Sentencia 2012-02012 de febrero 4 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 110011102000201202012 01

Aprobado según acta 7 de la fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir respecto de la consulta de conformidad con el mandato establecido en los artículos artículo 256, numeral 3º, de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 en armonía con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo112 ibídem y el artículo 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Caso concreto. Entra entonces esta corporación a decidir si confirma, revoca o modifica la sentencia sancionatoria proferida el 28 de marzo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Bogotá mediante la cual se sancionó a la abogada E.C.M.M. con 3 MESES de suspensión en el ejercicio de la profesión y 5 SMLMV de multa, tras hallarla responsable de las faltas disciplinarias descritas en los literales a y b del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 a título de Dolo(16).

Se debe aclarar de entrada que el derecho disciplinario es un conjunto de normas que permiten que el Estado ejerza una función de control disciplinario administrando justicia, que tiene como finalidad que los abogados mantengan un comportamiento ético ejemplar en la realización de sus labores como profesionales del derecho, determinado por un catálogo de deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria, es por ello que esta corporación tiene como objetivo primordial propender porque se cumpla estrictamente con este catálogo de deberes profesionales plasmados en la Ley 1123 de 2007, a través de un control ético.

De la Tipicidad. Las conducta por la que se le imputó y sancionó a la abogada E.C.M.M., se encuentran descritas en los literales a y b del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

a) No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado.

b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable”.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber plasmado dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

Frente a la falta descrita en el literal a) del artículo 34 de la Ley 1123, se consagra la infracción contra la lealtad con el cliente, en el presente caso, respecto del momento en el cual se acuerdan los términos del mandato y el profesional del derecho no expresa su franca y completa opinión acerca del asunto consultado. A través del material probatorio obrante dentro del expediente, se pueden establecer los siguientes hechos:

1. Entre la doctora E.C.M.M. y el señor F.D.S., se acordó que la investigada llevaría a cabo el trámite de solicitud de prisión domiciliaria, otorgándosele poder para el mismo y presentando dicha petición el 12 de diciembre de 2014(17).

2. Dentro de esta solicitud manifestó concretamente que su prohijado tenía derecho a la sustitución de pena de prisión por domiciliaria en razón a que el señor S. era padre cabeza de familia, tenía dos hijos menores los cuales estaban en situación de desprotección y desamparo en razón a la ausencia de la figura paterna ya que este era el encargado de su sustento.

3. En auto del 19 de diciembre de 2011, se denegó la prisión domiciliaria al condenado, en virtud de que este no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Penal, requisitos de carácter objetivo y subjetivo, frente a lo cual el Juzgado 11 de Ejecución de penas y Medidas de seguridad, afirmó que el señor S., no cumplió con el presupuesto objetivo el cual hacía referencia a que la pena por la cual se condenaba, tenía que establecer como pena mínima prevista en la ley 5 años de prisión o menos, exigencia que finalmente no se cumplía al estar condenado por el delito de secuestro. Ahora bien, frente al hecho de que el señor fuera padre cabeza de familia, el Juzgado también manifestó que este hecho no estaba plenamente acreditado dentro de las diligencias en cuanto a que no se evidencia la ausencia de la figura materna, y tampoco se logró establecer que los menores se encontraban en estado de abandono o desamparo ya que al respecto no obra prueba que pueda corroborar tal situación(18).

Frente a lo anterior se puede establecer con total certeza que la investigada, desde el principio debió manifestarle a su representado la situación surgida respecto de su caso, en cuanto que el simple hecho de una persona del común acudir a un profesional del derecho a consultarle y otorgarle mandato para tramitar determinado proceso, ya hace intrínseco el deber del abogado de expresar su franca y completa opinión acerca del asunto, más aun cuando del profesional se exige tener los conocimientos específicos, adecuados y actualizados de los asuntos en los cuales despliega su labor como profesional.

En el caso sub examine, la doctora M.M. debía tener los conocimientos específicos en el área del derecho penal, materia sobre la cual iba a desplegar su actuación, debía manejar el tema de subrogados penales, en el caso concreto el de prisión domiciliaria, para de esta manera no haber incurrido en el error que incurrió al asesorar erradamente a su poderdante.

Efectivamente como lo expresó el Juzgado 11 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el señor S. no tenía o no podía gozar del beneficio de prisión domiciliaria en cuanto a que verificados los requisitos tanto objetivos como subjetivos, no cumplía de entrada con el requisito objetivo, debido a que este estaba condenado por el delito de secuestro que ameritaba una pena mínima según el artículo 168 del C.P. de 12 años, y el artículo 38 ibídem exige como requisito para acceder a la prisión domiciliaria que el delito por el cual se condene, tenga como pena mínima 5 años de prisión o menos, caso que no se da acá, siendo de entrada el beneficio de excarcelación improcedente a todas luces.

