Sentencia 2012-02031 de diciembre 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 11001-03-15-000-2012-02031-00(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Floresmiro Suárez León

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil doce.

Decide la Sala la acción de tutela presentada por Floresmiro Suárez León contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas.

I. Antecedentes

1. La solicitud y pretensiones.

El señor Floresmiro Suárez León, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, que estimó lesionado por las autoridades accionadas al no dar respuesta a la petición, y al negar el incidente de desacato propuesto por el accionante contra Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó: I) se tutelen los derechos fundamentales invocados; II) se revoque el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del incidente de desacato propuesto por el hoy accionante contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas; III) se ordene al tribunal accionado continuar con el trámite del incidente de desacato.

2. Los hechos.

La parte actora expone como fundamento de su solicitud, los hechos que se resumen a continuación:

Indica el accionante que el 1º de julio de 2012 interpuso acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 1º de agosto de 2012, amparó su derecho fundamental de petición y ordenó al director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dentro de los dos días siguientes a la notificación de dicha providencia, informara al accionante el estado actual en que se encontraba la petición del 4 de septiembre de 2008, reiterada mediante escrito del 1º de junio de 2012, así como que documentos o que trámites se encuentran pendientes para efectos de reclamar en el evento que sea procedente la indemnización administrativa.

Señala el actor, que como consecuencia de la omisión de la entidad en dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, presentó incidente de desacato ante la misma corporación.

Indica que el tribunal resolvió el incidente de desacato de manera desfavorable a sus intereses, bajo el argumento de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social dieron cumplimiento a la orden impuesta en el fallo de tutela antes indicado, la cual consideró se demostró con la copia del Oficio 20127205189341 del 14 de agosto de 2012, por medio del cual se le informó el estado en que se encuentra la solicitud presentada.

A juicio del accionante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una vía de hecho al negar el incidente de desacato, toda vez que dio por contestada la petición teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad demandada respecto del proceso bajo radicado 2012-935, cuando el proceso al que se hace mención en el trámite incidental es el 2012 179, referido a la solicitud de reparación de víctimas por el homicidio de Evangelista Suárez, ocasionada por grupos armados al margen de la ley.

Manifiesta el señor Floresmiro Suárez León que la entidad accionada se pronunció sobre la situación de desplazamiento forzado, lo cual es objeto de una acción de tutela diferente (2012-935), y de la cual conoce otra Sala dentro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y guardó silencio respecto a la petición presentada sobre la reparación de víctimas por la muerte de Evangelista Suárez León, proceso al cual se le asignó el número de radicado RIVA, caso 95489.

3. Intervenciones.

Mediante providencia del 1º de noviembre de 2012, se ordenó la notificación a las partes accionadas y se puso en conocimiento la admisión de la demanda de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso (fl. 75).

Surtidas las comunicaciones de rigor, la jefe de la oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante escrito visible a folios 81 a 87 manifestó que dicha entidad no está facultada para dar respuesta a las solicitudes del accionante, toda vez que en virtud de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, de acuerdo a las pretensiones de la demanda de tutela, la responsabilidad recae exclusivamente en la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.

Por lo anterior, indica que existe falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha entidad, y solicita que se ordene a la entidad competente dar respuesta en el caso concreto.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hizo un recuento del trámite adelantado dentro del incidente de desacato propuesto por el actor, y manifestó que dicha corporación acatará cualquier decisión que se tome con ocasión de la presente acción de tutela.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la presente acción ejercida contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el Departamento para la Prosperidad Social, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, el cual establece reglas para el reparto de la acción de tutela.

2. Generalidades de la acción de tutela.

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede hacer uso de la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta acción tiene dos particularidades esenciales a saber: la subsidiariedad y la inmediatez; la primera, por cuanto sólo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y; la segunda, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso administrar la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental sujeto a vulneración o amenaza.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la Sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, mediante sentencias de tutela, la misma Corte permitió de forma excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, es el principio que inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la Sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, indicando que ésta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

En la referida Sentencia SU-1184 de 2001, la Corte Constitucional precisó el ámbito de la vía de hecho por defecto fáctico y señaló que la violación al debido proceso ha de ser grave porque el juez de tutela tiene el deber de respetar, en el mayor grado posible, la valoración que del material probatorio hace el juez natural.

