacer hasta el día de su muerte(8).

De lo anterior se concluye que en tratándose de la capacidad para ser parte de las personas naturales, ésta se agota con la muerte de la persona.

La presente definición resulta de suma importancia pues es un elemento procesal determinante para el nacimiento de la relación jurídico procesal que se produce cuando se traba la litis en un proceso determinado, toda vez que, en principio, sin la constatación de la presencia de los elementos procesales no puede haber un pronunciamiento de merito. En efecto, así lo consideraba el Consejo de Estado(9) en cuyo concepto si alguno de los presupuestos procesales hacía falta al momento de fallar, era obligación del juez proferir un fallo inhibitorio sin embargo, como se verá más adelante, el mismo Consejo de Estado cambió su jurisprudencia para determinar que ante la ausencia de cualquier presupuesto procesal no se debe dar paso a un fallo inhibitorio.

Visto lo anterior, es pertinente manifestar que además de la existencia de la capacidad para ser parte y otros presupuestos para acudir a la administración de justicia, es necesaria la existencia de requisitos adicionales, dentro de los cuales se encuentra el de estar legitimado en la causa para demandar o para ser demandado (por activa o por pasiva), o lo que es lo mismo, el demandante debe ser titular del derecho que reclama y el otro debe ser el llamado a responder, razón por la cual a continuación se procederá a realizar el estudio y análisis pertinente del requisito de legitimación en la causa.

b) Legitimación en la causa

En cuanto a la legitimación en la causa debe decirse que se han identificado dos tipos: la primera es la legitimación en la causa de hecho la cual alude y hace referencia específicamente a la relación procesal que nace después de presentar la demanda y la notificación del auto admisorio de la misma. Es a través de la legitimación en la causa de hecho que se faculta a los sujetos procesales para intervenir en el trámite que resolverá el litigio que los enfrenta, ejerciendo por su puesto sus derechos de defensa y contradicción.

La segunda es la legitimación en la causa material; esta legitimación supone la conexión entre las partes y los hechos que dieron lugar al conflicto, ya sea porque resultaron perjudicadas por el acontecimiento de éstos o porque dieron lugar a la producción del daño. Por ello ocurre que en algunos casos un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero no poseer legitimación en la causa material. Esto ocurre cuando a pesar de que el sujeto haya logrado ser parte dentro del proceso, bien sea como demandante o como demandado no guarde relación alguna con los intereses involucrados en el mismo en razón de que no tiene conexión con los hechos que motivaron el litigio, es decir, no existe una relación jurídico sustancial. Cuando no se logra probar legitimación en la causa de hecho las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, toda vez que el demandante carecería de un interés jurídico lesionado y apto para ser resarcido o por el otro lado, el demandado no estaría en la obligación, dado el caso, de reparar los perjuicios ocasionados.

Al respecto el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente

“En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(10).

Por lo anterior se afirma que únicamente podrá estar legitimado en la causa materialmente quien logre probar que tiene una relación real con los hechos que han dado lugar a la demanda o que sea titular de la relación jurídico sustancial que se va a discutir dentro del proceso(11). Quien se crea legitimado en la causa material no solo tiene la carga de acreditar dicho interés; sino también tiene la carga de demostrar los hechos que le sirven como fundamento a sus pretensiones, pues si no lo hace obtendrá como respuesta la negación de las mismas, toda vez que no habrá sido posible que el juez estableciere con certeza el grado de veracidad de sus pedimentos.

c) Fallos inhibitorios

Como se anunció anteriormente, el Consejo de Estado en algún momento sostuvo que ante la inexistencia de algún presupuesto procesal se abría la puerta a un fallo inhibitorio. Sin embargo, toda vez que la jurisprudencia constitucional ha indicado que los fallos inhibitorios tienen que evitarse en la medida de lo posible con el fin de no incurrir en denegación injustificada de justicia, se ha hecho la siguiente reflexión: Se ha entendido que los presupuestos procesales son unas condiciones necesarias para que la relación jurídico procesal sea generada válidamente, lo cual a su vez permitirá que el juez pueda decidir sobre el mérito del litigio que se pretende resolver. Esos presupuestos han sido identificados como la demanda en forma, la competencia y jurisdicción del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. En algún momento se sostuvo que la inexistencia de cualquiera de los presupuestos procesales referido indicaba la necesidad de un fallo inhibitorio, pero hoy se ha establecido por parte de esta corporación que en aras de evitar denegación injustificada de justicia debe efectuarse una interpretación restrictiva de qué supuestos habilitan al juez para dictar una sentencia inhibitoria. En este sentido, se ha afirmado que una causa justa para inhibirse es la ausencia del presupuesto procesal de capacidad para ser parte(12).

