Sentencia 2012-01630 de marzo 6 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110010102000-2012-01630 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruíz Orejuela

Asunto: impugnación tutela

Decisión: confirma

Aprobado según Acta 16 de la misma fecha

Bogotá, D.C., marzo seis de dos mil trece.

Objeto de la decisión

Previa aceptación de impedimentos presentados por los magistrados María Mercedes López Mora, Julia Emma Garzón de Gómez y Angelino Lizcano(1), procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a decidir la impugnación en contra del fallo de tutela emitido el 27 de septiembre de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar(2), dentro del amparo constitucional al que acudió Argemiro Díaz Maya, en contra de la salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.

I. Hechos

El señor Argemiro Díaz Maya, por intermedio de apoderado judicial, acudió en acción de tutela buscando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y buen nombre, presuntamente vulnerados por las entidades demandadas, según la situación fáctica narrada, que se consigna enseguida.

En su contra se adelantó proceso disciplinario por la presunta incursión en la falta prevista en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, que se definió mediante sentencia del 8 de marzo de 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, imponiéndole sanción de un mes de suspensión e inhabilidad por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos, en su condición de juez promiscuo municipal de Agustín Codazzi.

Dentro de los términos legales acudió en apelación contra la sentencia sancionatoria, decisión que fue confirmada por esta superioridad a través de providencia proferida el 3 de julio de 2012.

El reproche contra las mencionadas sentencias se centra en los defectos sustantivo, error inducido, ausencia de motivación y fáctico. El primero, se origina en la omisión de aplicar lo previsto en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002 en cuanto a “analizar las pruebas en que se basa el fallo; análisis y valoración jurídica de los cargos, de los descargos y alegaciones que hubieren sido presentadas”, circunstancia que a su juicio, conculca sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, así como la igualdad, en la medida en que en otros procesos disciplinarios, como el Radicado 200907233 01, adelantado contra Daniel Alejandro Peñaranda y otros, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cumplió con ese deber funcional, pero en su caso no ocurrió.

Por su parte, el segundo y tercer defecto, consisten, en su orden, en que la persona encargada de sustanciar el proyecto de sentencia en segunda instancia, dejó de lado los mencionados argumentos de la defensa que son trascendentales, haciendo incurrir en error a la Sala y, en que tal circunstancia conllevó a la carencia de motivación de la decisión.

El cuarto defecto lo fundamenta en la desestimación irracional en el proceso disciplinario por parte del a quo, del testimonio del señor William Enrique Díaz Maya, como lo esgrimió en los alegatos de conclusión ante esta colegiatura, lo que evidencia el desconocimiento de las reglas de la sana crítica y los criterios para la apreciación del testimonio, dispuestos en el artículo 277 de la Ley 600 de 2000.

Por lo anotado, solicita: (i) como medida provisional (D. 2591/91, art. 7º), suspender inmediatamente la ejecución de las sentencias del 8 de marzo y 3 de julio de 2012 reprochadas por vía de tutela; (ii) amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, buen nombre e igualdad y, (iii) ordenar a las entidades judiciales accionadas proferir nueva providencia en el que de manera expresa, se pronuncien sobre los argumentos defensivos contenidos en los descargos, alegatos de conclusión en primera y en segunda instancia, apelación e intervención del Ministerio Público por medio del cual solicitó fuera absuelto.

II. Actuación de primera instancia

2.1. Auto de conocimiento de la tutela y traslado a las entidades demandadas.

Previa remisión del expediente al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar por parte del Consejo Superior de la Judicatura (fl. 09), en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 42 de la Ley 1474 de 2011 por la Corte Constitucional, que otorgaba competencia a esta corporación para darse su propio reglamento con base en el cual se dispusieron las salas duales para conocer acciones de tutela en primera instancia, mediante auto del 18 de septiembre de 2012 el a quo, asumió conocimiento del amparo solicitado y ordenó la notificación a las accionadas, así como se allegaran copias del expediente contentivo del proceso disciplinario que se siguió en contra del actor (fl. 84, cdno. ppal.).

2.2. Intervención de las entidades demandadas y de la vinculada a la acción de tutela.

2.2.1. Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La doctora Julia Emma Garzón de Gómez, en su condición de magistrada del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 98-100, cdno. 1) solicitó negar la acción de tutela con fundamento en que el actor pretende revivir el debate probatorio finiquitado en el proceso disciplinario de autos, a cuyo fallo de segunda instancia remite, de donde se infiere que el amparo constitucional no constituye un escenario propicio para imponer un criterio particular de valoración probatoria, como lo ha considerado inveteradamente la jurisprudencia constitucional.

