Sentencia 2012-01437 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2012-01437-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de tutela

Actora: López Gómez e Hijos Cía. Ltda.

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la Sociedad López Gómez e Hijos Cía Ltda., contra Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR” y la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. Antecedentes

I.1. La solicitud.

La sociedad López Gómez e Hijos Cía Ltda., por conducto de apoderada, interpuso acción de tutela en contra de Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR” y la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad, por presuntas irregularidades en el trámite del proceso coactivo radicado bajo el Nº 2005-01750-01.

I.2. Hechos.

Manifestó que Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR”, inició cobro coactivo en su contra, por unas líneas telefónicas que nunca solicitó ni utilizó, las cuales fueron instaladas en la oficina “311” de la carrera 103 Nº 47-85 de Bogotá, y que, como consecuencia de dicha actuación, le fue embargada la oficina “111” de la citada dirección.

Adujo que durante el cobro coactivo se presentaron excepciones al mandamiento de pago, las cuales “no fueron resueltas de fondo por error en el poder, lo que llevó a que la suscrita presentara escrito de nulidad”.

Indicó que la jurisdicción coactiva, envió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerarse incompetente para conocer de la nulidad presentada.

Afirmó que dicho tribunal corrió traslado para los alegatos finales, pero no decidió sobre la nulidad por considerarse igualmente incompetente, por lo que mediante providencia de 9 de mayo de 2009, devolvió el expediente a la división jurídica de Telecom —en liquidación—, el cual fue recibido el 8 de julio de 2009, mediante Radicado 25329.

Sostuvo que luego de dos años sin saber del proceso, ni de la autoridad que finalmente resolviera la nulidad, presentó una petición ante Telecom —en liquidación— a fin de que informara sobre el trámite dado al expediente.

Expresó que mediante Oficio 021080 de 16 de marzo de 2011, Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR” dio contestación al derecho de petición, y solicitó certificado de libertad del inmueble embargado, a fin de proceder al desembargo del mismo.

Señaló que ese mismo día, envió el certificado de libertad mencionado, reiterando la solicitud de desembargo.

Relató que, posteriormente, mediante Comunicado Nº 38390 de 7 de junio de 2012, Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR” le informó que no podía realizar el desembargo pedido por cuanto la cartera había sido vendida a Sistemcobro SAS, por lo que dicha sociedad era la que debía cancelar el supuesto valor debido.

Precisó que la anterior comunicación se produjo sin haberse decidido la nulidad propuesta, ni emitido pronunciamiento de autoridad alguna sobre el particular.

I.3. Pretensiones.

Solicitó que se tutelen los derechos “al debido proceso, al acceso a la justicia y a la propiedad, derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y ampliamente vulnerados por la autoridad tutelada” (fls. 2 y 3 del exp.).

I.4. Defensa.

I.4.1. Sistemcobro SAS —outsourcing de servicios—, se opuso al amparo constitucional deprecado. En síntesis, adujo:

Que entre el Consorcio de Remanentes Telecom, quien actúa como vocero del patrimonio de remanentes de Telecom —en liquidación— y las Teleasociadas en Liquidación, de una parte, y de otra, el Fideicomiso Alianza Konfigura, cuya vocera era Alianza Fiduciaria S.A., se celebró contrato de compraventa de créditos de vivienda, vehículos y bienestar en el año 2009.

Indicó que, posteriormente, en el año 2010, el Fideicomiso Alianza Konfigura es liquidado y la cartera cedida al fondo de capital privado Alianza Konfigura Activos Alternativos II, el cual es administrado por Alianza Fiduciaria S.A.

Señaló que dentro de los créditos que adquirió de Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR”, no se encuentran las obligaciones a cargo de López e Hijos Cía Ltda., ni de Alogo Ltda., ni de la señora María Cristina López Lalinde (representante legal de la demandante).

Adujo que después de verificar los archivos, se pudo establecer que la obligación materia del proceso coactivo, pertenece a la empresa BCapital SAS., cuyo representante legal es el señor Wilson Sánchez y cuya dirección de notificación es la carrera 18 Nº 78-74, oficina 406 en Bogotá, por lo que solicita que se cite al verdadero acreedor de dichas obligaciones (fls. 131 y 132 del exp.).

I.4.2. La Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se opuso al amparo constitucional deprecado. En síntesis, adujo:

Que la acción de tutela se interpuso después de 3 años de surtida la última actuación en el proceso de cobro coactivo Nº 2005-01750-01, lo que conlleva que la misma no cumpla con el principio de la inmediatez.

Precisó que al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia T-792 de 2009, manifestó:

“A propósito de este requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el hecho de que el mismo exige que la acción sea promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término razonable, luego de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el supuesto vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse, según ha dicho la Corte, en cada caso concreto, con plena observación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

(…)

De este modo, la oportunidad de interposición de la acción de tutela se encuentra estrechamente vinculada con el objetivo que la Constitución le atribuye de brindar una protección inmediata, de manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que , debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela.

