Sentencia 2012-01536 de septiembre 17 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Rad.: 11001-03-15-000-2012-01536-00(AC)

Actor: Janeth María Rivera Ruiz y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Bogotá, D.C., diecisiete de septiembre del año dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Janeth María, Armando, Iván de Jesús, Gustavo Adolfo y Candelaria Rivera Ruiz, invocan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, salud y a una justicia pronta, los cuales consideran vulnerados por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, cuya amenaza o violación se examina para adoptar la decisión a que haya lugar, previo el siguiente razonamiento:

La acción de tutela concebida en el artículo 86 de la Constitución Política, consagra la posibilidad de reclamar ante los jueces, bajo las formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, siempre que no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que existiendo se trate de evitar un perjuicio irremediable.

En el presente asunto, afirma la actora que con el fallo de 3 de febrero de 2012, por el cual el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió revocar la sentencia de primera instancia y negar las súplicas de la demanda, se vulneraron sus derechos fundamentales, como quiera que desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en cuanto a la carga probatoria en los asuntos de responsabilidad médica.

Solicita en consecuencia, se deje sin efectos el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que en su lugar se dé plena validez a la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena y que se ordene al Tribunal proferir uno nuevo que acate y acoja el precedente jurisprudencial.

Para efectos de decidir se tiene lo siguiente:

A folio 61 obra copia de la demanda de reparación directa, a través de la cual la parte actora solicitó que se declarara la responsabilidad de la ESE Clínica de Maternidad Rafael calvo, con fundamento en lo siguiente:

(...).

9. El día 17 de junio de 2003, al llegar a la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, La señora Nasli del Socorro Rivera Ruiz (Q.E.P.D.), los médicos que la atendieron decidieron de inmediato hospitalizarla.

10. Luego de transcurrir dos días desde su ingreso y con seis meses aproximados de embarazo, los médicos manifestaron a los familiares que debía ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos ya que presentaba líquidos retenidos a nivel de los pulmones y necesitaban conectarla a un ventilador artificial, que le permitiera respirar.

11. A la señora Nasli del Socorro Rivera Ruiz (Q.E.P.D.), debido a que la dejaron complicar, a la no atención oportuna, al no tener los equipos necesarios y en forma tardía, la transportaron en horas de la noche del día 18 de junio de 2003, en una ambulancia a la Clínica de la mujer (sic) pero no habían cupos disponibles, y no la atendieron, entonces la llevaron al hospital san pablo (sic) y tampoco la atendieron. Por último la llevaron al hospital Universitario (sic) y tampoco la atendieron le hicieron el Paseo de la Muerte. (sic)

12. Siendo aproximadamente las 11:30 pm del día 18 de junio de 2003, al verla en el grave estado de salud y que peligraba su vida y la del bebe, le iniciaron trabajo de parto, se le práctico una cesárea y nació muy prematuro el niño Jaider Eduardo Olivares Rivera, que solo contaba con 23 semanas de gestación, cuando lo normal son 36 semanas, fue remitido a la Unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Neonatal Crecer, donde permaneció 35 días.

13. Hacia las 4:00 am a 4:30 am del día 19 de junio de 2003, es decir cuatro horas después de la cesárea la señora Nasli del Socorro Rivera Ruiz, falleció, como consecuencia directa del embarazo y del parto (resalta la Sala).

(...).

17. En el presente caso no hubo causalidad fortuita, ya que el daño sufrido tuvo como causa una falla presunta del servicio médico —negligencia, mala operación o cirugía en la unión o corte de las trompas de Falopio, la no atención del embarazo desde el momento en que se informó dejándola a la deriva, la mala, deficiente, tardía e inoportuna atención cuando ella se complicó en su salud se puso grave, haciéndole el paseo de la muerte por diferentes clínicas y hospitales, la mala atención del parto llevando al nacimiento prematuro del menor niño Jaider Eduardo Olivares Rivera, que produjo perjuicios al determinarse una incapacidad valorada médico-laboral y físicamente. En otras palabras, el daño, es decir, la pérdida de capacidad laboral del menor, y la perdida física, resulta causalmente relacionada con la falla en la prestación del servicio, como está probado médicamente; sin olvidar también el derecho fundamental de éste a la salud y la seguridad social. (sic).

