SENTENCIA 2012-01424 DE DICIEMBRE 6 DE 2016

 

Sentencia 2012-01424 de diciembre 6 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201201424 01/F

Aprobado según Acta 110, de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el título XII, capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “(…) los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

II. Aspectos Generales de la competencia

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el a quo, en las presentes diligencias.

Esta corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que esta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, solo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta Colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

III. Caso Concreto.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el disciplinado contra la sentencia proferida el 18 de julio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(6), por medio de la cual se impuso sanción de multa de un salario Mínimo Legal Mensual Vigente para el año 2012, a la doctora Evangelista Yira Perea Henríquez, en su condición de Jueza 5ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, tras hallarla responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y que constituye falta disciplinaria dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

En primer término la Sala, encuentra que la conducta desplegada por la disciplinada tiene que ver con la mora injustificada en evacuar la tutela 201100499-00, a cargo de la doctora Evangelista Yira Perea Henríquez, en su condición de Jueza 5ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que de conformidad con las pruebas allegadas al mismo, la Funcionaria pretermitió los términos previstos en el inciso 5º del artículo 86, de la Constitución Nacional, en cual establece: “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días, entre la solicitud de tutela y su resolución”; lo que hace que su conducta vaya en contravía del deber que tenía el funcionario de aplicarlos como lo establece el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y por tanto incursionó también en lo establecido en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conducta reprochable desde el punto de vista disciplinario la cual se le endilga a la disciplinable, ya que su conducta no fue justificada o atenuada con material probatorio que permita a esta Sala variar la apreciación dada por el a quo en el pliego de cargos y en las argumentaciones expuestas en la sentencia de primera instancia, por tal razón la falta deberá ser objeto de confirmación como en efecto se hará.

Para esta Colegiatura la calificación de la falta a título de culpa, resulta adecuada en la medida que con su actuar el funcionario implicado retardó de manera injustificada decisiones y procedimientos dejando transcurrir 17 días, sin decidir el asunto, cuando estaban todos los elementos para efectuarlo lo cual afectó de manera grave la prestación de un servicio esencial como el de justicia, y los derechos fundamentales del actor lo que conlleva a que el ciudadano quede en la incertidumbre y sin que la justicia se pronuncie para que defina su situación, y por tanto afecta también a las partes involucradas, generando afectaciones de carácter económico, jurídico y personal al no definirse su situación a la mayor brevedad posible, y por tal razón la calificación será confirmada.

Esta Colegiatura, no ahondará en más argumentaciones frente a este asunto, dado que encuentra sin lugar a dubitaciones que la conducta desidiosa que existió, al violar de manera flagrante una disposición constitucional y por ende también el deber de todo funcionario judicial, con las normas que se transcriben a continuación y que fueron enrostradas en el pliego de cargos y ratificadas en la decisión de primera instancia las cuales señalan:

Que el inciso 5º del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, establece la acción de tutela el cual a la letra expresa:

“(…) ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…). En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución (…)”.

De otra parte el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, establece las faltas disciplinarias, norma que dice:

“(…) ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código (…)”.

Considera que con la incursión de la disciplinada en la no aplicación de las normas antes transcritas, eventualmente estaría incumpliendo el deber contemplado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, la cual establece:

“(…) ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las Leyes y los reglamentos (…)”.

Las normas transcritas son elocuentes en cuanto al describir los instrumentos que se encontraban a disposición del funcionario pero además estas normas por el nivel del funcionario son de su conocimiento, por tal razón la calificación atribuida a la falta por el a quo, fue apropiada y ajustada a derecho, dándole el calificativo de culposa grave.

En cuanto las argumentaciones, dadas por la apelante, se debe indicar que si bien cuando existen dilaciones de estas características, mucho más cuando se tienen los instrumentos jurídicos a disposición para corregir el destino de una decisión y de manera descuidada no se falla el proceso dentro de los términos establecidos por la norma Superior, como se establece en esta investigación, cuando la misma constitución es la que instituye el término perentorio, no es dable para el fallador, dilatar la decisión, ya que lo que esta es protegiendo los derechos fundamentales que el actor requiere que se le protejan, y allí mismo se indica que en ningún caso podrá ir más allá de los 10 días, situación que independientemente de los asuntos que tramite de forma ordinaria se le debe dar prioridad, así como las solicitudes de habeas corpus, por tanto, independientemente de la producción y resultados del despacho judicial, se deben atender las acciones de tutela con prioridad, por lo que se coincide con el criterio de la Sala de Instancia en sentido de que no es viable asumir como justificación la producción del despacho judicial, para retardar la decisión de una acción de tutela, ya que su atención es prioritaria y sin superar el término establecido, razón por la cual no se acoge esta solicitud.