De ahí que se fijaron las siguientes pautas para constituir el anterior defecto:

“cuando se omite la práctica o consideración de pruebas decisivas(1), las pruebas existentes se valoran de manera contra-evidente(2), se consideran pruebas inadmisibles(3) o cuando la valoración resulta abiertamente contraria a los postulados constitucionales. Empero, tal como lo sostuvo la corporación en la Sentencia T-025 de 2001(4), las pruebas omitidas o valoradas indebidamente, “deben tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”, de suerte que si las pruebas en cuestión no son determinantes para la decisión, al juez de tutela le está vedado entrar a analizar la valoración que de ellas hizo el juez”.

Y en la Sentencia SU-159 de 2002 se dijo:

“Finalmente, la Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”(5).

En otros de los apartes de la sentencia anterior, se efectúa la distinción entre el debido proceso de alcance constitucional del simplemente legal para referir que el primero de ellos comprende no solamente las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política sino agrupa todos los derechos constitucionales fundamentales:

“El constituyente no abordó todas las posibles violaciones al debido proceso, de carácter legal, si no sólo aquellos elementos que forman parte del ámbito de protección constitucional”.

El ámbito del debido proceso constitucional acorde a la referida sentencia, comprende “las formalidades legales esenciales”. En ese sentido, se adujo que correspondía al juez constitucional examinar si a pesar de la irregularidad que presente una prueba, pueden subsistir otras con fundamento en las cuales pudo adoptarse la decisión; vale decir, siempre que no haya sido determinante para la misma, a la prueba irregular se le resta importancia.

Igualmente aplicando los estrictos términos del artículo 86 de la Constitución Política, es pertinente examinar la procedencia de la acción de tutela cuando aún existiendo medios de defensa judicial, aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La evolución jurisprudencial, condujo a proferir la Sentencia C-590 de 2005, en la cual la Corte Constitucional resaltó el carácter sumamente excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la anterior providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte la mencionada decisión, precisó:

“…22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales…”.

En ese orden, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente en la tarea de identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de establecer si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si la misma no alcanza a vulnerar tales derechos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable: señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez: es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: con fundamento en este presupuesto, se precisa que la irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. (e). Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: indica la Corte que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (f). Que no se trate de sentencias de tutela: lo anterior se justifica bajo el riguroso proceso de selección que hace la corporación.

Igualmente, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales, superando la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con la finalidad de resaltar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, indica los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga: (a) Defecto orgánico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia (b) Defecto procedimental absoluto: que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (c) Defecto fáctico: que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. (d) Defecto material o sustantivo: como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (e) Error inducido: que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. (f) Decisión sin motivación: que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. (g) Desconocimiento del precedente: según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. (h) Violación directa de la Constitución: procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, no porque considere que deba seguir estrictamente sus criterios interpretativos, sino por otras importantes razones:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos fundamentales compromete la actuación de “cualquier autoridad pública” (C.P., art. 86) incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos y sus respectivos órganos de cierre.

En segundo lugar, se trae a colación la jurisprudencia constitucional respecto de la tutela contra decisiones judiciales por cuanto muestra que ha sido la misma jurisdicción constitucional la que se ha encargado de destacar, que si bien la acción resulta procedente, ella es absolutamente excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar porque la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Finalmente es pertinente destacar, que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que había sostenido que la acción de tutela es improcedente para controvertir decisiones judiciales(6), rectificó su posición mediante la sentencia del 31 de julio de 2012(7), en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, observando los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la Ley y la Jurisprudencia, parámetros que esta Subsección con anterioridad al fallo antes señalado viene aplicando en los términos arriba expuestos(8).

4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de petición del señor Floresmiro Suárez León, al considerar que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no incurrió en desacato de la orden que se le dio en el fallo de tutela dictado por la misma corporación el 1º de agosto de 2012.

5. Caso concreto.

En síntesis, la parte accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, que consideró vulnerados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento para la Prosperidad Social y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al no dar respuesta a la petición formulada sobre la indemnización como víctima de la violencia.

Observa la Sala que la inconformidad del accionante se centra en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al estudiar el incidente de desacato por él propuesto, consideró que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, siendo la entidad encargada de absolver la petición del actor, dio respuesta a las solicitudes formuladas el 4 de septiembre de 2008 y el 1º de junio de 2012.

Ahora bien, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe entrar a revisar en primer lugar el contenido de la petición formulada por el accionante, así como las consideraciones y la orden dada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo del 1º de agosto de 2012 dentro de la acción de tutela iniciada por el hoy actor contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social.

