Sentencia 2012-01413 de marzo 23 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201201413 02

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta 24 de la misma fecha.

Ref.: Disciplinario contra abogado Jaime Erneido Torrado Llaín.

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

2.1 Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir este recurso de apelación de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, y 81 de la Ley 1123 de 2007.

En razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció:

(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Por otro lado, se tiene que potestad sancionatoria es la facultad pública del Estado de fiscalización de ciertos comportamientos de los administrados y la imposición de medidas restrictivas de derechos ante la inobservancia de las reglas que prescriben aquellos, así las consecuencias que se derivarían de un derecho sancionatorio construido exclusivamente sobre principios provenientes del derecho público estatal, en el que prima, como es obvio, la protección de los intereses generales y colectivos, por encima de cualquier otra consideración, como podría ser, entre otros aspectos fundamentales, el respeto escrupuloso de las garantías individuales.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “(…) a través del derecho sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no solo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas”.

Caso concreto.

De la prescripción. Sobre el punto controversial acerca de la naturaleza permanente de la falta imputada al sancionado, de la cual se apartó en su escrito de apelación el abogado investigado, esta Sala en aplicación de la Ley 1123 de 2007, reitera la invariable posición que sobre la utilización de dineros ha venido sosteniendo, aplicable extensivamente al caso concreto, pues la retención y la utilización, no se consuma en un solo acto, sino permanece en el tiempo mientras demore la entrega de lo recibido a sus legítimos destinatarios, es decir hasta que no se verifique la entrega total de los dineros, se está infringiendo el deber de honradez para con los clientes. En el caso concreto lo debía hacer el togado una vez recibió el dinero, pero se sustrajo de cumplirlo hasta el 21 de marzo de 2012, es decir después de la denuncia disciplinaria, entregó al quejoso la suma de $ 13’000.000 en efectivo, dos cheques posfechados, uno por valor de $ 5’000.000 el 15 de abril de 2012 y otro por $ 3’500.000 para el 15 de mayo de 2012, para un total de $ 21’500.000.

El artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 establece: “la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización el último acto ejecutivo de la misma (…)” (subrayado fuera de texto).

Por tanto lo primero es establecer el carácter de la falta que para el presente caso es permanente, de esta forma el instante a partir del cual debe empezarse a contar el término sería desde el momento en que el abogado disciplinado haya entregado a su cliente los dineros que había recibido como producto del proceso hipotecario, lo cual se dio entre el 21 de marzo y 15 de mayo de 2012, fecha en la que le realizó el último pago, por tanto mientras la conducta punible permanezca ejecutándose en el tiempo no hay lugar siquiera de empezar a contar la prescripción.

Según lo anteriormente dicho, procede esta Superioridad a negar la solicitud de prescripción deprecada por el abogado disciplinado, y en virtud de la competencia, antes mencionada, procede la Sala a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el 31 de octubre de 2014, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con suspensión de veinticuatro (24) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Erneido Torredo Llaín, al hallarlo responsable de la falta consagrada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, del siguiente tenor:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Frente a la falta anteriormente descrita esta Superioridad precisa que constituye una conducta de carácter permanente, la cual subsiste mientras se encuentre en el deber de hacer entrega de dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión y que no le pertenecen, comportamiento constituyente de ilicitud disciplinaria hasta tanto se ponga fin a la no entrega o indebida retención del emolumento, bien o documento.

En este orden de ideas, es oportuno señalar que la demora injustificada y consciente en que incurre el togado para entregar a su legítimo propietario los dineros recibidos por la gestión encomendada, sin lugar a dudas comporta la falta disciplinaria contenida en dicha norma.

Según lo anteriormente dicho, procede esta Superioridad a traer a colación los elementos de prueba obrantes en el plenario que sirvieron de base para endilgar responsabilidad disciplinaria por el seccional de instancia, veamos:

— Obra a folios 6 y 7 del cuaderno original el poder otorgado por el quejoso, señor José Daniel Molina Morales el 27 de junio de 2005 para que lo representara en un proceso de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, por privación injusta de la libertad de la cual fue víctima. Dicho proceso correspondió al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, corporación que declaró responsable administrativamente a la entidad demandada mediante sentencia del 11 de diciembre de 2008 (folios 105 a 119 del c.o.).

— En ese asunto se realizó una conciliación a solicitud del Ministerio Público, la cual fue aprobada el 25 de noviembre de 2009 (folios 10 al 21 del c.o.).

— Ante tal decisión el quejoso le otorgó poder nuevamente al abogado Jaime Erneido para el cobro de la sentencia ante la Fiscalía General de la Nación, y aunado a ello le otorgo otro poder para suscribir en su nombre y representación un contrato de cesión de derechos litigiosos con la sociedad CKP S.A. Consultores Capital Productivo (Folios 189 al 194 del c.o.).

