Sentencia 2012-01928 de marzo 11 de 2013

 

Sentencia 2012-01928 de marzo 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-42-000-2012-01928-01 (AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Diana María Bernal Parra y otros

Demandado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil trece.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por las partes, en contra de la sentencia del 17 de enero de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, accedió a la acción de tutela instaurada.

Antecedentes

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, Diana María Bernal Parra, Agustín Figueroa García, Ximena Beltrán Díaz, Guillermina Lombana Sánchez, José Agustín Marín Cruz, Celina Ramírez de Suárez, Olegario Beltrán Osorio, Luis Álvaro Malagón Noreña, Edilma Medellín Tobar, Luis Ernesto Pardo Rey, Nini Johanna Torres Lozano, Diana Carolina Molina, Leidy Viviana Pinzón Olarte, María Reinalda Daza Peralta, Martha Lucía Ortega Gaviria, Ángela María Ortiz Uribe, Luz Stella Ortiz Lozano, Gustavo Mendoza Rada, José Antonio Daza Peralta, José Rubilo Muñoz, Gloría María Palacios Torres, María Enith Núñez Urueña, Mary Urueña Laguna, Nhora Elcy Núñez Urueña y María Concepción Camargo Borja, mediante apoderado, acudieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de solicitar la protección de los derechos y principios a la igualdad, petición, reparación administrativa, debido proceso, buena fe, favorabilidad y responsabilidad, presuntamente desconocidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Solicitan al juez de tutela, que en amparo de los derechos y principios antes señalados se ordene a las entidades accionadas lo siguiente:

1. Que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia correspondiente, les notifiquen personalmente los actos administrativos debidamente motivados sobre su inclusión y la de sus núcleos familiares en el registro único de víctimas, y respecto al reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa, precisando los turnos asignados y las fechas en que se harán efectivos estos.

2. Certifiquen a quiénes se les resolvieron de fondo las peticiones de inclusión en el registro único de víctimas, y se les reconoció y/o canceló la indemnización por vía administrativa con ocasión del desplazamiento forzado, y que respecto a quienes no se han emitido pronunciamientos de fondo en los anteriores asuntos, indiquen la fecha exacta en la que resolverán estos.

3. Expongan las razones por las cuales no han resuelto oportunamente las peticiones presentadas, e indiquen pormenorizadamente respecto a estas las actuaciones que han adelantado, adoptado las medidas disciplinarias del caso de advertir irregularidades.

4. Que los actos que emitan en cumplimiento de las órdenes en su contra, les sean notificados personalmente entregándoles copia auténtica y gratuita de los mismos, e informando a los jueces de instancia de las actuaciones que han adelantado respecto a las peticiones presentadas y la garantía de sus derechos.

5. Que en las decisiones a adoptar apliquen los principios y derechos invocados, y los previstos en el bloque de constitucionalidad, las leyes 446 de 1998, 975 de 2005 y 1448 de 2011, y los decretos 1290 de 2008 y 4800 de 2011.

De otro lado solicitan que la presente acción se resuelva teniendo en cuenta todos los principios y derechos relacionados en el escrito de tutela, y aplicando la jurisprudencia constitucional.

El apoderado de los accionantes fundamenta las anteriores peticiones en los siguientes hechos y consideraciones (fls. 1-17):

Frente a la señora Nini Johanna Torres Lozano manifiesta, que fue víctima de la desaparición forzada de su cónyuge. Afirma que los hechos en contra de sus derechos fueron atribuidos a los paramilitares.

Afirma que mediante escrito del 30 de agosto de 2012, la demandante le solicitó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el reconocimiento y pago del excedente del 50% que se dejó de pagar por la desaparición forzada de su cónyuge, y que se expidiera una certificación de inscripción en el registro único de víctimas, así como copias de todos los documentos que de su caso reposan en dichas entidades y que sirvieron de base a las decisiones adoptadas por estas.

Sobre la señora Diana Carolina Molina afirma, que el 19 de noviembre de 2012 presentó ante las entidades accionadas, el reconocimiento y pago del excedente del 50% de la reparación administrativa por el homicidio de su cónyuge, y que se expidiera una certificación de inscripción en el registro único de víctimas, así como copias de todos los documentos que de su caso reposan en dichas entidades y que sirvieron de base a las decisiones adoptadas por estas.

Respecto a la señora Gloria María Palacios Torres, quien actúa también en representación de sus hijas Kenly Yulissa Fuentes Palacios e Ivette Tatiana Fuentes Palacios, sostiene que el día 2 de noviembre de 2012, le solicitó a las autoridades demandadas, que emitieran y notificaran al acto de reconocimiento y pago de la reparación administrativa por el homicidio de Ramiro Fuentes Palacios, que se expidiera una certificación de inscripción en el registro único de víctimas y copias de todos los documentos que de su caso reposan en dichas entidades y que sirvieron de base a las decisiones adoptadas por estas, a pesar de lo cual no ha recibido respuesta alguna.

En cuanto a las señoras Mary Urueña Laguna y Nhora Elcy Núñez Urueña, señala que Wilson Núñez Urueña, hijo y hermano de aquellas, fue víctima del delito de desaparición forzada. Ante lo anterior manifiesta que el día 25 de septiembre de 2012 presentaron, bajo el consecutivo 201271164883, que se emitiera el acto de reconocimiento y pago de la reparación administrativa correspondiente.

Añade que la señora Nhora Elcy Urueña también sufrió el homicidio de su cónyuge Jesús Evelio Silva Cañizares, razón por la cual radicó ante las accionadas el 25 de septiembre de 2012, solicitud de reconocimiento y pago de indemnización por vía administrativa, de expedición de certificación de inscripción en el registro único de víctimas y de copias de todos los documentos que de su caso reposan en dichas entidades, las cuales no han sido resueltas.

Sobre la señora María Concepción Camargo Borja manifiesta, que fue víctima de tres clases de delitos: a) el homicidio de su cónyuge, b) delitos contra su libertad e integridad sexual y c) desplazamiento forzado.

Narra que ante el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante escrito del 2 de noviembre de 2012, elevó la solicitud de reparación administrativa con todos los requisitos, pero que aún no ha recibido la respuesta correspondiente. Igualmente indica que el 8 de noviembre de 2012 solicitó el reconocimiento, pago y prórroga de la atención humanitaria de emergencia, petición que a la fecha tampoco ha sido resuelta.

Respecto a todos los accionantes manifiesta, que al no haber obtenido respuesta a las solicitudes elevadas se vulneran los derechos fundamentales invocados, y además que las entidades accionadas tienen por costumbre emitir pronunciamientos evasivos, genéricos y dilatorios que no satisfacen el derecho de petición, y que hacen referencia a actos administrativos cuya copia no se les entrega, ni les son notificados.

Destaca que las entidades demandadas no han respetado el término de 60 días previsto en la Ley 1448 de 2011, para decidir sobre las solicitudes de inclusión en el registro único de víctimas, y que han pasado más de 7 meses desde la expedición del Decreto 4800 de 2011, que establece un régimen de transición para las peticiones de reparación administrativa, sin que los accionantes hayan obtenido respuesta a las peticiones elevadas.

Finalmente trae a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el derecho que tienen a que las peticiones de reparación administrativa de las víctimas de la violencia sean resueltas de manera perentoria, dada la especial situación en que se encuentran.

Informe de las entidades accionadas

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, solicitó que se negara el amparo solicitado por las siguientes razones (fls. 167-177):

En primer lugar, indica que de conformidad con el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas asumió la competencia para conocer de las solicitudes de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, a partir del 1º de enero de 2012.

Afirma que la entidad no ha vulnerado en ningún momento los derechos fundamentales de los accionantes, y expone las circunstancias específicas de cada caso de la siguiente manera:

Frente a la solicitud presentada por Diana María Bernal Parra, señala que la había resuelto mediante oficio 20127206176171 de 20 de septiembre de 2012, en el sentido de solicitarle información para poder emitir una decisión de fondo.

En el caso de Agustín Figueroa García, afirma haber contestado por oficio 20127206599881, mediante el cual le informó que su solicitud de reparación administrativa sería tramitada como solicitud de inscripción en el registro único de víctimas, y en tal medida, le explica el procedimiento de expedición del respectivo acto administrativo; respecto a la solicitud de copias del expediente administrativo, dijo haberla resuelto negativamente alegando la protección de derechos fundamentales y la reserva documental. Finalmente, observa que explicó los lineamientos que guían el proceso de valoración y decisión de la solicitud de inclusión en el RUV.

En lo atinente a Ximena Beltrán Díaz, Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206238571 de 22 de septiembre de 2012, en el que se indicó el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa y solicita más información para continuar el trámite. Igualmente señala que resolvió negativamente la solicitud de expedición de copias de la actuación administrativa, alegando la protección de derechos fundamentales y la reserva documental.

Frente a la petición elevada por Guillermina Lombana Sánchez, manifiesta que la petición fue resuelta por oficio 20127206238601 de 22 de septiembre de 2012, en el que se expuso el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.

Al respecto del caso del actor José Agustín Marín Cruz, asegura que resolvió la petición a través de oficio 20127207730451 de 3 de noviembre de 2012, en el que se informó que la indemnización solicitada ya había sido otorgada.

En cuanto a Celina Ramírez de Suárez, afirma haber resuelto la solicitud mediante oficio 20127306265361 de 24 de septiembre de 2012, en el que se le indicó que ya había sido incluida en el RUV, pero que la entrega de la indemnización se hará conforme a los principios de gradualidad y el procedimiento correspondiente.

En lo que respecta a la petición presentada por Olegario Beltrán Osorio, dice que la resolvió por oficio 20127206238591 de 22 de septiembre de 2012, en el que se expuso el procedimiento a seguir para las solicitudes de reparación por vía administrativa.

En el caso del señor Luis Álvaro Malagón Noreña, asevera que dio respuesta a su petición en el oficio 20127207915091 de 14 de noviembre de 2012, en el que se explicó el procedimiento a seguir para resolver las solicitudes de reparación por vía administrativa y los criterios de valoración tenidos en cuenta en el mismo.

En lo atinente a la solicitud elevada por la señora Edilma Medellín Tobar, indica que la misma fue contestada por oficio 20127207644871 de 1º de noviembre de 2012, en el que se le señaló que la indemnización solicitada ya había sido otorgada.

Sobre los hechos que tienen que ver con Luis Ernesto Pardo Rey, afirma haber resuelto su petición mediante oficio 20127205687121 de 1º de noviembre de 2012, en el que le enseñó el procedimiento que rige las solicitudes de reparación administrativa.

En lo que respecta a la demandante Nini Johanna Torres Lozano, expresa que ya dio respuesta a la solicitud elevada por intermedio del oficio 20127206151641 de 19 de septiembre de 2012, en el que le informó cuál el procedimiento que según la ley se adelanta para resolver las solicitudes de indemnización por vía administrativa.

En cuanto al caso de Diana Carolina Molina, alega que su petición fue resuelta mediante oficio 20127207753081 de 6 de noviembre de 2012, en el que le informó que se le había reconocido la suma de 40 smlmv por concepto de indemnización administrativa, dinero que sería cancelado una vez existiera disponibilidad presupuestal.

Sobre el caso de María Reinalda Daza Peralta, señala que dio contestación a la petición por el oficio 20127209217831 de 21 de diciembre de 2012, en el que se informó el procedimiento legalmente establecido y se le solicitó allegar más información para continuar el trámite.

Acerca de la solicitud elevada por Luz Stella Ortiz Lozano, manifiesta haberla resuelto mediante oficio 20127209217771 de 21 de diciembre de 2012, en el que se informó el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.

Respecto a la solicitud presentada por Gustavo Mendoza Rada, indica que la misma fue resuelta por intermedio del oficio 20127209221271 de 21 de diciembre de 2012, en el que se le expresó que ya había sido incluido en el RUV, pero que la entrega de la indemnización se haría conforme a los principios de gradualidad y al procedimiento correspondiente.

En lo que tiene que ver con las pretensiones de José Antonio Daza Peralta, afirma haber resuelto su petición mediante oficio 20127209312191 de 27 de diciembre de 2012, en el que expuso el procedimiento a seguir y se solicitó allegar más información para continuar el trámite.

Añade que al accionante José Rubilo Muñoz también le fue contestada debidamente su solicitud mediante oficio 20127206238601 de 27 de diciembre de 2012, por el cual le informó que se encuentra inscrito en el RUV, por lo cual podía acceder a todos los beneficios a que hubiera lugar en su condición de víctima del conflicto armado interno.

Expresa que también dio respuesta a la petición presentada por Gloria María Palacios Torres por oficio 20127205594011 de 29 de agosto de 2012, en el que le describió el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa, y le solicitó allegar más información para continuar el trámite.

En cuanto a la solicitud radicada por María Enith Núñez Urueña, señala que la resolvió mediante oficio 20127205594011 de 29 de agosto de 2012, en el que se le informó que su solicitud será objeto de estudio.

Respecto a las accionantes Mary Urueña Laguna y Nhora Elcy Núñez Urueña, manifiesta que atendió sus peticiones por oficio 20127206865671 de 9 de octubre de 2012, en el que se les comunicó que la indemnización solicitada ya había sido otorgada.

En lo atinente a la demandante María Concepción Camargo Borja, afirma que su solicitud fue resuelta a través del oficio 20127209217791 de 21 de diciembre de 2012, en el que se le informó el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.

Por último y frente a las demandantes Martha Lucía Ortega Gaviria, Leidy Viviana Pinzón Olarte y Ángela María Ortiz Uribe, indica que una vez revisada la base de datos de la entidad, no se encontraron solicitudes de reconocimiento y pago de reparación administrativa.

En consonancia con lo anterior, hace una relación de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la calidad de víctima de una persona, a la luz del Decreto 1290 de 2008, resaltando que el mismo preveía 18 meses para la resolución de la peticiones de reparación administrativa.

Finalmente manifiesta que en virtud de la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, que la misma no procede frente a la existencia de otros mecanismos judiciales de protección, salvo la configuración de un perjuicio irremediable, que considera no se presenta en el caso de autos.

La providencia impugnada

Mediante sentencia del 17 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, tuteló el derecho fundamental de petición respecto de todos los accionantes, y en consecuencia le ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que en el término de 48 horas, conteste de fondo y de forma clara, cada una de las peticiones elevadas por los señores Diana María Bernal Parra, Agustín Figueroa García, Ximena Beltrán Díaz, Guillermina Lombana Sánchez, José Agustín Marín Cruz, Celina Ramírez de Suárez, Olegario Beltrán Osorio, Luis Álvaro Malagón Noreña, Edilma Medellín Tobar, Luis Ernesto Pardo Rey, Nini Johanna Torres Lozano, Diana Carolina Molina, Leidy Viviana Pinzón Olarte, María Reinalda Daza Peralta, Martha Lucía Ortega Gaviria, Ángela María Ortiz Uribe, Luz Stella Ortiz Lozano, Gustavo Mendoza Rada, José Antonio Daza Peralta, José Rubilo Muñoz, Gloría María Palacios Torres, María Enith Núñez Urueña, Mary Urueña Laguna, Nhora Elcy Núñez Urueña y María Concepción Camargo Borja.

Igualmente ordenó a la entidad mencionada poner tales respuestas en conocimiento de los actores de la manera más eficaz y oportuna.

Lo anterior por las razones que se exponen a continuación (fls. 249-268):

Afirma que para resolver el problema jurídico en el caso de autos, es necesario estudiar el fenómeno del desplazamiento interno, la naturaleza del derecho de petición y la situación fáctica de los accionantes.

Una vez definido el concepto de desplazado interno, se ocupa de la naturaleza y alcance del derecho fundamental de petición, haciendo énfasis en la protección reforzada a que tienen derecho las personas en situación de desplazamiento forzado.

Teniendo en cuenta que la entidad demandada manifestó que no se configuraba violación alguna de derechos fundamentales, el tribunal encuentra necesario precisar detalladamente la situación de cada uno de los peticionarios y las actuaciones adelantadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Destaca que de las pruebas aportadas al proceso, los demandantes presentaron peticiones ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, frente a las cuales la entidad se pronunció en la siguiente forma:

 

AccionanteFecha y contenido peticiónRespuesta de la entidad
Diana María Bernal Parra— 2011123311 de 15 de diciembre de 2011: solicita reconocimiento y pago de la reparación administrativa - indemnización solidaria por homicidio.
— 201271146442 de 5 de septiembre de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.
La entidad afirmó que ya había otorgado respuesta en el sentido de solicitar información para poder emitir decisión de fondo. Sin embargo, no presenta prueba de ello.
Agustín Figueroa García— 201271146443 de 5 de septiembre de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206176171 de 20 de septiembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.
Ximena Beltrán Díaz— 201271140940 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206238571 de 22 de septiembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa y solicita más información para continuar el trámite.
Guillermina Lombana Sánchez— 201271140945 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206238601 de 22 de septiembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.
José Agustín Marín Cruz— 201271140944 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127207730451 de 3 de noviembre de 2012, en el que se informa que la indemnización solicitada ya fue otorgada.
Celina Ramírez de Suárez— 201271140953 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127306265361 de 24 de septiembre de 2012, en el que se le informa que ya fue incluido en el RUV pero que la entrega de la indemnización se hará conforme a los principios de gradualidad y el procedimiento correspondiente.
Olegario Beltrán Osorio— 201271140942 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206238591 de 22 de septiembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.
Luis Álvaro Malagón Noreña— 20127114644 de 14 de noviembre de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127207915091 de 14 de noviembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa y los criterios de valoración tenidos en cuenta en tal procedimiento.
Edilma Medellín Tobar— 201271140946 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127207644871 de 1º de noviembre de 2012, en el que se informa que la indemnización solicitada ya fue otorgada.
Luis Ernesto Pardo Rey— 201271140952 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127205687121 de 1º de noviembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.
Nini Johanna Torres Lozano— 201271140949 de 30 de agosto de 2012: solicita expedición de actos de todo lo relacionado con el estado, expediente y trámite del respectivo proceso de reconocimiento y pago de la reparación administrativa.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206151641 de 19 de septiembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.
Diana Carolina Molina— 2012711128769 de 19 de noviembre de 2012: solicita expedición de actos de todo lo relacionado con el estado, expediente y trámite del respectivo proceso de reconocimiento y pago de la reparación administrativa.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127207753081 de 6 de noviembre de 2012, en el que se informa que su caso ya fue resuelto con el reconocimiento de 40 smlmv por concepto de indemnización administrativa, los cuales serán cancelados una vez exista disponibilidad presupuestal.
Leidy Viviana Pinzón Olarte— 2012711128776 de 18 de noviembre de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.
Afirma que una vez revisada la base de datos de la entidad, no se encuentra solicitud alguna de reconocimiento y pago de indemnización por vía administrativa.
María Reinalda Daza Peralta— 2012711109286 solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127209217831 de 21 de diciembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa, y se le solicita allegar más información para continuar el trámite.
Martha Lucía Ortega Gaviria— 201271109291 solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma que una vez revisada la base de datos de la entidad, no se encuentra solicitud alguna de reconocimiento y pago de indemnización por vía administrativa.
Ángela María Ortiz Uribe— 201271109288 solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma que una vez revisada la base de datos de la entidad, no se encuentra solicitud alguna de reconocimiento y pago de indemnización por vía administrativa.
Luz Stella Ortiz Lozano— 201271109297 solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127209217771 de 21 de diciembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.
Gustavo Mendoza Rada— 201271120193 de 8 de noviembre de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127209221271 de 21 de diciembre de 2012, en el que se le informa que ya fue incluido en el RUV pero que la entrega de la indemnización se hará conforme a los principios de gradualidad y el procedimiento correspondiente.
José Antonio Daza Peralta— 201271120190 de 8 de noviembre de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127209312191 de 27 de diciembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa, y se le solicita allegar más información para continuar el trámite.
José Rubilo Muñoz— 201271120191 de 8 de noviembre de 2012: Solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206238601 de 27 de diciembre de 2012, en el que se le informa que se encuentra inscrito en el RUV, por lo cual puede acceder a todos los beneficios a que haya lugar como víctima del conflicto armado interno.
Gloria María Palacios Torres— 2012711109290: solicita expedición de actos de todo lo relacionado con el estado, expediente y trámite del respectivo proceso de reconocimiento y pago de la reparación administrativa.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127205594011 de 29 de agosto de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa, y se le solicita allegar más información para continuar el trámite.
María Enith Núñez Urueña— 201271164884 de 25 de septiembre de 2012: solicita expedición de: i) acto inclusión en el RUV, ii) acto que indica el número de asignación para el pago de la reparación administrativa, iii) copias de todo lo relacionado con el estado del trámite.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127205594011 de 29 de agosto de 2012, en el que se informa que su solicitud será objeto de estudio.
Mary Urueña Laguna y Nhora Elcy Núñez Urueña— 201271164883 de 25 de septiembre de 2012: solicitan el reconocimiento y pago de una indemnización por vía administrativa y la corrección de la comunicación 2012-DR-86080 de 27 de agosto de 2012.Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127206865671 de 9 de octubre de 2012, en el que se informa que la indemnización solicitada ya fue otorgada.
María Concepción Camargo Borja— 2012711120188 de 8 de noviembre de 2012: solicita la programación y pago de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia.
— 2012711109290: solicita expedición de actos de todo lo relacionado con el estado, expediente y trámite del respectivo proceso de reconocimiento y pago de la reparación administrativa.
Afirma haber resuelto la petición mediante oficio 20127209217791 de 21 de diciembre de 2012, en el que se informa el procedimiento a seguir para las solicitudes de indemnización por vía administrativa.

 

A renglón seguido sostiene que si bien es cierto que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas allegó documentos contentivos de las respuestas que asegura haber enviado a los accionantes, estos no obedecen a las peticiones objeto de controversia, pues al comparar los números de respuesta de los oficios, ninguno coincide con las solicitudes radicadas.

Por otra parte, destaca que en lo que respecta a los casos de Diana María Bernal Parra, Ximena Beltrán Díaz, Guillermina Lombana Sánchez, Olegario Beltrán Osorio, José Antonio Daza Peralta, José Rubilo Muñoz, María Enith Núñez Urueña, Mary Urueña Laguna y Nhora Elcy Núñez Urueña, a pesar de que la entidad manifiesta haber resuelto sus solicitudes, no acreditó dicha circunstancia.

Igualmente advierte que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no tiene razón al afirmar que no ha recibido peticiones a nombre de Leidy Viviana Pinzón Olarte, Martha Lucía Ortega Gaviria y Ángela María Ortiz Uribe, pues dentro del material probatorio obrante se encuentran las copias de las solicitudes con sus respectivos radicados.

Finalmente, observa que en lo respectivo a la accionante María Concepción Camargo Borja, se encuentra una segunda petición frente a la cual la accionada no se pronunció, radicada bajo el número 2012711120188 de 8 de noviembre de 2012, cuyo fin era obtener el reconocimiento y pago de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia.

Razones de la impugnación

Mediante escrito radicado el 23 de enero de 2013, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas impugnó el fallo de primera instancia, alegando haber cumplido con la obligación de resolver las peticiones de todos los accionantes, y reiterando las afirmaciones presentadas en el escrito de contestación de la tutela (fls. 272-283).

Por su parte, el apoderado de los demandantes solicita que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aclare, modifique, complemente o conceda la impugnación de la sentencia antes descrita, en los siguientes términos:

1. Que respecto de todos los accionantes, se tutelen todos y cada uno de los derechos y principios invocados.

2. Que se ordene a la parte accionada resolver de fondo y pormenorizadamente cada una de las peticiones presentadas por los demandantes, y que se le notifique a estos los actos administrativos mediante los cuales se disponga su inclusión en el registro único de víctimas, y el turno asignado para el pago de la indemnización respectiva.

3. Que se ordene a la parte accionante acceder a las solicitudes de copias impetradas por todos los demandantes.

4. Que se acceda a todas y cada una de las peticiones elevadas por cada uno de los demandantes, en el sentido de incluirlos en el registro único de víctimas y reconocer y pagar las indemnizaciones por vía administrativa o las prórrogas de la ayuda humanitaria de emergencia

5. Que se aplique de manera integral el precedente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sobre la garantía de los derechos de petición y a la reparación por vía administrativa de las víctimas de la violencia.

Lo anterior por las razones que a continuación se sintetizan (341-347):

Estima que todos los derechos y principios invocados fueron vulnerados como se demostró a través del escrito de tutela y sus anexos, y que constituye un falacia que la parte accionada sostenga que las peticiones presentadas por los demandantes se encuentran en reserva técnica por falta de información, en tanto las mismas fueron presentadas con todos los requisitos y los documentos pertinentes en respaldo de las afirmaciones que fueron realizadas, los cuales también fueron aportados al presente trámite.

Añade que las referidas solicitudes deben ser resueltas de conformidad con el principio de la buena fe y la inversión de la carga de la prueba.

Asevera que en el presente caso un asunto es la garantía del derecho de petición respecto a las solicitudes que elevaron los accionantes, y otro los derechos que se pretenden garantizar a través de estas, frente a los cuales afirma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció.

Insiste que en el caso de autos se han desconocido los términos previstos en el Decreto 1290 de 2008, la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, para resolver las peticiones de inclusión en el registro único de víctimas y de reconocimiento y pago de la indemnización administrativa, sin que los accionantes haya recibido información alguna sobre los asuntos consultados.

El escrito presentado por la parte accionante fue valorado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como un recurso de impugnación, el cual concedió por auto de 28 de enero de 2013 (fl. 349).

Consideraciones de la Sala

I. Sobre la indemnización por vía administrativa a las víctimas de la violencia en el marco del Decreto 1290 de 2008, la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011

Algunos de los accionantes argumentan que solicitaron la indemnización por vía administrativa en el marco del Decreto 1290 de 2008, y reprochan que aún no han recibido respuesta las solicitudes que elevaron sobre el particular.

Antes de analizar las circunstancias particulares del caso de autos, estima la Sala pertinente realizar algunas consideraciones alrededor de la vigencia del decreto antes señalado, y de las normas que se han proferido con posterioridad respecto a la reparación a las víctimas por vía administrativa.

En ese orden de ideas en primer lugar se destaca que mediante el Decreto 1290 de 2008 se creó un Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados al Margen de la Ley, que estaba a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —Acción Social— (art. 1º), y que contempló como medidas de reparación la restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y la indemnización solidaria (art. 4º) que el demandante dice solicitó.

El artículo 21 del Decreto 1290 de 2008 establecía que “Los interesados en la reparación individual por vía administrativa deberán diligenciar, bajo la gravedad del juramento, una solicitud con destino al Comité de Reparaciones Administrativas, en un formulario debidamente impreso y distribuido por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social”.

Dicho formulario debía ser presentado ante las alcaldías municipales, personerías municipales, procuradurías regionales, distritales y provinciales, defensorías del pueblo y sedes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, que tenían la obligación de remitirlo inmediatamente o a más tardar al día siguiente a Acción Social (art. 21).

Según los artículos 19, 23, 24 y 25 de la norma en comento, una vez Acción Social recibía las mencionadas solicitudes debía rendir ante el Comité de Reparaciones Administrativas un estudio técnico sobre la calidad de víctimas de los solicitantes, y someter a su aprobación las medidas de reparación que considerara pertinentes con el objeto de que el comité se pronunciara sobre las mismas.

Para ello, el Comité de Reparaciones Administrativas debía resolver la solicitud de reparación en el orden de recepción, para lo cual contaba con un término no mayor de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social” (art. 27). Contra dicha decisión procedía el recurso de reposición, como lo señalaba el parágrafo 1º del artículo 16.

El anterior en resumidas cuentas constituía el trámite que debían adelantar las personas interesadas en ser reparadas por vía administrativa, y se precisa que tal era el procedimiento correspondiente, porque el Decreto 1290 de 2008 en el que estaba consagrado, fue expresamente derogado por el artículo 297 del Decreto 4800 del 20 de diciembre 2011 en los siguientes términos:

“ART. 297.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación, tendrá una vigencia de diez (10) años y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, el Decreto 1290 de 2008 salvo para efectos de lo dispuesto en el artículo 155 del presente decreto”.

Como puede apreciarse la norma transcrita del Decreto 4800 de 2011, que reglamenta la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, previó la derogatoria del Decreto 1290 de 2008, salvo en lo dispuesto por el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, que establece un régimen de transición bajo las siguientes condiciones:

“ART. 155.—Régimen de transición para solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del presente decreto. Las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008, que al momento de publicación del presente decreto no hayan sido resueltas por el Comité de Reparaciones Administrativas, se tendrán como solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas y deberá seguirse el procedimiento establecido en el presente decreto para la inclusión del o de los solicitantes en este registro. Si el o los solicitantes ya se encontraren inscritos en el registro único de población desplazada, se seguirán los procedimientos establecidos en el presente decreto para la entrega de la indemnización administrativa.

Si de la descripción de los hechos realizada en las solicitudes se desprende que los hechos victimizantes ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con los requisitos para acceder a la indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no incluirá al o a los solicitantes en el registro único de víctimas pero otorgará la indemnización administrativa. De esta situación se le informará oportunamente al o a los solicitantes.

PAR. 1º—El o los solicitantes a los que se refiere el presente artículo tendrán derecho al pago de la indemnización administrativa de forma preferente y prioritaria, mediante la distribución y en los montos consignados en el Decreto 1290 de 2008, siempre que sean incluidos en el Registro Único de Víctimas, se encontraren inscritos en el Registro Único de Población Desplazada o se les reconociere la indemnización administrativa en los términos del inciso segundo.

PAR. 2º—Las solicitudes de indemnización por vía administrativa presentadas después de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Ley 418 de 1997, con sus respectivas prórrogas y modificaciones, se regirán por las reglas establecidas en el presente decreto.

PAR. 3º—Cuando sea necesario acopiar información o documentos adicionales para decidir sobre la solicitud de reparación por vía administrativa presentada en el marco del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá impulsar el trámite manteniendo el caso en estado de reserva técnica. Mientras una solicitud permanezca en estado de reserva técnica no se entenderá como decidida de manera definitiva” (el resaltado es nuestro).

Para el caso de autos son de especial importancia los apartes subrayados de la norma transcrita, en tanto establecen que las peticiones de reparación administrativa formuladas de conformidad con el Decreto 1290 de 2008, que al momento de publicación del Decreto 4800 del 2 de noviembre 2011 no hayan sido resueltas por el Comité de Reparaciones Administrativas, se resolverán de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 4800 de 2011, pero teniendo en cuenta la distribución y los montos previstos en el Decreto 1290 de 2008. Además se destaca que los pagos a realizar en virtud de las peticiones de reparación no resueltas y presentadas durante la anterior norma, se realizaran de forma preferente y prioritaria.

En relación con lo anterior se destaca que el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, insiste en que para la aplicabilidad de régimen de transición es necesario que los peticionarios sean incluidos en el registro único de víctimas, o se encontraren inscritos en el registro único de población desplazada, que es la base de aquel de conformidad con los artículos 154 y siguientes de la Ley 1448 de 2011.

En efecto, nótese como el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011 señala que las solicitudes de indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008 que no hayan sido resueltas por el otrora Comité de Reparaciones Administrativas, se tendrán como solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas, con el fin de que las mismas se tramiten de conformidad con el Decreto 4800 de 2011, aclarando que si las personas que realizaron dichas solicitudes ya están inscritas en el registro único de población desplazada, lo que corresponde es seguir respecto estas con el trámite previsto en la norma antes señalada, teniendo en cuenta que quienes están incluidos en el registro único de población desplazada ya hacen parte del registro único de víctimas, por lo que no deben solicitar su inclusión a este, salvo que quieran declarar su victimización frente a otras de las violaciones previstas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 o hayan sufrido un nuevo hecho victimizante con posterioridad a su inclusión en el registro único de población desplazada(1).

En relación con las solicitudes de inclusión al registro único de víctimas, se estima pertinente para el caso de autos, transcribir algunos apartes del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, que consagra de la siguiente manera el trámite a seguir:

“ART. 156.—Procedimiento de registro. Una vez presentada la solicitud de registro ante el Ministerio Público, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará la verificación de los hechos victimizantes contenidos en la misma, para lo cual consultará las bases de datos que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas.

Con fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, así como la información recaudada en el proceso de verificación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles.

Una vez la víctima sea registrada, accederá a las medidas de asistencia y reparación previstas en la presente ley dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante, salvo las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, a las cuales se podrá acceder desde el momento mismo de la victimización. El registro no confiere la calidad de víctima, y la inclusión de la persona en el registro único de víctimas, bastará para que las entidades presten las medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas que correspondan según el caso.

PAR. 1º—De conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política, y con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las víctimas y su seguridad, toda la información suministrada por la víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter reservado.

PAR. 2º—En el evento en que la víctima mencione el o los nombres del potencial perpetrador del daño que alega haber sufrido para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación previstas en la presente ley, este nombre o nombres, en ningún caso, serán incluidos en el acto administrativo mediante el cual se concede o se niegue el registro.

PAR. 3º—El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica, conforme a los artículos 139, 143, 144 y 145 de la presente ley, y se deberán articular con los mecanismos vigentes.

PAR. 4º—En lo que respecta al registro, seguimiento y administración de la información de la población víctima del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en el título III, capítulo III de la presente ley.

PAR. 5º—La información de que trata el artículo 48 de la presente ley, se tendrá en cuenta en el proceso de registro.

PAR. 6º—La víctima podrá allegar documentos adicionales al momento de presentar su declaración ante el Ministerio Público, quien lo remitirá a la entidad encargada del registro único de víctimas para que sean tenidos en cuenta al momento de realizar el proceso de verificación” (el resaltado es nuestro).

Otras de las modificaciones relevantes respecto al trámite de la reparación administrativa, constituye las autoridades encargadas de analizar las peticiones correspondientes, pues en vigencia del Decreto 1290 de 2008 los principales responsables eran Acción Social y el Comité de Reparaciones Administrativas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con ocasión a la Ley 1448 de 2011 se crearon nuevas entidades y se redistribuyeron las competencias relativas a la atención integral a las víctimas, dentro de las cuales se destacan las relativas al estudio de las solicitudes de reparación administrativa.

Dentro de los cambios producidos por o con ocasión a la Ley 1448 de 2011 se encuentran los siguientes:

1. El artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 creó la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, encargada de coordinar “las actuaciones de las entidades que conforman el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas”, por lo que asumió “las competencias de coordinación señaladas en las leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas”. Asimismo a la referida unidad se le asignaron en materia de reparación las siguientes competencias (art. 168):

“1. Aportar los insumos necesarios para el diseño, adopción y evaluación de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas.

2. Garantizar la operación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, incluyendo la interoperabilidad de los distintos sistemas de información para la atención y reparación a víctimas.

3. Implementar y administrar el registro único de víctimas, garantizando la integridad de los registros actuales de la información.

4. Aplicar instrumentos de certificación a las entidades que conforman el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas, respecto a su contribución en el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, de acuerdo con las obligaciones contempladas en la presente ley.

5. Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, la asignación y transferencia a las entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución de los planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley.

6. Ejercer la coordinación Nación-territorio, para lo cual participará en los comités territoriales de justicia transicional.

7. Administrar los recursos necesarios y hacer entrega a las víctimas de la indemnización por vía administrativa de que trata la presente ley.

8. Administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas y pagar las indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975 de 2005.

9. Coordinar los lineamientos de la defensa jurídica de las entidades que conforman el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas y asumir directamente la defensa jurídica en relación con los programas que ejecuta de conformidad con la presente ley.

10. Garantizar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas con enfoque diferencial en el diseño de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y reparación integral.

11. Coordinar la creación, fortalecimiento e implementación, así como gerenciar los centros regionales de atención y reparación que considere pertinentes para el desarrollo de sus funciones.

12. Definir los criterios y suministrar los insumos necesarios para diseñar las medidas de reparación colectiva de acuerdo a los artículos 151 y 152, e implementar las medidas de reparación colectiva adoptadas por el comité ejecutivo de atención y reparación a las víctimas.

13. Desarrollar estrategias en el manejo, acompañamiento, orientación, y seguimiento de las emergencias humanitarias y atentados terroristas.

14. Implementar acciones para garantizar la atención oportuna e integral en la emergencia de los desplazamientos masivos.

15. Coordinar los retornos y/o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66.

16. Entregar la asistencia humanitaria a las víctimas de que trata el artículo 47 de la presente ley, al igual que la ayuda humanitaria de emergencia de que trata el artículo 64, la cual podrá ser entregada directamente o a través de las entidades territoriales. Realizar la valoración de que trata el artículo 65 para determinar la atención humanitaria de transición a la población desplazada.

17. Realizar esquemas especiales de acompañamiento y seguimiento a los hogares víctimas.

18. Apoyar la implementación de los mecanismos necesarios para la rehabilitación comunitaria y social.

19. Contribuir a la inclusión de los hogares víctimas en los distintos programas sociales que desarrolle el Gobierno Nacional.

20. Implementar acciones para generar condiciones adecuadas de habitabilidad en caso de atentados terroristas donde las viviendas han sido afectadas.

21. Las demás que señale el Gobierno Nacional”.

2. Inicialmente la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, estuvo adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (L. 1448/2011, art. 166), pero posteriormente en virtud del Decreto 4157 de 2011 fue adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

3. Respecto al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, debe señalarse que el mismo es producto de la transformación del establecimiento público Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), en Departamento Administrativo, llevada a cabo en virtud del Decreto 4155 de 2011.

De acuerdo al artículo 2º del decreto antes señalado, “el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 30 de la Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos competentes”.

4. El artículo 164 de la Ley 1448 de 2011, conformó el comité ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas, el cual estará integrado de la siguiente manera:

“1. El Presidente de la República, o su representante, quien lo presidirá.

2. El Ministro del Interior y de Justicia, o quien este delegue.

3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o quien este delegue.

4. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o quien este delegue.

5. El director del Departamento Nacional de Planeación, o quien este delegue.

6. El director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, o quien este delegue.

7. El director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.

De acuerdo al artículo 165 de Ley 1448 de 2011, el referido comité es la máxima instancia de decisión del sistema nacional de atención y reparación a las víctimas, con el objeto de materializar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, y bajo tal condición según lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 132 de la misma ley, es el encargado de revisar, por solicitud debidamente sustentada del Ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, las decisiones que conceden la indemnización por vía administrativa, y de establecer los criterios y lineamientos que deberán seguir las demás autoridades administrativas a la hora de decidir acerca de una solicitud de tal naturaleza.

Se destaca la creación de las anteriores entidades, en particular de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas, porque de conformidad con los artículos 146 a 162 Decreto 4800 de 2011, son quienes se pronuncian sobre las solicitudes de reparación administrativa, la Unidad como la responsable de analizar y resolver las peticiones que le son elevadas, liquidar y pagar las indemnizaciones reconocidas, y administrar los recursos con los cuales se cancelen estas, y el comité como antes se indicó, el que revisa las indemnizaciones reconocidas por la Unidad Administrativa, por solicitud debidamente sustentada del Ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, que de conformidad con el artículo 152 del mencionado decreto deben invocar alguna de las siguientes causales:

1. Inscripción en el registro único de víctimas obtenida por medios ilegales, incluso en los casos en que la persona de que trate tenga fácticamente la calidad de víctima.

2. Inscripción fraudulenta de víctimas, en el caso previsto por el artículo 198 de la Ley 1448 de 2011.

3. Fraude en el registro de víctimas, en el caso previsto por el artículo 199 de la Ley 1448 de 2011.

4. Desconocimiento de los criterios objetivos previamente definidos para determinar el monto de la indemnización por vía administrativa.

El Decreto 4800 de 2011 no hace referencia sucinta a los pormenores del trámite que se sigue para la resolución de las peticiones de reparación, en tanto se concentra en desarrollar aspectos como el monto de la indemnización, los criterios para distribuir y pagar la misma, algunas medidas de protección en favor de los menores de edad, en qué casos deben realizarse descuentos a las indemnizaciones reconocidas, cuál es el trámite y causales para que el comité ejecutivo revoque estas, y sobre la implementación de un programa de acompañamiento para que las víctimas puedan invertir adecuadamente los recursos que reciben, es más, llama la atención que a diferencia del Decreto 1290 de 2008, el Decreto 4800 no prevé un término en el cual la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas debe resolver las peticiones que le son elevadas.

Finalmente se estima pertinente tener en cuenta que el decreto antes señalado desarrolló los aspectos previstos en los artículos 132 a 134 de la Ley 1448 de 2011, de los cuales se destacan los siguientes:

1. Se estipuló que “la víctima podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás medidas de reparación consagradas en la presente ley, de los derechos no patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva al victimario de su obligación de reparar a la víctima según sea establecido en el marco de un proceso judicial de cualquier naturaleza”.

2. El artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 precisó que esta surte efectos respecto a todas las indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de su expedición, así las peticiones que dieron lugar aquellas se hayan realizado con anterioridad.

3. La competencia del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas, para de revisar las decisiones que conceden la indemnización por vía administrativa, destacando que sus decisiones definitivas.

4. Previó una indemnización especial para la población en situación de desplazamiento, la cual se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de subsidio integral de tierras; permuta de predios; adquisición y adjudicación de tierras; adjudicación y titulación de baldíos; subsidio de vivienda de interés social rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico; o subsidio de vivienda de interés social urbano en las modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva.

5. Precisó que en los eventos en que la víctima no acepte de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción, y el Estado sea condenado judicialmente a repararla, se descontarán de dicha condena las sumas de dinero que la víctima haya recibido de cualquier entidad del Estado y que constituyan reparación. De igual forma, contempló que de la condena judicial se descontará el valor monetario de los predios que sean restituidos, de conformidad con la tasación monetaria que se realice de los mismos.

6. Que la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, implementaría un programa de acompañamiento para promover una inversión adecuada de los recursos que la víctima reciba a título de indemnización administrativa a fin de reconstruir su proyecto de vida.

II. De las características principales del derecho de petición

Con el fin de establecer si se ha presentado o no una vulneración del derecho fundamental de petición, vale la pena recordar las reglas básicas que ha venido delimitando la Corte Constitucional alrededor del ejercicio, protección y exigibilidad de este derecho, veamos:

“El texto constitucional consagra en el artículo 23 que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. En tal sentido, las autoridades y organizaciones privadas no pueden dilatar la respuesta a las solicitudes que les sean planteadas.

Al respecto, la Corte ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de petición, y los criterios que deben tener en cuenta todos los operadores jurídicos al aplicar esta garantía fundamental. Así pues, en Sentencia T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte señaló:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3.ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el legislador lo reglamente.

“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

“h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser esta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”(2).

En la Sentencia T-1006 de 2001(3), la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más:

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”(4);

k) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”(5).

De igual forma, la Corte Constitucional en Sentencia T-350 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, manifestó(6) que hace parte del núcleo esencial del derecho de petición:

“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición”(7) (negrita fuera de texto).

A las consideraciones hechas, habría que añadir que el término de respuesta a las peticiones presentadas debe analizarse en cada caso en concreto, dependiendo del objeto y/o naturaleza de la petición y sobre todo del término establecido legalmente(8), con el fin de determinar si la respuesta emitida se profirió o no oportunamente.

Adicionalmente, considera la Sala necesario reiterar para el caso de autos, que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición pronunciándose de fondo sobre los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, en tanto el contenido de este derecho no va hasta obligar a la entidad requerida a resolver favorablemente en todos los casos las peticiones formuladas(9).

Sobre el anterior aspecto, son ilustrativas las consideraciones contenidas en la Sentencia T-920 de 2006 de la Corte Constitucional, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa:

“En reiterada jurisprudencia, esta corporación ha señalado que el derecho de petición comprende no solo la posibilidad de que las personas puedan dirigirse a la autoridad, en interés general o particular, sino el derecho a obtener de esta una pronta respuesta(10) del asunto sometido a su consideración y dentro del término previsto en la ley, sin que ello implique que la contestación deba ser en uno u otro sentido, es decir favorable o desfavorable a los intereses del peticionario(11), pues es evidente que la entidad al responder no está por ello obligada a acceder a lo solicitado en el derecho de petición(12). Así, la Corte Constitucional ha señalado:

“El derecho de petición no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. La resolución, producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional”(13) (negrita fuera de texto).

III. Análisis del caso en concreto

En síntesis los accionantes pretenden que las entidades accionadas respondan y atiendan las solicitudes que han elevado dada su condición de víctimas de la violencia, la mayoría de las cuales hacen referencia al derecho a la reparación por vía administrativa.

Ahora bien, como se expuso en el numeral II de la parte considerativa de esta sentencia, uno de los parámetros que debe tenerse en cuenta para establecer si en un caso concreto existió o no vulneración al derecho de petición, es precisar el término legalmente establecido para resolver la solicitud materia de análisis, a fin de verificar en un momento específico si es o no exigible la respuesta correspondiente, y en el caso de haberse proferido, si fue o no emitida oportunamente.

En ese orden ideas, ante el vacío legislativo sobre el término en que deben resolverse las peticiones de reparación administrativa en el marco de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año, se encuentra la Sala con una dificultad para establecer si respecto a las solicitudes de reparación administrativa que los accionantes presentaron el 29 de mayo de 2012, se ha vulnerado o no el derecho fundamental de petición.

Frente a dicha dificultad esta Corporación en casos similares ha considerado que el término de 60 días previsto en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, para resolver las solicitudes de inclusión en el registro único de víctimas, también es aplicable a la resolución de peticiones de reparación administrativa, sobre todo frente aquellas que fueron presentadas durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, teniendo en cuenta que el artículo 155 del Decreto 4800 de 2011 indica, que las solicitudes de reparación administrativa presentadas durante la vigencia del Decreto 1290, se tendrán como solicitudes de inclusión en el registro antes señalado, por lo que seguidamente se han consultado las normas que en la actualidad regulan lo concerniente a la inclusión en el registro único de víctimas, entre ellas el artículo 156 de la Ley 1448, que se reitera establece un plazo máximo de 60 días, para que la referida unidad decida si acepta o niega una petición de inclusión al registro único de víctimas(14).

Aunque la anterior en síntesis constituye la argumentación que se ha construido para enfrentar el vacío existente respecto al término de resolución de las peticiones de reparación por vía administrativa, en esta oportunidad advierte la Sala frente a la misma algunas dificultades, en primer lugar, que no es lo mismo decidir si una persona debe o no inscribirse en el registro único de víctimas, a resolver si una persona tiene derecho a ser reparada administrativamente con una suma de dinero, y ligado a lo anterior, en qué monto, quiénes serían los beneficiarios de este, y por consiguiente, cuál es tabla de indemnización a tener en cuenta, en atención a que como se expuso en el numeral I de la parte motiva de esta providencia, algunas personas deben ser reparadas a partir de los criterios del Decreto 1290 de 2008, y otras con los previstos en el Decreto 4800 de 2011.

En segundo lugar, la aplicación que se ha hecho del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, para precisar el término de resolución de las peticiones de reparación administrativa, se ha realizado a partir de dos supuestos, de un lado, que las peticiones de reparación se hayan realizado durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, y de otro, de asumir que el solicitante en principio no está incluido en el registro único de víctimas, por lo que a partir de la referida argumentación, difícilmente puede sostenerse que el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, también es aplicable para determinar el plazo de resolución de solicitudes de reparación administrativa presentadas durante la vigencia del 4800 de 2011, y aún más, por personas que ya hacen parte del referido registro, verbigracia, porque estaban incluidas en el registro único de población desplazada(15).

En efecto, frente a casos de peticiones de reparación administrativa presentadas durante la vigencia del Decreto 4800 de 2011, y no durante el Decreto 1290 de 2008, y/o elevadas por personas que ya hacen parte del registro único de víctimas, en principio no resulta válida la aplicación de los artículos 155 del Decreto 4800 de 2011 y 156 de la Ley 1448 de 2011, en atención a que hacen referencia a supuestos de hecho distintos, el primero frente a solicitudes de reparación elevadas durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, y el segundo a peticiones de inclusión en el registro único de víctimas, no de solicitudes de reparación administrativa.

Ahora bien, ante el vacío existente podría predicarse que son aplicables los términos del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), o del actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), que establecen frente a peticiones de carácter particular el término de 15 días.

En criterio de la Sala el anterior término resulta insuficiente en atención a la complejidad de los asuntos que debe resolver la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y a la gran cantidad de solicitudes que dicha entidad debe resolver, máxime cuando en virtud de la Ley 1448 de 2011, se pretende lograr la reparación de todas las víctimas de la violencia desde el 1º de enero de 1985 (art. 3º).

En relación con lo anterior, se recuerda que el Decreto 1290 de 2008, en consideración a la complejidad y cantidad de las peticiones de reparación administrativa, estableció el término de 18 meses para su resolución, por lo que en principio no resulta razonable exigirle a la mencionada unidad administrativa que resuelva dichas peticiones en el término de 15 días, en virtud de la aplicación del Código Contencioso Administrativo o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

No obstante las anteriores consideraciones, en garantía del derecho de petición y de la protección especial que requieren las víctimas de la violencia, el hecho de que no exista un término claramente aplicable a las peticiones de reparación administrativa como las presentadas por los demandantes, no puede convertirse en un impedimento para la resolución de fondo de la controversia planteada, y por consiguiente para la garantía de sus derechos fundamentales, razón por la cual estima la Sala que frente a situaciones como la que es objeto de análisis, el juez de tutela teniendo en cuenta las particularidades del caso en concreto, debe establecer si se han vulnerado o no los derechos invocados, y por consiguiente si se advierte o no por parte de las entidades accionadas, una actitud diligente frente a las solicitudes que se le han presentado, sobre todo cuando estas son realizadas por sujetos de especial protección como las víctimas del conflicto.

En efecto, la inexistencia de un término para la resolución del mencionado tipo de petición, si bien dificulta en alguna medida el análisis del caso de autos, no impide evaluar la actitud de la parte accionada frente a las solicitudes elevadas por los demandantes, a partir de las pruebas aportadas al proceso y de las manifestaciones que realizan los distintos intervinientes en el mismo.

Sentado lo anterior, para establecer si respecto de los accionantes se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados, se analizará la situación de cada uno de ellos, teniendo cuenta las manifestaciones que realizaron las partes en el presente trámite y los documentos que aportaron al proceso.

En esta medida, resulta indispensable determinar en cada caso particular, si los oficios emitidos por la entidad accionada ofrecen una respuesta clara, íntegra y de fondo a los requerimientos de los accionantes, o si por el contrario, configuran un desconocimiento del derecho fundamental de petición de los solicitantes.

1. Peticiones cuyas respuestas no aparecen acreditadas.

En primer lugar la Sala evidencia que respecto a seis accionantes, si bien la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha manifestado haber contestado sus solicitudes, no acreditó tales afirmaciones en el presente proceso, ni allegó elemento de juicio alguno que permitiera determinar que los requerimientos fueron efectivamente atendidos.

Las peticiones que se encuentran en este grupo son las que se discriminan a continuación:

 

AccionanteSolicitud
Ximena Beltrán Díaz201271140940 de 30 de agosto de 2012 (fls. 30-31).
Guillermina Lombana Sánchez201271140945 de 30 de agosto de 2012 (fls. 36-37).
Olegario Beltrán Osorio201271140942 de 30 de agosto de 2012 (fls. 46-47).
Mary Urueña Laguna y Nhora Elcy Núñez Urueña201271164883 de 25 de septiembre de 2012 (fls. 137-138).
José Antonio Daza Peralta2012711120190 de 8 de noviembre de 2012 (fl. 124).

 

Debe destacarse que la entidad demandada afirmó, tanto en la contestación a la demanda de tutela como en el escrito de impugnación contra el fallo de primera instancia, que había resuelto satisfactoriamente las solicitudes de las personas mencionadas en el cuadro precedente. Sin embargo, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no allegó copia de las respuestas que según sus afirmaciones expidió, u otro medio probatorio para demostrar sus dichos.

Tal situación, sumada al hecho de que los accionantes manifiestan que a la fecha sus peticiones no han sido resueltas, permite concluir la existencia de una vulneración del derecho fundamental de petición de Ximena Beltrán Díaz, Guillermina Lombana Sánchez, Olegario Beltrán Osorio, Mary Urueña Laguna, Nhora Elcy Núñez Urueña y José Antonio Daza Peralta, causada por una omisión en que ha incurrido la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, al no atender los requerimientos antes descritos.

2. Peticiones que la entidad manifiesta no haber recibido.

Por otra parte, la Sala evidencia el caso de tres accionantes que acreditaron haber elevado solicitudes ante la autoridad accionada, pero frente a los cuales esta afirmó no haberlos encontrado en sus bases de datos. Este grupo de solicitantes está conformado de la siguiente manera:

 

SolicitanteRadicado de la petición
Leidy Viviana Pinzón Olarte2012711128776 de 19 de noviembre de 2012 (fls. 107-108).
Martha Lucía Ortega Gaviria201271109291 (fl. 114).
Ángela María Ortiz Uribe201271109288 (fl. 116).

 

La Sala puede concluir a partir del material probatorio recaudado, que a pesar de que las actoras Leidy Viviana Pinzón Olarte, Martha Lucía Ortega Gaviria y Ángela María Ortiz Uribe acudieron ante la autoridad demandada en ejercicio del derecho fundamental de petición, esta no ha dado respuesta de fondo a sus solicitudes, como lo demuestra cuando afirma no encontrarlas en sus bases de datos e incluso llega a asegurar que las personas aludidas no han presentado petición de ningún tipo ante ella.

En estos términos, la Sala considera que la entidad también desconoció el derecho fundamental de petición de Leidy Viviana Pinzón Olarte, Martha Lucía Ortega Gaviria y Ángela María Ortiz Uribe, pues a la fecha no ha resuelto las solicitudes elevadas por ellas.

3. Peticiones cuyas respuestas fueron allegadas a la actuación.

A continuación se expondrán las solicitudes presentadas por los demandantes restantes, discriminando cada una de las pretensiones elevadas ante la Unidad Administrativa para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, y su relación con el contenido de los oficios expedidos por la entidad accionada.

3.1. Diana María Bernal Parra.

 

Solicitud de 5/09/12 (fls. 19-20)Oficio 20127206176171 de 20/09/2012 (fl. 208)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.La entidad expresa no contar con la información necesaria para determinar si la solicitud está registrada en la base de datos.
Solicita que se aporte el documento contentivo de la solicitud de reparación administrativa con su respectivo radicado, así como los nombres, apellidos e identificación de la víctima.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.No fueron resueltas.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

Ante la solicitud presentada por Diana María Bernal Parra, la demandada afirmó no contar con la información suficiente para absolverla, y la requiere para que proceda a aportar los elementos de juicio necesarios.

Visto lo anterior la Sala considera que si bien el argumento planteado por la parte pasiva en el oficio 20127206176171 de 20 de septiembre de 2012 constituye una respuesta de fondo frente a las peticiones que tienen que ver específicamente con el caso de la accionante (literales a - e), no es posible decir lo mismo frente a aquellas relacionadas con la información de los reglamentos de la entidad y los criterios de evaluación de las solicitudes de reparación administrativa, respecto a las cuales se guardó absoluto silencio.

En esta medida, la Sala considera que la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha vulnerado el derecho de petición de la señora Bernal Parra, pues no le ha dado respuesta oportuna, íntegra y de fondo al requerimiento elevado el 5 de septiembre de 2012.

3.2. Agustín Figueroa García.

 

Solicitud de 5/09/12 (fls. 25-28)Oficio 20127206599881 de 2/10/2012 (fl. 223)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Los actos se emitirán una vez se adelante el procedimiento correspondiente y se notificará en la forma contemplada en la ley.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.Resuelta negativamente.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.Resuelta negativamente.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.Brinda una explicación detallada.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.Aclara que los procedimientos y beneficios a la población víctima del desplazamiento se rigen por la Ley 1448 de 2011 el Decreto 4800 de 2011.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.
i) Las solicitudes se refieren a dos casos: el homicidio de la madre del actor y la desaparición forzada de su hermano.Solamente se pronuncia sobre lo que tiene que ver con el trámite generado por la muerte de María García Pérez.