2.2.2. Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.

Glenis Iglesias de López, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar (fl. 104, cdno. 1), solicitó negar el amparo solicitado, con fundamento en que en el proceso disciplinario, el actor contó con la oportunidad de ejercer la contradicción probatoria en ejercicio de su derecho de defensa, cosa distinta es que en las pruebas obrantes, hayan demostrado la violación del deber por lo cual se le imputaron cargos y se le impuso la sanción. Indicó, además que la garantía de igualdad no se menoscabó, en virtud de que el proceso que trae a colación no se adelantó contra un funcionario judicial, sino contra un abogado cuyos deberes son diferentes a los exigibles al primero, así como el procedimiento seguido difiere.

3. Pruebas relevantes que obran en el expediente.

— Copia del proceso disciplinario 20001110200020100020301 que se siguió en contra del doctor Algemiro Díaz Maya, juez promiscuo municipal de Agustín Codazzi —Cesar—.

III. Decisión de primera instancia

A través de fallo proferido el 27 de septiembre de 2012 (fls. 114-121) el a quo negó el amparo solicitado, con fundamento en que (i) el devenir procesal en primera y en segunda instancia, demuestra que la investigación disciplinaria se adelantó con respeto por el debido proceso y las garantías del actor; (ii) las pruebas testimoniales recaudadas no están inmersas en vías de hecho por los defectos alegados, particularmente, la de William Díaz Maya, fue sometida a un exigente análisis valorativo siguiendo las reglas de la sana crítica y, (iii) la sanción impuesta al funcionario judicial, es razonable, lógica, coherente y producto de un estudio juicioso del acervo probatorio allegado en legal forma.

IV. Impugnación del fallo de primera instancia

El actor impugnó el fallo emitido pidiendo su revocatoria (fls. 133-135, cdno. 1), para lo cual, remitió a los argumentos contenidos en el escrito de tutela. Agregó, que el fallo recurrido analizó los requisitos formales y los defectos que hacen procedente la acción de tutela, pero no hizo la adecuación de los mismos, de acuerdo a la situación generada en las sentencias reprochadas.

V. Consideraciones de la Sala

5.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto en los artículos 86, 116 inciso 1º, 256 numeral 7º de la Constitución Política; 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000 esta Sala ostenta la competencia para resolver la impugnación elevada dentro de la presente acción de tutela.

5.2. Problema jurídico y metodología a seguir para resolverlo.

Le corresponde a esta Sala determinar si al accionante se le vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y buen nombre, como consecuencia de los presuntos defectos sustantivo, error inducido, ausencia de motivación y fáctico, en el que presuntamente incurrieron el seccional de la judicatura del Cesar y esta superioridad, al resolver el proceso disciplinario que se siguió en su contra, con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo de juez promiscuo municipal de Agustín Codazzi —Cesar— e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por ese mismo término, al encontrarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala seguirá la doctrina constitucional sobre los requisitos formales y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, contenida, entre otras, en las sentencias C-543 de 1992, C-590 y C-591 de 2005, de la Corte Constitucional. Solamente de acreditarse los primeros, se abordará en análisis de las presuntas irregularidades atribuidas a las sentencias dictadas en el proceso disciplinario.

5.3. Doctrina constitucional sobre la procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En la Sentencia C-543 de 1992, a pesar de haberse declarado inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, el máximo tribunal de nuestra jurisdicción constitucional sostuvo que la acción de tutela procede de forma excepcional y subsidiaria contra providencias judiciales, cuando estas constituyan vías de hecho, que vulneran o amenazan derechos fundamentales. En esas circunstancias, se enfatizó, no se atenta contra la seguridad jurídica, sino que se buscan materializar valores, dentro de los que se encuentra la justicia.

Desde entonces, en aplicación de los efectos erga omnes de la ratio decidendi de dicha sentencia, la Corte empezó un proceso hermenéutico de desarrollo del precedente, a partir de la tipificación enunciativa de los motivos que originan la “vía de hecho”(3), término que evolucionó hacia las “causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción”, explicable por la presencia de defectos en actuaciones judiciales que afectan derechos fundamentales, pero que no por ello, pueden calificarse de arbitrarias o de caprichosas(4).