(…)”

Concluyó que conforme a la jurisprudencia en cita, no es predicable respecto de la presente acción de tutela el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez, comoquiera que la misma no se interpuso dentro de un término razonable con relación al hecho originario de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados en el sub lite (fls. 148 a 151 del exp.).

I.4.3. El patrimonio autónomo de remanentes —PAR—, contestó la demanda en los siguientes términos:

Que el Gobierno Nacional, mediante los decretos 1615 de 12 de junio de 2003 y 2062 de 24 de julio del mismo año, ordenó la supresión y liquidación de la entonces Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom.

Señaló que el 30 de enero de 2006, se suscribió el acta de liquidación en virtud de la cual, el 31 de enero de 2006, se declaró terminado el proceso de liquidación mencionado.

Explicó que, en consecuencia, la desaparición de la persona jurídica de Telecom “se dio en el marco legal que le era pertinente y aplicable y por esta vía el patrimonio autónomo de remanentes —PAR— tiene la condición de tercero frente a las tutelas instauradas contra la empresa liquidada”.

Precisó que de conformidad con los decretos de liquidación y el contrato de fiducia mercantil mencionados, su naturaleza jurídica es la de un conjunto de bienes producto de la liquidación de las citadas entidades, que carece de personería jurídica y cuya finalidad es la administración, enajenación y saneamiento de los activos no afectos al servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales y reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio y el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines que se indican en el mencionado decreto o que, de conformidad con la ley, correspondan a las sociedades fiduciarias.

Afirmó que, en consecuencia, se rige por lo estipulado en el acto constitutivo, esto es, el contrato de fiducia mercantil, por lo que le son aplicables las normas que regulan la fiducia mercantil, y en general sus actos se desarrollan a la luz de las normas del derecho privado.

Alegó que no es posible acceder a lo solicitado en la tutela de la referencia, por cuanto se celebró un contrato de compraventa de derechos relacionados con la cartera, originada en la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de las extintas Telecom en Liquidación y Teleasociadas en Liquidación con Bohmer Mercado de Capitales S.A. hoy BKapital SAS, suscrito el 20 de noviembre de 2009, cartera en la cual se encuentra relacionado el saldo a cargo de la accionante, que es administrada por la entidad Sistemcobro SAS, por lo tanto la competente para ser parte dentro de la presente acción de tutela es BKapital SAS.

Sostuvo que la acción de la referencia es improcedente, toda vez que esta no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos sustitutivos de los ordinarios ni para revivir términos o crear instancias adicionales (fls. 149 a 155 del exp.).

La empresa BKapital, quien fue vinculada al proceso en calidad de tercera interesada, mediante auto de 14 de noviembre de 2012, visible a folios 303 a 304, contestó la demanda por intermedio de la apoderada del Consorcio Remanentes Telecom, conformado por Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., en representación del patrimonio autónomo de remanentes —PAR—, constituido mediante contrato de fiducia mercantil del 30 de diciembre de 2005, suscrito entre Fiduprevisora S.A., como representante de Telecom en Liquidación, y las teleasociadas en liquidación PAR Telecom.

Señaló que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la cartera originada en la prestación del servicio de telecomunicaciones correspondiente a la extinta Telecom y Teleasociados en Liquidación fue objeto de contrato de compraventa suscrito con Bohmer Mercado de Capitales S.A. actualmente BKapital SAS, el 20 de noviembre de 2009.

Adjuntó copia de la contestación de la demanda fechada el 16 de octubre de 2012, suscrita por una de las apoderadas del PAR y reiteró los argumentos allí expresados (fls. 313 a 318).

II. Consideraciones de la Sala:

Cuestión previa

Comoquiera que las conductas, presuntamente vulneradoras de derechos fundamentales, que la demandante le atribuye al PAR Telecom y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se produjeron al interior de un proceso de jurisdicción coactiva, la Sala estima necesario realizar algunas precisiones acerca de la naturaleza jurídica de este tipo de proceso, en aras de determinar la procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto.

Sobre el punto, esto es, acerca de la naturaleza jurídica del proceso de jurisdicción coactiva, la jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido unánime, pues, en algunas de sus secciones se ha entendido como una función de tipo administrativo, mientras que otras la señalan como función jurisdiccional.

En efecto, para la Sección Tercera de esta corporación, las actuaciones desplegadas por las autoridades administrativas dentro de un proceso de jurisdicción coactiva, corresponden a la función administrativa, al tiempo que, para las secciones Primera y Quinta, dichas decisiones se profieren en ejercicio de la función jurisdiccional.