Es cuanto a situaciones internas o externas tales como la notificación a las partes, traslado de la tutela a otro despacho judicial, atención de asuntos que tenían que ver con la libertad de las personas detenidas, tampoco son relevantes para las resueltas del asunto disciplinario, toda vez que independientemente de estas situaciones de orden interno que afectan el proceso, es precisamente la directora del despacho la que tiene que sortear este tipo de situaciones para superarlas, ya que independientemente de los demás asuntos, debía con prioridad atender la acción constitucional de tutela, que es materia de estudio en este caso y sin embargo dejó vencer los términos que desde el ingreso al Juzgado el 28 de diciembre de 2011, superó los 17 días hábiles, ya que tan solo se falló el 6 de febrero de 2012, razón de fondo que investiga la jurisdicción disciplinaria en este asunto, es decir las externalidades o asuntos internos de la Rama eran responsabilidad de la disciplinable, por tal razón no son considerados eximentes de responsabilidad, razones por las cuales no son de recibo las argumentaciones de la apelación.

De otra parte la disciplinable argumenta que no se tuvieron en cuenta pruebas presentadas, que se presentó un defecto fáctico negativo por defecto fáctico al sustentar la decisión, violación directa de la constitución por no determinar de manera apropiada la contabilización de términos, fallos donde se exonera por cuanto cumplió de manera eficiente su función como funcionaria judicial; tampoco tiene eco en esta instancia, por cuanto, ninguno de estos presupuestos tiene capacidad para justificar la conducta, en primer término porque las pruebas recaudadas son contundentes, en el sentido de establecer más allá de toda duda que se presentó una decisión de tutela extemporánea; en segundo lugar, por cuanto no existe defecto fáctico negativo ya que las pruebas indican de manera cierta que el expediente ingresó al 26 al Juzgado, con paso al despacho el 28 de diciembre de 2011 y posterior ingreso del 30 del mismo mes y año; y si el fallo fue del 6 de febrero no puede decirse que se falló en tiempo independientemente de cuando hayan o no contestado la acción de tutela la entidad o persona demandada, pues el fallo no debe superar los 10 días desde el ingreso al despacho judicial; en cuanto a los términos, independientemente como se computen a la vista está, que superó con creces la establecida por lo tanto se acoge el razonamiento hecho por el a quo de que la mora fue de 17 días hábiles; y por último el hecho de que existan fallos en su favor dentro de esta jurisdicción, de hechos similares, donde se le exonera por su eficiencia mientras estuvo al frente de ese despacho judicial, se advierte que esta decisión no afecta, ni está afectada por otra decisiones de esta Sala o de la Sala Seccional de Bogotá, en las cuales se le exoneró por la alta producción de la aquí encartada, dichas providencias en con sideración de esta Sala, no es eximente de responsabilidad en la medida que los hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar son diferentes, y por tano si la disciplinable fue eficiente por su alta producción, debió darle prioridad a este asunto, el cual por descuido no tuvo en cuenta los términos y el fallo solo se evacuó el 6 de febrero de 2012; por esta razones sus argumentos no serán tenidos en cuenta para expiar su falta y por tanto será confirmada.

Finalmente trae el argumento que se presentó la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria contemplada en el numeral 1º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, por cuanto se encuadra dentro de dicho precepto al presentarse situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, siendo la congestión en la Rama Judicial su principal argumento, lo cual tampoco tiene relevancia, pues como se indicó con anterioridad los estándares de producción del Juzgado a cargo de la disciplinable, al momento de la ocurrencia de la conducta, bien hubiera podido darle prioridad la asunto bajo estudio (Acción de tutela), como correspondía de conformidad con el mandato constitucional, sin embargo no lo hizo, descuidando de esta forma los términos de dicha acción constitucional y por tano tampoco es de recibo esta eventual causal de exoneración de responsabilidad, en la medida que no que no existe prueba de ni del caso fortuito y menos de la fuerza mayor; así pues, no le asiste razón a la disciplinable sobre ninguna de las razones expuestas en su apelación y por tal razón será confirmada la decisión.

En cuanto a la sanción impuesta de multa de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para el año 2012, atribuida a doctora Evangelista Yira Perea Henríquez, en su condición de Jueza 5ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, esta Sala la encuentra adecuada, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, no registrar antecedentes disciplinarios y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, y de esta forma ajustarla a los criterios establecidos por la Ley 734 de 2002, para este tipo de falta, por lo que la sanción será confirmada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se impuso sanción de multa de un salario Mínimo Legal Mensual Vigente para el año 2012, a la doctora Evangelista Yira Perea Henríquez, en su condición de Jueza 5ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, tras hallarla responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y que constituye falta disciplinaria dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

6 Sala integrada por las Magistradas: Paulina Canosa Suárez (Ponente) y Luz Helena Cristancho Acosta.