Precisamente en la Sentencia C-590 de 2005, se sistematizaron los requisitos genéricos y las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela para enjuiciar constitucionalmente providencias judiciales.

Los requisitos formales de procedencia, se trataron de la siguiente manera: a) que el asunto discutido tenga evidente relevancia constitucional; b) agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial con los que contaba la persona, salvo cuando se trate de precaver la ocurrencia de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) acreditar el requisito de inmediatez, que equivale a acudir en el amparo constitucional dentro de un término prudencial y razonable a la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales; d) si se trata de una irregularidad procesal, debe precisarse su efecto decisivo en la sentencia reprochada y que afecta derechos fundamentales del accionante(5); e) identificación razonable de los hechos y de los derechos fundamentales vulnerados y que se hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que hubiere sido posible y, f) que no se trate de una sentencia de tutela.

En el fallo glosado se indicó que en todo caso la procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales, implica necesariamente la demostración de la configuración de cualquiera de los defectos o causales especiales de procedibilidad, así: a) orgánico o falta absoluta de competencia del funcionario judicial que emitió la providencia impugnada; b) procedimental absoluto, que se genera cuando el juez actuó por fuera del procedimiento regulado; c) fáctico, que se origina cuando el juez carece de fundamento probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que apoya la decisión; d) material o sustantivo, que deviene cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una grosera e indiscutible contradicción entre los fundamentos y lo que se decide; e) error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fueron objeto de un engaño por parte de terceros, que lo condujo a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que se traduce en el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los argumentos fácticos y jurídicos de sus decisiones que es donde reposa su legitimidad de sus funciones; h) desconocimiento del precedente, que acaece, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional fija el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley restringiendo sustancialmente el mismo y, finalmente, i) violación directa de la Constitución.

6. Solución al caso concreto.

Como se anunció en precedencia, se analizará en el caso concreto la acreditación de los requisitos formales y, únicamente de superar el test, se abordará el fondo del asunto.

6.1. El caso analizado supera el test de procedibilidad formal de la tutela contra providencias judiciales.

Justamente, (i) el asunto reviste relevancia constitucional, en virtud de que se reclama la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y buen nombre, por las presuntas irregularidades en las que incurrieron las entidades judiciales demandadas; (ii) se agotó el recurso de apelación procedente contra el fallo sancionatorio del 8 de marzo de 2012, que fue definido el 3 de julio del mismo año; (iii) de manera oportuna o inmediata, se acudió al amparo constitucional, habida cuenta que entre la última fecha mencionada en el punto anterior y el 25 de julio de 2012 día de la radicación de la tutela, trascurrieron apenas 4 meses y 17 días; (iv) el actor no alega irregularidad procesal, sino los defectos fáctico, error inducido, falta de motivación y sustantivo; (v) el accionante identificó claramente tanto los hechos y derechos presuntamente vulnerados, como las pretensiones y, (vi) no se trata de una acción de tutela contra un fallo de tutela, sino de la solicitud de amparo constitucional contra los fallos, en su orden, que lo sancionó en primera instancia, confirmado por esta superioridad.

6.2. Análisis del fondo del asunto.

Una vez superados los requisitos formales de procedencia, se entrará a analizar, en el orden propuesto por el actor, cada uno de los defectos que imputó a las mencionadas providencias, para determinar si se conculcaron los derechos fundamentales alegados.

6.2.1. Las entidades judiciales demandadas, no incurrieron en los defectos atribuidos por el tutelante.

6.2.1.1. En lo relacionado con el defecto sustantivo por falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002.

Considera el tutelante que tanto la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, como esta colegiatura, al proferir los fallos del 8 de marzo de 2012 y 3 de julio del mismo año, incurrieron en defecto sustantivo por omisión en la aplicación de una norma (L. 734/2002, art. 170) que indica el análisis de las pruebas, la valoración jurídica de los cargos, la respuesta a los mismos y los alegatos presentados, razón por la cual se afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, así como la igualdad, por cuanto en otros procesos disciplinarios, como el Radicado 200907233 01, seguido en contra de Daniel Alejandro Peñaranda y otros, esta corporación cumplió con ese deber funcional, pero en su caso no ocurrió.

El análisis del cargo endilgado implica necesariamente verificar las decisiones adoptadas en primera y en segunda instancia en el proceso disciplinario.