A continuación, se transcriben apartes pertinentes de las consideraciones de la Sección Tercera, al resolver un conflicto de competencias suscitado entre las secciones Primera y Cuarta:

“Hay casos en los que los créditos a favor del Estado se deben ejecutar ante el juez competente; es decir, que está excluida la jurisdicción coactiva. Tal es el caso de los procesos ejecutivos originados en contratos estatales (L. 80/93, art. 75), o en decisiones judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa, con excepción de las originadas en acciones de repetición. En otros, la administración tiene la opción de acudir al juez civil del circuito o de hacer efectivo el crédito, directamente, por cobro coactivo; tal es el caso de las obligaciones tributarias a favor la DIAN (E.T., arts. 823 y 843). Si se decide por lo primero, se originará un proceso judicial; pero ante la segunda opción, el procedimiento por cobro coactivo está legalmente definido, como un procedimiento administrativo (E.T., art. 823); la ley establece que podrán impugnarse ante la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos que deciden sobre excepciones y ordenan seguir adelante la ejecución (E.T., art. 835) y, por interpretación jurisprudencial de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, tal posibilidad se ha extendido, por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a todos los actos que se presenten en el curso del cobro coactivo, tales como embargos, el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento y el pago al acreedor, el fraccionamiento del título judicial, la liquidación del crédito y las costas del proceso, etc. Existen, en tercer lugar, algunos eventos en los que no existe definición legal sobre la naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva, como en el caso en que se otorga esa atribución, por vía general, a entidades nacionales mediante el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992.

El punto de partida será el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política y del ordinal segundo del artículo 13 de la Ley 270 de 1996, que establecen, al tiempo, una permisión y una prohibición; de un lado se autoriza a la ley para que, de modo excepcional, pueda atribuir función jurisdiccional, en materias precisas, a autoridades administrativas determinadas. La excepcionalidad, la precisión de materias y la determinación de las autoridades administrativas constituyen exigencias para la adopción de este sistema. De otro lado, existe una prohibición: tal procedimiento está vedado para la instrucción de sumarios y el juzgamiento de delitos. Como se trata de una atribución excepcional, es menester que se encuentre consagrada, de manera expresa, la asignación de funciones jurisdiccionales a la administración; de otro modo, habrá de entenderse que se trata de funciones administrativas, aspecto este que ha quedado enfatizado en la jurisprudencia que atrás se dejó transcrita. En este caso, como se anunció antes, la ley no ha manifestado de manera expresa que se trata de una función jurisdiccional confiada a la administración, razón por la cual, en principio habría que, aplicando la regla general, concluir que se trata de una función administrativa.

El argumento anterior se robustece si se considera que el denominado procedimiento de cobro por jurisdicción coactiva lo que realmente hace es ejecutar un crédito en favor del Estado, o mejor, la obligación a cargo del particular, los cuales han quedado previamente definidos por un acto administrativo en firme. Ninguna diferencia existe entre este proceder y el previsto en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo. Pues bien, el mencionado artículo 68 establece cuándo los documentos allí relacionados prestan mérito ejecutivo para ser cobrados por jurisdicción coactiva, sin necesidad de remitirse, para ello, al Código de Procedimiento Civil. Vistas las cosas así, resulta lógico deducir que la jurisdicción coactiva no es nada distinto de la denominada autotutela ejecutiva de la administración de la cual constituye solamente una especie, es decir, es una forma especial de llevarla a cabo. Si la naturaleza propia de esta actividad estatal desarrollada por la administración es la administrativa, poca o ninguna relevancia tiene que el procedimiento a través del cual la misma se desarrolla, sea el previsto para el proceso ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil. El asunto tiene, sin embargo, una variante que la Sala no puede soslayar: es la intervención del juez administrativo en el procedimiento de jurisdicción coactiva. En efecto, el artículo 133 —hoy vigente— del Código Contencioso Administrativo, atribuye el conocimiento, en segunda instancia, a los administrativos. Otro tanto prescribe el artículo 134C, ibídem, para los eventos en que la cuantía del proceso fuere inferior a los 500 salarios mínimos legales mensuales, solo que —esta vez— el conocimiento corresponde a los jueces administrativos; únicamente se diferencia del artículo transcrito, en que el ordinal tercero determina que conocerán, además, de la consulta de sentencias en que el ejecutado estuvo representado por curador ad litem. Las normas citadas modifican y extienden el control de la jurisdicción contencioso administrativa sobre los procedimientos de cobro coactivo adelantados por la administración. En efecto, si bien se deja en manos de la administración la decisión sobre las excepciones y sobre otros aspectos del procedimiento que, como se ha visto reviste carácter administrativo, el conocimiento y la resolución de los recursos de apelación se atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa, en una clara función jurisdiccional. Se genera, así, un procedimiento administrativo que, en tanto está sujeto —parcialmente— al control jurisdiccional contencioso administrativo, origina también procedimientos o actos jurisdiccionales.

