Sentencia 2012-01947/1390-2014 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad: 250002342000201201947 02 (1390-2014)

Accionante: Julio César Ortiz Gutiérrez

Accionado: Universidad de Cundinamarca

Asunto: Nulidad simple - CPACA

Tema: Funciones del comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de las universidades estatales.

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. Conforme con lo establecido en los artículos 150 y 152 Nº 1 del CPACA, esta corporación le corresponde conocer del presente litigio en segunda instancia.

Problema jurídico.

Consiste en determinar i) Si la facultad otorgada a los consejos superiores de las universidades por el artículo 63 del Decreto 1279 de 2002 constituye o no una delegación de funciones administrativas; ii) Si los artículos 51 y 52 del Acuerdo 002 de 2009, proferido por el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, contienen una delegación de funciones en el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje, que incluye la adopción y regulación del régimen salarial y prestacional de los docentes, y iii) Si el haberse expedido el Acuerdo 002 de 2009 por fuera del plazo conferido por el artículo 63 del Decreto 1279 de 2002, el Consejo Superior Universitario obró con incompetencia.

El objeto de apelación.

El apelante manifestó su inconformidad con el fallo recurrido en su integridad, y solicitó su revocación por las razones expuestas anteriormente.

De lo probado en el proceso.

Se encuentra probada la expedición y vigencia del Acuerdo 002 de 2009 emanado del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Cundinamarca, como aparece a los folios 26 a 67.

Análisis de la Sala.

Falladas como se encuentran las excepciones y de conformidad con las consideraciones anteriores, la Sala entra al análisis del caso concreto.

El caso concreto.

Primer problema jurídico:

Si la facultad otorgada a los consejos superiores de las universidades por el artículo 63 del Decreto 1279 de 2002 constituye o no una delegación de funciones administrativas.

Dispone el artículo 63 del Decreto 1279 de 2002:

“DECRETO 1279 DE 2002

(Junio 19)

“Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales”.

El Presidente de la Republica de Colombia,

en desarrollo de las normas generales establecidas en la Ley 4ª de 1992 y en concordancia con el artículo 77 de la Ley 30 de 1992,

DECRETA:

(...)

“ART. 63.—Plazo para actualizar los reglamentos. Se da plazo un plazo máximo de cinco (5) meses, contados a partir de la vigencia de este decreto, para que los consejos superiores universitarios expidan las normas que les corresponden de acuerdo con este decreto y actualicen los estatutos docentes. Mientras se expiden los reglamentos que corresponden, sin exceder el término aquí señalado, las instituciones continúan rigiéndose por sus estatutos y reglamentos. Las normas de este decreto que no requieran reglamentación o expedición de estatutos por parte de las universidades entran en vigencia inmediata”.

Como se observa, el objeto del decreto consiste en establecer el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales y para tal efecto el Presidente de la República lo adopta con fundamento en lo previsto en la Ley 4ª de 1992 y el artículo 77 de la Ley 30 de 1992. La Sala estima que en las disposiciones expuestas no se encuentra establecida la delegación de funciones, ni del legislador al Presidente de la República —lo que constituiría concesión de facultades legislativas extraordinarias— ni de éste a los consejos superiores universitarios. Se trata del establecimiento del régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades públicas en desarrollo de la legislación vigente y de la atribución originaria de una competencia administrativa del gobierno directamente a tales organismos colegiados como son los consejos superiores de las universidades estatales, para desarrollar las normas propias del decreto, y para la expedición y/o actualización o modificación de sus reglamentos internos y de sus estatutos docentes. Como atribución propia, asignada por el gobierno a los consejos superiores universitarios, no ostenta ninguno de los elementos o llamadas características de la delegación de funciones administrativas.

Como se sabe, por el contrario, la delegación de funciones administrativas consiste en que un órgano público traslada o transfiere funciones suyas a otro e incluso a particulares, comúnmente en sentido vertical, de, manera temporal, con la posibilidad legal de reasumirlas como titular de las mismas.

Esta institución ha sido tratada y estudiada jurisprudencial y doctrinariamente en sendas ocasiones, sobre la cual la Corte Constitucional colombiana, en la Sentencia C-205 de 2005, con la que examinó la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 510 de 1999 relativas a la delegación de funciones presidenciales en las superintendencias, plasmó las siguientes consideraciones conceptuales sobre las características de la delegación, en los siguientes términos:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido un precedente reiterado y consolidado sobre la desconcentración y delegación de las funciones constitucionales del Presidente de la República(11). Este precedente parte de advertir la imposibilidad material que tiene el Presidente para ejercer de manera personal todas y cada una de las facultades previstas en el artículo 189 de la Carta. Ante esta conclusión y en vista de los principios que gobiernan la función administrativa previstos en el artículo 209 C.P., los instrumentos de descentralización, delegación y desconcentración se muestran como herramientas necesarias para ejecutar las funciones mencionadas y, con ello, materializar el cumplimiento de los fines estatales previstos en el artículo 2º de la Constitución.