Encuentra la Sala una vez revisados los documentos obrantes en el expediente, que las peticiones presentadas por Floresmiro León el 4 de septiembre de 2008 y el 1º de junio de 2012, se encaminan a buscar el reconocimiento y pago de la indemnización por la muerte del señor Evangelista Suárez, padre del actor, causada por grupos armados al margen de la ley.

Lo anterior fue estudiado a su vez por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite de la acción de tutela anteriormente indicada, quien mediante providencia del 1º de agosto de 2012 consideró lo siguiente:

“(…) Como se señala, en el caso bajo estudio, el peticionario considera vulnerado (sic) sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, en cuanto no ha recibido respuesta a la solicitud radicada ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, desde el 1º de junio de 2012, en la cual solicitó se continuara con el trámite y pago del reconocimiento de la calidad de víctima por la violencia para la indemnización y, que se tuvieran en cuenta como pruebas los instrumentos aportados con su escrito para acreditar dicha calidad, más cuando en calidad de víctima ha adelantado los trámites necesarios desde el 21 de noviembre de 2008, para que se acredite como tal, el cual en un comienzo le fue negado, pero en virtud de una tutela le pidieron que aportara cualquiera de las pruebas que tuviera, recibiendo al cumplir con ella un oficio el 13 de febrero de 2012 en el que le informan que se revocaba la decisión de no reconocer y en consecuencia se decide no negar la calidad de víctima, pero el caso permanecía en estado de reserva técnica ya que no se contaba con los elementos de prueba suficientes para acreditar dicho reconocimiento.

(…).

Ahora bien, el señor Floresmiro Suárez, en el escrito de tutela manifiesta y acredita que era hijo del señor Evangelista Suárez (Q.E.P.D.). Igualmente, allegó fotocopia simple y sin sello de radicado de constancia de recibo del formulario de solicitud de reparación administrativa presentada al parecer ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —Acción Social— Hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de septiembre de 2008, en la cual se solicitó la reparación administrativa de que trata el Decreto 1290 de 2008.

(…).

De conformidad con el anterior recuento normativo y, como quiera que la entidad no dio contestación a la última solicitud radicada por el mismo, en la cual en efecto y, en acatamiento del oficio enviado por ésta el 13 de febrero de 2012, allega los documentos que tiene en su poder con el fin de acreditar su calidad de víctima, ante el requerimiento que afirma se hace en el oficio en mención, en donde se decide revocar la decisión de no reconocer y en consecuencia no negar la calidad de víctima, permaneciendo en reserva técnica hasta tener los elementos de prueba suficiente para acreditarla (sic) misma, es necesario tutelar este derecho fundamental.

(…).

Con fundamento en lo anterior es importante tener en cuenta que la entidad accionada no se pronunció dentro del término concedido en el auto admisorio frente a la presente acción, ni en ningún estado de la solicitud, por lo cual se avizora la vulneración al presunto derecho fundamental de petición invocado, puesto que han transcurrido más de tres (3) años desde la presentación del formulario y, más de 1 mes de radicada la segunda petición con la que nuevamente los aporta, sin que se evidencia que en el curso de las mismas la entidad haya indicado al actor cual es el procedimiento a seguir ante la nueva petición con la que al parecer se allegan los documentos necesarios para acreditar su calidad de víctima de reparación administrativa, razón por la cual esta Sala tutelará el derecho de petición y ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que en el término máximo e improrrogable de dos (2) días contados a partir de la notificación de la sentencia, informe al actor el estado actual en que se encuentra la petición del 4 de septiembre de 2008, reiterada mediante escrito del 1º de junio de 2012, así como cuáles documentos o trámites se encuentran pendientes para efectos de ser incluido dentro del registro de victimas (sic) y reclamar en el evento que sea procedente la indemnización administrativa. (…)”.

De acuerdo a lo expuesto, se revisará el contenido de la respuesta brindada por la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas el 14 de agosto de 2012. En dicho escrito la entidad afirmó que después de revisar la petición realizada por el señor Floresmiro Suárez León, se concluyó que había lugar a incluirle el carácter de víctima por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Igualmente la entidad accionada señaló en dicha respuesta, cuál era la indemnización por vía administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, para lo cual se citó lo dispuesto en el Decreto 4800 de 2011 y en la Ley 1448 de 2011.

