Sentencia 2012-01566 de febrero 13 de 2014 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-25-000-2012-01566-01(1676-13)

Consejero Ponente:

Alfonso Vargas Rincón

Actor: Nepomuceno Carreño Remolina

Demandado: Instituto de los Seguros Sociales

Bogotá, D.C. trece de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera.

La controversia se circunscribe a determinar si a la parte actora le asiste el derecho a que la pensión que le fue reconocida con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, le sea reliquidada en los términos de la Ley 71 de 1988 y si en la liquidación de la prestación se debe incluir como factor salarial la prima de vacaciones.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia que puso fin a la primera instancia, señaló que el demandante se encuentra bajo el supuesto fáctico de la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, que regula la pensión de los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de la entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, para quienes se prevé una pensión de jubilación siempre y cuandocumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón o cincuenta y cinco (55) o más años si es mujer.

La parte demandada considera que no se puede reliquidar la pensión reconocida en los términos de la Ley 71 de 1988, pues señala que la dicha prestación fue reconocida con fundamento en la norma que le era aplicable al actor, es decir, el Acuerdo 49 de 1990 por encontrarse cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Obra en el expediente (fl. 244 cdno. 2) que Nepomuceno Carreño Remolina prestó sus servicios, así:

• Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, desde el 10 de abril de 1967 hasta el 30 de septiembre de 1977.

• Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde el 28 de agosto de 1986 hasta el 12 de diciembre de 1986. (fl. 9 cdno. 2).

• Sociedad Jurídica Financiera, desde el 13 de octubre de 1989 hasta el 31 de octubre de 1989.

• Telecom Santafé de Bogotá, desde el 19 de diciembre de 1989 hasta el 30 de marzo de 1990.

• Sociedad Jurídica Financiera, desde el 31 de enero de 1990 hasta el 1º de marzo de 1994.

• Bogotá- Distrito Capital- Secretaría Distrital, desde el 1º de diciembre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995.

• Personería de Bogotá, desde el 1º de enero de 1996 hasta el 30 de septiembre de 1996.

• Servibienes y Cobranzas LTDA., del 1º al 30 de noviembre de 1996, del 1º de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997 y del 1º de enero al 31 de marzo de1998.

• Contraloría de Santafé de Bogotá, entre el 1º de abril de 1998 y el 28 de febrero de 2001.

• Secretaría Distrital de Bogotá, entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2008.

En consecuencia, de la información relacionada anteriormente se establece que el demandante cotizó para pensión un total de 1.080 semanas al Instituto de Seguros Sociales entre entidades públicas y privadas, por vinculación con las empresas 1. Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. 2. Sociedad Jurídica Financiera Ltda. 3. Empresa Telecom. 4. Bogotá Distrito Capital. 5. Personería de Bogotá. 6. Servibienes y Cobranzas CIA Ltda.7. la Contraloría de Santafé de Bogotá.

Igualmente obra en el expediente, (fl. 179, cdno. 2) que el actor efectuó aportes a entidades diferentes al Instituto de Seguros Sociales, por un total de 765 días, esto es, 2 años, 1 mes y 15 días.

No es materia de discusión el requisito de edad, pues el señor Nepomuceno Carreño Remolina, nació el 3 de mayo de 1949 en el Municipio del Cocuy, Departamento de Boyacá, según registro civil de nacimiento que obra a folio 5 del cuaderno 2 del expediente.

Así las cosas, se tiene que Nepomuceno Carreño Remolina para el día 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con más de 44 años, 10 meses y 28 días de edad, por consiguiente es incuestionable que se hallaba en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En reiterados pronunciamientos ha expresado la Sala que el sistema de transición es un beneficio que la ley confiere, consistente en que las personas que cumplan los presupuestos en ella señalados, tienen derecho a que la pensión se regule en forma diferente a la regla general prevista en la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, obra en el expediente que el señor Nepomuceno Carreño Remolina prestó servicios por 23 años, 2 meses y 2 días a entidades del Estado y privadas y realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales. (fl. 179 cdno.), es decir, que el actor efectuó aportes en virtud de vinculaciones de carácter público y privado.

Ahora bien, con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen que regula la posibilidad de reconocimientos pensionales por acumulación de tiempos tanto en el sector público como en el privado es la Ley 71 de 1988, la cual establece el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:

El artículo 7º de la Ley 71 de 1988, establece:

Los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo yacumulados en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o Distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación, siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

La pensión de jubilación por acumulación de aportes, resulta de la sumatoria de tiempos cotizados en el sector público y privado. Este sistema permitió que quienes durante su trayectoria laboral, hubieren prestado sus servicios a entidades de naturaleza pública y empleadores del sector privado pudieran consolidar su derecho a la pensión, lo cual no era posible hasta la promulgación de la Ley 71 de 1988.

Así las cosas,la norma que regula la situación del actor es la contenida en la Ley 71 de 1988, norma que estableció un beneficio pensional en el artículo 7º, según el cual, las personas que hubieren efectuado cotizaciones en virtud del tiempo laborado en condición de empleados públicos y privados pudieran acceder a la pensión de jubilación, pues las leyes que se habían expedido con anterioridad regularon en forma independiente el régimen pensional de cada uno de estos sectores.

Ahora bien, se observa del material probatorio que obra en el expediente, que como el régimen anterior del cual es beneficiario el demandante en virtud de la transición contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es el contenido en la Ley 71 de 1988, bajo dicha normatividad el actor, a la fecha, acredita la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación en los términos arriba mencionados tal como lo advirtió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia apelada.

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia del 24 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Segunda Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la Sentencia del 24 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual declaró la nulidad de los actos acusados dentro del proceso promovido por el señor Nepomuceno Carreño Remolina, contra el Instituto de Seguros Sociales y accedió a las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen. CÚMPLASE.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».