Al respecto ha dicho el Consejo de Estado lo siguiente:

Si bien se había venido sosteniendo que tales condiciones eran la demanda en forma, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, y que la ausencia de alguna de ellas conducía a sentencia inhibitoria, lo cierto es que hoy en día se entiende que la inhibición por la ausencia de presupuestos procesales se reduce a la falta de capacidad para ser parte y a algunos casos excepcionales de inepta demanda pues las dos restantes, así como cualquier otro vicio que expresamente señale la ley, configuran causales de nulidad que deben regirse por los artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”(13) (resaltado fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, observa esta Sala que el fallo inhibitorio dictado en este caso es acertado, toda vez que no le quedaba opción alguna al juez para fallar de fondo, pues quien demandó, es decir, el señor Patiño Benjumea no tenía vocación de ser sujeto de derechos; es por ello que el fallo inhibitorio respecto de éste no riñe con la jurisprudencia constitucional en cuanto a fallos inhibitorios se refiere.

Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:

“En otras palabras, es forzoso demostrar que el juez, habiendo agotado la totalidad de las posibilidades que el ordenamiento jurídico le ofrece para resolver y adoptadas por él la totalidad de las medidas conducentes a la misma finalidad se encontraba en una situación en la cual le resultaba absolutamente imposible proferir una decisión de fondo. De no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría apartando por completo del derecho vigente, pues se distanciaría, nada menos, que de la obligación que le incumbe de administrar justicia”(14) (resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas no se puede generar discusión en cuanto a que ante la ausencia del presupuesto procesal de capacidad para ser parte el juez no tiene más remedio que emitir un fallo inhibitorio, sin que por ello se estén afectando derechos fundamentales de ninguna persona. Por otro lado, si efectivamente se encuentra que el demandante y el demandado tienen capacidad para ser parte se hace necesario un fallo de fondo sobre el asunto, valorando, como es lógico y perentorio el acervo probatorio que se recaude para tal fin.

4.3.3. Resolución del caso concreto.

Los razonamientos anteriores implican hacer un análisis del caso concreto evaluando cada uno de los temas referidos con anterioridad de cara a la actuación del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En cuanto a la inhibición para fallar lo referente al señor Iván Darío Patiño Benjumea, encuentra la sala que no se ha cometido ninguna trasgresión procesal, toda vez que como quedó claro, el juez no tenía otro camino que tomar la decisión de inhibirse, pues del expediente se observa que al momento de interposición de la demanda, el 21 de mayo de 2004, el señor Patiño Benjumea ya había muerto, según consta en el registro de defunción (ene. 17/2003)(15), lo cual significa que para ese momento no tenía capacidad para ser parte. En consecuencia la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia fue acertada y no vulneró desde ningún punto de vista derecho fundamental alguno. Lo que hizo el tribunal, además, fue darle aplicación directa a los artículos del Código Civil pertinentes o relacionados con la incapacidad absoluta que genera el fallecimiento de una persona en Colombia.

En cuanto a la declaración de oficio de falta de legitimación en la causa por activa de las aquí accionantes debe decirse que con preocupación se observa que efectivamente la prueba idónea (pero no la única) para acreditar el parentesco de las accionantes con la víctima, es decir, el registro civil de nacimiento del señor Iván Darío Patiño Benjumea, fue expedido el 25 de abril del año 2005(16), esto es, un año y un mes después de haber interpuesto la demanda; situación que además de generar serias sospechas sobre las conductas procesales de los entonces demandantes, implica que no se aportó en las oportunidades probatorias señaladas por el Código de Procedimiento Civil, el cual es aplicable por remisión expresa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo. Siendo esto así, y en vista del carácter preclusivo de las etapas procesales, se observa que la determinación del tribunal de no otorgar valor probatorio alguno a ese documento ilegítimamente incorporado al expediente resulta legítima. Por esta causa no se podía utilizar ese documento para determinar las relaciones de consanguinidad entre Iván Darío Patiño Benjumea y las accionantes; debiéndose entonces acreditar este parentesco por cualquier otra vía probatoria.

Frente a lo anterior afirman las accionantes que se constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en aras de resolver esa acusación nos detendremos en este punto.

La jurisprudencia constitucional ha dicho respecto de ese defecto procedimental lo siguiente:

“A modo de síntesis, la Sala considera que (i) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una verdadera denegación de justicia; (ii) si bien los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial. Dicho exceso se puede dar por incurrir en un rigorismo procedimental en la valoración de la prueba que lleve incluso a que la misma sea desechada, o por exigir el cumplimiento de requisitos sacramentales que pueden resultar siendo cargas excesivas o imposibles de cumplir para las partes; y, (iii) generalmente el exceso ritual manifiesto tiene relación directa con el defecto fáctico, al punto que el error en la valoración de la prueba lleva al juez natural a una errada conclusión que incide directamente en el resultado del proceso judicial”.

Teniendo en cuenta lo anterior, haremos el análisis frente a la conducta del Tribunal Administrativo de Antioquia; del expediente y de lo desarrollado en la presente sentencia se concluye que el tribunal (i) no utilizó el procedimiento como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial; (ii) no se opuso a la prevalencia del derecho sustancial, (iii) no fue excesivo en desechar una prueba, pues se observa en el proceso que curiosamente un documento que debía ser aportado con la demanda, tenia fecha de expedición de un año y un mes posteriores a la interposición de la misma, como mínimo éste debía ser desechado, sin perjuicio de las investigaciones que alrededor de esa situación se pudieren haber generado. En este orden, antes que afectar derechos fundamentales o vulnerar la legalidad, la conducta del tribunal se ajusta plenamente a los mandatos de la Constitución y la ley, por cuanto busca, justamente, garantizar un debate procesal justo y legal, acorde con las exigencias de la legalidad y de la garantía del debido proceso. En consecuencia, mal podría reprochársele su especial celo con el respeto de preceptos que constituyen el presupuesto de una recta administración de justicia.

Finalmente, debe anotarse que al desestimar la prueba del registro civil el tribunal demandado no impidió que los aquí accionantes pudieran probar su situación mediante otros medios probatorios. Situación distinta es que no se haya cumplido a cabalidad con la carga de demostrar primero, el parentesco de las aquí accionantes con la víctima y segundo los hechos dañinos y el nexo de causalidad para que en consecuencia obtuvieran el resarcimiento de perjuicios morales por el acaecimiento de las lesiones a Iván Darío Patiño Benjumea. El tribunal no las concedió, pues no logró establecer con certeza la veracidad y la justicia de la causa de los demandantes. No debe confundirse entonces la falta de pruebas en un proceso con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Las razones expuestas con anterioridad son suficientes para declarar improcedente la acción de tutela interpuesta. El no cumplimiento del requisito de la existencia de una irregularidad procesal fijado por la jurisprudencia impide conceder la protección especial solicitada por la parte actora.

Así las cosas, al no cumplir con el susodicho requisito, la Sala considera que en la presente acción de tutela debe negarse el amparo toda vez que no se observó ninguna irregularidad procesal que haya tenido efectos directos en la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la providencia apelada pero por las razones aducidas en la parte motiva de esta sentencia.

Por secretaría y dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del cuatro (4) de abril de 2013.

Magistrados: Marco A. Velilla Moreno, ausente en comisión —María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

(1) Folios 11 y 12 del expediente de tutela.

(2) Folios 176 y 177.

(3) Folio 182.

(4) Las clasificaciones consignadas en las consideraciones del fallo C-590 de 2005, relacionadas con los “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, han sido reiteradas entre muchas otras en las sentencias SU-813 de octubre 4 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-555 de agosto 19 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-549 de agosto 28 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-819 de noviembre 18 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-268 de abril 19 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(5) Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.

(6) Sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González.

(7) Artículo 44 el Código de Procedimiento Civil.

(8) Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, T. I, 5ª Edición, Bogotá, Editorial Temis, 1972.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá, D.E., veintidós de abril de mil novecientos ochenta y dos (1982) Consejero: Jorge Dangond Flores.

(10) Consejo de Estado, sentencia del 28 de julio de 2011, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, ver sentencias del Consejo de Estado, de septiembre 20 de 2001, M.P. María Elena Giraldo Gómez, expediente 10973; de junio 17 de 2004, M.P. María Elena Giraldo Gómez, expediente 14452; de noviembre 22 de 2001, M.P. María Elena Giraldo

(12) Sobre este aspecto cfr. H. F. López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Parte General. T. I, Bogotá, Dupré Editores, 2009, pág. 967 a 977.

(13) Consejo de Estado, Sentencia 28 de marzo de 2012, C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(14) Corte Constitucional, Sentencia T-1017 del 13 de diciembre de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(15) Folio 338 del expediente de instancia.

(16) Folio 3 del expediente de instancia.