 

Sobre el caso particular de Agustín Figueroa García, se observa que si bien en principio el oficio emitido por la entidad demandada dio respuesta a todos los temas objeto de la petición, la entidad incurrió en una omisión, pues solamente se refirió al trámite originado en el homicidio de María Isabel García Pérez, madre del actor, pero no se pronunció frente a aquel cuya causa es la desaparición forzada de su hermano, Uliser Figueroa García.

En estos términos, la Sala verifica que la solicitud radicada el 5 de septiembre de 2012 por Agustín Figueroa García no ha sido atendida en forma íntegra por la autoridad accionada, de donde se advierte la existencia de una violación de su derecho fundamental de petición.

3.3. José Agustín Marín Cruz.

 

Solicitud de 30/08/12 (fls. 39-40)Oficio 20127207730451 de 3/11/2012 (fl. 217)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Le informa que con relación al hecho victimizante relacionado en la petición, ya le fue reconocida y pagada la indemnización por vía administrativa.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.No resueltas.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

Como se observa en el cuadro que antecede y de conformidad con el oficio visible a folio 217 del expediente, la Sala estima que a la solicitud del actor no se la ha dado respuesta íntegra, clara y de fondo, pues si bien a través de dicho oficio la entidad manifestó que en su caso ya se había reconocido y pagado la indemnización por vía administrativa, no se pronunció sobre las solicitudes tendientes a obtener información sobre otros beneficios dirigidos a la población víctima del desplazamiento, ni sobre aquellas relacionadas con peticiones de expedición de copias de actuaciones y actos administrativos.

Por lo anterior, la Sala considera que el derecho fundamental de petición de José Agustín Marín Cruz también fue desconocido por la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

3.4. Celina Ramírez de Suárez.

Solicitud de 30/08/12 (fls. 42-44)Oficio 20127306265361 de 24/09/2012 (fls. 184-185)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Le informa que el Comité de Reparaciones Administrativas reconoció la calidad de víctima a Heliodoro Suárez Ramírez.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.La entrega efectiva de la indemnización solidaria se realiza cumpliendo el principio de gradualidad. Una vez el turno se encuentre en trámite de pago, será informada.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.No resueltas.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.
i) Las solicitudes tienen como causa la desaparición forzada de sus tres hijos.Solamente se pronuncia frente al caso de uno de los hijos de la accionante.

 

La Sala evidencia con claridad que la solicitud elevada por la demandante no fue resuelta íntegramente por la entidad accionada, la cual además no hizo mención alguna del caso de la desaparición forzada de dos de los hijos de la demandante, a pesar de que esta solicitó un pronunciamiento expreso sobre el asunto.

Debe concluirse entonces que las omisiones de la autoridad administrativa acusada configuran una vulneración del derecho fundamental de la actora Celina Ramírez de Suárez.

3.5. Luis Álvaro Malagón Noreña.

 

Solicitud de 5/09/12 (fls. 49-50)Oficio 20127207915091 de 14/11/2012 (fl. 203)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.No resueltas.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.Brinda una explicación detallada de los criterios de valoración de las solicitudes de inclusión en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.No resueltas.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

Como puede observarse, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas solamente se pronunció sobre los criterios de valoración de las solicitudes de inclusión en el registro único de víctimas, pero omitió referirse a todos los puntos restantes de la petición elevada ante ella el 5 de septiembre de 2012. Así las cosas y ante la ausencia de una respuesta íntegra y de fondo al requerimiento presentado, la Sala verifica la existencia de una irregularidad de tal entidad que constituye una violación del núcleo del derecho fundamental de petición del actor.

3.6. Edilma Medellín Tobar.

 

Solicitud de 30/08/12 (fls. 52-55)Oficio 20127207644871 de 1/11/2012 (fl. 189)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Le informa que con relación al hecho victimizante relacionado en la petición, ya le fue reconocida y pagada la indemnización por vía administrativa.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.No resueltas.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.
i) Las solicitudes se refieren a dos delitos: el homicidio de su cónyuge y las lesiones personales causadas en su persona.No determina respecto de cuál hecho victimizante fue reconocida la indemnización por vía administrativa.

 

Se encuentra que la respuesta emitida por la accionada en relación con la solicitud elevada por Edilma Medellín Tobar no solo fue incompleta, en la medida en que omitió referirse a varios de los puntos que la conformaban, sino que además adolece de falta de claridad, pues no permite establecer si la reparación por vía administrativa que fue reconocida se refiere solamente a uno o a los dos delitos victimizantes por ella descritos.

En este orden de ideas, la respuesta emitida por la parte demandada no ofrece una respuesta clara y completa a lo requerido por la peticionaria, hecho que sin lugar a dudas demuestra el desconocimiento de su derecho fundamental de petición.

3.7. Luis Ernesto Pardo Rey.

 

Solicitud de 19/07/12 (fls. 59-60)Oficio 20127205687121 de 1/09/2012 (fl. 193)
a) Se culmine el procedimiento de reconocimiento y pago de los dineros correspondientes a la reparación por vía administrativa.Le informa que la petición será estudiada como solicitud de inscripción en el registro único de víctimas.
b) Se soliciten, a través de un trámite interinstitucional, los documentos que hacen falta para dicho reconocimiento, ante la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.No resuelta.
Solicitud de 30/08/12 (fls. 57-58) 
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.Le informa que la petición será estudiada como solicitud de inscripción en el registro único de víctimas.
a) Se emita y notifique un acto en el que se complemente su información, en el sentido de indicar que también es víctima del delito de desplazamiento forzado. 
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.Informa el procedimiento que se adelanta para la inclusión en el RUV.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.No resueltas.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

En este caso también se advierte la falta de una respuesta clara y de fondo a todas las solicitudes presentadas, pues a pesar de que la primera petición fue elevada por el actor en el mes de julio de 2012, la entidad demandada aún no ha atendido sus requerimientos, circunstancia de la cual se extrae el menoscabo del derecho fundamental invocado.

3.8. Nini Johanna Torres Lozano.

 

Solicitud de 30/08/12 (fls. 93-95)Oficio 20127206151641 de 19/09/2012 (fl. 205)
a) Se emita y notifique el acto de reconocimiento y pago del 50% de la reparación administrativa a que hay lugar por la muerte de su cónyuge.Le informa que la petición será estudiada como solicitud de inscripción en el registro único de víctimas, y describe el trámite correspondiente.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.No resueltas.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

El cuadro anterior, cotejado con el oficio obrante a folio 205 del expediente, lleva a la Sala a considerar que las pretensiones de la actora no han sido resueltas de forma clara, completa y de fondo; en tanto la entidad demandada se limitó a afirmar que el escrito sería estudiado como una solicitud de inclusión en el Registro Único de Víctimas, pero no hace mención alguna de las peticiones específicas planteadas por Nini Johanna Torres.

En este orden de ideas, se evidencia una vulneración del derecho fundamental de petición de la accionante.

3.9. Diana Carolina Molina.

 

Solicitud de 19/11/12 (fls. 98-99)Oficio 20127207753081 de 6/11/2012 (fl. 188)
a) Se emita y notifique el acto de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.Le informa que la unidad le reconoció la calidad de víctima y le otorgó una indemnización de hasta 40 smlmv, los cuales serán pagados cuando se cuente con disponibilidad presupuestal.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.No resueltas.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

La Sala estima que si bien a través del oficio de 6 de noviembre de 2012, la entidad manifestó que la demandante ya había sido reconocida como víctima y beneficiada con el otorgamiento de la reparación administrativa, no se pronunció sobre las solicitudes tendientes a obtener información sobre otros beneficios dirigidos a la población víctima del desplazamiento, ni sobre aquellas relacionadas con peticiones de expedición de copias de actuaciones y actos administrativos.

Por lo anterior, la Sala también encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición de Diana Carolina Molina por parte de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

3.10. María Reinalda Daza Peralta.

 

Solicitud 2012711109286 (fl. 111)Oficio 20127209217831 de 21/12/2012 (fl. 319)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Informa que el Comité de Reparaciones Administrativas decidió mantener su caso en estado de reserva técnica, por cuanto no encontró suficientes elementos de juicio que permitan la ocurrencia de hechos por parte de grupos organizados al margen de la ley.
Le recomienda allegar pruebas que ayuden a determinar la ocurrencia del hecho, el lugar y los posibles victimarios.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.No resueltas.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

En lo relacionado con María Reinalda Daza Peralta, la accionada dio respuesta a la solicitud informándole que su caso se encuentra en estado de reserva técnica, pero no hizo ninguna consideración sobre las solicitudes encaminadas a obtener información sobre otros beneficios dirigidos a la población víctima del desplazamiento, ni sobre aquellas relacionadas con la expedición de copias de actuaciones y actos administrativos adelantados en el trámite.

En esta medida, la Sala no puede considerar que el oficio de 21 de diciembre de 2012 constituye una respuesta congruente, clara y de fondo a lo solicitado, pues la entidad omitió referirse a todos los puntos requeridos por la peticionaria. En resumen, la actora también vio menoscabado el derecho invocado por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

3.11. Luz Stella Ortiz Lozano.

 

Solicitud 2012711109297 (fls. 120-121)Oficio 20127209217771 de 21/12/2012 (fl. 218)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Le informa que la petición será estudiada como solicitud de inscripción en el registro único de víctimas, y describe el trámite correspondiente.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.No resueltas.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

De la misma manera que en los casos anteriores, la Sala considera que las pretensiones de la accionante no han sido resueltas de forma clara, congruente y de fondo; en tanto la entidad demandada no hizo mención alguna frente a las peticiones de información sobre los beneficios a que tiene derecho la población víctima del desplazamiento, los procedimientos requeridos y la expedición de copias del expediente administrativo.

Se concluye entonces el desconocimiento del derecho fundamental invocado causado por la omisión en que incurrió la autoridad acusada.

3.12. Gustavo Mendoza Rada.

 

Solicitud de 08/11/12 (fls. 122-123)Oficio 20127209221271 de 21/12/2012 (fls. 226-227)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Señala que se reconoció la calidad de víctima de violación de derechos humanos a Alfonso Mendoza.
Sin embargo, advierte que la entrega efectiva de la correspondiente indemnización solidaria como medida de reparación se realizará cumpliendo con el principio de gradualidad y una vez sea incluido en el registro único de víctimas.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.

 

En lo atinente al actor Gustavo Mendoza Rada, a juicio de esta corporación la respuesta emitida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas constituye una solución congruente, clara y de fondo a sus requerimientos, por lo que en principio habría lugar a afirmar que la entidad accionada no incurrió en vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

No obstante, se advierte que a pesar de allegar al expediente copia del oficio 20127209221271 de 21 de diciembre de 2012, la autoridad administrativa no demostró haber comunicado al peticionario o sus apoderados dicha respuesta, carga que impuesta por la jurisprudencia constitucional a aquella, en la medida en que una respuesta que no es puesta en conocimiento del solicitante no puede considerarse como suficiente para garantizar el mencionado derecho fundamental.

En conclusión, la vulneración del derecho fundamental de petición de Gustavo Mendoza Rada persiste, puesto que a pesar de haber sido emitida una respuesta clara y de fondo a su petición, esta no le fue comunicado al interesado por medio alguno.

