Sentencia 2012-01579/3721-2014 de diciembre 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Rad.: 25000-2325-000-2012-01579-01 (3721-2014)

Actor: Genoveva León Cañón

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Bogotá D.C., siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 7 de febrero de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Genoveva León Cañón contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación (Cajanal), hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para lograr la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Antecedentes

La acción

Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, la accionante presentó demanda con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones UGM 41014 de 30 de marzo de 2012 y UGM 48288 de 29 de mayo de 2012, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia porque no acreditó 20 años en la docencia oficial de carácter departamental, municipal, distrital o nacionalizado, y se resolvió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión impugnada.

En consecuencia a título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión gracia, a partir del 19 de julio de 2009, fecha en la que adquirió el status de pensionada, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados junto con el correspondiente ajuste de valor, y adicionalmente requirió se dé cumplimiento a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Fundamentos fácticos

En el acápite de hechos relató, que cumplió 50 años de edad el 12 de agosto de 1996 y laboró por más de 20 años como docente territorial inicialmente en el departamento de Boyacá entre el 8 de febrero de 1967 y el 10 de noviembre de 1967; luego en el departamento de Cundinamarca del 25 de enero de 1972 al 2 de junio de 1973; y finalmente como docente de carácter distrital en el departamento de Cundinamarca desde el 1º de agosto de 1991 hasta la fecha de presentación de la demanda.

Asimismo señaló que el 19 de julio de 2009 cumplió 20 años de servicio como docente territorial, por lo que el 2 de noviembre de 2011 le solicitó a Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión gracia, quien por medio de las resoluciones UGM 41014 de 30 de marzo de 2012 y UGM 48288 de 29 de mayo de 2012 le negó la petición con fundamento en que los tiempos laborados eran de carácter nacional.

Disposiciones violadas y concepto de la violación

Se invocó en la demanda la trasgresión de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 1º, 3º y 4º de la Ley 114 de 1913; 6º de la Ley 116 de 1928; 3º de la Ley 37 de 1933; 1º inciso 3 y 15 numeral 2 literal a) de la Ley 91 de 1989; 115 de la Ley 115 de 1994; 9º de la Ley 715 de 2001; 3º del Decreto 2277 de 1979; Ley 43 de 1975 y Decreto 81 de 1976.

Como concepto de violación señaló, que cumple con los requisitos establecidos en la ley para hacerse acreedora al reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera que acreditó 50 años de edad y se desempeñó durante más de 20 años como docente oficial de carácter territorial, pues en las instituciones en las que laboró en los Departamentos de Boyacá y de Cundinamarca fueron del orden territorial y nacionalizado, de lo que dan cuenta las certificaciones aportadas en sede administrativa.

Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones y señaló que carece de legitimidad por pasiva para actuar como demandada en el proceso, toda vez que no existe relación directa con la actora y tampoco fue el órgano que profirió los actos administrativos acusados. En suma, argumentó que de conformidad con el Decreto 4269 de 2011, esa unidad actualmente no tiene competencia para revisar actos administrativos proferidos por Cajanal, pues solo conoce de las reclamaciones realizadas a partir del 8 de noviembre de 2011 y en ese sentido la caja es la entidad competente para resolver y atender la defensa judicial de este tipo de controversias.

Adicionalmente propuso como excepciones las que denominó “falta de agotamiento de la vía gubernativa”; “falta de legitimación por pasiva”; y “buena fe de la entidad demandada”. (fls. 52 a 59 cdno. ppal.).

La Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación respondió la demanda oponiéndose a las pretensiones y manifestó que de conformidad con las normas que regulan la pensión gracia y con los antecedentes que reposan en el expediente administrativo es claro que no hay lugar al reconocimiento de la prestación solicitada, porque la demandante no cuenta con los 20 años de servicio en la docencia oficial de carácter departamental, municipal, distrital o nacionalizado.

Asimismo, planteó como medios exceptivos los siguientes: “ausencia de vicios en el acto administrativo demandado”; “imposibilidad de condena en costas”; y “cobro de lo no debido”. (fls. 64 a 70 cdno. ppal.).

La sentencia apelada

La Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia de 7 de febrero de 2014, luego de no encontrar probadas las excepciones propuestas, concedió las pretensiones de la demanda y en consecuencia declaró la nulidad de las resoluciones acusadas y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a la señora Genoveva León Cañón a partir del 19 de julio de 2009 con el 75% del promedio de los factores salariales devengados el año inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional.