Justamente, examinada la sentencia emitida por el a quo en el proceso disciplinario el 8 de marzo de 2012, se encuentra que el actor en su condición de juez promiscuo municipal de Codazzi —Cesar—, fue sancionado con suspensión de un mes en ejercicio del cargo e inhabilidad por el mismo término, para ejercer cargos públicos, por incurrir en la falta descrita en el artículo 154 de la Ley 270 de 1996, al arribar el juzgador a la certeza respecto de que el funcionario, utilizando su investidura, se opuso a la práctica de una diligencia policial fundada en el Código Nacional de Policía, consistente en la revisión de las facturas de los artículos y los libros de comercio en una compraventa ubicada en ese municipio, de propiedad de su esposa Eida Rosa Seoanes Araujo(6), en la que exigió orden de allanamiento para la realización del procedimiento que habían surtido con éxito en otros establecimientos comerciales idénticos.

Para emitir esa decisión, la Sala tuvo como pruebas las aportadas en la queja suscrita por uno de los miembros de la Policía Nacional, copia de la orden de servicio, certificado de antecedentes del investigado, constancia de salario, versión escrita del disciplinado y la declaración jurada de William Enrique Díaz Maya (hermano del investigado) y otros. Se identificó el autor de la falta, se hizo referencia a los alegatos de conclusión y al concepto de la procuraduría.

Luego de referirse de forma detallada y precisa a las declaraciones de los policiales (Jesús Antonio Criollo Cuevas y Dofre Antoni Cárdenas Arenas) calificándolas de coherentes, encontró sospechosa la deposición de William Díaz Maya, hermano del funcionario investigado, por la relación de parentesco y dependencia con el mismo, circunstancia, que indicó, afecta su credibilidad e imparcialidad, por cuanto existe interés en beneficiarlo con su dicho.

Concluyó que analizados “los testimonios de los policiales en armonía con las explicaciones de Díaz Maya, bajo el tamiz de la sana crítica, la lógica y la experiencia, resulta palmario, que quien obstruyó la práctica del procedimiento en la compraventa de propiedad de su esposa fue el hermano del disciplinado, apoyado por este, valiéndose de su posición de juez para evitar que los policiales cumplieran su trabajo, exigiéndoles una orden de allanamiento que argumentaba no había expedido en su condición de juez, situación ante la cual no podían penetrar, cuando la ley no la exigía” (fl. 141, cdno. anexos).

Emprendió el juzgador la verificación de la tipificación de la falta (art. 154-6 LEAJ), respecto de la cual sostuvo que a los funcionarios judiciales les está prohibido realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza pública u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la justicia, como en efecto ocurrió en la situación descrita. Falta que se reprochó a título de dolo, habida cuenta que para el momento de los hechos y en las circunstancias en las que se desarrollaron, el implicado estaba en la capacidad de entender y de autodeterminarse de acuerdo con dicha comprensión. De la misma manera, se calificó como grave dolosa, atendiendo el grado de culpabilidad, perturbación y naturaleza esencial del servicio, la falta de consideración con los administrados y la jerarquía y mando que regenta ante la comunidad.

La decisión fue apelada en término por el sancionado con base en que los presupuestos fácticos eran equivocados, así como una inadecuada apreciación de las pruebas y falta de valoración del único testimonio con el que cuenta como investigado, asignándole al quejoso y a su compañero plena credibilidad sin tener en cuenta el cúmulo de contradicciones en las que incurrieron y el interés de protegerse a sí mismos (fls. 146-153, cdno. anexos). Por su parte, en los alegatos de conclusión, en la segunda instancia, expuso que en el juicio disciplinario no se reúnen ninguno de los requisitos para dictar fallo sancionatorio como lo exige el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, en cuanto a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, desconociendo, por demás, el principio de imparcialidad y el postulado de la sana crítica, motivo por el cual pidió fuera revocada la decisión y en consecuencia se imponía su absolución (fls. 11-17, ib.).

La apelación fue desatada por esta colegiatura el 3 de julio de 2012 confirmando en su integridad la decisión recurrida, previo análisis de los antecedentes procesales, de las pruebas obrantes, de los alegatos de conclusión, de la intervención de la procuraduría 176 judicial II penal, de la decisión de primera instancia y de los argumentos del disenso.

Para la Sala fue claro que debía de esperarse una actuación más acorde con la prudencia de la investidura del encartado cuyos intereses personales y económicos se encontraban involucrados en razón de la diligencia administrativa, que no judicial, de la revisión de los libros y facturas de la compraventa de propiedad de su esposa.

