Sentencia 2012-01701 de agosto 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2012-01701-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil doce.

Discutido y aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo constitucional para atacar decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que en esos trámites

“no se considera procedente ningún otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acción de tutela, porque se convertiría en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un trámite de indiscutido raigambre constitucional”(1).

Sin embargo, también se ha establecido, que de manera excepcional es procedente este mecanismo, cuando en la tramitación se ha desconocido de manera flagrante la garantía constitucional al debido proceso de los intervinientes. Así, se ha dicho que procede:

(...) ‘en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificación del accionado, una vez éste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situación’.

“Y es que como es apenas lógico, tal como lo sostiene la doctrina constitucional, dentro del trámite del incidente de desacato debe garantizarse el derecho fundamental al debido proceso.

“... en el evento en que durante el curso del incidente se advierta desconocimiento del derecho al debido proceso y como consecuencia de ello se constituya una vía de hecho, es perfectamente admisible que quien considere vulnerado su derecho acuda a la acción de tutela en procura de obtener protección constitucional. Será el juez de tutela, entonces, el que entre a valorar si en el caso concreto se configuran los presupuestos para la procedencia de la acción contra providencias judiciales y si se configura o no una vía de hecho. (...)”(2).

La mencionada consideración, encuentra sustento en la prerrogativa de todos los asociados a ser juzgados según las reglas preestablecidas, y con la oportunidad de intervenir en el trámite, defenderse, y aportar las pruebas tendientes a edificar la correspondiente defensa.

No está investida de legalidad una decisión judicial proferida a espaldas de los interesados, y producto de un procedimiento que no pudieron conocer y, por ende, controvertir mediante los mecanismos creados para el efecto.

En tal entendido, y pese a que el desacato debe tramitarse de manera expedita, es necesario garantizar en el mismo los derechos de las partes, por lo que resulta indispensable que el juez comunique al accionado su iniciación; le de oportunidad de que explique su retraso en el cumplimiento de la orden, o que acredite su acatamiento; practique las pruebas que se soliciten y sean necesarias para tomar la decisión; y le notifique la misma a los interesados.

3. Ahora bien, de manera general siempre se ha considerado que aunque la acción de tutela esté consagrada como un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de legitimación.

En armonía con esos postulados, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, determinó que este especial mecanismo se puede ejercer por la

“persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”.

Para facilitar la defensa de derechos ajenos, también estableció la presunción de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garantías constitucionales no esté en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, así deberá manifestarse en la solicitud.

Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue:

“... ningún tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervención acaece como agente oficioso, deberá manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa”(3).

Frente a actuaciones cumplidas en el trámite de un proceso o de providencias dictadas dentro de este, se ha considerado que

“cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquéllas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte”(4).

Significa lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en él se enfrentan, impetrar la acción de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues está claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales están facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando además de verificarse la conculcación de sus garantías fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del trámite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a través de los medios ordinarios consagrados en la ley.

4. En el supuesto que analiza la Corte, la solicitud de protección aparece elevada por el jefe de la oficina asesora jurídica el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social quien, empero, carece de legitimación para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de la sancionada Marlene Mesa Sepúlveda, a quien le fue aplicada sanción personal.

Es que, únicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se habían quebrantado sus garantías, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protección, lo que podía hacer, bien directamente, o a través de mandatario especialmente constituido para la acción, como quiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garantías que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible al Departamento Administrativo tutelante ni siquiera como sucesor procesal de Acción Social, toda vez que la sanción no se dirigió contra dicho ente sino, se itera, contra Marlene Mesa Sepúlveda.

Y si bien la normativa que regula la tutela permite el agenciamiento oficioso de derechos ajenos, la reclamante tampoco manifestó que actuara en esa condición ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acreditó la existencia de mandato judicial para este trámite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo superior.

5. Finalmente, se recuerda, que uno de los principios que rige la acción de tutela es el de la inmediatez, que visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jurídica con el cual se produzca la vulneración de garantías constitucionales de terceros, como también que se desnaturalice el trámite tutelar, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.

En ese orden se advierte, que la entidad tutelante considera que los derechos invocados se lesionaron por le inadecuada tramitación del incidente de desacato que culminó con la sanción a la supuesta subdirectora de Atención a Víctimas de la Violencia de Acción Social, de lo cual es posible deducir, que la acción de tutela se dirige en contra de aquella decisión proferida el 26 de enero de 2011 y de la providencia que en el grado de consulta la confirmó el 15 de abril siguiente.

De allí que, sin ninguna dificultad, se colija que aún de admitirse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ostenta legitimación para interponer la petición de tutela, esta no satisface el requisito de procedibilidad en comento, pues se promovió el 2 de agosto de 2012, esto es, luego de haber transcurrido más de quince meses desde que se profirió la última de las providencias en mención.

Y es que tampoco se vislumbra medio de prueba que justifique la tardanza en la interposición de la solicitud de amparo pues, aunque se alegue la indebida notificación del auto sancionatorio, según las copias aportadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para el 8 de febrero de 2011 la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia y la Oficina Asesora Jurídica de Acción Social, ya conocía de aquella providencia.

6. Razones todas por las cuales se negará el amparo de tutela.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo de los derechos fundamentales invocados.

Notifíquese y cúmplase».

 

(1) Sentencia de 29 de noviembre 2006, exp. 01927-01.

(2) Sentencia de 8 de febrero de 2008, exp. 00344-01, reiterado en sentencia de 3 de marzo de 2010, exp. 2010-00082-01.

(3) Entre otras, sentencias de tutela de 9 de febrero de 1996, exp. 2822; 9 de octubre de 1998, exp. 5429; 19 de febrero de 2002, exp. 0159-01; 24 de febrero de 2004, exp. 00219-01; 11 de marzo de 2009, exp. 00001-01.

(4) Sentencia de tutela de 6 de marzo de 2012, exp. 2012-00357-00.