Obra también el fallo de 3 de febrero de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo del Bolívar, por medio del cual resolvió la demanda de reparación directa, bajo las siguientes consideraciones:

Procede la Sala a continuación, a establecer si en el caso bajo estudio, se dan los elementos que permitan confirmar el fallo que reconoció a los demandantes los perjuicios solicitados en la demanda.

Daño

En primer lugar, la Sala advierte que está debidamente probado en el proceso, en diferentes documentos, en el registro civil de defunción... En consecuencia, se tiene que la ocurrencia del daño está probada.

Falla en el servicio

En el presente caso, la demanda basa la falla del servicio en el hecho de que se le hubiere practicado una Salpingectomia a la señora Nasly del Socorro Rivera Ruiz, la cual se realizó por recomendaciones de dos médicos de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, por la edad y para que no corriera ningún riesgo con otro embarazo, por lo que después de la autorización del esposo, se le realizó la citada intervención, y que pasados cuatro años de esto, quedará en embarazo (resalta la Sala).

El único documento en el cual aparece registrado que a la difunta se le practicó dicha cirugía, es la copia ininteligible de la Historia Clínica aportada con la demanda, que se observa a folios 41 a 43, en la cual, si bien aparece escrito la palabra Salpingectomia, son totalmente confusas las demás anotaciones que se hicieron en dicho documento.

(...).

Observa la Sala, que en la copia de la Historia Clínica de la señora Nasly Rivera, que allegó la demandada, dentro del término legal, se encuentra consignado el ingreso de la paciente el 31 de julio de 1999 a la Clínica de Maternidad Rafael lCalvo (sic) con dolores de parto. A continuación se encuentran también las notas de enfermería, desde esa fecha hasta el 01 de agosto de 1999 que es dada de alta después de tener a su bebe, en el que se aprecian todas las anotaciones que se hicieron sobre la evolución de la mamá y el niño.

Lo anterior quiere decir que el Tribunal Administrativo del Bolívar tomó su decisión sobre el análisis y estudio de un hecho, que a pesar de tener relación con la posible responsabilidad de la entidad, no es el que verdaderamente debe estudiarse para endilgar o exonerar de responsabilidad a la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo.

La Sala observa que una cosa es lo que el tribunal resolvió y otra lo que solicitó la parte actora, es decir, en el fallo de segunda instancia no determinó si el daño alegado en la demanda, consistente en la muerte de Nasli del Socorro Rivera Ruiz y los daños ocasionados en la salud de su hijo por nacimiento prematuro, como consecuencia de la presunta negligencia en la atención médica prestada, era imputable a la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, pues la prueba que sirvió de fundamento a la decisión fue la Historia Clínica correspondiente a 1999 y no la que contiene los hechos ocurridos en el 2003, que fueron los que presuntamente ocasionaron la falla en la prestación del servicio de salud por parte de la clínica.

Así las cosas, es claro que el Tribunal no dilucidó el asunto que llevó a la parte actora a demandar en reparación directa a la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo.

De otra parte, luego de revisar el material probatorio obrante en el expediente se puede determinar que en repetidas ocasiones la parte actora solicitó a la entidad copia de la Historia Clínica de Nasli del Socorro Rivera Ruiz correspondiente al año 2003, prueba de la presunta falla en la prestación del servicio médico, la cual nunca fue suministrada por la Clínica, constancia de ello es:

Derecho de petición a la Clínica de Maternidad Rafael Calvo (fl. 45).

Acción de tutela ante el Juez Segundo Civil del Circuito de Cartagena (fl. 49).

Fallo de tutela de mayo 11 de 2005, en el que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena decretó el amparo del derecho fundamental de petición y ordenó a la Clínica de Maternidad Rafael Calvo dar respuesta a la solicitud de copia de la historia clínica (fl. 54).

Incidente de desacato (fl. 58).

Respuesta al derecho de petición por parte de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, en la que le niegan la solicitud.

Copia del recurso de apelación presentado por la clínica, en el que aportan como prueba en segunda instancia la copia de la historia clínica, correspondiente al año 1999, señalando que “no se había aportado al proceso ya que solo fue hallada en el mes de enero de 2011 en el archivo clínico de la entidad”.

En efecto, sobre la imposibilidad de la parte demandante de allegar la copia de la Historia Clínica en los procesos de responsabilidad, esta corporación ha señalado:

3.2.2. Ahora bien, la jurisprudencia ha sostenido de manera reiterada que, tratándose de la responsabilidad del Estado por la prestación de servicios de salud, el demandante deberá probar la concurrencia de “tres elementos fundamentales: 1) el daño antijurídico sufrido (...), 2) la falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, 3) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio ”.

3.2.3. Para resolver el problema jurídico formulado, respecto de la demostración del nexo de causalidad entre el daño y la actividad médica, es preciso tener en cuenta dos criterios esenciales considerados por la jurisprudencia. El primero de ellos tiene que ver con la relevancia de la prueba indiciaria, sobre la cual se ha sostenido que: “se puede echar mano de todos los medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso ”, de manera que, por ejemplo, de “la renuencia a suministrar la historia clínica, o hacerlo de manera incompleta, o no documentar datos relevantes de la prestación médica, puede inferirse el interés de la parte de ocultar un hecho que le resulta adverso a sus intereses” (resaltado fuera del texto).(sic)

3.2.4. El segundo, da respuesta a la cuestión de a quién corresponde demostrar la causalidad, así:

“La demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que aquélla resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Sólo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado-, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial” (resaltado fuera del texto).(sic)(1).

Visto lo anterior, es claro que el Tribunal Administrativo de Bolívar no decidió el fondo del asunto, pues como ya se dijo, a pesar de haber resuelto un hecho que de alguna manera conllevó a lo ocurrido —la muerte de la señora Rivera Ruiz— no es el punto fundamental del cual se deriva la presunta responsabilidad de la entidad por falla en el servicio, pues lo que buscaba demostrar la parte actora con la demanda de reparación directa, era que a partir del procedimiento médico realizado a Nasli del Socorro Rivera Ruiz (salpingectomia bilateral o ligadura de las trompas de falopio), que posteriormente llevó a un embarazo de alto riesgo, y que bajo estas circunstancias no le fue prestado de manera oportuna el servicio de salud por parte de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, tuvo como consecuencia el fallecimiento de Nasli del Socorro y el nacimiento de su hijo prematuro con daños físicos y mentales.

Además omitió el hecho de que la Clínica de Maternidad Rafael Calvo de manera injustificada se negó a aportar la copia de la Historia Clínica —del año 2003— de la señora Nasli del Socorro Rivera Ruiz, medio probatorio fundamental para desatar la litis, desconociendo el precedente jurisprudencial señalado por esta Corporación en relación con la carga de la prueba, lo que conllevó a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte actora.

Así las cosas, la Sala accederá a la pretensión de la parte accionante tendiente a dejar sin efectos la sentencia proferida por el tribunal, toda vez que no resolvió el fondo del asunto.

Por las razones que anteceden, se dejará sin efecto la providencia dictada el 3 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la cual revocó la decisión de primera instancia, y se ordenará al Tribunal Administrativo de Bolívar que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia emita una nueva en la que tenga en cuenta los parámetros jurisprudenciales trazados por esta corporación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECRÉTASE EL AMPARO de los derechos fundamentales invocados por la señora Janeth Maria Rivera Ruiz y otros.

En consecuencia,

DÉJASE SIN EFECTO la providencia del 3 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de reparación directa instaurado por la señora Janeth Maria Rivera Ruiz y Otros contra la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo.

ÓRDENASE al Tribunal Administrativo de Bolívar, que en el término improrrogable de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita una nueva que tenga en cuenta los parámetros jurisprudenciales trazados por esta corporación.

De no ser impugnada, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 20732, Actor: Amparo Jaramillo Castro y otros.