Consideró esta colegiatura que las declaraciones del denunciante y de su colega acompañante el día de la diligencia del 10 de abril de 2010, ofrecen total credibilidad y las discrepancias respecto de si entraron o no al establecimiento de comercio, desconocimiento del trato grosero, no afecta el hecho cierto que el investigado se encontraba en el lugar de los hechos, que la diligencia de revisión de facturas y de libros, conforme al artículo 115 del Código Nacional de Policía, no pudo desarrollarse y que el investigado adujo su condición de autoridad judicial para impedir su realización. Agregó que lo que sí podría restar credibilidad a la exposición de los miembros de la policía sería la exactitud y concordancia de ambos en todos y cada uno de los detalles de los hechos denunciados.

En lo relacionado con la declaración de William Díaz Maya, sostuvo, puede tacharse de parcializada, en la medida en que se dirigió a defender los intereses de su hermano y los de su cuñada, por lo que es lógico que quisiera rebatir lo denunciado por los agentes de la policía, al indicar que si bien el encartado estuvo en el lugar de los acontecimientos, solamente les exigió a los policiales apego a la ley y que nunca se opuso a la revisión de documentos pues no estaba facultado para ello, siendo él (el deponente) la única persona como administrador del negocio a quien incumbe tal función.

La argumentación del fallo finaliza con la afirmación referida a que agotados los temas propuestos por el apelante y como ninguno de ellos encontró eco, la determinación de instancia será confirmada.

De acuerdo al discurrir procesal, no encuentra esta colegiatura reparo alguno en la actuación de los falladores de primera y de segunda instancia en el proceso disciplinario, en la medida en que no solo en el trámite del mismo, sino en el fallo adoptado emerge con meridiana claridad el ceñimiento estricto a las garantías sustantivas y adjetivas que hacen parte del debido proceso dispuesto en el artículo 29 constitucional, reglamentado por las normas aplicables al proceso disciplinario que se le siguió.

Tampoco las sentencias sancionatorias adolecen del defecto sustancial atribuido por omisión en la aplicación de lo regulado en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002(7), por la presunta omisión en la valoración de los cargos, de los descargos y de las alegaciones presentadas, por cuanto la situación fáctica examinada, encontró respaldo en las pruebas arrimadas al proceso, las cuales fueron valoradas a la luz de la sana crítica. A partir de allí se aplicó el supuesto fáctico constitutivo de la prohibición, regulada en la norma jurídica trasgredida, así como los demás elementos de la responsabilidad disciplinaria. De allí la sanción aplicada.

Menos aún puede predicarse la vulneración del derecho a la igualdad, cuando la situación fáctica y jurídica de la investigación disciplinaria seguida en su contra, es totalmente distinta a la radicada con el número 200907233 01, adelantada en contra de Daniel Alejandro Peñaranda y otros, sobre el que afirma, se ciñó a lo regulado en la mentada norma. Ello es así, en razón a que en su caso se investigó y sancionó como funcionario judicial (juez promiscuo municipal) por incurrir en las prohibiciones dispuestas en el artículo 154 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), por realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia. En el proceso disciplinario que refiere, se investigó a tres abogados por presuntamente haber incumplido sus deberes de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado y exhortar a los testigos a declarar con veracidad los hechos de su conocimiento, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 6º y 17 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

Es decir, tanto los hechos, pruebas, normas jurídicas a aplicar, los sujetos sometidos a investigación disciplinaria, el proceso a seguir y particularmente los deberes ontológicos exigibles a los investigados, difieren completamente. Por esta razón potísima, no puede depararse similar trato, no solo frente al discurrir procesal, sino en cuanto a la sentencia absolutoria en segunda instancia proferida a favor de los abogados del proceso que obra como referente.

En otros términos las circunstancias distintas en uno y en otro caso, hizo que el juzgador disciplinario otorgara consecuencias jurídicas diferentes a los involucrados en cada una de las investigaciones, lo que explica la diferenciación justificada y razonable en la interpretación y en la aplicación de las normas, respectivamente, vale decir, la Ley 734 de 2002 y Ley 1123 de 2007, según lo prevé el artículo 13 constitucional.

6.2.1.2. En lo atinente al error inducido, a la falta de motivación de la decisión y de valoración del testimonio del hermano del disciplinado.

