Sentencia 2012-01988 de marzo 23 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según Acta de Sala 024 de la fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Radicado 110011102000201201988 01

Bogotá, D.C., 23 de marzo de 2017

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gabriel Mauricio Silva Hernández en condición de defensor de oficio, y recurso de apelación por parte del disciplinado Luis Guillermo Namén Rodriguez, contra el fallo proferido el 17 de mayo de 2016, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá, lo sancionó con suspensión de 4 meses del ejercicio profesional de abogado, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en los artículos 32 y 33 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo; circunscribiéndose en consecuencia al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al que se llega por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(16).

Descripción de las faltas disciplinarias. El abogado Luis Guillermo Namen Rodríguez, fue encontrado responsable de la comisión de las faltas tipificadas en los artículos 32 y 33 Nº 4 de la Ley 1123 de 2007, que establecen:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

El ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el Código Ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

El citado precepto normativo protege el debido respeto que debe tenérsele, entre otros, a la administración de justicia, representada por los órganos competentes establecidos por la Constitución y la ley, asegurando de esta forma, su respetabilidad por quienes intervienen en los diversos asuntos sometidos a su consideración.

Debe recordarse, que la injuria es conocida como la imputación deshonrosa que una persona hace a otra, perjurando no solo su dignidad sino la estimación de la que goza en el espacio donde se desenvuelve. La jurisprudencia ha señalado cuatro requisitos para que se configure el delito de injuria, a saber: 1) Que una persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso; 2) Que el imputador tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho; 3) Que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona y, 4) Que el imputador tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona.

La jurisprudencia de esta corporación reiteradamente ha sostenido que el animus injuriandi, se constituye en elemento subjetivo indispensable para que se configure la falta prevista por el canon 32 de la Ley 1123 de 2007, elemento que se traduce en la intención inequívoca por parte del sujeto activo de la conducta de ofender, agraviar o deshonrar a la persona o personas contra quien o quienes van dirigidas las expresiones verbales o de hecho que tiene tal potencialidad de ofender, agraviar o deshonrar. Por tanto, se requiere que el agente haya tenido la intención de injuriar y que la conducta realizada posea la capacidad efectiva de agraviar a la persona contra quien va dirigido el hecho ofensor.

Las acusaciones temerarias implican la afirmación de hechos delictivos o ilícitos falsos. Uno u otro constituyen falta disciplinaria en la medida que se originen en los asuntos profesionales de los abogados, es decir, aquellos que se profieran contra jueces, magistrados, testigos, curadores, etc.

En cuanto a la falta señalada en el

"ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...) 4. Recurrir en sus gestiones profesionales a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios, a sus colaboradores o a los auxiliares de la justicia. (...)".

La Sala reprocha la conducta del abogado Namén Rodríguez, por haber utilizado términos ofensivos y denigrantes contra los funcionarios Rodrigo Alberto Romero Bastidas, escribiente del centro de servicios judiciales para los juzgados penales para adolescentes de Bogotá, el secretario: Alexander Zarabanda Nitola, la oficial mayor: Martha Julieta Porras Sandoval, del Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías.

Para la Sala, el hecho que el disciplinado no se encuentre conforme con la decisión adoptada por los funcionarios o considere que ésta no se encuentra ajustada a derecho, no justifica el uso de términos ofensivos y denigrantes contra los empleados y auxiliares de la justicia, como el gritar “que podía echarlos a todos, porque tenía influencias en altas Cortes y familiares muy importantes”, cuando el abogado contaba con otros medios para investigar el retardo de la entrega de las copias. El ejercicio de la abogacía no es excusa para poder atropellar a las personas y mucho menos ostentar el poder con el que cuenta, por tener amistades y/o familiares que por ocupar altos cargos estarían dispuestos a satisfacer sus peticiones, imponiendo su superioridad.

