SENTENCIA 2012-01638 DE ENERO 12 DE 2017

 

Sentencia 2012-01638 de agosto 18 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Expediente: 110011102000201201638-01

Acta 79

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Proyecto registrado el 17 de agosto de dos mil dieciséis 2016.

Bogotá, D.C., dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

Objeto de la decisión

Procede la Sala a conocer en grado jurisdiccional de consulta el fallo proferido el 24 de abril de 2015, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), sancionó con suspensión por el término de DOS (2) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Carlos Fernando Bejarano Mora, al declararlo responsable de la comisión de la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos

Los hechos materia de investigación se circunscriben a lo manifestado por el señor Nelson Orrego Rojas, en su escrito de queja, en los siguientes términos:

Indica el quejoso señor BEJARANO MORA (sic), que se encontraba privado de la libertad, procesado por los delitos de lesiones personales y homicidio, condenado a pena privativa de la libertad por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá, decisión apelada y confirmada por el tribunal Superior, pendiente recurso de casación.

Se refiere que el abogado defensor de oficio que le fuera designado renunció argumentando que dicha defensa no le representaba nada económicamente. El nuevo defensor le dijo que le era muy difícil ejercer su defensa técnica porque estaba muy encima el juicio.

En segunda instancia al doctor CARLOS FERNANDO BEJARANO ROJAS,(sic) se le llamó la atención por la falta de manejo de las pruebas y la pobre argumentación a favor de su defendido.

Finalmente señala que el abogado que le asignaron no presentó el recurso de casación de manera oportuna.

Actuación de primera instancia

De la condición de abogado. El doctor Carlos Fernando Bejarano Mora, se identifica con cédula de ciudadanía 80.0412463 y con tarjeta profesional 81.612 de c.s. de la j., Igualmente se verificó la ausencia de antecedentes disciplinarios.

Apertura de proceso disciplinario: El magistrado de primera instancia mediante auto de 22 de junio de 2012, ordenó la apertura de proceso disciplinario y fijó fecha para la audiencia de pruebas y calificación provisional.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al abogado inculpado el funcionario instructor profirió edicto emplazatorio y le nombró defensor de oficio.

Audiencia de pruebas y calificación provisional. Los días 23 de abril y 28 de octubre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional en la cual el señor Nelson de Jesús Orrego Rojas, rindió ampliación y ratificación de queja(2). Diligencias a las cuales no concurrió el abogado investigado por lo que en aras de garantizar su derecho de defensa acudió la defensora de oficio designada(3).

El 25 de febrero de 2014(4) Se valoran las pruebas documentales allegadas, entre ellas la respuesta de la defensoría del pueblo y la copia del proceso penal radicado 201000999 seguido contra el señor Nelson de Jesús Orrego Rojas.

El despacho luego de valorar las pruebas obrantes hasta este momento procesal considera que debe darse aplicación al artículo 103 de la Ley 1123 de 2007 a favor del doctor Lenin Guillermo Burbano Herrera, principalmente porque se encuentra que los hechos que en un principio le fueron atribuidos por el quejoso señor Nelson de Jesús Orrego Rojas, no existieron.

Respecto al caso del doctor Carlos Fernando Bejarano Mora, el despacho considera pertinente continuar adelante con la investigación disciplinaria en su contra, para la cual se señalara fecha para la realización de audiencia de pruebas.

Calificación provisional de la actuación: El 3 de marzo de 2015, una vez instalada la audiencia, el Magistrado instructor profirió cargos al profesional investigado por la presunta inobservancia del numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la posible comisión de la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 ibídem. Se le imputó a título de culpa.

Lo anterior por cuanto el doctor Carlos Fernando Bejarano Mora, pese a ejercer la defensa penal del señor Nelson de Jesús Orrego Rojas al interior del proceso 1100111020002011-01638 interpuso recurso de casación contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Penal de Bogotá, no obstante no los sustentó por lo que produjo que el 19 de diciembre de 2011 se declarara desierto. En perjuicio de los intereses de su poderdante.

Audiencia de juzgamiento. Se llevó a cabo el 21 de abril de 2015, en la cual la apoderada de oficio del disciplinable rindió sus alegatos de conclusión, manifestando que posiblemente el profesional del derecho dejó de sustentar el recurso para prevenir litigios innecesarios o inocuos.

Decisión de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de abril de 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión al abogado, Carlos Fernando Bejarano Mora por la vulneración al numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la comisión de la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 ibídem a título de culpa.