El artículo quinto de la Ley 1066 de 2006 establece que, se aplicará el procedimiento administrativo de cobro coactivo del estatuto tributario en todas “las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política”. Sin duda, la nueva ley amplía, de manera significativa, las situaciones, en las cuales, el cobro coactivo constituye el ejercicio de una función administrativa, por definición legal. De modo que, si bien la mencionada ley no es aplicable al caso que debe resolver la Sala, es claro que a partir de su promulgación de la norma citada, las entidades a las cuales se aplica deberán acudir, en adelante, a los preceptos de cobro coactivo establecidos en el título VIII, artículos 823 a 843, del estatuto tributario, lo cual implica que los actos derivados de tal procedimiento serán impugnables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según se ha visto. Se debe advertir, además que, de acuerdo con el parágrafo 1º del citado artículo 5º de la Ley 1066 del 2006, quedan excluidas de dicha regulación “las deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a los particulares”. Sin embargo, como se dijo atrás, dicha ley no es aplicable al caso bajo examen, razón por la cual la Sala se abstiene de hacer cualquier análisis sobre sus alcances y sobre las modificaciones que pudieron haberse introducido en las normas relativas al cobro de créditos a favor del Estado. Por último, la Sala considera necesario anotar que del solo hecho de que la ley utilice el vocablo “jurisdicción”, para referirse al cobro coactivo, y de “sentencia”, para aludir la providencia que decide sobre las excepciones, no se sigue que la ley esté atribuyendo una función jurisdiccional a la administración. Para demostrarlo basta recordar que el artículo 170 del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, denomina “fallo” al acto que decide un proceso de esa naturaleza, sin que por ello pueda afirmarse que el mismo revista naturaleza jurisdiccional. Si la atribución de funciones jurisdiccionales a los funcionarios administrativos es de carácter excepcional y si, por lo tanto necesita de atribución y calificación expresa de la ley, no puede fundarse tal carácter sobre simples deducciones de vocablos equívocos usados por el legislador”(1) (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Sin embargo, de tiempo atrás, la Sección Quinta de esta corporación, había señalado que las decisiones proferidas por las autoridades administrativas, en los procesos de jurisdicción coactiva, tenían el carácter de providencias judiciales y, por lo tanto, la acción de tutela no procedía contra las mismas. Así dijo la Sección Quinta:

“3. La Resolución 004 de 1997 contra la cual se ejercitó la acción de tutela fue expedida por una autoridad administrativa como lo es la contraloría municipal de Sincelejo debidamente autorizada por la Constitución Nacional (art. 272) y la Ley 42 de 1993. Además, la ley estatutaria de la administración de justicia (270 de 1996), en el capítulo II correspondiente que trata del ejercicio de la función jurisdiccional por las autoridades en su artículo 13 indica:

ART. 13.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

(…)

2. Las autoridades administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal y, (resaltado fuera de texto).

(…).

De conformidad con lo anterior y con la competencia que la Ley 42 de 1993 artículos 90 y ss., le señala a las contralorías las actuaciones adelantadas por dichas dependencias en los procesos de jurisdicción coactiva es función jurisdiccional y por tanto sus decisiones se consideran providencias judiciales, contra las cuales no cabe ejercitar la acción de tutela, como se ha indicado por esta corporación ya en reiteradas oportunidades (Exp. Ac. 2771. Actor: Samuel Alfonso Figueroa Sánchez), al considerarse que ello iría contra la verdad de la cosa juzgada”(2).

Posteriormente, la misma Sección(3), señaló:

“Al respecto se observa que la facultad jurisdiccional ejercida por autoridad distinta a la judicial debe estar contemplada expresamente en la ley, según lo establece el artículo 116, inciso 3º, de la Constitución Política y el artículo 13, numeral 2º, de la Ley Estatutaria 270 de 1996, cuyos textos son los siguientes:

De la Constitución Política:

“ART. 116. (...)

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.

(...)”·

De la Ley Estatutaria 270 de 1996.

“ART. 13.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades o por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

(...)

2. Las autoridades administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal.

(...)”.

En efecto, la jurisdicción coactiva es una función jurisdiccional asignada a un organismo o a un funcionario administrativo determinado para que, sin recurrir a la autoridad judicial, haga efectivas, por la vía ejecutiva, las deudas fiscales expresas, claras y exigibles a favor de la entidad pública que ejerce dicha jurisdicción. Así lo ha entendido esta corporación(4):

“No puede remitirse a duda que las providencias dictadas por quienes ejercen jurisdicción coactiva tienen la misma naturaleza jurídica de las que profieren en juicio ejecutivo los jueces vinculados a la rama jurisdiccional del poder público y que el conjunto de ellas constituye un verdadero proceso judicial de ejecución y no un simple trámite gubernativo, como los que adelantan los funcionarios de la rama ejecutiva en desarrollo de sus atribuciones propias y dentro de la órbita normal de dicha rama.

(...) Las actuaciones realizadas en ejercicio de la jurisdicción coactiva constituyen procesos judiciales, no son acusables ante los tribunales contenciosos ni por vía de simple nulidad ni de plena jurisdicción, ya que, de acuerdo con la ley, las acciones de esta índole no están instituidas para impugnar juicios sino actos creadores de situaciones jurídicas generales o emanados de potestades distintas a la judicial, en el sentido genérico de esta palabra, y además, al contencioso no le está atribuida la función de ser juez de jueces”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia C-666 del 8 de junio de 2000 expresó:

“Cabe recordar que la regla general consiste en que las controversias originadas en la inejecución de una obligación sean dirimidas por los jueces, y por ello, ciertamente constituye una excepción el hecho de que sea la propia administración la que esté investida del poder para hacer ejecutar directamente ciertos actos, convirtiéndose de esta forma en juez y parte, en cuanto ella ejecuta a los deudores por su propia cuenta, sin intermediación de los funcionarios judiciales.