Lo anterior porque consideró acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, toda vez que la actora cuenta con más de 50 años de edad, estuvo vinculada como docente territorial antes de 1980 y tiene más de 20 años de servicio fundamentados en que “[c]on la documentación anexa al expediente y en especial las certificaciones mencionadas anteriormente se acredita que la señora Genoveva León Cañon (sic) prestó sus servicios en el nivel básico primaría (sic) con vinculación departamental, en la escuela Buenavista desde el 8 de febrero de 1967 al 9 de noviembre de 1.967 para un total de 9 meses y un día; en el EID Florida Blanca desde el 1º de agosto de 1991 al 30 de septiembre de 2011, para un total de 20 años, 11 meses.” (fls. 287 a 300 cdno. ppal.).

La apelación

La apoderada judicial de la entidad accionada interpuso recurso de alzada a fin de que se revoque la sentencia del tribunal, porque en su opinión no hay lugar al reconocimiento de la pensión gracia toda vez que la actora no cumple con el requisito de 20 años de servicio en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado. (fls. 301 a 305 cdno. ppal.).

Alegatos de conclusión

La entidad accionada reiteró que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda porque la demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, pues laboró mediante vinculación nacional como docente del distrito capital. (fls. 324 a 326 cdno. ppal.).

La demandante y el Ministerio Público permanecieron silentes.

Agotado el trámite procesal y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes,

Consideraciones

Problema jurídico

En el presente caso se trata de verificar si la demandante cumple los requisitos establecidos legalmente para el reconocimiento de la pensión gracia, referidos principalmente a los tiempos de servicio acreditados y a la calidad de vinculación que ostenta.

Para el efecto se hará referencia al marco jurídico y jurisprudencial de acceso a dicha prestación y luego se determinará, de conformidad con el recaudo probatorio, si a la entidad apelante le asiste razón en lo que pretende.

De la pensión gracia

En principio, la Ley 114 de 1913 otorgó a los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4º, una pensión nacional por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, siempre que comprueben “que no reciben actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

Dicha pensión fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial, que percibían una baja remuneración y por consiguiente, tenían un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de la nación, situación ocasionada por la debilidad financiera de los departamentos y municipios para atender las obligaciones salariales y prestacionales que les fueron asignadas por virtud de la Ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la mayor parte del siglo. En consecuencia, un maestro de primaria podía recibir simultáneamente pensión de jubilación departamental y nacional con base en la Ley 114 de 1913, pero en ningún caso dos pensiones de índole nacional.

Sobre los alcances de la Ley 37 de 1933, ha sido reiterada la jurisprudencia de la corporación al precisar que la referida norma lo que hizo simplemente fue extender a los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria la pensión aludida, pero sin cambio alguno de requisitos.

Con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando y asumiendo financieramente los departamentos y municipios, redefiniéndose entonces la educación oficial como un servicio público a cargo de la Nación.

Dicho proceso de nacionalización se adelantó de manera progresiva entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, última fecha en que quedó perfeccionado. Lo que implicó además, que los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial fueran asumidos completamente por la nación a partir del 31 de diciembre de 1980, pues de ello se trataba; lo que elevaría a los educadores territoriales a un plano de igualdad salarial y prestacional respecto de los nacionales, que conduciría por ende a la desaparición de las precarias condiciones económicas que justificaban la previsión legal de la pensión gracia y su otorgamiento, una vez perfeccionado tal proceso.

Así, con ocasión de la nacionalización en comento y la posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y nacionalizado, se expidió la Ley 91 de 1989 a través de la que el legislador no solo creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, sino que además buscó amparar la expectativa que en cuanto a pensión gracia ostentaban todos aquellos profesores que siendo territoriales (es decir, sujetos de su otorgamiento conforme a la finalidad con la que se previó inicialmente dicha prestación gratuita), quedaron inmersos dentro de la mencionada nacionalización a 31 de diciembre de 1980, fecha en la que culminó el referido proceso y se consagró un régimen de transición para éstos, que les permitiera mantener dicho beneficio hasta la consolidación de su derecho, con lo que se protegió dicha expectativa frente al coyuntural cambio que implicaba la extinción del derecho a la pensión gracia, y se precisó adicionalmente, que para los demás maestros, es decir, los vinculados con posterioridad a tal fecha, tan solo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación.