En ese orden de ideas, se demostró la configuración de la falta irrogada por parte del investigado por cuanto:

“se indica que el abogado asistió a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Penal de Bogotá que en dicha oportunidad manifestó interponer el correspondiente recurso de casación, afirmando además que en los días posteriores haría llegar la demanda de casación, sin embargo, de acuerdo a las constancias que aparecen en el proceso penal, el abogado no presento la demanda correspondiente dentro del término eque (sic) establece la ley, lo que motivo qye (sic) el 19 de diciembre de l (sic) año 2011, se declarara desierto el recurso de casación, que había sido interpuesto por el togado cobrando ejecutoria la sentencia impartida por el Tribunal en contra de su representado.

Es decir que el abogado dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, en este caso lo que le correspondía era radicar dentro del término que la Ley le concede la demanda de casación penal contra la sentencia impartida por el Tribunal y como lo manifestó en la audiencia de lectura de fallo en la cual sindicó su decisión, su determinación, su voluntad de interponer el recurso de casación contra la sentencia en ejercicio de la defensa técnica del ciudadano Nelson de Jesús Orrego Rojas, sin embargo al no hacerlo de manera oportuna permitió que la sentencia cobrara ejecutoria y que el señor Orrego Rojas, quedara si recurso legal frente a la decisión que le impuso la condena de la cual se ha dado cuenta.

Pruebas estas que dejan claro que fue el profesional del derecho el que incumplió sus deberes profesionales para con su defendido, es decir que el abogado Carlos Fernando Bejarano Mora, no habría estado atento al desarrollo del proceso penal, principalmente en relación a la demanda de casación penal, principalmente la de inspección judicial, dejando clara como se ha dicho la materialidad de la conducta investigad, en cabeza del doctor Bejarano Mora, por la infracción injustificada del deber de obrar con la debida diligencia profesional”.

Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer en consulta los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(5) y 59 de la Ley 1123 de 2007(6); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Del asunto en concreto. Teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento del abogado Carlos Fernando Bejarano Mora para determinar si puede ser objeto de reproche disciplinario o no.

Del material probatorio allegado al proceso se tiene que el disciplinable investigado ejerció la defensa penal del señor Nelson de Jesús Orrego Rojas desde el 28 de abril de 2011 (continuación de audiencia de Juicio), al interior del proceso penal seguido en su contra por el delito de Homicidio en concurso con Lesiones Personales, tramitado en el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá.

Adelantadas las audiencias correspondientes en el proceso penal, se tiene que el jurista inculpado asistió a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia realizada el 18 de octubre de 2011, diligencia en la cual, interpuso recurso de casación contra la sentencia condenatoria proferida en contra de su prohijado concediéndosele el término de 30 días para sustentarlo de forma escrita.

La Secretaría del Tribunal Superior de Bogotá dejó constancia indicando que el defensor público Carlos Fernando Bejarano Mora “interpuso el recurso extraordinario de Casación pero no presentó la demanda correspondiente dentro del término legal”.

El 19 de diciembre de 2011 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró desierto el recurso de casación interpuesto por el abogado Carlos Fernando Bejarano Mora defensor del procesado Nelson de Jesús Orrego Rojas.

Tipicidad: el fallo de primera instancia imputó al profesional del derecho la falta a la debida diligencia profesional, consagrada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 que señala:

ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

Efectivamente está probado que el abogado investigado pese a tener la facultad de representar penalmente al señor Orrego Rojas, desde el 28 de abril de 2011, en el proceso penal 2010-999 tramitado en el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá, no presentó la sustentación del recurso extraordinario de Casación contra la sentencia condenatoria proferida el 18 de octubre de ese mismo año, omitiendo su presentación, lo que produjo la declaratoria de desierto el 19 de diciembre de 2011.

Así pues, es claro para esta Sala que atendiendo al material probatorio obrante en el expediente no cabe duda que incumplió el compromiso adquirido, menoscabando los intereses de su poderdante.

Por lo anterior, en el presente caso no se presenta mayor dificultad en lo atinente al establecimiento de la tipicidad en la conducta desplegada por el abogado Carlos Fernando Bejarano Mora teniendo en cuenta que siendo el apoderado del señor Nelson de Jesús Orrego Rojas en el proceso penal 2010-00099, no sustentó el recurso de casación.

Ahora bien, en relación con el elemento subjetivo de la falta, el defensor de oficio del abogado investigado en el transcurso de la actuación adujo la posible inexistencia de falta disciplinaria, argumentando que el togado había desistido de la sustentación del recurso para impedir el trámite de un litigio innecesario.