(...)

La jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como un ‘privilegio exorbitante’ de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

En sentido similar, la Sección Primera, mediante auto de 25 de octubre de 2007, sostuvo que:

“El artículo 148 de la Ley 136 de 1994 autoriza a los municipios incluso pertenecientes a diversas entidades territoriales, para asociarse con el fin de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas. El artículo 149 ibídem reconoce a las asociaciones de municipios el carácter de entidades administrativas de derecho público y les confiere los mismos derechos, exenciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios. Por lo tanto, así como los municipios están dotados de jurisdicción coactiva por el artículo 68 Código Contencioso Administrativo para cobrar las obligaciones a su favor, también las asociaciones tienen este privilegio para cobrar las obligaciones derivadas de sus propios estatutos y de los acuerdos por los cuales los municipios se hicieron miembros de ellas. Para la Sala, la jurisdicción coactiva autorizada en el artículo 68 Código Contencioso Administrativo es una atribución de carácter jurisdiccional puesta en manos de las autoridades administrativas, quienes podrán tomar las providencias propias del juicio ejecutivo, incluida la sentencia, y contra las cuales procederá el recurso de apelación ante los tribunales y jueces administrativos, según el caso (CCA, arts. 133-2 y 134C-1). Según lo expuesto, la resolución acusada es un acto jurisdiccional de la asociación, solamente impugnable dentro del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva”(5).

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la competencia para conocer de las decisiones proferidas dentro de los procesos de jurisdicción coactiva, el tema ha tenido el siguiente desarrollo normativo:

El Decreto 01 de 2 de enero de 1984, Código Contencioso Administrativo, previó en sus artículos 252; 128, núm. 13 y 129, lo siguiente:

“ART. 252.—En la tramitación de las apelaciones e incidentes de excepciones en juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva se aplicarán las disposiciones relativas al juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil”.

“ART. 128.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

13. De todas las demás de carácter contencioso administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia”.

“ART. 129.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código”.

Posteriormente, el Decreto 597 de 1998, “Por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo 2º:

“ART. 2º—Para los efectos del artículo 1º, letra i) de la Ley 30 de 1987, modifícanse los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, así:

“ART. 128.—En única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

13. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en los cuales las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuando la cuantía exceda de ochocientos mil pesos ($ 800.000).

“ART. 129.—En segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de los siguientes asuntos:

3. De las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de ochocientos mil pesos ($ 800.000) y de las consultas de las sentencias dictadas en estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem.

“ART. 133.—Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocen, en segunda instancia, de las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de ochocientos mil pesos ($ 800.000) y de las consultas de las sentencias dictadas en estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad litem” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

La Ley 446 de 1998, modificó las disposiciones anteriores en los siguientes términos:

“ART. 41.—Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. El artículo 133 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 133.—Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia:

2. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.

Y en su artículo 42, dicha ley adicionó al Código Contencioso Administrativo, el artículo 134C, el cual dispuso lo siguiente:

“ART. 42.—Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el título 14 del libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un capítulo III del siguiente tenor:

CAPÍTULO 3

Competencia de los jueces administrativos

“ART. 134C.—Competencia de los jueces administrativos en segunda instancia. Los jueces administrativos conocerán, en segunda instancia, de los siguientes asuntos:

1. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.

No obstante, las anteriores disposiciones sobre competencia estuvieron suspendidas hasta la entrada en vigencia de los jueces administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, que rezaba:

“PAR.—Mientras entran a operar los juzgados administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”.

Dicha norma, a su vez, fue modificada por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, así:

“PAR. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los tribunales administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los jueces administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los tribunales administrativos.

…”.

Finalmente, la Ley 1066 de 2006 “por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, estableció en su artículo 5º lo siguiente:

“ART. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario.

…”.

El tránsito normativo al que se ha hecho alusión, permite evidenciar que, en un primer momento, el proceso de jurisdicción coactiva se adelantaba con base en las normas del Código de Procedimiento Civil y era conocido, de una parte, por una autoridad administrativa, quien iniciaba y adelantaba la ejecución correspondiente y de otra parte, por una autoridad judicial, que decidía el recurso de apelación “contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales”.

Y en la actualidad, a partir de la vigencia de la Ley 1066 de 2006, el proceso de cobro coactivo es regulado en su totalidad por las normas del estatuto tributario, no del Código de Procedimiento Civil y se encuentra excluida toda participación de las autoridades judiciales durante el mismo, lo cual no es óbice para mantener el criterio jurisprudencial, tanto de esta Sección Primera como de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de que la naturaleza jurídica de la función desplegada por la administración dentro de estos procesos de cobro coactivo, es jurisdiccional, por cuanto se trata de una facultad “exhorbitante”, en virtud de la cual aquella puede “cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte”, como se dijo en las sentencias transcritas en precedencia.