3.13. José Rubilo Muñoz.

 

Solicitud de 08/11/12 (fl. 127)Oficio 20127209312181 de 27/12/2012 (fl. 219)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Le informa que se encuentra incluido en el registro único de víctimas, por lo que puede acceder a todos los beneficios a que haya lugar como víctima del conflicto.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.No resueltas.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.

 

Como se observa, el oficio de 27 de diciembre de 2012 solo contesta parcialmente la solicitud elevada por el accionante, en la medida en que le informa que fue aprobada su inclusión en el registro único de víctimas; sin embargo, esta manifestación resulta insuficiente para atender las peticiones restantes, dirigidas a cuestiones que van más allá de la información sobre la inclusión en el RUV.

La anterior consideración basta para advertir que la respuesta emitida por la entidad no atiende en forma íntegra todas las solicitudes elevadas por José Rubilo Muñoz, por lo cual se infiere el desconocimiento de su derecho fundamental de petición.

3.14. Gloria María Palacios Torres.

 

Solicitud 2012711109290 (fls. 131-133)Oficio 20127205594011 de 29/08/2012 (fl. 197)
a) Se emita y notifique el acto de reconocimiento y pago de la indemnización como reparación administrativa.Informa que el Comité de Reparaciones Administrativas decidió mantener su caso en estado de reserva técnica, por cuanto no encontró suficientes elementos de juicio que permitan la ocurrencia de hechos por parte de grupos organizados al margen de la ley.
Le recomienda allegar pruebas que ayuden a determinar la ocurrencia del hecho, el lugar y los posibles victimarios.
Resuelta negativamente.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.No resueltas.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

La autoridad accionada dio respuesta a la solicitud informándole que su caso se encuentra en estado de reserva técnica, pero no hizo ninguna consideración sobre las solicitudes encaminadas a obtener información sobre otros beneficios dirigidos a la población víctima del desplazamiento, ni sobre aquellas relacionadas con la expedición de copias de actuaciones y actos administrativos adelantados en el trámite.

En esta medida, la Sala estima que el oficio de 21 de diciembre de 2012 no ofrece una respuesta congruente, clara y de fondo a lo solicitado, pues omitió referirse a todos los puntos requeridos por la peticionaria.

3.15. María Enith Núñez Urueña.

 

Solicitud de 25/09/12 (fl. 135)Oficio 20127207598551 de 31/10/2012 (fl. 233)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Informa que se está adelantando el estudio de su solicitud, y explica cuál es el trámite a seguir para el efecto.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.No resueltas.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.

 

A juicio de esta Sala, la información contenida en el oficio aportado por la entidad demandada no dio respuesta de fondo y congruente a lo pedido por la accionante, en tanto no se pronunció sobre algunos puntos objeto de la petición.

En estos términos, en el presente caso la entidad accionada desconoció el derecho invocado por el demandante, por cuanto no se pronunció sobre todos los aspectos contenidos en el requerimiento elevado.

3.16. María Concepción Camargo Borja.

 

Solicitud 2012711109296Oficio 201272092117791 de 21/12/2012 (fls. 228-232)
a) Se emita y notifique el acto de inclusión en el registro único de víctimas.Señala que la solicitud de indemnización por vía administrativa será tramitada como solicitud de inscripción en el RUV, e indica el procedimiento que debe seguirse para el efecto.
Observa que a través de la Ley 1448 de 2011 se establecieron un conjunto de medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto.
Informa cuáles son los trámites que deben surtirse para ser incluido en el registro único de víctimas, así como los requisitos y procedimientos para acceder a los programas de restitución de tierras, reparación administrativa, rehabilitación y otros a que tienen derecho las personas que han sido víctimas del desplazamiento.
b) Se emita y notifique el acto administrativo mediante el cual se le asignó el turno para el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.
c) Se expida certificación donde conste la inclusión en el RUV, el estado, los familiares incluidos, beneficiarios y beneficios complementarios a que tiene derecho.
d) Se expida copia integral de las pruebas que fundamentaron el reconocimiento y pago de la reparación por vía administrativa.No resueltos.
e) Se expida copia integral de todos los actos administrativos emitidos en el proceso de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa.
f) Se informe cuáles son los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV.
g) Se expida copia del reglamento operativo de la entidad accionada.
h) Se expida copia del reglamento que establece los procedimientos y beneficios aplicables a las víctimas del desplazamiento forzado.
Solicitud de 8 de noviembre de 2012 
a) Se programe y notifique una fecha cierta, razonable y oportuna para la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia.No resuelto.
b) Se le indiquen los trámites que debe adelantar para acceder a los demás derechos que le correspondan como víctima del conflicto.Informa cuáles son los trámites que deben surtirse para ser incluido en el registro único de víctimas, así como los requisitos y procedimientos para acceder a los programas de restitución de tierras, reparación administrativa, rehabilitación y otros a que tienen derecho las personas que han sido víctimas del desplazamiento.
c) Se expida copia del reglamento operativo aplicable para el reconocimiento de la ayuda humanitaria de emergencia.No resuelto.

 

En el caso de la actora María Concepción Camargo Borja, se encuentra que a pesar de que la respuesta emitida por la entidad demandada se ocupa en profundidad de los programas y trámites dispuestos para la atención, rehabilitación y reparación de la población víctima del desplazamiento forzado, omite realizar un pronunciamiento sobre todos los aspectos planteados en la solicitud.

Por tal razón y atención a que no se resolvieron los puntos señalados en el cuadro que precede, la Sala evidencia que el oficio emitido no contiene una respuesta clara, congruente y de fondo a las pretensiones elevadas.

4. Conclusiones.

Una vez realizado el análisis precedente, se evidencia que aún en los eventos específicos en los que la entidad accionada aportó los documentos contentivos de las respuestas emitidas, no acreditó en ningún caso haber comunicado o notificado la respectiva respuesta a los accionantes o sus apoderados.

Igualmente observa la Sala que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no precisó respecto de ninguno de los demandantes cuáles son los documentos o trámites que deben adelantar para que se resuelvan sus peticiones, ni acredita mediante qué medios supuestamente les informó sobre lo que se requería para completar sus peticiones, y por el contrario todos y cada uno de los accionantes a través de su apoderado sostienen, que no han recibido información alguna frente a sus solicitudes.

En ese orden de ideas, en criterio de la Sala no se encuentra probado en el presente trámite que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, le haya informado a la señora Diana María Bernal Parra y a los demás demandantes, sobre el estado de sus solicitudes, y mucho menos que haya resuelto las mismas, ni que haya notificado en debida forma estas respuestas a cada uno de los peticionarios.

En suma, se estima que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha vulnerado el derecho de petición de los accionantes, pues frente a la mayoría de ellos no ha resuelto de fondo su petición de reparación administrativa o de inclusión en el registro único de víctimas, y en todo caso, no ha comunicado la respuesta a los respectivos destinatarios por medio alguno ni ha informado sobre el trámite de resolución de la misma, a pesar de que han transcurrido entre 3 y 7 meses desde su presentación (según el caso y de conformidad con el análisis realizado en el acápite precedente).

Por ejemplo, frente a las señoras María Reinalda Díaz Peralta y Gloria María Palacios Torres se evidencia que solicitaron ser reparadas por vía administrativa y afirmaron que no han recibido ningún tipo de información sobre el particular, y por su parte, la entidad accionada se limitó a afirmar que las peticiones se encuentran en estado de “reserva técnica”, sin precisar qué requisitos o documentos se necesitan para continuar el trámite, y aún más, sin probar que informó a los peticionarios sobre tal situación.

Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, lo que se advierte es que desde que los accionantes presentaron las peticiones entre el 25 de agosto y el 15 de diciembre de 2012, han transcurrido entre 3 y 7 meses, durante los cuales los peticionarios no han tenido acceso a información clara, concreta y precisa sobre sus solicitudes, por lo que de ninguna manera puede considerarse que la parte accionada ha garantizado el derecho de petición, o al menos que se conoce con mediana claridad el trámite dado a dicha solicitud.

Añádase a lo expuesto, que con las peticiones de inclusión en el registro único de desplazados, los accionantes no solo están buscando la emisión de una respuesta de fondo, clara y precisa, sino acceder a las distintas prestaciones a las que estiman tener derecho, para superar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, y/o para ser en alguna medida resarcidos por los daños que se les han ocasionado por el conflicto armado interno.

Por las anteriores circunstancias frente a las solicitudes que han elevado todos y cada uno de los demandantes, se advierte que se ha vulnerado el derecho fundamental de petición.

IV. De las órdenes a proferir

Por las razones expuestas, la Sala considera que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha vulnerado el derecho de petición de los accionantes, por lo que se confirmará el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia controvertida que amparó dicho derecho fundamental. Sin embargo, se estima pertinente modificar el numeral 2º de la parte resolutiva del mencionado fallo, que ordenó de manera general que se resolvieran de fondo las solicitudes presentadas, sin precisar las diferencias existentes entre los asuntos consultados, los cuales requieren un tratamiento particular a fin de brindar un mayor margen de protección a los demandantes, que invocan la condición de víctimas de la violencia.

Como antes se indicó las peticiones principales elevadas por los accionantes son la inclusión en el registro único de víctimas, y el reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa, de las cuales se desprenden otras como la expedición de un certificado sobre el estado de los accionantes y sus familias en dicho registro, o que se indique el turno que les correspondió para el pago de la referida indemnización, así como la fecha en que se entregará la misma, o en el evento de no reconocerse, que se indiquen las razones de tal decisión.

Asimismo se destaca, que para establecer si una persona tiene derecho a la reparación administrativa, en primer lugar debe verificarse si la misma hace parte del registro único de víctimas, motivo por el cual no habría lugar a pronunciarse si una persona tiene derecho o no la reparación administrativa, si previamente se improbó su inclusión en el referido registro.

Por la anterior situación, estima pertinente la Sala ordenarle en primer lugar a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en el término de 5 días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, las solicitudes de los accionantes Ximena Beltrán Díaz, Guillermina Lombana Sánchez, Olegario Beltrán Osorio, Mary Urueña Laguna, Nhora Elcy Núñez Urueña, José Antonio Daza Peralta, Leidy Viviana Pinzón Olarte, Martha Lucía Ortega Gaviria, Ángela María Ortiz Uribe, Diana María Bernal Parra, Agustín Figueroa García, Luis Álvaro Malagón Noreña, Luis Ernesto Pardo Rey, Nini Johanna Torres Lozano, Luz Stella Ortiz Lozano, María Enith Núñez Nurueña y María Concepción Camargo Borja consistentes en su inclusión en el registro único de víctimas, notificándoles en el mismo término las respuestas correspondientes.

Se otorga el término de 5 días, a fin de que la entidad antes señalada pueda analizar de manera cuidadosa las referidas solicitudes, y adelantar las gestiones que estime pertinentes para resolver de fondo las mismas.

En consonancia con lo anterior, en el evento que respecto de algunos de los demandantes (i) se apruebe su inclusión en el registro único de víctimas, o (ii) se verifique que ya estaban incluidos en el mismo, por ejemplo, porque hacían parte del registro único de población desplazada, se ordenará que dentro de los 60 días siguientes a que sean incluidos en dicho registro o se constante que ya hacen parte de él, se resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa, notificando en el mismo término la respuesta correspondiente.