(...)

Igualmente, la doctrina constitucional(12) ha especificado cuáles son los rasgos propios de la desconcentración y la delegación, figuras sobre las que gravita la presente decisión. Respecto a la primera, se ha señalado que, en cierta medida, es la variante práctica de la centralización y que, desde un punto de vista dinámico, consiste en una transferencia de funciones administrativas que corresponden a órganos de una misma persona administrativa. Entre las características principales de la desconcentración están las siguientes: (i) es una atribución de la competencia realizada por el mismo ordenamiento jurídico; (ii) tal atribución es realizada a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía; (iii) la competencia desconcentrada se confiere de forma exclusiva al órgano designado por el ordenamiento; (iv) la responsabilidad del superior jerárquico se circunscribe al ámbito de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica y; (v) el superior sólo puede reasumir la competencia previa una nueva atribución legal que así lo determine.

Con relación a la delegación, esta corporación concluyó que es una modalidad de transformación de funciones administrativas, en la que, de acuerdo con los supuestos previstos en la ley, se faculta a un sujeto u órgano a realizar dichas transferencias. Los elementos de la delegación, entonces, son: (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro, realizada por un acto del titular de la función; (ii) la necesidad de previa autorización legal para efectuar la delegación y; (iii) la posibilidad que el órgano delegante pueda, en cualquier momento, reasumir la competencia, siguiendo para ello el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico”(13).

Consecuente con esta postura, resulta que para que se configure la delegación de funciones es indispensable que concurran los siguientes elementos, sin los cuales no será posible reconocerla y asumirla como tal:

1. Una transferencia de funciones de un órgano a otro, efectuada por el titular de la misma;

2. Un acto administrativo del titular de la competencia que transfiere a la autoridad que la recibe;

3. La autorización legal previa para realizar la delegación, y

4. La conservación de la facultad de la autoridad delegante para reasumir la competencia delegada.

De allí que la subsección A de la sección segunda de esta corporación haya reiterado tales aspectos en interés de la claridad conceptual de sus referentes jurisprudencial es, que se citan brevemente aquí con ese propósito. Así por ejemplo, sobre la naturaleza del mecanismo de la delegación y algunos de los requisitos del acto con que se ejecuta, ha sostenido:

“Al entender que los servidores públicos no se encuentran siempre en la posibilidad de ejercer de manera directa las funciones que constitucional y legalmente les han sido asignadas, la Constitución Política consagró un mecanismo jurídico que permite dar cumplimiento a las mismas sin que se afecte el ejercicio de la función pública y, con ello, la satisfacción de los fines esenciales del Estado. Se trata de la delegación, figura en virtud de la cual las autoridades administrativas pueden, previa autorización normativa expresa, transferir la competencia para el ejercicio de una función administrativa, no así su titularidad, a otras autoridades o funcionarios administrativos bien sea que respecto de los mismos tenga o no una relación de subordinación.

El acto de delegación se encuentra sometido a una solemnidad consistente en que la transferencia de funciones se haga por escrito, siendo este el primer requisito que debe satisfacer, aunado a la determinación de la autoridad delegataria así como de las atribuciones precisas que estén siendo delegadas, según lo dispone el artículo 10 de la Ley 489 de 1998”(14).

Tratando el tema de la atribución de competencias de las asambleas departamentales a los gobernadores, consignó estos conceptos relativos a la relación vertical y jerárquica común en estos casos, de esta manera:

“En cambio, la delegación que regula la Constitución en el capítulo 5 del título VII, desde el artículo 209 hasta el 211, es distinta, pues esta delegación de funciones administrativas supone una relación jerárquica entre una autoridad superior delegante y una autoridad subordinada delegataria, que permite contra las decisiones del delegatario los recursos en la vía administrativa, a diferencia de la delegación autorizada por ordenanza o delegación de carácter normativo donde el gobernador asume funciones para la modernización administrativa, cuyas decisiones están sujetas al control político o judicial”(15).