Observa la Sala, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del trámite de desacato iniciado por Floresmiro Suárez León, una vez revisada la decisión del fallo de tutela del 1º de agosto de 2012, así como la respuesta dada por la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas en cumplimiento de dicho fallo, concluyó que la entidad accionada había dado cumplimiento a lo ordenado y como consecuencia de lo anterior, resolvió que no había lugar a imponer sanción por desacato.

Sin embargo, la Sala no comparte el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia de 29 de agosto de 2012, toda vez que en dicho auto se cita el contenido de la respuesta emitida por la entidad obligada a resolver la petición, pero no se revisa el contenido de la petición ni del fallo de tutela que dio origen al incidente de desacato, lo que conllevó a que el tribunal considerara que se había dado cumplimiento a la orden de tutela sin que en realidad dicha situación ocurriera.

A juicio de la Sala, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta que el hecho victimizante en el que el señor Floresmiro Suárez León basó su petición no era el desplazamiento forzado, como concluyó la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas al momento de emitir la respuesta, sino la muerte del señor Evangelista Suárez, padre del peticionario, tema que no fue abordado en el escrito del 14 de agosto de 2012, a pesar de que era dicha situación la que generaba la petición de reparación como víctima de la violencia.

Quiere decir entonces, que el tribunal omitió analizar en conjunto los documentos que sirvieron de fundamento al accionante para presentar el incidente de desacato, y la respuesta dada por la entidad en cumplimiento del fallo, incurriendo de esta manera en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, por lo que se tutelará el derecho fundamental de petición del señor Floresmiro Suárez León.

De acuerdo a lo anterior, se dejará sin efectos las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a partir de la providencia del 29 de agosto de 2012, inclusive, dentro del trámite del incidente de desacato iniciado por el señor Floresmiro Suárez; y se ordenará a dicha corporación que emita un nuevo pronunciamiento dentro de los dos días siguientes, estudiando el acervo probatorio obrante en el expediente de manera conjunta, teniendo en cuenta lo considerado en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. TUTÉLASE el derecho fundamental de petición del señor Floresmiro Suárez León, por las razones expuestas en esta providencia.

2. DÉJANSE SIN EFECTOS las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a partir de la providencia del 29 de agosto de 2012, inclusive, dentro del trámite del incidente de desacato iniciado por el señor Floresmiro Suárez León, radicado 25000-23-42-000-2012-00179.

3. ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en el término de 2 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, resuelva nuevamente el incidente de desacato propuesto por el hoy accionante, teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular se expresaron en esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Si no fuere recurrida, por Secretaría envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Bertha Lucía Ramírez De Páez—Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(1) Sobre el particular ver, entre otras, sentencias SU-477 de 1997, T-329 de 1996. Sobre la omisión de práctica de pruebas decisivas ver sentencias T-488 de 1999, T-452 de 1998, T-393 de 1994, entre otras.

(2) Sobre el particular ver, entre otras, la Sentencia T-452 de 1998:

“en relación con la valoración que hacen los jueces de la pruebas dentro de un proceso, la posible configuración de una vía de hecho en la misma requiere de un comportamiento del funcionario que la adelanta, claramente irregular, en donde se impone su voluntad, en contravía de lo que puede arrojar objetivamente el cuaderno de pruebas allegado o solicitado para su práctica...”.

(3) El artículo 29 de la Carta dispone que “[E]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. En la Sentencia T-008 de 1998 la Corte señaló al respecto:

“Esta Sala no puede menos que indicar que sólo en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”.

(4) M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En similar sentido T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(5) Cfr. Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 enero 1992, r AC-009, Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 enero 1992, r AC-016, Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 febrero 1992, r AC-015, Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 enero 1993, r AC-429, Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 junio 2004, e 2000-10203-01, Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 noviembre 2004. e 2004-0270-01, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 junio 2006, e 2004-03194-01, Ligia López Díaz. 8) 16 diciembre 2009, e 2009-00089-01, Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

(7) Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.

(8) Entre otras, de esta Subsección pueden consultarse la siguiente providencias: 1) 28 agosto 2008, e 2008-00779-00, Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 octubre 2009, e 2009-00888-00, Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) , 22 octubre 2009, e 2009-00889-00, Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 febrero 2010, e 2009-01268-00, Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 febrero 2010, e 2009-01082-01, Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 mayo 2010, e 2010-00293-00, Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 junio 2011, e 2010-00540-00, Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 noviembre 2011, e 2011-01218-00, Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 febrero 2012, e 2011-01581-00, Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 febrero 2012, e 2011-01741-00, Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 marzo 2012, e 2012-00250-00, Gerardo Arenas Monsalve.