Se concederá el término máximo de 60 días(16), en virtud de las actuaciones que eventualmente tenga que adelantar la entidad accionada para resolver de fondo las peticiones por la complejidad de las mismas, y por los asuntos que eventualmente debe definir como la normatividad aplicable, el monto de la indemnización, la distribución de esta, entre otros. Asimismo se otorgará un término amplio como el antes señalado, en atención a la significativa cantidad de solicitudes que diariamente debe resolver dicha entidad.

En lo atinente al accionante José Rubilo Muñoz, a quien la entidad accionada le informó que ya se encontraba inscrito en el registro único de víctimas, se ordenará que dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la presente providencia, se resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa, notificando en el mismo término la respuesta que sobre este punto emita.

En cuanto a los señores Diana Carolina Molina y Gustavo Mendoza Rada, teniendo en cuenta que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas manifestó que se les había reconocido la indemnización como reparación administrativa, pero que la entrega se realizaría de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se ordenará que dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, se les indique el turno asignado y el período en el que se tiene prevista la entrega.

En el caso específico de la demandante Celina Ramírez de Suárez, la entidad solamente se refirió a la solicitud de reconocimiento de reparación administrativa por la desaparición forzada de Heliodoro Suárez Ramírez, por lo que se le ordenará que dentro de los 60 días siguientes a la notificación del presente fallo, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa respecto a los delitos de desaparición forzada de sus hijos Luis Domingo Suárez Ramírez y Heliodoro Suárez Ramírez, notificando en el mismo término la respuesta respectiva.

Respecto de la señora Edilma Medellín Tobar, se ordenará a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que dentro de los 60 días siguientes a la notificación de esta sentencia, aclare si la indemnización por vía administrativa que fue reconocida se refiere al delito de lesiones personales o al homicidio de su cónyuge, y resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la reparación administrativa respecto a los dos hechos victimizantes denunciados por ella, notificando en el mismo término la respuesta correspondiente.

Aunado a lo anterior, frente a los demandantes que se reconozca la mencionada indemnización, se ordenará que dentro del término antes señalado se les indique el turno asignado y el período en el que se tiene prevista la entrega de la misma.

Sobre el caso de las señoras María Reinalda Daza Peralta y Gloria María Palacios Torres, se ordenará a la entidad accionada que en el término de cinco días siguientes a la notificación de la presente providencia, informe de forma clara, concreta y precisa la razón por la cual sus solicitudes de inclusión en el registro único de víctimas se encuentran en estado de reserva técnica, y señale cuáles son los documentos requeridos para adelantar dicho trámite.

Igualmente se ordenará a la entidad accionada que en el término de cinco días siguientes a la notificación del fallo, proceda a contestar la solicitud elevada por María Concepción Camargo Borja tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, y que en caso de ser reconocida, indique el turno asignado y el período en que se haría efectiva la entrega.

Asimismo, se dispondrá que en el mismo término de cinco días, en el evento que se acepte la inclusión de los demandantes en el registro único de víctimas, se expida con destino a los mismos una certificación sobre su estado y el de familiares de ser el caso, en el referido registro.

De otro lado se estima pertinente advertir a la entidad antes señalada, que en el caso de negar las solicitudes de inclusión al registro único de víctimas de algunos de los demandantes, o las peticiones de reconocimiento y pago de la indemnización administrativa, exponga de manera clara las razones de su decisión.

Finalmente, respecto a las solicitudes que realizaron todos los demandantes, consistente en la solicitud de copia auténtica de la actuación administrativa y del reglamento operativo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se le ordenará a esta que en el término de 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, resuelva la misma de fondo, de manera clara, precisa y congruente, y que en el mismo plazo notifique la respuesta correspondiente.

Para el adecuado cumplimiento de esta providencia, se dispondrá que con su notificación, se envíe a la unidad administrativa demandada, copia del escrito de tutela y su anexos, en especial de las peticiones presentadas por los accionantes y los documentos que los mismos aportaron sobre los hechos por los que estiman son víctimas de la violencia (fls. 1-159).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Se CONFIRMA el numeral 1º de la parte resolutiva del fallo de tutela del 17 de enero de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que tuteló el derecho de petición de los ciudadanos Diana María Bernal Parra, Agustín Figueroa García, Ximena Beltrán Díaz, Guillermina Lombana Sánchez, José Agustín Marín Cruz, Celina Ramírez de Suárez, Olegario Beltrán Osorio, Luis Álvaro Malagón Noreña, Edilma Medellín Tobar, Luis Ernesto Pardo Rey, Nini Johanna Torres Lozano, Diana Carolina Molina, Leidy Viviana Pinzón Olarte, María Reinalda Daza Peralta, Martha Lucía Ortega Gaviria, Ángela María Ortiz Uribe, Luz Stella Ortiz Lozano, Gustavo Mendoza Rada, José Antonio Daza Peralta, José Rubilo Muñoz, Gloría María Palacios Torres, María Enith Núñez Urueña, Mary Urueña Laguna, Nhora Elcy Núñez Urueña y María Concepción Camargo Borja, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Se MODIFICA el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia antes señalada, en el sentido de ORDENAR a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas lo siguiente:

2.1. En el término de 5 días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, las solicitudes de los accionantes Ximena Beltrán Díaz, Guillermina Lombana Sánchez, Olegario Beltrán Osorio, Mary Urueña Laguna, Nhora Elcy Núñez Urueña, José Antonio Daza Peralta, Leidy Viviana Pinzón Olarte, Martha Lucía Ortega Gaviria, Ángela María Ortiz Uribe, Diana María Bernal Parra, Agustín Figueroa García, Luis Álvaro Malagón Noreña, Luis Ernesto Pardo Rey, Nini Johanna Torres Lozano, Luz Stella Ortiz Lozano, María Enith Núñez Nurueña y María Concepción Camargo Borja, consistentes en su inclusión en el Registro Único de Víctimas, notificándoles en el mismo término las respuestas correspondientes.

2.2. En el evento que respecto de algunos de los demandantes (i) se apruebe su inclusión en el registro único de víctimas, o (ii) se verifique que ya estaban incluidos en el mismo, que dentro de los 60 días siguientes a que sean incluidos en dicho registro o se constante que ya hacen parte de él, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa, notificando en el mismo término la respuesta correspondiente.

2.3. En el término de 60 días siguientes a la notificación de la presente providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa elevada por José Rubilo Muñoz, notificando en el mismo término la respuesta.

2.4. En el término de cinco días siguientes a la notificación del presente fallo les indique a Diana Carolina Molina y Gustavo Mendoza Rada, el turno asignado y el período en el que se tiene prevista la entrega de la indemnización por vía administrativa que les fue reconocida, notificando en el mismo término la respuesta.

2.5. En el término de 60 días siguientes a la notificación de la presente providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa presentada por Celina Ramírez de Suárez, frente a los delitos de desaparición forzada de sus hijos Luis Domingo Suárez Ramírez y Heliodoro Suárez Ramírez, notificando en el mismo término la respuesta respectiva.

2.6. En el término de 60 días siguientes a la notificación del fallo, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la petición de reconocimiento y pago de la reparación administrativa elevada por Edilma Medellín Tobar respecto a los dos hechos victimizantes denunciados por ella, y aclare a cuál de estos correspondió la indemnización por vía administrativa que le fue reconocida anteriormente, notificando en el mismo término la respuesta correspondiente.

2.7. En el término de 5 días siguientes a la notificación del fallo, informe a María Reinalda Daza Peralta y Gloria María Palacios Torres, de forma clara, concreta y precisa, la razón por la cual sus solicitudes de inclusión en el registro único de víctimas se encuentran en estado de reserva técnica, y señale cuáles son los documentos requeridos para adelantar dicho trámite.

2.8. En el evento que se reconozca la mencionada indemnización por vía administrativa en favor de alguno de los demandantes, dentro del término antes señalado, le informe a estos el turno asignado y el período en el que se tiene prevista la entrega de la misma.

2.9. En el término de 5 días siguientes a la notificación de la presente providencia, de respuesta de forma clara y concreta la solicitud de reconocimiento y pago de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, elevada por María Concepción Camargo Borja, y que en caso de ser afirmativa, indique el turno asignado y el período en que se haría efectiva la entrega de aquella.

2.10. En el término de cinco días siguientes a la notificación de la sentencia y en el evento que se acepte la inclusión de los demandantes en el registro único de víctimas, se expida con destino a los mismos una certificación sobre su estado y el de familiares de ser el caso, en el referido registro.

2.11. En el término de 5 días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo, de manera clara, precisa y congruente, las solicitudes que realizaron todos los demandantes, consistente en la solicitud de copia auténtica de la actuación administrativa y del reglamento operativo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y en el mismo plazo notifique la respuesta correspondiente.

2.12. En caso de negar las solicitudes de inclusión al registro único de víctimas de algunos de los demandantes, o las peticiones de reconocimiento y pago de la indemnización administrativa, exponga de manera clara las razones de su decisión.

3. Con la notificación de la presente decisión a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por secretaría envíese copia del escrito de tutela y sus anexos.

Envíese copia de esta providencia al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Víctor Hernando Alvarado Ardila—Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(1) Sobre el particular puede apreciarse el parágrafo del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, y el parágrafo 1º del artículo 28 del Decreto 4800 del mismo año.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(4) Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. En Sentencia T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “... [las respuestas simplemente formales o evasivas]... no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución...” (negrita fuera de texto).

(5) Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(6) Ver entre muchas otras las sentencias T-147 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Vargas), T-012 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Vargas), T-1204 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-364 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1075 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-114 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-1105 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Vargas), T-842 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-220 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-970 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-206 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-069 de 2007 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-169 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-103 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-219 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(8) Verbigracia, según el inciso segundo del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo el derecho de petición de consulta debe resolverse en un plazo máximo de 30 días; el de petición de acceso a documentos públicos, debe resolverse en 10 días y entregarse las copias requeridas a los 3 días siguientes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 57 de 1985; y en materia pensional debe analizarse el tipo de petición para establecerse la norma aplicable y por consiguiente el término exigible, como ampliamente lo expuso la Sección Segunda, Subsección B en sentencia de la Sala del 18 de septiembre de 2008, radicado 2008-00339-01, con ponencia del consejero de Estado Gerardo Arenas Monsalve, y la Corte Constitucional en las sentencias T-1098 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-304 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-273 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-511 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-350 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Treviño, y T-051 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(9) Sobre el particular pueden apreciarse las sentencias T-1160A de 2001, T-581 de 2003 y T-456 de 2008 de la Corte Constitucional.

(10) Sentencia T-099 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-134 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y T-300 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(11) Consultar la Sentencia T-335 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(12) Consultar las siguientes sentencias proferidas por esta corporación, entre otras, T-405, T-474, T-478, T-628 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(13) Sentencia T-242 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Ver, entre otras las sentencias T-170 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); T-518 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-396 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); y T-316 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(14) En tal sentido pueden apreciarse las siguientes sentencias: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de julio de 2012, Expediente 25000-23-24-000-2012-00341-01. C.P. Susana Buitrago Valencia. 2) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2012, Expediente 25000-23-24-000-2012-00070-01. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. 3) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de agosto de 2012, Expediente 25000-23-25-000-2012-01323-01. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(15) Se recuerda que en virtud del artículo 154 de la Ley 1448 de 2011, las personas que hacían parte del registro único de población desplazada, pasaron a conformar el registro único de víctimas.

(16) Este término en un asunto similar al de autos también fue concedido por esta subsección mediante la sentencia emitida el 28 de agosto de 2012, Expediente 25000-23-27-000-2012-000492-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.