Y a propósito de la titularidad de la función administrativa, no susceptible de transferir, y de la facultad de reasunción de las funciones delegadas por el delegante, ha dicho:

“Aunque la delegación implica el traslado de funciones, competencias, responsabilidades, no se transfiere la titularidad de la función del superior jerárquico al inferior. Por tanto si bien es cierto que este último es quien toma las decisiones, no se puede perder de vista que el delegante por mandato constitucional y legal se encuentra habilitado para en cualquier momento reasumir la competencia, luego de revocar el acto de delegación, como también para revisar los actos que profirió el delegatario, lo que significa que puede revocarlos o reformarlos; en la medida en que entre ambos existe un vínculo funcional especial permanente para el ejercicio de las atribuciones delegadas”(16).

Al verter estos aspectos conceptuales a la situación fáctica y jurídica en el presente caso, se aprecia evidente que no son coincidentes y que la realidad del proceso no se subsume en los elementos teóricos que delimitan el concepto de delegación administrativa de funciones en Colombia, y que ninguno de sus elementos o características se configuran con el Decreto 1279 de 2002 frente a los consejos universitarios de las universidades estatales.

En efecto, en el presente caso no hay autorización legal previa para delegar, no hay una transferencia de funciones efectuada por el titular de la misma, es decir, el Consejo Superior Universitario, no existe un acto administrativo del titular de la competencia que transfiere a la autoridad que la recibe o sea el comité Interno de Reconocimiento y Asignación de Puntaje, ni del texto del Decreto 1279 de 2002 se infiere que el Presidente de la República se reserve la facultad. para reasumir la competencia como si fuera delegada, no asistiéndole razón a la demanda en este aspecto.

Por estas consideraciones, el cargo no prospera.

Segundo problema jurídico.

Si los artículos 51 y 52 del Acuerdo 002 de 2009, proferido por el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, contienen o no una delegación de funciones en el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje, que incluye la adopción y regulación del régimen salarial y prestacional de los docentes.

Disponen los apartes y artículos pertinentes:

“Universidad de Cundinamarca

Fusagasugá

“ACUERDO 0002

“Por el cual se reglamenta la aplicación de algunos aspectos del Decreto 1279 de 2002 en la Universidad de Cundinamarca”

El Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca,

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 10 del Acuerdo 010 de 2002 “Estatuto General” y por el artículo 6º del Acuerdo 013 de 1996 “estatuto orgánico” de la Universidad de Cundinamarca y;

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 1279 de 2002, se estableció el régimen salarial y prestacional de los profesores de planta de las universidades estatales.

(...)

Que el Decreto 1279 de 2002 facultó al Consejo Superior de cada universidad para reglamentar la aplicación en la respectiva institución de algunos aspectos de dicha normatividad.

Que el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca mediante el Acuerdo 024 del 4 de julio de 2007, “Por el cual se expide el Estatuto del Profesor de la Universidad de Cundinamarca”, al consagrar en éste el comité interno de reconocimiento y asignación de puntaje, comenzó a reglamentar la aplicación del Decreto 1279 de 2002 en la UDEC.

Que quedan pendientes otros aspectos del Decreto 1279 de 2002 cuya aplicación al interior de la Universidad de Cundinamarca debe ser reglamentada, en particular los artículos 7º, 8º, 9º, 10, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del citado decreto.

Que el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, en su sesión del 3 de abril de 2009, acordó reglamentar la aplicación, en la Institución, de los señalados aspectos del Decreto 1279 de 2002, en armonía con el Acuerdo 024 del 4 de julio de 2007, Estatuto del Profesor de la UDEC.

Que por lo expuesto,

ACUERDA

(...)

CAPÍTULO III

Disposiciones finales

“ART. 51.—Corresponderá también al comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la Universidad de Cundinamarca definir y divulgar los criterios y procedimientos para dar cumplimiento al numeral primero del artículo 50 del presente acuerdo, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros con el fin de asignarlos entre el mínimo y el máximo:

1. La calidad e impacto académico, científico, técnico, humanístico, artístico o pedagógico.

2. Relevancia y pertinencia de lo efectuado con las políticas académicas.

3. Contribución al desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales definidos en las políticas, planes, programas y normas de la Universidad de Cundinamarca.

4. Cumplimiento y correspondencia con la actividad académica asignada al profesor.

5. Carácter individual o colectivo de lo realizado.

“ART. 52.—El comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la Universidad de Cundinamarca regulará lo referente a metodologías, trámites, formatos, cronogramas, plazos y demás, para desarrollar en la práctica la aplicación del presente acuerdo en la UDEC. En materia de evaluación de la productividad académica el comité deberá, además, tomar en consideración los siguientes parámetros:

1. Evaluación de la productividad académica conducente al reconocimiento de puntos salariales.

En cumplimiento del artículo 16 del Decreto 1279 de 2002 y de conformidad con el Acuerdo 001 del 4 de marzo de 2004 del grupo de seguimiento al Decreto 1279 de 2002 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la Universidad de Cundinamarca recibirá, en el mes de febrero de cada año, las correspondientes solicitudes de evaluación de productos académicos, acompañados de los soportes del caso, según determinación previa del comité sobre el particular.

La evaluación periódica de la productividad académica, conducente al reconocimiento de puntos salariales, se efectuará en el mes de junio de cada año.

El rector de la Universidad de Cundinamarca, en el mes de agosto, mediante resolución motivada, protocolizará la determinación del comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje para los eventos previstos en este numeral y, si es del caso, realizará la actualización salarial a que haya lugar, de todo lo cual dará cuenta a la oficina de recursos humanos de la entidad.

(...)

La actualización de salarios derivada de la productividad académica se efectuará en el mes de septiembre de cada año.

2. Evaluación de productividad académica conducente al reconocimiento de bonificaciones.

De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 1279 de 2002, el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la Universidad de Cundinamarca recibirá, en los meses de febrero y junio respectivamente, las correspondientes solicitudes de evaluación de productos académicos, acompañados de soportes del caso, según determinación previa del comité sobre el particular.

La evaluación de la productividad académica, conducente al reconocimiento de bonificaciones, se hará en los meses de junio y noviembre.

El rector de la Universidad de Cundinamarca, en los meses de agosto y enero, mediante resolución motivada, protocolizará la determinación del comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje para los eventos previstos en este numeral y, si es del caso, reconocerá las bonificaciones por productividad académica a que haya lugar, de todo lo cual dará cuenta a la oficina de recursos humanos de la entidad. El referido acto administrativo será notificado al interesado en los términos y condiciones contempladas en el Código Contencioso Administrativo y contra aquel solo procederá recurso de reposición.

El pago de las bonificaciones por productividad académica se llevará a cabo en los meses de septiembre y febrero, según el caso”.

Se concluye que con el Acuerdo 002 del 3 de abril de 2009, “por el cual se reglamenta la aplicación de algunos aspectos del decreto 1279 de 2002 en la Universidad de Cundinamarca”, el Consejo Superior de la Universidad, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 10 del Acuerdo 010 de 2002 o “Estatuto General” y por el artículo 6º del Acuerdo 013 de 1996 o “Estatuto Orgánico” de la misma, adoptó o estableció la reglamentación de algunos aspectos contenidos en el Decreto 1279 de 2002 sin que, por una parte, hubiera recibido o invocado funciones delegadas para tal efecto y, por otra, sin que hubiera delegado funciones suyas en los mencionados comités. Tanto el Consejo Superior Universitario ejerció funciones inherentes a su competencia, como los Comités recibieron las asignadas de manera directa por el acuerdo que las atribuyó de conformidad con las establecidas en el Decreto 1279 de 2002 para los consejos superiores de las universidades estatales. Se observa así una cascada de asignaciones que cada órgano ha recibido del ordenamiento como propias. Así, por la Ley 4ª de 1992 y el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, quedó establecido el marco legal de la educación superior en Colombia y por el Decreto 1279 de 2002 quedó adoptado el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. Y en el artículo 63 del Decreto 1279 de 2002, quedó establecido un plazo de cinco (5) meses para que los consejos superiores universitarios expidieran las normas que les corresponden de acuerdo con ese decreto y actualizaran los estatutos docentes.

¿Cuáles son las normas “que les corresponden” a los consejos superiores universitarios?

El artículo 65 de la Ley 30 de 1992 estableció las funciones del Consejo Superior Universitario en las universidades estatales, y en su literal d) le asignó la de “Expedir o modificar los reglamentos del a Institución”, por lo que resulta claro que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Cundinamarca sí tenía la facultad legal de adoptar su estatuto y sus reglamentos, entre ellos el del cuerpo docente universitario, lo que hizo con el Decreto 1279 de 2002, como atribución legal propia y sin necesidad de delegación alguna por una autoridad u órgano distinto del cual le derivara la autorización para su ejercicio, pues en este evento la autorización devino directamente de la ley.

Y el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, en ejercicio de tal atribución propia por haberla recibido directamente por decreto presidencial, expidió varios acuerdos para desarrollar los distintos temas tratados en aquel, ni siquiera todos sino “algunos”(17), entre ellos el contenido en el Acuerdo 002 de 2009, con el que, como quedó transcrito, reglamentó algunos de sus aspectos y dispuso un plazo de cinco (5) meses para que los consejos superiores universitarios expidieran las normas que lo desarrollaran, haciendo posible su aplicación práctica en cada uno de los entes universitarios estatales, adecuando las regulaciones a sus necesidades directivas, administrativas, académicas, científicas, culturales, etc. Esas son las “normas que les corresponden”, pues no de otra manera se puede entender la competencia asignada, si no es para expedir la normatividad que se requiere para la aplicación del Decreto 1279 de 2002, en este caso, en la Universidad de Cundinamarca.