Caso concreto. En aras de desatar el recurso de apelación elevado por el Defensor de Oficio Gabriel Mauricio Silva Hernandez, como por el togado Luis Guillermo Namén Rodríguez, procede la Sala a pronunciarse frente a cada uno de los argumentos expuestos por el censor:

Señalaron los apelantes que la conducta del Sr. Namén Rodríguez, fue en legítimo cumplimiento de un deber legal y profesional.

Por lo que se evidencia que sus pretensiones es llevar la conducta a la norma utilizada en el ámbito penal; Esta causa de justificación consiste en declarar ajustada a Derecho la realización de una conducta típica llevada a cabo por el sujeto agente en cumplimiento de un deber, el cual se encuentra establecido por una parte del ordenamiento jurídico, es decir si en cualquiera de los sectores se establece un deber de actuar u omitir respecto a un sujeto o grupo de sujetos, aunque con ello lesione los bienes jurídicos penalmente protegidos, resulta claro que en este caso debe primar el cumplimiento de ese deber sobre la evitación de daños a dichos bienes.

Este supuesto justificante exige necesariamente la existencia de un deber consagrado en la ley, es decir tiene que ser un deber jurídico, de ninguna manera moral, y que el sujeto agente cumpla con una serie de exigencias, tanto en el aspecto objetivo como subjetivo del tipo.

El “cumplimiento de un deber” sugiere la posibilidad de que, al realizar conductas activas u omisivas legalmente exigibles —deberes jurídicos, por lo tanto, y no meramente morales—, el “obligado” a tales conductas se comporte típicamente y ataque un bien jurídico-penalmente protegido—.

Así las cosas, de darse tal figura en el caso en particular, este eximente sólo podrá aplicarse a supuestos de legítimo ejercicio de un derecho subjetivo, y no en casos de exceso, que a lo sumo podrían motivar la aplicación de una eximente incompleta(17).

Para que proceda la justificación de la conducta, el derecho ha de ser ejercitado en los términos exactos autorizados por la norma de que se trate, lo cual excluye a los abusos de derechos o ejercicio arbitrario del propio derecho.

El inciso 8º del artículo 20º del Código Penal, no debe pues servir como amparo legal del que hace ejercicio abusivo de sus derechos, ni para escudar con la impunidad a quien comete excesos al ejercerlos. Jurídicamente el derecho puede estar reconocido por ley y corresponde al agente que lo ejerce, pero ello no le abre las puertas a que pueda hacerlo efectivo de cualquier manera o a cualquier costo, pues sólo se le está permitido realizarlo dentro de los cauces legítimos.

El derecho disciplinario no es equiparable en su totalidad a la regulación que se aplica en el derecho penal; empero algunas instituciones de este no son extrañas al primero, una muestra de ello es el derecho al debido proceso, principio que debe observarse en todas las actuaciones sancionatorias.

La Corte dijo al respecto: “Esta Corporación tiene bien establecido que si bien el derecho penal no es más que una de las especies del derecho sancionador, sin embargo los principios penales se aplican, mutatus mutandi, a los distintos ámbitos en donde opera el derecho sancionador. En efecto, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha establecido que los principios del derecho penal -como forma paradigmática de control de la potestad punitiva- se aplican, con ciertos matices, a todas las formas de actividad sancionadora del Estado. Y es que la Constitución es clara en señalar que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP art. 29). Por consiguiente, el actor tiene razón en que la definición de un infracción debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionadora del Estado”(18).

En cuanto a la petición subsidiaria, de reconocer la confesión, como atenuante para la sanción, al haber afirmado que utilizó el término “prevaricato”. Petición que no prosperará; ya que para establecer sí la confesión es válida, debe tenerse presente que la confesión, como una declaración voluntaria por parte del investigado, no sólo implica la aceptación escueta del hecho como tal sino que necesariamente conlleva el relato de lo sucedido que puede comprender la razón de ser del comportamiento asumido; afirmaciones que tendrán que valorarse junto con las demás pruebas que obren en el expediente para determinar la verdad de los hechos.

