Sentencia 2012-01771 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 20120177101

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Jorge Iván Piedrahita Montoya

Pérdida de investidura de concejal

Bogotá D.C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1. Competencia.

La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que estableció la segunda instancia para estos procesos y, de otra, por decisión adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 25 de enero de 2005, que la adscribió a esta Sección.

5.2. Violación al debido proceso por parte del a quo.

El actor afirma que durante el desarrollo de la etapa probatoria no se le permitió fundamentar su solicitud de pérdida de investidura, ni se evacuaron de manera correcta la totalidad de las pruebas solicitadas en primera instancia.

Observa la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 10 de diciembre de 2012 (fl. 65) inadmitió la solicitud de pérdida de investidura, por cuanto no reunía los requisitos establecidos en el artículo 4º de la Ley 144 de 1994, aplicable por remisión expresa del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, y le concedió al actor 10 días para que allegara la acreditación de la calidad de concejal del demandado y precisar en forma concreta la causal de pérdida de investidura y su debida explicación.

Mediante auto de 21 de enero de 2013, el tribunal admitió la demanda (fl. 76).

Posteriormente, el a quo, mediante auto de 4 de febrero de 2013, abrió el proceso a pruebas y tuvo como tal, todos los documentos allegados en la demanda y en la contestación de la misma. En cuanto a las pruebas solicitadas por el actor se dispuso la práctica de las siguientes:

“1. Se solicite al Concejo Municipal de Fusagasugá, y con destino al presente proceso; copia de las actas celebradas, desde el año 2011 y hasta el año 2012; de todas las sesiones de dicha corporación, con la constancia de asistencia o inasistencia del señor constructor-.concejal Jorge Arnulfo Pachón Espitia.

2. Se solicite a la obra que adelanta el concejal Jorge Arnulfo Pachón Espitia, en Fusagasugá, que remita con destino a la presente actuación, copia de la licencia de construcción, de los planos, de las nóminas de personal, libros de contabilidad, y autorizaciones legales y ambientales otorgadas a la obra.

3. Declaración bajo juramento que rinda el señor Juan Cubides quien siendo personero concejal, representa al constructor-concejal, Jorge Arnulfo Pachón Espitia.

4. Se solicite a la alcaldía de Fusagasugá, y con destino a este proceso; copia de los comprobantes de pago que por concepto de honorarios, se le vienen realizando al señor constructor concejal, Jorge Arnulfo Pachón Espitia, durante los años 2011 y 2012, con indicación de la fecha y el tema de la sesión, a la cual corresponden.

5. Teniendo en cuenta que, imprudencias y chismes son los que han enervado la jurisdicción; pido se cite a declarar bajo juramento a “Albeiro” NN, quien puede ser notificado en el consejo (sic) municipal oficina del concejal Jorge Arnulfo Pachón Espitia, quien seguramente le hará llegar la citación”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el mismo auto decidió no decretar los testimonios solicitados por el actor en los numerales 3º y 5º de la demanda, porque consideró que la solicitud no reunía los requisitos señalados en los artículos 219 y 220 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no se expresó el nombre, domicilio y residencia de los testigos y se omitió enunciar sucintamente el objeto de la prueba.

Para la Sala, las razones de inconformidad expuestas por el actor no son de recibo, toda vez que las pruebas allegadas y solicitadas por las partes fueron tenidas en cuenta y decretadas por el tribunal en legal forma.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

5.3. Estudio del recurso de apelación.

La Sala abordará únicamente el estudio de la causal contenida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, pues el recurso de apelación cuestiona la sentencia del tribunal que negó la solicitud de pérdida de investidura del concejal Jorge Arnulfo Pachón Espitia, por haber incurrido en conflicto de intereses, contenida en dicho numeral.

5.4. Marco constitucional y legal del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de los concejales.

La Sala estima oportuno transcribir el marco normativo de la pérdida de investidura de los concejales:

“(...) Constitución Política

ART. 312.—

(...)