— El ente investigador (Fiscalía General de la Nación) informó que el pago del acuerdo conciliatorio se realizó mediante la Resolución 30 del 25 de febrero de 2011 por valor de $ 30.755.924, suma que fue consignada en el Banco Davivienda a nombre de Consultores Kapital Productivo el 16 de marzo de 2011, en virtud de la cesión de derechos celebrada entre el apoderado judicial (facultad conferida en el poder) y el representante legal de la empresa (Folios 143 y 144 del c.o.).

— Así mismo, La sociedad Consultores Kapital Productivo remitió copia de toda la documentación relacionada con el aludido contrato de cesión de derechos litigiosos (folios 171 a 185 del c.o.).

— Se cuenta con la declaración del representante legal de dicha persona jurídica, el 22 de abril de 2014, quien señaló que canceló al abogado Jaime Erneido Torredo Llaín el 30 de noviembre de 2010 la suma de $ 12.376.665 mediante cheque 88724-1, el 22 de diciembre de 2010 la suma de $ 12.321.558 mediante cheque 88761-6 y el 13 de marzo de 2012 la suma de $ 1.466.412 mediante cheque 33864-7, títulos valores del Banco Davivienda (Folios 290 a 292 del c.o.).

— A su vez, el Banco Davivienda el 7 de mayo de 2014 informó que los cheques Nº 33864-7, 88761-6 y 88724-1 pertenecientes a las cuentas bancarias Nº 930061638639 y 930060776810 fueron pagados el 30 de noviembre y el 22 de diciembre de 2010, el 15 de marzo de 2012.

Pues bien, el togado al haber pactado honorarios a cuota litis el 30%, así mismo haber recibido los dineros correspondientes a la indemnización por privación injusta de la libertad desde el 30 de noviembre y el 22 de diciembre de 2010 y 15 de marzo de 2012, solo después de la queja disciplinaria le entregó la suma que le correspondía a su cliente en cuantía de $ 21’.500.000, según el recibo aportado del 21 de marzo de 2012 (folio 96 del c.o.).

Bajo ese contexto, tal y como lo evidenció la instancia, emerge sin ambages la materialidad de la infracción, pues está claro el ánimo de no entregar los dineros entre el 30 de noviembre de 2010 y el 21 de marzo de 2012, data a partir de la cual el abogado empezó a entregar los dineros, en virtud de este asunto disciplinario.

Encontrando esta Sala, que el disciplinable incurrió en la falta contra la honradez descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en la medida que retuvo sin mediar justificación alguna dineros pertenecientes a su cliente y que recibió en virtud de la gestión encomendada desde noviembre de 2010 ($ 12’376.665), diciembre de 2010 ($ 12’321.558), el 13 de marzo de 2012 ($ 1’466.412) y tan solo en virtud de este disciplinario entregó lo que le correspondía a su cliente.

Finalmente, en lo referente a la sanción, considera esta Sala que la suspensión de 24 meses en el ejercicio de la profesión al abogado encartado debe mantenerse, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta que es netamente dolosa, las circunstancias en que se cometió la falta, así como el cuidado empleado por el conocedor de las normas para retener una suma considerable de dinero de su cliente por más de 1 año, retornándolos solo en virtud de este asunto disciplinario.

Dicha conducta no puede pasar inadvertida por esta Jurisdicción Disciplinaria, en virtud a principios como de necesidad, para que los abogados se abstengan de realizar dichos comportamientos, por los intereses que lesionan a un ciudadano y a la sociedad en general.

En cuanto al perjuicio causado al quejoso, fue grave ya que este estaba confiado de que su gestión estaba en curso y no le había sido reconocida ninguna suma de dinero por la indemnización a que tenía derecho por haber sido privado injustamente de la libertad.

Respecto a su solicitud en el sentido de la necesidad de dársele aplicación al artículo 45 literal B numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, que dispone:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

B. Criterios de atenuación.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios”.

Encuentra esta Sala que es improcedente para el caso concreto, pues como se vislumbra en el dossier el disciplinado ante la presión de iniciada una investigación disciplinaria en su contra, es que procedió a devolver a su cliente los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional, por tanto no se configura la causal de atenuación que pretende hacer valer.

En este orden de ideas, se observa que la sanción impuesta es proporcional al grado de afectación surgido para su cliente, conforme se ilustró en líneas anteriores, máxime que los elementos de juicio probatorios fueron contundentes en la demostración objetiva y subjetiva de las conductas reprochadas disciplinariamente, pues no fueron desvirtuados ni mucho menos justificadas.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de declaratoria del fenómeno jurídico de prescripción impetrada por el disciplinable, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

2. CONFIRMAR la sentencia emitida el día 31 de octubre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual impuso sanción de suspensión de veinticuatro (24) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Erneido Torrado Llaín, tras hallarlo responsable de la falta establecida en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, conforme a las consideraciones expuestas.

3. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Oficina de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación.

4. DEVOLVER el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».