Como corolario de lo anterior, la Sala mantiene incólume el criterio jurisprudencial, de que las decisiones emanadas de la administración al interior de un proceso de cobro coactivo son de tipo jurisdiccional y, por lo tanto, el análisis de una acción de tutela incoada contra las mismas, implica tener en cuenta la jurisprudencia decantada en cuanto a la procedencia de este recurso de amparo contra providencias judiciales.

Caso concreto

En el presente asunto, la actora asegura que Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR” y la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad, pues a su juicio, durante el trámite del proceso coactivo radicado bajo el Nº 2005-01750-01, incurrieron en irregularidades, tales como no haber resuelto las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago librado en su contra ni el incidente de nulidad promovido en razón de dicha omisión.

La demandante asegura que la otrora Capitel - Telecom, inició en su contra cobro coactivo por el no pago de unas facturas telefónicas, las cuales asegura no haber utilizado; que contra el mandamiento de pago correspondiente propuso excepciones, que no fueron resueltas de fondo, sino inadmitidas y posteriormente rechazadas, mediante sendos autos de 26 de mayo y 19 de julio de 2005; que por ello, propuso una nulidad procesal, que tampoco fue resuelta por la ejecutante, pues esta consideró que no tenía competencia para ello y la remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien, a su turno, mediante auto de 9 de mayo de 2007, devolvió el expediente a la citada empresa, por estimar que tampoco era competente para resolver la nulidad y que, hasta la fecha, Capitel - Telecom, hoy PAR, ha omitido su deber de emitir la decisión correspondiente, con lo cual ha violado su derecho fundamental al debido proceso, con el agravante de que el crédito objeto del cobro coactivo fue incluido en la venta de cartera que la entidad le hizo a Sistemcobro Ltda.

Al efecto, asegura que mediante Comunicado 38390 de 7 de junio de 2012, el PAR le informó que no es posible ordenar el desembargo de su inmueble porque “la cartera fue vendida a Sistemcobro Ltda.” y que, por lo tanto, es ante esta empresa que debe acudir “a cancelar el valor” adeudado. Por ello, estima que es evidente la pretermisión de sus derechos fundamentales, pues debe concurrir al pago de una deuda frente a la cual se le ha impedido defenderse.

Ahora bien, para la Sala, los hechos de la demanda y las pruebas allegadas al proceso, las cuales se analizarán adelante, evidencian que, pese a que a las entidades demandadas se les endilga la conducta omisiva, consistente en no resolver una solicitud de nulidad, lo cierto es que la acción de tutela se dirige a dejar sin efecto las siguientes providencias judiciales: autos de 26 de mayo y 19 de julio de 2005 proferidos por Capitel Telecom, dentro del proceso de Jurisdicción Coactiva Nº 2005-01750-01 y de 9 de mayo de 2007, emanado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el mismo proceso.

Al efecto, un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Exp. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera Ponente María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que la misma corporación elabore sobre el tema.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución”.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala abordará el estudio del caso concreto, en su orden, así:

1. En cuanto a las providencias judiciales proferidas por Capitel Telecom.

En el presente proceso obra la copia del expediente de jurisdicción coactiva Nº 2005-01750-01, aportado por la apoderada del patrimonio autónomo de remanentes, PAR, mediante memorial radicado en la secretaría general de esta corporación, el 3 de abril de 2013, del cual se destaca lo siguiente:

— A folios 15 a 17, obra el mandamiento de pago de fecha 6 de diciembre de 2002, proferido por el funcionario ejecutor (E) jurisdicción coactiva de Capitel - Telecom, contra la Sociedad Logística Integrada Login, en su calidad de suscriptor “y/o los propietarios del inmueble” ubicado en la carrera 103 Nº 47-85, oficina 111, de Bogotá, para el cobro de lo adeudado por concepto de las facturas de servicio telefónico números 7811885 y 10212714.

— A folios 19 a 20, obra el auto de 26 de mayo de 2003, proferido por la misma autoridad, por medio del cual dispuso “ACUMULAR las siguientes pretensiones a las del mandamiento de pago proferido el 6 de diciembre de 2002… los valores contenidos en la factura de cobro telefónico número 7826417”.

— A folio 21, obra la constancia de notificación personal del mandamiento de pago, hecha a la señora María Cristina López Lalinde “quien manifiesta bajo la gravedad de juramento ser propietaria y representante legal de la oficina donde estuvo ubicada la(s) línea(s) número 5479210, 5479220 y 5479250” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

— A folio 24, obra poder otorgado por la señora María Cristina López Lalinde a la abogada María Isabel Hernández Hernández, quien presentó escrito de excepciones dentro del citado proceso de jurisdicción coactiva, visible a folios 26 a 28.

— A folio 29, obra constancia suscrita por el secretario de la entidad ejecutante, en la cual le informa a la funcionaria ejecutora que “una vez notificado el auto de mandamiento de pago, el apoderado de la sociedad demandada en término presentó escrito de excepciones de mérito, sin que se anexara certificado de existencia y representación legal de la sociedad propietaria del inmueble” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

— A folios 30 a 31, obra el auto de 26 de mayo de 2005, proferido por el funcionario ejecutor nacional de Telecom en Liquidación, por medio del cual inadmite “la contestación de la demanda presentada por la doctora María Isabel Hernández Hernández, apoderada de la señora María Cristina López Lalinde” y ordena “subsanar en el término de cinco (5) días, la falta de certificado de existencia y representación legal de la Sociedad López Gómez e Hijos”; notificado por estado Nº 005 de 10 de junio de 2005.