Ello es así porque la valoración de la conducta objeto de investigación implica el examen y análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la comisión de los hechos, aspectos indispensables para determinar la levedad o gravedad de la falta, así como la graduación de la sanción que corresponda y también para verificar la existencia de causales de exculpación; aspectos cuyo conocimiento sólo puede darse para el operador a través de los medios probatorios que admite la ley disciplinaria, uno de los cuales es precisamente la confesión.

Ahora bien, para determinar sus elementos en materia disciplinaria deberá tenerse en cuenta que la confesión, tal como la define el profesor José Rory Forero(19), "la manifestación libre, espontanea, concreta y voluntaria, vale decir sin apremio del juramento, que hace el destinatario de la ley disciplinaria, ante el funcionario competente, quien la plasmará por escrito, en donde éste admite la comisión de la falta disciplinaria, ya como autor, ora como determinador de la misma".

En las audiencias adelantadas por el a quo, no se haya plasmada la confesión como tal, meramente el afirmar que dentro de sus manifestaciones solo había utilizado el vocablo “prevaricato”, en contra de los quejosos.

El apoderado se refiere que dentro del acervo probatorio los testigos no recordaban con exactitud las expresiones empleadas por el disciplinado, cuando todos acertaron al referirse a los términos displicentes que utilizó el abogado Namén Rodríguez, como en la primera sesión "no servían para nada"; la segunda oportunidad que eran "negligentes y brutos" y la tercera que todos eran "unos "hijuep .. " que no servían para nada de la cabeza hasta los pies"; todo ello con un tono de voz elevado.

Igualmente el Doctor Elmer Calderón, Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales para Adolescentes de Bogotá, en su testimonio manifestó “… que por percepción directa escuchó cuando el abogado con un tono de voz sumamente fuerte y de una manera muy descortés, repetía que podía hacerlos echar a todos porque tenía influencias en altas Cortes y familiares muy importantes”.

La materialidad de las conductas contrarias al respeto debido a la administración de justicia, se complementa con la premisa referente a la antijuridicidad de los comportamientos, por cuanto no cabe duda que de una parte se atentó contra el respeto a la administración de justicia menoscabando el patrimonio moral de los quejosos.

El comportamiento del profesional del derecho, no puede entenderse justificado por el deseo de defender con vehemencia sus intereses y/o el de sus clientes, pues éste propósito jamás puede aceptarse a costa de agravios en quien ha depositado su confianza para su defensa en cuanto que así resulta irrespetado.

Lo trascrito en precedencia, permite sostener que el implicado, inobservó su deber de observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto en sus relaciones con los empleados de la Rama, es decir el debido respeto a la administración de justicia, ya que al obrar, como se señaló, el abogado desbordó el derecho que le asistía a reprochar la supuesta conducta omisiva del Juzgado, pero mediante los mecanismos convencionales determinados en la ley, y si no que acudió a métodos poco ortodoxos que afectaron el buen nombre y honra de los quejosos.

En cuanto a las manifestaciones al deber de aplicar del Criterio “In dubio pro disciplinare, cuando no puede sostenerse la responsabilidad disciplinaria, en tanto la duda al respecto impide construir un juicio de reproche, situación que es contraria a la ocurrida dentro de la investigación seria y acuciosa, arrojando así la certeza de una conducta reprochable y la cual llevará a confirmar la sanción del a quo.

Se trae a colación lo que viene sosteniendo la Corte Constitucional sobre el in dubio pro disciplinado:

“El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 29, en estos términos: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable", lo que significa que nadie puede ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente demostrada.

Este principio tiene aplicación no sólo en el enjuiciamiento de conductas delictivas, sino también en todo el ordenamiento sancionador -disciplinario, administrativo, contravencional, etc.-, y debe ser respetado por todas las autoridades a quienes compete ejercitar la potestad punitiva del Estado.

Ahora bien: el principio general de derecho denominado "in dubio pro reo" de amplia utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse en favor del disciplinado.

El "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo" emana de la presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quien adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado”(20).