La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales (...)”.

“(...) LEY 136 DE 1994

ART. 55.—Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:

(...)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.

(...)

ART. 70.—Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.

(...)”.

“(...) LEY 617 DE 2000

ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

(...)”.

La Sala mediante sentencia de 24 de agosto de 2006(1) se pronunció sobre los elementos que configuran la violación al régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de la siguiente forma:

“La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 17 de octubre de 2000, tuvo la oportunidad de precisar el alcance de la causal en estudio, con ocasión de los procesos de pérdida de investidura de congresistas:

“(...) Entonces, el conflicto de intereses surge cuando el congresista tenga interés directo en la decisión de que se trate, porque le afecte de alguna manera, o afecte a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a sus parientes, o a sus socios; y así lo observe o advierta, y debe entonces declarar su impedimento. Es decir, viola el régimen de conflicto de intereses el que, a sabiendas de la situación de conflicto, no manifieste su impedimento y en su provecho participe en el asunto, o en provecho de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de sus parientes, o de sus socios.

Ese interés, con tales características, ha de ser particular, pues si se tratara del interés general, común a todos, resultaría que los congresistas, todos ellos, en todos los casos, se encontrarían en situación de conflicto.

La situación de conflicto resulta, pues, del asunto o materia de que se trate, de las particulares circunstancias del congresista o su cónyuge o compañero o compañera permanente, o sus parientes, o sus socios, y de su conducta, en cada caso.

El interés consiste en el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto. Así, no se encuentra en situación de conflicto de intereses el congresista que apoye o patrocine el proyecto que, de alguna manera, redundaría en su perjuicio o haría más gravosa su situación o la de los suyos, o se oponga al proyecto que de algún modo les fuera provechoso. En ese sentido restringido ha de entenderse el artículo 286 de la Ley 5ª de 1991, pues nadie tendría interés en su propio perjuicio, y de lo que trata es de preservar la rectitud de la conducta de los congresistas, que deben actuar siempre consultando la justicia y el bien común, como manda el artículo 133 de la Constitución. Por eso, se repite, la situación de conflicto resulta de la conducta del congresista en cada caso, atendidas la materia de que se trate y las circunstancias del congresista y los suyos (...)”(2).

Asimismo la Sala de Servicio y Consulta Civil de esta corporación, en concepto de 28 de abril de 2004 definió así la noción, finalidad y características del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura:

“(...)

2. El conflicto de intereses. Es una institución de transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que prevalezca el interés privado del congresista sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión —para el caso, la motivación del voto—. En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.

2.4. Necesidad de análisis en cada caso particular: la Sala estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el caso de los congresistas. Comoquiera que dicho conflicto se configura por la concurrencia de interés privado e interés público, se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:

3.1. Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” —Messineo, T. II, p. 10—, lo cual acontece cuando surgen v. gr. ventajas o provechos representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o trato) para generar conflicto de interés. Y, 3) Es afectable, cuando puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es inalienable (v. gr. la vida).

c) Privado: se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés público o general —regulación abstracta en general—. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: el interés debe radicar en el congresista o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio.

3.2. El interés público concurrente en la decisión pertinente. Para que este interés público concurrente pueda verse menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.

b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.

c) Proyecto de decisión de interés público.

d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3. Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en elementos objetivos.

(...)”(3).

Según estos pronunciamientos la causal solo se configura con un interés directo, particular y concreto, en este caso del concejal, en el asunto objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones.

De la misma manera, la Sala Plena(4) ha sido enfática en sostener que si el interés se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio”.

De los anteriores pronunciamientos se tiene que el conflicto de intereses se presenta cuando entran en colisión el interés público y el interés privado del congresista, de modo que lo priva de la imparcialidad necesaria para tramitar y decidir un asunto sometido a su conocimiento. Se refiere a situaciones de carácter particular, estrictamente personales en las que tiene interés el congresista, las cuales implican un aprovechamiento personal de la investidura(5).

Así, para que se configure el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben presentarse las siguientes condiciones o supuestos:

(i) Que exista un interés directo, particular y actual: moral o económico.

(ii) Que el congresista no manifieste su impedimento a pesar de que exista un interés directo en la decisión que se ha de tomar.

(iii) Que el congresista no haya sido separado del asunto mediante recusación.

(iv) Que el congresista haya participado en los debates y/o haya votado.

(v) Que la participación del congresista se haya producido en relación con el trámite de leyes o de cualquier otro asunto sometido a su conocimiento.

En cuanto al interés directo, particular y actual: moral o económico, como primer elemento constitutivo de la causal alegada, la Sala Plena de esta corporación explicó en un pronunciamiento,(6) que el interés debe ser entendido como “una razón subjetiva que toma decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen”(7) y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista a los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto”(8).

Asimismo, la Sala Plena precisó que “el conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el congresista, es decir, que está inhibido para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Esto significa que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones judiciales, electorales o políticas, siempre que lo afecten”(9).

5.5. El caso concreto.

El análisis de la causal alegada se contraerá a la actuación del concejal demandado en cuanto hizo uso de su cargo para desafectar la condición de patrimonio histórico y cultural del inmueble denominado “La Casa de la Antigua Hacienda la Venta”, el cual es de su propiedad, para convertirlo en una bodega o depósito de materiales para construcción.

Está demostrada la calidad de concejal del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), que ostenta el ciudadano Jorge Arnulfo Pachón Espitia para el periodo 2011-2015 (fls. 8 y 73).

Obran en el expediente las siguientes pruebas:

— Copia del Decreto municipal 150 de 2005, mediante el cual el alcalde municipal de Fusagasugá declaró como bien de interés cultural municipal La Casa de la Antigua Hacienda la Venta (fl. 122).

— Copia de la solicitud de demolición de La Casona La Venta presentada por los propietarios de la misma, radicada el 10 de abril de 2008 ante el Departamento Nacional de Planeación Municipal, por encontrarse “al borde del derrumbamiento total y, además, estar invadiendo el espacio de vía, impidiendo la ampliación absolutamente necesaria de las avenidas que confluyen en este punto” (fl. 143).

— Copia del Decreto 409 de 26 de agosto de 2008 (fl. 120), mediante el cual el alcalde municipal de Fusagasugá revocó directamente el Decreto 150 expedido el 28 de julio de 2005, por considerar lo siguiente:

“1. Que el artículo 315 de la Constitución Nacional le atribuye al alcalde la función de dirigir la administración del municipio.

2. Que el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo señala que los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores. Señalando para ello el procedimiento indicado en el artículo 73 y siguientes del mismo estatuto.

3. Que mediante Decreto 150 del 28 de julio de 2005 se declaró el bien inmueble “La Casa de la Antigua Hacienda la Venta” como bien de interés cultural municipal, predio identificado con el folio de matrícula inmobiliario 157-27486.

4. Que el informe técnico rendido por el inspector de obras de la oficina de planeación municipal, el 28 de agosto de 2007, señala que “la casona se encuentra construida a 8,50 metros del eje, es decir que la parte más salida de la construcción se ubica a 0,50 metros del borde de la calzada de la transversal 12 y a 16,00 metros del eje de la vía nacional por lo que se encuentra fuera del paramento”.

5. Que el citado informe aporta material fotográfico en el que se evidencia el estado ruinoso en el que se encuentra el inmueble, sus techos se encuentran caídos, las paredes de las fachadas, tanto de la principal como de la ubicación sobre la transversal 12 y la posterior así mismo, el interior de la casa se avizora totalmente sin techo y con aspecto ruinoso (negrilla fuera de texto).

6. Que las copiosas solicitudes por parte de los propietarios, señores Jorge Arnulfo Pachón Espitia, Fabio Enrique Acosta Forero y Luis Evelio Ramírez Gómez, se encaminan a obtener la autorización para la demolición de la casona toda vez que dicho inmueble está al borde del derrumbamiento total.

7. Que el segundo informe técnico rendido el 18 de abril de 2008 que “el área construida (sic) de la casona es de 671 M2 aproximada, el 95% de la cubierta que estaba en madera y teja de barro se derrumbo (sic) y el 5% aproximado está (sic) que se derrumba. Los muros divisorios están construidos en adobe y ladrillo tolete, parte de estos muros están desplomados al sol y al agua. Los pisos están llenos de escombros y maleza dentro de la casona”.

8. Que la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá “Emserfusa ESP” solicitó en Oficio DALC10 0077-08 del 11 de marzo de 2008, a la oficina de planeación municipal realizar la afectación del predio denominado La Casona la Venta, “ya que es necesario realizar el cruce de tubería por la zona con el propósito de evitar excavaciones Éxito a la Quebrada Manila” con el objeto de construir el alcantarillado, pluvial del barrio Manila.

9. Que de conformidad con lo esgrimido en los numerales anteriores es necesario revocar directamente el acto administrativo mediante el cual se declaró el inmueble La Casa de la Antigua Hacienda la Venta como bien te interés cultural municipal.

10. Que mediante Oficio SG: 0556-08, del 22 de agosto de 2008, se comunicó a los propietarios del inmueble sobre la decisión por parte de la administración de revocar directamente el decreto en comento, quienes con oficio radicado ante el CAM con Nº 5761 del 25 del mismo mes y año, manifestaron su absoluto respaldo al propósito de revocación ya aludido.

11. Que una vez agotado el procedimiento en el numeral 2º de estas consideraciones se obtiene la procedibilidad de revocar directamente el acto administrativo objeto de este pronunciamiento”.

— Oficio 300-08-42-01 de 29 de enero de 2013 (fl. 154), mediante el cual el presidente del Concejo Municipal de Fusagasugá informa que en el referido concejo se ha aprobado únicamente el Acuerdo 29 de 3 de julio de 2001 “por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial del municipio de Fusagasugá” y, que para ese entonces el señor Jorge Arnulfo Pachón Espitia no era concejal del municipio y, por ende, no participó en la discusión y aprobación del mismo.

— Oficio 300-05-72-02 de 8 de febrero de 2013 (fl. 37), proferido por el presidente del Concejo Municipal de Fusagasugá mediante el cual, certifica que en los periodos en que ha sido concejal el ingeniero Arnulfo Pachón Espitia, en los temas relacionados con el ramo de la construcción y que se han debatido en acuerdo municipal, se ha declarado impedido y así lo ha hecho públicamente en las respectivas plenarias de los debates de acuerdos que se han relacionado con el ramo de la construcción, profesión en la que se desenvuelve el concejal.

— Oficio 300-05-71-02 de 8 de febrero de 2013 (fl. 38), por el cual el presidente del Concejo Municipal de Fusagasugá certifica que el señor Arnulfo Pachón Espitia fue concejal del municipio de Fusagasugá durante el periodo 2008-2011 y fue electo para el periodo 2012-2015. También certifica que el concejal Pachón Espitia no ha dejado de asistir a más de 3 sesiones consecutivas sin justificación alguna, en ninguno de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebraron durante los años 2008 a 2012.

Las pruebas allegadas demuestran que los propietarios del inmueble denominado “La Casa de la Antigua Hacienda la Venta” solicitaron la demolición del mismo, por encontrarse “al borde del derrumbamiento total” y por estar “invadiendo el espacio de vía, impidiendo la ampliación absolutamente necesaria de las avenidas que confluyen en este punto”.

Teniendo en cuenta la solicitud de los propietarios, los informes técnicos y la necesidad de la construcción del alcantarillado en la zona donde está ubicado el mencionado inmueble; el alcalde revocó el acto administrativo por el cual lo afectó como bien de interés patrimonial y cultural de Fusagasugá.

Para la Sala, la decisión consistente en desafectar el inmueble “La Casa de la Antigua Hacienda la Venta” como bien de interés patrimonial y cultural fue adoptada por el alcalde de Fusagasugá, teniendo como fundamento informes técnicos que demostraban el mal estado en que se encontraba el inmueble; decisión que no fue adoptada por el concejo municipal en donde el concejal demandado hubiera podido tener alguna participación para obtener algún beneficio.

De conformidad con la jurisprudencia citada en acápites anteriores, para que se configure el conflicto de intereses es necesario que entren en colisión el interés público y el interés privado del concejal para tramitar y decidir un asunto sometido a su conocimiento; lo cual en este caso se descarta, toda vez que como quedó demostrado, el acto por el cual se desafectó el inmueble “La Casa de la Antigua Hacienda la Venta”, fue proferido por el alcalde y no por el concejo.

En el caso presente, resulta evidente que existía un interés directo por parte del concejal demandado por ser propietario del inmueble, pero está probado que el señor Pachón Espitia no intervino en la deliberación, ni en la votación de algún proyecto de acuerdo, de actuación judicial, ni en la adopción de otras decisiones judiciales, electorales o políticas relacionadas con la “La Casa de la Antigua Hacienda la Venta”, pues realmente se trató de un acto administrativo proferido por el alcalde municipal en uso de sus facultades constitucionales y legales.

En cuanto a la discusión y aprobación de proyectos de acuerdos, relacionados con el uso del suelo del municipio de Fusagasugá y, respecto de los cuales, el demandado hubiera podido tener un interés directo, particular y actual, la Sala observa que para la fecha en que fue aprobado el plan de ordenamiento territorial del municipio de Fusagasugá mediante Acuerdo 29, esto es, el 3 de julio de 2001, el señor Jorge Arnulfo Pachón Espitia no se desempeñaba como concejal y, por lo tanto, no podía participar en la discusión y aprobación del mismo.

También se observa que el presidente del concejo municipal mediante oficio 300-05-72-02 hizo constar que: “en los periodos que ha sido concejal el ingeniero Jorge Arnulfo Pachón Espitia, identificado con la cédula de ciudadanía 14.248.702 de Melgar, en los temas relacionados con el ramo de la construcción y que han debatido en acuerdo municipal, él mismo siempre se ha declarado impedido y así lo ha hecho públicamente en las respectivas plenarias de los debates de acuerdos que se han relacionado con el ramo de la construcción, profesión en la que se desenvuelve el concejal Jorge Arnulfo Pachón Espitia”.

Así las cosas, es evidente que no están demostrados los supuestos de hecho de la configuración de la violación al régimen de conflicto de intereses prevista en el artículo 48, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000, de donde las pretensiones de la demanda carecen de fundamento jurídico, debiéndose, entonces, confirmar la sentencia apelada.

Fuerza es, entonces confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal de Cundinamarca el 11 de marzo de 2013.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Expediente: 2006-0003, actor: Carlos Alfaro Fonseca, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(2) C.P. Mario Rafael Alario Méndez. Expediente AC 11116. Actor: Luis Andrés Penagos Villegas.

(3) C.P. Flavio Augusto Arce Rodríguez. Expediente 1572. Actor: Ministro del Interior y de Justicia. Referencia: congresistas. Conflicto de intereses. Proyecto de acto legislativo para restablecer la institución de la reelección presidencial.

(4) Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y concepto de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.

(5) Sentencia de 27 de agosto de 2002. Expediente: PI-043. Actor: Daniel Alfonso Reyes Fernández.

(6) Sentencia de 27 de julio de 2010, Actor: Cesar Sierra Avellaneda, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Sentencia AC-3300 de 19 de marzo de 1996, M.P. Joaquín Barreto Ruiz.

(8) Sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente: AC-1116, M.P. Mario Alario Méndez.

(9) Sentencia de 12 de abril de 2012, Expediente: 2010-1325, M.P. Enrique Gil Botero.