— A folios 34 a 35, obra el auto de 19 de julio de 2005 proferido por Telecom en Liquidación, por medio del cual “rechaza la contestación de la demanda”, por no haberse corregido dentro del término previsto para el efecto y ordena seguir adelante con la ejecución; auto notificado por estado Nº 009 de 21 de julio de 2005.

— A folios 36 a 40, obra escrito de la nulidad procesal propuesta por la señora María Cristina López Lalinde, por intermedio de apoderada, manifestando su calidad de representante legal de la Sociedad López Gómez e Hijos. La causal de nulidad alegada fue la prevista en el núm. 9º, inciso 2º, del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues, aseguró la actora, que los autos por medio de los cuales se ordenó corregir la contestación de la demanda y se dispuso el rechazo de la misma por falta del certificado de existencia y representación legal de la citada sociedad, no le habían sido notificados, por lo que no pudo aportar el documento exigido por la ejecutante.

— A folios 48 a 49, obra el auto de 9 de septiembre de 2005 de Telecom en Liquidación, por medio del cual se dispone: “Enviar para su trámite ante el honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca el escrito de incidente de nulidad propuesto por el demandado para que de conformidad con el numeral 13, artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998 y en concordancia con el parágrafo del artículo 164 de la misma ley, resuelva sobre el mismo”.

— A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante auto de 9 de mayo de 2007, visible a folios 67 a 69, dispuso: “MODIFICAR el numeral 2º de la providencia de fecha 16 de noviembre de 2006, en el sentido de devolver el presente proceso a la oficina de origen para que decida el “incidente de nulidad” propuesto por el ejecutado (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Conviene mencionar, que mediante autos de 14 de enero, 14 de febrero y 12 de abril de 2013, visibles a folios 337 a 338, 348 a 349 y 363 a 365 del cuaderno principal, el despacho conductor del proceso, requirió a la Sociedad BKapital SAS, tercera interesada en las resultas del proceso, y a la apoderada del PAR, para que allegaran la copia de la totalidad del proceso de jurisdicción coactiva objeto de este asunto, en especial, la parte donde conste el trámite o resolución dada a la nulidad propuesta por la demandante, a la cual aluden los hechos probados referidos en precedencia.

La Sociedad Bkapital manifestó que no tiene en su poder la copia del proceso coactivo, pues no le ha sido entregado por el PAR, al tiempo que la apoderada de este, manifestó que ya había remitido copia del mismo, mediante Oficio PARDS 45747 de 3 de abril de 2013 (fls. 374 y 376 del cdno. ppal.).

Por lo tanto, en el expediente no existe constancia alguna de que el PAR haya tramitado y resuelto la nulidad propuesta por la actora, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispusiera la devolución del proceso coactivo para el efecto.

No obstante, como se dijo al inicio de estas consideraciones, en el caso concreto no procede el estudio de fondo, comoquiera que del análisis de las pruebas aportadas al proceso, se advierte que el objeto último que se busca con la acción de tutela de la referencia, es revivir una oportunidad procesal que la demandante dejó vencer dentro del proceso de jurisdicción coactiva radicado bajo el núm. 2005-1750-01, promovido en su contra.

En efecto, las pruebas demuestran claramente que la otrora Capitel - Telecom, profirió mandamiento de pago, por concepto de las facturas telefónicas Nos. 7811885, 10212714 y 7826417, contra la Sociedad Logística Integrada Login, en su calidad de suscriptor “y/o los propietarios del inmueble ubicado en la carrera 103 Nº 47-85 of. 111” (fl. 16 del expediente del proceso coactivo); que de este mandamiento de pago fue notificada la señora María Cristina López Lalinde, quien manifestó “bajo la gravedad de juramento ser propietaria y representante legal” de dicho inmueble (fl. 21); que la misma, actuando en nombre propio, otorgó poder a una abogada para ejercer la defensa frente al mandamiento de pago y que esta propuso excepciones contra el mismo, sin acreditar la calidad de la poderdante como representante legal de la persona jurídica propietaria del inmueble mencionado (fls. 24 a 28); que la entidad ejecutante, mediante auto de 26 de mayo de 2005 ordenó subsanar dicho defecto formal, como requisito indispensable para tener en cuenta la defensa por ella presentada, providencia que fue debidamente notificada por estado núm. 005 de 10 de junio de 2005 (fl. 31); que, al no haberse aportado el documento exigido por la entidad ejecutante, las excepciones fueron rechazadas y se ordenó seguir adelante la ejecución, mediante auto de 19 de julio de 2005, que también se notificó debidamente, por estado núm. 009 de 21 de julio de 2005; que la actora propuso una nulidad, argumentando que no fue notificada de dichas providencias y que, por lo tanto, la demandada actuó en secreto y violó su derecho de defensa (fls. 36 a 40).

Ahora bien, no existe lugar a duda alguna de que al haberse notificado por estado el auto de 26 de mayo de 2005, que ordenó a la ejecutada allegar el correspondiente certificado de existencia y representación legal, la actora no puede alegar falta de conocimiento del mismo ni de las consecuencias adversas que traería para su defensa, el hecho de no aportar el documento requerido. No obstante, la demandante no acató lo ordenado por la entidad ejecutante dentro del término de cinco (5) días que le concedió para tal efecto.

De la misma manera, la Sala advierte que si bien es cierto que contra el auto de 19 de julio de 2005, que rechazó las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, no era procedente el recurso de apelación, pues a la luz de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley 446, en materia de jurisdicción coactiva solo son apelables: el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, también lo es que la actora pudo haber interpuesto el recurso de reposición contra el citado auto que rechazó las excepciones propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 252 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 267, ibídem.

Como quedó visto de las pruebas aportadas al proceso, la actora no desplegó actuación alguna frente a los autos de inadmisión y rechazo de las excepciones propuestas, pues no ejerció su defensa contra los mismos, ni acató lo ordenado por ellos, pese a que fueron notificados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por estado.

En ese orden de ideas, no obstante que por medio de esta acción de tutela se pretende que se ordene, bien sea al PAR o al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolver una solicitud de nulidad procesal, lo cierto es que, como quedó visto, esta se dirige a revivir términos que se dejaron vencer por falta de diligencia de la ejecutada, bajo el argumento, por lo demás desvirtuado, de una falta de notificación de los autos de inadmisión y rechazo de las excepciones propuestas en el proceso de jurisdicción coactiva núm. 2005-1750-01.

Así pues, la acción de tutela encaminada a obtener la resolución de dicha solicitud de nulidad, tiene el mismo objeto de esta, a saber, revivir términos legalmente concluidos, que la actora tuvo a su alcance para controvertir las providencias judiciales que le fueron adversas, mencionadas en precedencia y, en consecuencia, no se cumple el requisito general de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales de “Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada”, señalado por la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, lo cual conduce a rechazar la acción por improcedente, en cuanto a la conducta endilgada a Capitel Telecom —patrimonio autónomo de remanentes— “PAR”.

2. Similar consideración procede frente a la conducta atribuida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, haberse abstenido de resolver la nulidad propuesta por la actora dentro del tantas veces mencionado proceso de cobro coactivo.

Es de resaltar que aún cuando los argumentos expresados en párrafos precedentes, serían suficientes para rechazar la acción de tutela en contra de dicha autoridad judicial, pues, se repite, la solicitud de nulidad de la actora pretende revivir términos legalmente concluidos, que se dejaron precluir por negligencia suya, lo cierto es que, en aras de garantizar la primacía del derecho sustancial sobre el formal y dado que la decisión del tribunal demandado, está contenida en una providencia judicial distinta de las proferidas por el PAR, a saber, el auto de 9 de mayo de 2007, que dispuso devolver el expediente “a la oficina de origen para que decida el “incidente de nulidad” propuesta por el ejecutado”, la Sala entra a considerar si frente a éste concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, para concluir que contra el mismo, la actora tenía a su alcance el recurso de reposición previsto en el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo, que reza:

“ART. 215.—Conflictos de competencias. Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos serán decididos de oficio o a petición de parte por el Consejo de Estado, conforme el siguiente procedimiento.

Cuando una Sala o sección de un tribunal declarare su incompetencia para conocer de un proceso por considerar que corresponde a otro tribunal ordenará remitirlo a este, mediante auto contra el cual solo procede el recurso de reposición. Si el tribunal que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto.

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el consejero ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus alegatos; vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver el conflicto dentro del término de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al tribunal competente. Contra este auto no procede ningún recurso.

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Por lo tanto, si la parte actora consideraba que su solicitud de nulidad debía ser resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no por la oficina ejecutora, bien pudo haber interpuesto el recurso de reposición previsto en la norma transcrita, pero no lo hizo, con lo cual perdió la oportunidad legal que tuvo para debatir la decisión que hoy acusa, por vía de acción de tutela.

En consecuencia, frente al auto de 9 de mayo de 2007, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tampoco se cumple con el requisito general de procedibilidad de “Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada”, por lo que no procede la acción de tutela contra el mismo.

Todo lo anterior conduce a rechazar la acción de tutela incoada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. RECHÁZASE por improcedente la acción de tutela instaurada por la sociedad López Gómez e Hijos Cía. Ltda., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3. En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de junio de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de agosto de 2006, proferida en el Expediente 09034-01(14807), M.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de abril de 1997, proferida en el Expediente AC-4576, M.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 21 de noviembre de 2002, proferida en el Expediente 2000-1571-01, M.P. Álvaro González Murcia.

(4) Sección Cuarta. Auto del 8 de mayo de 1969. Anales 1969. Tomo 76, página 231.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 25 de octubre de 2007, proferido en el Expediente 2005-00524-01, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.