El juzgador de primera instancia, acierta al comprobar que las afirmaciones dentro de los testimonios recogidos como la confirmación de los quejosos, se logró probar la existencia de las faltas como la responsabilidad.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber plasmado dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

En el presente caso la tipicidad está dada con la consagración de la faltas en el artículo 32, que describe claramente una de las conducta en la cual incurrió el disciplinado “Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos (…) que intervengan en los asuntos profesionales”. Y la otra es la contemplada en el artículo 33.4 de la Ley 1123 de 2007. (...) 4. Recurrir en sus gestiones profesionales a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios, a sus colaboradores o a los auxiliares de la justicia. (...)".

Es evidente el propósito de daño y descalificación del disciplinado contra Rodrigo Alberto Romero Bastidas, escribiente del centro de servicios judiciales para los juzgados penales para adolescentes de bogotá, el Secretario: Alexander Zarabanda Nitola y la Oficial Mayor: Martha Julieta Porras Sandoval, del Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, con dichas afirmaciones más allá de atacar el retardo en la entrega de copias del fallo de tutela, el jurista busca someter a los funcionarios utilizando un lenguaje grotesco y malintencionado.

Alegó el censor que las expresiones usadas por el togado son por su educación en la vida Militar como sus raíces el tono de voz es fuerte, pero en nada tiene que ver la tonalidad de la magnitud de sus frases e improperios utilizados contra los quejosos.

Este argumento al igual que los anteriores no tiene vocación de prosperidad, pues en primer lugar a decirse que los quejosos podían utilizar otro mecanismo de queja, no obstante, ello no lo habilita para agraviar a los empleados judiciales.

Los términos utilizados por el litigante no fueron los más moderados, no se compadecen con la cordura y serenidad que deben caracterizar a los abogados en sus actividades profesionales; estos señalamientos y groserías, a simple vista, resultan lesivos para los el empleado Rodrigo Alberto Romero Bastidas, Escribiente del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales para Adolescentes de Bogotá, el secretario Alexander Zarabanda Nitola y la Oficial Mayor Martha Julieta Porras Sandoval, del Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, razón por la cual son censurables disciplinariamente.

Frente a los extremos probatorios que demanda el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para sancionar, esto es, materialidad de la falta y responsabilidad del disciplinado, ninguna dificultad presenta el proceso, puesto que se demostró que el abogado Luis Guillermo Namén Rodríguez, injurió y amedrentó a los quejosos. Y que es un comportamiento que tiende a repetirse, como se comprueba en la sanción impuesta, por los mismos hechos dentro de proceso radicado bajo el número 11001110200020110436501, la cual fue de:

Suspensión en el ejerció de la profesión por el término de 2 meses, impuesta en sentencia de 30 de septiembre de 2015 por violación al artículo 32 y 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, la cual rige entre el diez (10) de febrero de 2016 y el nueve (9) de abril de 2016.

En lo que corresponde a la sanción, habrá de confirmarse, pues el asunto objeto de apelación corresponde con un comportamiento grave, que merece una sanción ejemplarizante, dado que en el mismo se incurrió de manera dolosa, esto es, con ingredientes subjetivos de conciencia y voluntad de infringir la normativa reguladora del comportamiento del abogado. Estas circunstancias hacen aconsejable sanción como esta, orientada a corregir y prevenir futuros comportamientos de los profesionales del derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

Primero. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 17 de mayo de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó al abogado Luis Guillermo Namén Rodríguez con cuatro (4) meses de suspensión del ejercicio profesional, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en los artículo 32 y 33 numeral 4 ºde la Ley 1123 de 2007, de conformidad con la parte motiva del presente proveído.

Segundo. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho Registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

Tercero. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por esta Superioridad».

16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

17 Artículo 21º del Código Penal.

18 Sentencia C-1161 de 2000 MP. Alejandro Martínez Caballero.

19 libro "De las Pruebas en Materia Disciplinaria"

20 Sentencia C- 244 de 2006, Corte Constitucional.