En lo tocante a los requisitos adicionales establecidos a través de la Ley 750 de 2002, es decir la condición de ser padre cabeza de familia, como lo expresa el Juzgado, tampoco se pudo verificar la existencia de esta condición del documental aportado como prueba, ya que no se pudo constatar a través de estos con certeza, que el señor S. era padre cabeza de familia, que había ausencia de figura materna y que los menores dependían del preso, encontrándose en estado de abandono o desamparo. Es decir la togada disciplinada tampoco desplegó todas las actuaciones tendientes a comprobar este hecho, siendo una excusa inválida el hecho de afirmar que a ella no se le entregó el documental requerido cuando efectivamente sí se hizo.

Pero realmente lo que es centro de debate, no es como lo afirmó su defensa, el que se hubiera negado la prisión domiciliaria porque no todos los jueces fallan de la misma manera y sus decisiones son volubles o por que se hubiera declarado desierto el recurso de apelación por falta de sustentación, es el hecho de que esta hubiera aceptado el encargo profesional a sabiendas de que no había lugar a que procediera la prisión domiciliaria desde ningún punto de vista, ya que no se cumplía con los requisitos exigidos por la ley, y por el contrario haya asegurado como se desprende de la ampliación de la queja y de los testimonios rendidos, que el caso era “fácil” y que antes del 24 de diciembre el señor S. estaría libre, por cuanto le era exigible absoluta sinceridad, que ciertamente no se evidenció. Se concluye entonces que efectivamente la disciplinada sí incurrió en la infracción de esta falta disciplinaria.

Frente a la segunda falta descrita en el literal b) del artículo 34 de la Ley 1123, la cual hace referencia a garantizar que de ser encargada de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable, se verificó con claridad a través del material probatorio obrante, que una vez la doctora M.M. revisó el caso y lo estudió, al día siguiente de la entrega de la información, citó a la señora Cecilia y a su hijo, condicionando asumir el compromiso a la posibilidad cierta de obtener la prisión domiciliaria como sustituto de la intramural que padecía el penado, afirmándoles como se deprende de la ampliación de la queja y de los testimonios quienes unánimemente concordaron, que “antes del 24 de diciembre de 2011 estaría libre”. Y es que de las declaraciones rendidas por la quejosa y los testigos se encuentra que coinciden en circunstancias de tiempo, modo y lugar, mientras que la disciplinada a lo largo de las actuaciones fue evasiva y solo se presentó a rendir alegatos de conclusión a merced de un aplazamiento de su defensor el cual manifestó no encontrarse debidamente preparado en audiencia de Juzgamiento dentro de la cual debía prestar sus alegaciones finales.

Es decir el hecho por el cual se endilga la presente falta disciplinaria, se da en razón a que la disciplinada al momento de dar su concepto jurídico sobre el caso a sus clientes expresó que se trataba de una caso “fácil” comprometiéndose a un resultado favorable, a sabiendas de que el beneficio que se iba a solicitar era de entrada improcedente al no cumplir con uno de los requisitos exigidos en el artículo 38 del C.P.

Frente a lo anterior, esta corporación en múltiples decisiones ha mantenido una postura clara respecto de la obligación de medio de los abogados, estableciendo: “el objeto de la obligación del abogado, consiste en dirigir su actuación con prudencia y diligencia para intentar el logro y la prosperidad del fin que se persigue, es decir, no se puede llegar a dar garantía de un resultado, pues mal haría en comprometerse a ejecutar un hecho preciso y determinado, pues debe limitarse a poner los medios e instrumentos adecuados para la consecución del fin, sin que en modo alguno quedara absolutamente obligado a obtenerlo. Cuando no se llega al resultado apetecido, siempre y cuando se haya obrado bien y con esfuerzo, ninguna culpa ni responsabilidad le es imputable, pues como el caso concreto, todo se debió a hechos ajenos a su voluntad que imposibilitaron la prosperidad real de sus pretensiones”(19). “En ningún momento se obligó a obtener un resultado favorable a lo pretendido, atendiendo precisamente a que la labor de los juristas consiste en obligaciones de medio y no de resultado, no siendo entonces justificada la inconformidad de la denunciante”(20).

Se concluye entonces que la togada investigada maximizo las posibilidades de éxito del caso, comprometiéndose a un resultado favorable, a sabiendas de la improcedencia de la medida sustitutiva de prisión, comportamiento que se adecua plenamente a los dos tipos disciplinarios endilgados.

Antijuridicidad. El artículo 4º de la Ley 1123 de 2007 establece la antijuridicidad como la conducta realizada por los abogados afectando injustificadamente algunos de sus deberes profesionales. Importa en ella entonces el valor del acto como valor del resultado, lo cual significa que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, salvo que se asuma como un mero concepto formal que no permite que la conducta sea sancionada en tanto que para ello requiere que exista un resultado que trascienda a los intereses de la sociedad y en tal sentido que exista una viva lesión al bien jurídico tutelado, pero también exige el estudio de la procedencia o no de causales eximentes de responsabilidad en materia disciplinaria.

Es así como en el caso sub examine, la falta atribuida a la abogada inculpada, implicó el desconocimiento del deber consagrado en el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007 que establece:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...) 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.

Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad, se determinó que efectivamente con el actuar de la disciplinada se trasgredió el deber profesional de obrar con lealtad en sus relaciones profesionales y se verificó que su conducta sí tenía trascendencia en la sociedad, debido a que efectivamente la doctora M.M., debía ilustrar y asesorar adecuadamente a su cliente sobre el asunto que le había sido encomendado, debía establecer los caminos procesales adecuados, procedentes y reales para conseguir un buen resultado, y hacerle saber las verdaderas posibilidades de éxito sin llegar a asegurar un resultado, en cuanto a que como profesionales del derecho se está frente a una obligación de medios y no de resultados, caso contrario el que se presentó ya que la investigada se limitó a dar por hecho que iba a conseguir que le otorgaran la prisión domiciliaria a su prohijado, al manifestarle que el caso era “fácil” y que para el 24 de diciembre ya estaría libre, sin poner en consideración las especificaciones del caso, explicarle las verdaderas posibilidades de su concesión y preocupándose únicamente por el pago de honorarios ya que ni siquiera se realizó un contrato de prestaciones profesionales.

Ahora bien respecto de si existe eximente o no de responsabilidad, se puede afirmar que dentro de las establecidas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, no es procedente ninguna, no se puede verificar la existencia de causal que pueda excluir a la disciplinada de su responsabilidad disciplinaria en el asunto, en cuanto a que esta fue evasiva durante el transcurso del proceso y finalmente se presentó en la última sesión de Audiencia de Juzgamiento a realizar sus alegatos de conclusión, manifestando que no se le entregó la documentación requerida es decir los registros civiles de los menores, que por ello no pudo comprobar tal condición, pero contrario a ello del material probatorio obrante, incluso de los documentos allegados por el defensor de la disciplinada a través de memorial del 21 de noviembre de 2013(21) se corrobora que sí le fueron allegados los registros civiles de los menores, y del fallo del 19 de diciembre de 2012 se puede extraer que la denegación de la medida no se da en virtud de este hecho, se da en razón a que no se logró acreditar la ausencia de la madre ni el estado de abandono de los menores, en cuanto al deficiente material probatorio aportado.

Culpabilidad. Se entiende por culpabilidad la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuridicidad.

Frente a este aspecto las faltas contenidas en los literales a y b del artículo 34 de la Ley 1123, solo admiten la modalidad de dolo, en razón a que se está frente a la conciencia del actuar del togado y la voluntad de hacerlo, componentes del dolo, para el caso la profesional investigada, actuó de manera engañosa con su cliente, tuvo la conciencia de la dificulta del caso frente a la procedencia del sustituto penal, hecho que no le manifestó, por el contrario se limitó a decir que era “fácil” y a prometer un resultado favorable, es decir tuvo la voluntad de consumar este hecho a sabiendas de las contrariedades que se podían presentar.

Sabía pues la togada y era consciente de sus responsabilidades frente al mal asesoramiento que estaba realizando, razón por la que obligado resulta en deber jurídico considerar integrado el trípode que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra la abogada E.C.M.M. y por consiguiente impartir confirmación a la decisión del a quo.

Dosimetría de la sanción. Frente a la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma se encuentra acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40, 42, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, pues, quedó debidamente probado conforme a la actuación procesal disciplinaria que las faltas son dolosas, que con la consumación y los resultados verificados de las mismas se vulneró el Estatuto Ético de la Abogacía, ya que la modalidad de su ejercicio es el engaño como ocurrió en este caso, al prometer y afirmar a su clientes un resultado favorable consistente, en el cumplimiento de la pena en su domicilio, situación que utilizó, con el único propósito de justificar sus honorarios, sin inclusive haberse celebrado un contrato de prestación de servicios, defraudando la confianza que su prohijado había depositado en ella, razones por las cuales sin lugar a dudas deben generar la sanción que le fue impuesta.

Por los argumentos expuestos, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de las faltas endilgadas y en consecuencia se confirmará en su integridad la providencia objeto de consulta, al igual que la sanción impuesta por el a quo en torno al asunto bajo examen.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada, proferida el 28 de marzo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través de la cual se sancionó a la abogada E.C.M.M., con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 3 meses y multa 5 SMLMV, al hallarla responsable de incurrir a título de dolo en las faltas tipificadas en el literal a y b del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por Secretaría Judicial de esta corporación, líbrense las comunicaciones pertinentes y efectúense las notificaciones de rigor de que tratan los artículos 71, 73 y 78 de la Ley 1123 de 2007 en concordancia con lo señalado respecto a la ejecutoria en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, por expresa remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

4. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

16 Folios 133 a 148 del c.o. 1ª Inst.

17 Folios 1 al 9, cdno. Anexo.

18 Folios 10-11, cdno. Anexo.

19 Radicación 050011102000201000362 01, M.P. Angelino Lizcano.

20 Radicado 540011102000201100956 01, M.P. HENRY VILLARRAGA OLIVEROS.

21 Folios 78 al 115, c.o. 1ª Inst.