Sentado lo anterior, en cuanto a la correcta interpretación del contenido de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena Contenciosa de esta corporación en sentencia de 26 de agosto de 19971, definió su ámbito de aplicación frente al extinto derecho a la pensión gracia para los educadores que gozaban de una expectativa válida a ser beneficiarios de la misma con ocasión del mencionado proceso de nacionalización, en virtud del cual en principio la perderían; por lo que precisó con toda claridad el alcance del régimen de transición que ésta contenía, en el sentido de que:

i) No existe derecho alguno a la pensión gracia para los maestros nacionales, como quiera que no fueron sujetos de su creación o previsión legal; ii) la vigencia del derecho a la pensión gracia para aquellos pedagogos territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando reúnan la totalidad de requisitos consagrados en la ley para tal efecto; iii) la conclusión de dicho beneficio para los profesores territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980; iv) la excepción referida a que la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional (pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación) en virtud de la Ley 91 de 1989, limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberían reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio.

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1º definió al personal nacional, como aquel vinculado por nombramiento del gobierno nacional; al personal nacionalizado, conformado por los maestros vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, particularmente en el artículo 10; y al personal territorial integrado por los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

De lo probado en el proceso

Bajo las anteriores precisiones normativas, la Sala procede a examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verificar si la demandante reúne los requisitos legales que la hagan titular del derecho al reconocimiento de la pensión gracia, concretamente los tiempos de servicios y la calidad de vinculación.

Como lo demuestra su registro civil de nacimiento y su cédula de ciudadanía cumplió 50 años de edad el 12 de agosto de 1996, pues nació el 12 de agosto de 1946 (fls. 104 y 2 cdno. ppal.).

El 16 de febrero de 2010, la Secretaría de Educación de Boyacá expidió certificado de tiempo de servicio el cual da cuenta de un lado que “prest[ó] sus servicios en el nivel Basica (sic) Primaria, vinculación: En propiedad, como departamental en forma continua”. Y de otro que laboró en el colegio José María Silva Salazar ubicado en Buenavista desde el 8 de febrero de 1967 hasta el 9 de noviembre de 1967. (fl. 3 cdno. ppal.)

El coordinador de la Oficina de Kardex de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca hizo constar:

“Que revisado el archivo que se lleva en esta oficina en el día de hoy se encontró la hoja de vida de Leon (sic) Cañon (sic) Genoveva con C.C. 23.265.964 de Tunja.

Fecha ingreso: enero 25 de 1972 Decreto 1998 de diciembre 6 de 1971.

Fecha retiro: junio 2 de 1973 Decreto 1425 de junio 15 de 1973.” (fl. 5 cdno. ppal.).

En el certificado de tiempo de servicio de personal retirado proferido el 24 de mayo de 2013 por la Secretaría de Educación de Boyacá consta que el tipo de vinculación de la docente fue nacionalizado. (fls. 232 y 233 cdno. ppal.).

La directora de personal de instituciones educativas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca informó:

“[Q]ue una vez verificada nuestra base de datos, se pudo establecer que la señora Genoveva León Cañon (sic), identificada con la C.C. 23.265.964, laboró al servicio de esta Secretaría desde el 25 de enero de 1972 al 2 de junio de 1973, desempeñando el cargo de Docente en la I.E.D. Escuela Normal Superior del Municipio de San Bernardo y el tipo de vinculación que registraba era Nacionalizado.” (fl. 239 cdno. ppal.).

El certificado de historia laboral expedido el 9 de abril de 2012 por la Secretaría de Educación de Bogotá da cuenta que la vinculación de la actora es territorial y el subtipo corresponde a distrital, cuya fuente de recursos pertenece a los propios del distrito. Además la certificación informa que laboró para el distrito capital entre el 1º de agosto de 1991 y el 30 de agosto de 1991; desde el 4 de septiembre de 1991 hasta el 27 de septiembre de 1991; del 6 de octubre de 1992 al 30 de noviembre de 1992; y finalmente desde el 8 de junio de 1993 hasta el 30 de septiembre de 2011. (fls. 12 y 13 cdno. ppal.).

En el certificado de salarios de 9 de abril de 2012 emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá igualmente se indica que la vinculación de la demandante es territorial y el subtipo corresponde a distrital, cuya fuente de recursos pertenece a los propios del distrito. (fl. 106 cdno. ppal.).

El profesional especializado del área de certificaciones laborales de la Secretaría de Educación de Bogotá certificó lo siguiente:

[...] Mediante Resolución 985 del 2 de mayo de 1993, nombrada Docente en propiedad a partir del 8 de junio de 1993.

Mediante Resolución 11145 del 27 de septiembre de 2011, retiro por pensión por invalidez a partir del 1º de octubre de 2011.

Tipo de vinculación Territorial – Distrital – Recursos propios [...] (Resalta la Sala). (fl. 225 cdno. ppal.).