Visto que tampoco se presentó la figura de la delegación de funciones entre el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca y el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la misma, no prospera el cargo formulado en la demanda.

Tercer problema jurídico.

Si el haberse expedido el Acuerdo 002 de 2009 por fuera del plazo conferido por el artículo 63 del Decreto 1279 de 2002, el Consejo Superior Universitario obró con incompetencia.

Un primer aspecto por resolver es el relativo a la naturaleza jurídica del plazo así conferido, si es extintivo y, por tanto, equivale a una condición resolutoria que impide el ejercicio posterior de las competencias propias de los consejos superiores o si, por el contrario, siendo extintivo no impide que las autoridades, por medio de sus órganos internos incluidos los consejos superiores, ejerzan con posterioridad las funciones legales que hacen posible el cumplimiento de su objeto con la adopción y reforma de sus reglamentos y estatutos internos.

En el primer caso, habría que aceptar que la extinción del plazo de cinco meses impide que con posterioridad a su vencimiento y a futuro, la universidad pueda establecer regulaciones propias de las materias de que trata el Decreto 1279 de 2002, es decir, entre otras, las de sus reglamentos internos como los académicos, culturales, de investigación, publicaciones, etc., y la de sus estatutos administrativos, entre ellos su estatuto docente, estableciéndose así una especie de petrificación de la normatividad, lo que resulta incomprensible e inaceptable. Y así como lo sostienen la demandada y el Ministerio Público en este caso, la Sala considera que el cumplimiento o vencimiento del plazo de cinco meses a que se refiere el artículo 63 del Decreto 1279 de 2002 no implica la pérdida de las competencias que los consejos superiores universitarios tienen señaladas en la Ley 30 de 1992, pues de ser así, sus atribuciones para expedir sus estatutos y reglamentos hubieran desaparecido con la vigencia del citado artículo 63; por el contrario, aún después de vencido dicho plazo, los consejos superiores de las universidades estatales mantienen las funciones previstas en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992.

En conclusión, el objeto y fin del plazo comentado están estrechamente relacionados con la necesidad de obtener una pronta adecuación de los estatutos docentes de las universidades estatales a las regulaciones contenidas en el Decreto 1279 de 2002 que adoptó el régimen salarial y prestacional de sus docentes, lo cual resulta comprensible, coherente y proporcionado en relación con los principios de la función pública y las necesidades del servicio público sin que, como se dijo, tal atribución tenga efectos derogatorios sobre las competencias legales permanentes de los consejos superiores universitarios que provienen de la Ley 30 de 1992 y del propio Decreto 1279 de 2002.

Este cargo, en consecuencia, no prospera.

Como se ha conferido poder a un abogado para representar a la demandada en el proceso, la Sala deberá pronunciarse sobre su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de 28 noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONOCER personería al abogado Ramiro Rodríguez López, identificado con la cédula de ciudadanía 19.440.097 y Tarjeta Profesional 34.009 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Universidad de Cundinamarca, en los términos y para los efectos del memorial que obra a folio 497 del expediente.

Sin costas por tratarse de un asunto de interés público, al tenor de lo dispuesto por el artículo 188 del CPACA.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones a que haya lugar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-372/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-233/97, M.P. Fabio Morón Díaz, C-496/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-561/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-727/00, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-1190/00, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-199/01, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-1150/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-024/96.

13 La Corte ha desarrollado reglas adicionales sobre los elementos de la delegación administrativa, en especial sobre su finalidad, objeto, eventos de improcedencia, condiciones del delegante, la discrecionalidad para delegar, las características del acto de delegación, la subordinación del delegatario, los tipos de decisiones que éste puede adoptar, las clases de decisión en la delegación y la naturaleza del vínculo entre delegante y delegatario. Sobre este particular, Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-372/02, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Además, en lo que tiene que ver con la obligación de reasumir la competencia de conformidad con el procedimiento legal, pueden consultarse las sentencias C-727100, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-1190/00, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A; sentencia de 12 de diciembre de 2017, M.P. William Hernández Gómez, Exp. 05001-23-31-000-2002-00108-01 (3046-15).

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A; sentencia de 12 de octubre de 2017, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Exp. 05001-23-31-000-2005-05053-01 (0843-14).

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A; sentencia de 5 de abril de 2017, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Exp. 11001-03-25-000-2012-00135-00 (0553-12).

17 Ver el tercer considerando.