Como se expuso en el acápite de los hechos, el segundo y tercer defecto, endilgados, consisten, en su orden, en que la persona encargada de sustanciar el proyecto de sentencia en segunda instancia, dejó de lado los mencionados argumentos de la defensa que son trascendentales, haciendo incurrir en error a la Sala y, en que tal circunstancia conllevó a la carencia de motivación de la decisión.

Al respecto, considera la Sala que basta simplemente con remitir al análisis del discurrir procesal en primera y en segunda instancia que se expuso en el punto inmediatamente anterior, para verificar, la inexistencia de tales irregularidades. En primer lugar, en el cuerpo de las sentencias se expusieron claramente los antecedentes que son fieles al trámite procesal, así como las normas jurídicas aplicables que desembocaron en la sanción aplicada. Por ello no puede concebirse que en primera o en segunda instancia, quien proyectó el fallo, haya puesto en situación de error a los magistrados que suscribieron la providencia. Menos pudo haber ocurrido, cuando correspondió funcionalmente a dos colegiaturas resolver el asunto. En segundo lugar, las decisiones se adoptaron con argumentos coherentes, razonables y suficientes, que llevaron a una sanción proporcional al desconocimiento del deber del servidor público.

Ahora bien, en sentir de esta Sala, tampoco existió omisión en la valoración del testimonio del señor William Enrique Díaz Maya. Por el contrario, el mismo fue evaluado a la luz de las reglas de la sana crítica, ejercicio valorativo que dio como resultado la afectación de la imparcialidad del deponente, dados los lazos consanguíneos que lo unen con el investigado, motivo más que suficiente para que se restara credibilidad al mismo, como se consignó expresamente tanto en la sentencia de primera, como en la de segunda instancia.

Finalmente, se advierte la identidad entre los argumentos expuestos por el actor en los alegatos de conclusión y en la apelación del fallo sancionatorio de primera instancia y los esgrimidos en la acción de tutela, de donde surge claro que su finalidad no es otra que provocar una nueva valoración tanto del supuesto fáctico como del jurídico en la investigación disciplinaria que se siguió en su contra, lo que a todas luces resulta ajeno a la competencia atribuida al juez constitucional, que no es otra que la verificación de la afectación de las garantías básicas al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, entre otras, como consecuencia de los defectos atribuidos a las actuaciones judiciales, que en el caso sub examine no se encontraron acreditados.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria el Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR por las razones expuestas, el fallo de tutela proferido el 27 de septiembre de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, por medio de la cual negó la acción de tutela incoada por Algemiro Díaz Maya, contra las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura del Cesar.

2. Una vez notificados todos los intervinientes, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela, Presidente—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros.

Leonidas Bello Arévalo, Secretario Ad-hoc.

(1) Providencia aprobada en la misma Sala de la presente sentencia.

(2) Conformada por los conjueces Jaime Carlos Ojeda Ojeda (C.P.) y Eloísa Morón Cotes.

(3) En la Sentencia T-231/94 se empezaron a enunciar los defectos que conducen a la configuración de la vía de hecho y por ende la procedencia excepcional de la tutela contra las decisiones incursas en alguna de las siguientes irregularidades protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión que se controvierte encuentra fundamento en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando es indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que apoya la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia para emitirla, y, (iv) defecto procedimental que aparece cuando la autoridad judicial actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

(4) En las sentencias T-774 de 204 [sic] y T-033/2007, se expuso que con ello se quiso señalar que las providencias judiciales pueden impugnarse de forma excepcional mediante acción de tutela por causa de otras irregularidades adicionales que no necesariamente implican una actuación judicial que viola de forma flagrante y grosera la Constitución, pero que de todas maneras vulnera o amenaza derechos fundamentales. Se trata entonces no solamente de situaciones en las cuales el juez impone de manera burda su voluntad sobre el ordenamiento jurídico, “sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución”.

(5) Sin embargo, en la Sentencia C-591-05, se sostuvo que “si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio”.

(6) Según lo afirmado a folio 146 del cuaderno de anexos.

(7) El artículo 170 de la Ley 734/2002, es del siguiente tenor: “Contenido del fallo. El fallo debe ser motivado y contener:

1. La identidad del investigado.

2. Un resumen de los hechos.

3. El análisis de las pruebas en que se basa.

4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.

5. La fundamentación de la calificación de la falta.

6. El análisis de culpabilidad.

7. Las razones de la sanción o de la absolución, y

8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva”.