Sobre lo anterior esta superioridad no considera admisible la exculpación rendida por la defensor de oficio, en primer lugar, por lo improbado de su afirmación, y en segundo lugar, porque al togado le asiste el deber de debida diligencia, implicando con ello, asumir todas las gestiones de forma cuidadosa y atenta. De tal manera que si interpuso el recurso de casación, lo lógico hubiese sido su sustentación, pues de otra manera le asistía el derecho a renunciar al mandato conferido. Situación que no se evidenció en el presente caso.

No sobra advertir que la claridad de la norma que otorga el término para sustentar el recurso de casación no admite discusión alguna, adicionalmente, las pruebas lo único que demuestran es la negligencia con la que actuó frente a la gestión, pues no asumió con celosa diligencia la misma.

Consecuentemente, tampoco es admisible como exculpación el haber actuado con diligencia en las actuaciones procesales anteriores dentro del proceso, pues dicha circunstancia no controvierte en nada el hecho de no haber presentado el aludido recurso.

Por otro lado, si bien es cierto la profesión de abogado comporta obligaciones de medio y no de resultado, esto no significa permitir que el investigado omita realizar su gestión, lo ideal es que los profesionales del derecho utilicen todos los instrumentos jurídicos en defensa de sus clientes.

Desatendidos los argumentos defensivos, la Sala encuentra que el abogado investigado incurrió en la falta contra la diligencia profesional prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, pues injustificadamente no sustentó el recurso de casación contra la sentencia condenatoria emitida el 18 de octubre de 2011, en perjuicio de los intereses de su cliente, que no pudo acceder a una revisión por parte de la Corte en el asunto penal seguido en contra.

Antijuridicidad: La Ley 1123 de 2007, consagra como uno de sus principios rectores, el de antijuridicidad, según el cual, “un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(7).

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el estatuto de la abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derecho del sujeto disciplinable, debe transcender igualmente de la simple descripción legal”(8)

El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados.

En este caso, el togado contrarió el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, que se encuentra consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 correspondientemente.

Lo anterior por cuanto quedó demostrado que el profesional investigado no sustentó el recurso extraordinario contra la sentencia condenatoria emitida al interior del proceso penal 2010-999 desconociendo las reglas deontológicas verificadas en este disciplinario, sin que se hubiesen aceptado las exculpaciones realizadas, a quien se le demostró el descuido de su parte.

Culpabilidad: en el presente caso, la modalidad de la conducta deviene en culposa, toda vez que el abogado incurrió en la falta disciplinaria al no observar el deber objetivo de cuidado, pues se comprobó que negligentemente no sustentó el recurso de casación al interior de la referenciada actuación penal.

Sanción: Esta Sala considera que la imposición de suspensión por el término de dos (2) meses debe dejarse incólume atendiendo a los criterios de graduación de la sanción establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Se indica que frente a la razonabilidad de la sanción, esta Colegiatura encuentra que su imposición obedece al comportamiento desplegado por el profesional del derecho, según el cual incurrió en falta disciplinaria contra la diligencia profesional, no obstante la carencia de antecedentes disciplinarios y la modalidad culposa de la conducta, hace imperioso partir de la mínima suspensión consagrada en el artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, manteniéndose en ésta deviene como proporcional a la entidad del comportamiento desplegado.

De la misma manera se considera necesaria por cuanto cumple con prevenir que la conducta negligente del abogado encartado se repita, así mismo influye como medio para disuadir a los demás profesionales del derecho en cometer las aludidas actuaciones.

Sobre la relevancia social de la conducta, se observa que la omisión del togado investigado contraría la imagen de la profesión e igualmente quebranta la confianza de las personas en sus apoderados, desacreditándola y generando con ello una grave afectación social.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo proferido el 24 de Abril de 2015, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con SUSPENSIÓN por el término de DOS (2) MESES en el ejercicio de la profesión al abogado Carlos Fernando Bejarano Mora, al declararlo responsable de la comisión de la falta establecida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, en consecuencia, por la Secretaría, devuélvase el expediente al sitio de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria judicial.

1 Con ponencia del Magistrado Jorge Eliecer Gaitán Peña, integrando Sala con el Magistrado Sergio Sánchez.

2 Folio 57.

3 Folio117, 118.

4 Folio 137, 138.

5 ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

6 “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:
1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código...”.

7 Artículo 4º.

8 Lecciones del derecho disciplinario volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario. Pag 35 y ss.