Sentencia 2012-01688 de agosto 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2012-01688-00

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil doce.

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La jurisprudencia de manera invariable ha señalado que, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

2. En el caso sub judice, a partir del examen de la providencia acusada, no logra advertirse una vulneración a los derechos fundamentales del accionante, pues la misma no es producto del arbitrio o capricho del juzgador, y por el contrario, es una decisión coherente, razonable y motivada.

En efecto, la determinación de remitir el proceso a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, no es caprichosa sino consecuencia de la aplicación de la ley y de lo dispuesto por la Sala de Casación Penal de esta corporación, en auto de 26 de marzo de 2009, dentro de la causa penal del accionante.

En efecto, como se refirió en esa oportunidad, la vigilancia de la ejecución de la pena del actor era competencia de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, por aplicación del parágrafo del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, que otorga la misma, cuando se trate de condenados que gocen de fueron constitucional o legal, en primera instancia “a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento”.

Sin embargo, como lo precisó la Corte en tal momento “conforme ha decantado la Sala al analizar la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, ella radica, atendido el factor territorial, en el funcionario del lugar donde el condenado se encuentre cumpliendo la pena, ya sea en establecimiento carcelario o en su domicilio y, si estuviere en libertad, tal competencia recae en el de Bogotá, por ser esta ciudad la sede de la Corte, quien dictó el fallo en única instancia” [fl. 6].

Por ende, comoquiera que el peticionario del amparo fue favorecido con libertad condicional, mediante auto 11 de abril de 2012, se impone concluir que la remisión del expediente del proceso seguido en su contra, a los jueces de ejecución de penas de Bogotá, es una determinación del todo razonable, pues fue en esta ciudad en donde se dictaron los fallos que lo condenaron, lo que implica que no transgrede sus derechos fundamentales.

En este caso, la labor del accionado se ciñó a los postulados legales, y fue consecuencia propia de la labor judicial, que se funda en principios de rango constitucional tales como la independencia y autonomía, consagrados en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, y en la que le está vedado al juez de tutela inmiscuirse.

De allí que sea evidente, que la pretensión del tutelante se circunscribió, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el juzgador se fundó para arribar a su conclusión, inconformidad que, naturalmente, excede el ámbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermenéutica de las normas, sin llegar, por supuesto, al límite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.

Lo pretendido por el peticionario del amparo, es anteponer su propio criterio al del accionado, y atacar, por esta vía, la decisión que lo desfavoreció, finalidad que resulta ajena a la de la acción de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia más dentro de los juicios ordinarios.

3. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto fáctico, ni por ninguna otra actuación caprichosa que el accionado tomó su decisión, pues los motivos que adujó en su providencia constituyen una interpretación judicial perfectamente válida y razonable, por lo que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias y, por tanto, no se advierte violación a los derechos fundamentales de la tutelante.

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo de los derechos invocados mediante la presente acción.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la protección constitucional deprecada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito; y, en su oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo».