Sentencia 2012-01779 de enero 27 de 2016

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201201779 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta 5 de la misma fecha.

Ref.: Abogado en Consulta: Byron Homero Silva Figueroa

Bogotá D.C., de enero de dos mil dieciséis

EXTRACTOS «Consideraciones de la Sala

Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir sobre la consulta de la sentencia antes referida, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 256, numeral 3º de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Entra esta Corporación a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 11 de diciembre de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con suspensión de (4) meses en el ejercicio de la profesión, a la abogada Byron Homero Silva Figueroa por encontrarla responsable de la comisión de la falta contra la debida diligencia profesional, prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Caso Concreto.

El problema jurídico a dilucidar en este asunto, es determinar si el doctor Silva Figueroa, incurrió en la conducta imputada en el auto de cargos, específicamente si este dejó de adelantar la gestión que le fue encomendada.

En efecto el acervo probatorio recaudado en primera instancia, es concluyente y unívoca en determinar que el jurista incurrió objetivamente en la conducta endilgada en auto de cargos, refulgiendo entonces que la materialidad de la conducta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, se encuentra probada, es decir, que el investigado dejó de hacer las diligencias propias de la actuación profesional.

Por otro lado, debe indicarse que los profesionales del derecho al comprometerse con una representación judicial, se obligan a efectuar oportunamente todas las actuaciones dirigidas a cumplir el mandato, cobrando desde ese momento vigencia el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, lo que implica actuar con prontitud y celeridad frente al encargo, para lo cual debe acudir a todos los mecanismos legales, de donde se sigue que cuando el profesional en derecho injustificadamente desatiende cualquiera de las citadas exigencias, su conducta se subsume en falta contra la debida diligencia profesional como ha ocurrido en el sub judice, al no adelantar el disciplinado el proceso de liquidación conyugal para el cual fue contratado.

Emerge conforme los hechos elementos claves de la descripción típica ya referida i) la existencia del compromiso profesional, mediante la aceptación del poder(13) ii) contrato de prestación de servicios profesionales(14) y iii) su incumplimiento al mismo, reflejado en su omisión de realizar gestión alguna como lo informo la Coordinación de reparto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, desamparando los intereses de su cliente, comportamiento que encuadra en el tipo enrostrado como falta a la debida diligencia profesional.

En consecuencia, ante la omisión presentada respecto a su deber de atender con celosa diligencia el encargo designado, al togado se le deberá confirmar el reproche efectuado por la instancia; en efecto queda probado en grado de certeza el aspecto subjetivo, es decir, la responsabilidad por el hecho objetivo, razón por la cual confirmará la decisión del a quo en tanto la sancionó por la comisión de la falta consagrada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, al no realizar las diligencias propias de la actuación profesional.

Sanción.

En cuanto a la sanción impuesta por el a quo, se observa que ésta fue debidamente sustentada en el fallo objeto de consulta, y que resulta proporcional teniendo en cuenta la falta cometida, además, porque el encartado presenta antecedentes anteriores a la comisión de la falta irrogada en el pliego de cargos, en ese sentido se tiene que la referida se ajusta a los parámetros establecidos en la Ley 1123 de 2007.

Por lo cual la sanción habrá de confirmarse, teniendo en cuenta la modalidad que a juicio de esta Sala se cometió la conducta cuestionada, pues los elementos de juicio probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, no se encuentra desvirtuada y menos justificada, valoración suficiente para que esta Colegiatura, proceda a confirmar el fallo sancionatorio en contra del togado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve

1. Confirmar la sentencia consultada de fecha 11 de diciembre 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual lo sancionó con suspensión de (4) meses en el ejercicio de la profesión, a la abogada Byron Homero Silva Figueroa por encontrarlo responsable de la comisión de la falta contra la debida diligencia profesional, prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

2. Remitir copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. Devolver el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase»

SALVAMENTO DE VOTO

De manera comedida manifiesto las razones por las cuales Salvé El Voto en el asunto de la referencia, toda vez que no comparto la decisión adoptada por la Sala en la sesión del día 27 de enero de 2016 —Acta Nº 005—, en el sentido de:

“1. Confirmar la sentencia consultada de fecha 11 de diciembre 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual lo sancionó con suspensión de (4) meses en el ejercicio de la profesión, a la abogada (sic) Byron Homero Silva Figueroa por encontrarlo responsable de la comisión de la falta contra la debida diligencia profesional, prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa”.

Lo anterior por cuanto se probó, que al investigado le fue otorgado poder por parte de la señora Luz Myriam Arévalo Trujillo para el trámite de un proceso de liquidación conyugal, y que pese haberle entregado dinero por concepto de honorarios y los documentos necesarios, no realizó gestión alguna.

Ahora bien, verificado el expediente de primera instancia, el fallo sancionatorio del 11 de diciembre de 2013 y la decisión adoptada por esta superioridad del 27 de enero de 2016, se omitió establecer el deber que infringió el profesional del derecho; ello da lugar sin equivoco alguno a la concurrencia de causal de nulidad dentro del trámite de la investigación disciplinaria referida, pues se ha vulnerado el debido proceso, toda vez que, el Magistrado ponente de instancia no cumplió a cabalidad el deber de integrar los presupuestos de la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; pues como se observa en la citada providencia de primera instancia, solo se limitó a mencionar que se encontraban reunidos los requisitos de tipicidad antijuricidad y culpabilidad, sin verificar cuál deber fue el vulnerado.

Ténganse en cuenta que el Estatuto de los Abogados previó las faltas en forma expresa, de las cuales cada una de estas corresponde al desconocimiento de un deber, y dichos deberes constituyen el soporte que justifica la antijuridicidad sustancial en el derecho disciplinario, esto es, que la profesión de la abogacía no puede dejar de lado el nexo con los deberes y obligaciones que su ejercicio le impone, pues implicaría obviamente desconocer el marco social y jurídico en el que actúa, ello entonces significa que mientras no se afecte un deber de los previstos en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede catalogarse como antijurídica y por ende surge una causal de nulidad, acorde a lo normado en los artículos 6º, 98 y 99 de la Ley 1123 de 2007, aplicables a esta actuación disciplinaria, los cuales hacen referencia al principio rector al debido proceso, las causales de nulidad, y la declaratoria oficiosa, normas cuyo texto disponen:

Ley 1123 de 2007.

(…)

“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación alguna de los deberes consagrados en el presente código.

(…)

“ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso en los términos de éste código”.

(…)

“ART. 98.—Causales. Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia.

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”. (Resaltado fuera de texto).

(…)

“ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto...”.

En los anteriores términos dejo consignado el salvamento de voto anunciado en la referida decisión.

De los Honorables Magistrados,

Adolfo León Castillo Arbeláez

Magistrado

(13) Visible a folio 4 C.O

(14) Visible a folio 3 C.O