El 10 de mayo de 2016 el jefe de oficina de nómina de la Secretaría de Educación de Bogotá hizo constar que el origen de los recursos con los cuales se le cancelaron los salarios y prestaciones a la demandante “desde su fecha de ingreso 08/06/1993, provienen del SITUADO FISCAL – antiguo (FER) y en concordancia con la Ley 715 de 2001, desde enero de 2002 hasta la fecha de su retiro 01/10/2011, según Resolución 11145 de 27/09/2011, por el Sistema General de Participaciones (SGP), perteneciente al orden distrital.H (fl. 344 cdno. ppal.)

El 11 de mayo de 2016 el profesional especializado de la oficina de nómina de la Secretaría de Educación de Boyacá informó que revisados los archivos que reposan en la entidad, se constató que a la actora “se le cancelaron salarios con recursos del situado fiscal hoy sistema general de participaciones.” (fl. 345 cdno. ppal.)

El 2 de junio de 2016 el director de personal de instituciones educativas de la Gobernación de Cundinamarca certificó que “los recursos con los cuales se le canceló la nómina a dicha señora, provenían del Departamento de Cundinamarca.” (Resalta la Sala). (fl. 367 cdno. ppal.)

Caso concreto

De conformidad con las pruebas mencionadas, se establece que el 12 de agosto de 1996 la actora cumplió 50 años de edad.

También se advierte que el tiempo de servicio que acreditó fue el siguiente: como docente departamental del 8 de febrero de 1967 al 9 de noviembre de 1967 en Boyacá, (9 meses y 1 día); en el departamento de Cundinamarca como docente nacionalizada desde el 25 de enero 1972 al 2 de junio de 1973 (1 año, 4 meses y 7 días); y finalmente como docente distrital del 8 de junio de 1993 al 30 de septiembre de 2011, fecha de su retiro por pensión por invalidez (18 años, 3 meses y 22 días). Para un total de tiempo de labor al servicio de la docencia oficial de 20 años, 4 meses y 30 días.

De lo que se colige que la accionante desde el año 1967 adelantó su labor educativa al servicio del Departamento de Boyacá, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, tal como lo exige la Ley 91 de 19892.

Y si bien existen certificaciones expedidas por los jefes de la oficina de nómina tanto de la Secretaría de Educación de Boyacá como de la Secretaría de Educación de Bogotá, en las que se señalaron que los pagos de nómina de la actora se efectuaron con recursos del sistema general de participaciones; al respecto se aclara que ello no mengua su calidad de docente territorial.

Lo anterior porque tal como lo consideró esta subsección en sentencia de 16 de junio de 20163, los dineros que se giran a los entes territoriales y que provienen del sistema general de participaciones para cubrir sus gastos de educación, hacen parte de los recursos propios de estos. Al efecto sostuvo:

“Con base en lo anteriormente transcrito, no queda duda de que los dineros girados a las entidades territoriales provenientes del sistema general de participaciones, con el propósito de cubrir gastos en educación y otros sectores, hacen parte de los recursos propios de los entes territoriales, razón por la cual el carácter del docente nombrado y pagado con dichos recursos es territorial y no nacional.”

A lo que se debe sumar que luego de revisado el proceso se aprecia que la documental antes referida no fue objeto de tacha alguna por parte de la entidad accionada.

De ahí que se encuentre probado que la demandante resulta acreedora de una expectativa válida frente al derecho a la pensión gracia, que se concreta con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, en tanto se reservó este derecho únicamente para los docentes territoriales o nacionalizados en virtud de la Ley 43 de 1975.

Así las cosas, queda en evidencia que la accionante acreditó con suficiencia más de 20 años de servicios como docente con vinculación territorial en instituciones educativas de carácter distrital y departamental; lo que significa que en el presente caso reunió los requisitos establecidos legalmente para beneficiarse de la pensión gracia y por tanto se impone para la Sala la confirmación del fallo apelado, en los términos señalados por el a quo para el reconocimiento, los cuales no fueron objeto del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMESE la sentencia de 7 de febrero de 2014 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Genoveva León Cañón contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo señalado en la parte motiva de ésta providencia.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Rafael Francisco Suárez Vargas.

1 “3. El artículo 15 Nº 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece: “Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.” // “4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. (...)” // (...) 6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, Nº 2, art. 15 ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia...siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.

2 Esta ley en el numeral 2 de su artículo 15 señala, que quienes en virtud de dicho régimen a 31 de diciembre de 1980 “(...) tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos (...)”. También precisa que “(...) Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1° de enero de 1990, cuando cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario mensual promedio del último año. (...)”.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 16 de junio de 2016, radicado 3533-14, consejero ponente: William Hernández Gómez.