Sentencia 2012-02070 de febrero 6 de 2013

 

Sentencia 2012-02070 de febrero 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001-03-15-000-2012-02070-00(AC)

Consejero ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Manuel Ricardo Amaya Ballesteros

Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare

Bogotá, D.C., seis de febrero de dos mil trece.

El actor interpone acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia, el cumplimiento de las sentencias, la seguridad social en pensiones, al pago oportuno de la pensión de jubilación y la tercera edad, que estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de Casanare al proferir el auto del 27 de septiembre de 2012.

Hechos. Mediante sentencia del 25 de enero de 2007 el Tribunal Administrativo de Casanare condenó al ISS a reliquidar y pagar la pensión de jubilación que le fue reconocida, desde el 19 de noviembre de 2000 teniendo en cuenta los factores que se acreditaron en el plenario, más los intereses moratorios sobre las sumas que resultaran de la reliquidación.

Mediante resoluciones 025760 y 036042 de 2007, el ISS cumplió la sentencia, pero excluyó de la reliquidación la prima de servicios, redujo el valor de la bonificación electoral, de la prima de vacaciones y de los intereses moratorios causados, de 81 días a 1 mes.

Ante su desacuerdo con las resoluciones mencionadas por no cumplir con la sentencia, interpuso demanda ejecutiva contra el ISS para que se profiriera mandamiento de pago y se ordenara hacer la reliquidación en los términos indicados en la sentencia.

El juzgado primero administrativo de Yopal denegó el mandamiento ejecutivo deprecado por considerar que los actos atacados se presumen legales; que no había título ejecutivo y que el desacuerdo del demandante debía ventilarse en vía gubernativa o judicial. La decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Casanare en sede de apelación, quien indicó idénticos argumentos a los expuestos por el a quo.

Considera que se presenta una vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial en concreto de las sentencias del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2003, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente 6058-01 según la cual “promover una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de actos administrativos de ejecución de una sentencia judicial, lleva implícita la indefinición de los conflictos, porque podría llegarse al círculo vicioso de la formulación sucesiva de aquella acción cada vez que la administración pretenda dar cumplimiento a las sentencias de esta jurisdicción”; y del 31 de marzo de 1998, expediente C-381, actor Luis Héctor Solarte Solarte en la cual se dijo que el contencioso subjetivo no era procedente tratándose de actos administrativos de ejecución de sentencias judiciales, porque su debate es propio de la acción ejecutiva.

Estima que la decisión del tribunal carece de motivación ya que se limitó a trascribir las consideraciones del auto apelado sin referirse a los argumentos del recurso. Asevera que del contenido de la sentencia de nulidad y restablecimiento se extrae una obligación clara, expresa y exigible que el ISS debió cumplir cabalmente, reliquidando en los términos allí indicados, y con apoyo en la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los salarios devengados en el último año de trabajo.

Indica que de tajo sostuvo que la obligación a cargo del ISS ya había sido cumplida, afirmación que además de no corresponder a la verdad, vulnera el procedimiento establecido, pues se decidió prematuramente una excepción de mérito que en su oportunidad hubiera podido proponer el demandando, de haberse ordenado el mandamiento ejecutivo.

Finalmente, expresa que al negársele el mandamiento ejecutivo solicitado, quedó desprovisto de la acción ejecutiva, y en razón a que no es pertinente el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por tratarse de un acto de ejecución, le está siendo cercenado su derecho de acción, conservando un título de beneficiario de una pensión que no puede hacer efectiva en su totalidad, es decir, en un derecho sin acción.

Pretende que se conceda el amparo solicitado y en consecuencia, se declare sin valor y efectos la providencia del 27 de septiembre de 2012, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto del 5 de mayo de 2011, del juzgado primero administrativo de Yopal, mediante el cual se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo. En consecuencia, que se ordene al Tribunal accionado que en término perentorio, revoque el auto impugnado y ordene, el mandamiento ejecutivo pretendido.

Actuación procesal

Por auto del 7 de noviembre de 2012, fue admitida la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Casanare, como demandados, y al Instituto de Seguros Sociales, ISS, como tercero interesado en las resultas del proceso.

Posteriormente, el despacho dispuso a través de auto del 11 de diciembre de 2012, vincular al trámite, al Juzgado Primero Administrativo de Yopal, en calidad de demandado.

Informe del Tribunal Administrativo del Casanare

Considera que la acción incoada es improcedente por cuanto es un mecanismo extraordinario y no una tercera instancia. Agregó que en la providencia atacada quedaron expuestas las razones de hecho y de derecho que le llevaron a adoptar la decisión de no librar mandamiento ejecutivo a cargo del ISS para cumplir la obligación de reliquidarle la pensión de jubilación al actor desde el 19 de noviembre de 2000, más los intereses generados desde esa fecha hasta el pago total de la obligación.

Informe del Juzgado Primero Administrativo de Yopal

Señala que la decisión contenida en el auto del 5 de mayo de 2011, mediante el cual se abstuvo de librar mandamiento de pago, estuvo ajustada a derecho y se fundamentó en criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado, como las sentencias del 15 de agosto de 1996, expediente 9931, magistrado ponente Javier Díaz Bueno; del 21 de agosto de 2008, expediente 2007-01479-01 y del 7 de abril de 2011, expediente 2010-00152-01, en las cuales se precisó que si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables, cuando la administración al proferirlos introduzca una modificación a lo ordenado por el juez en la providencia que se ejecute, pueden controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que se trata de un nuevo acto administrativo.

Precisó que la demanda ejecutiva tuvo génesis en la inconformidad del actor respecto de la forma cómo le fue liquidada la pensión de jubilación por el ISS, de manera que en criterio de este, no se materializaba la decisión del 25 de enero de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare; sin embargo, llegó a la conclusión de que dichos actos eran esencialmente demandables.

Finalmente, manifiesta que no se presenta vulneración alguna de los derechos del actor, pues simple y llanamente se observa la invocación de la acción de tutela como caballo de batalla para cuestionar las decisiones judiciales cuando no satisfacen los criterios jurídicos o las pretensiones, como en el caso concreto.

Para resolver, se

Considera:

Problema jurídico

Corresponde a la Sala, previo análisis de la procedencia de la acción de tutela, determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal incurrieron en vulneración de los derechos fundamentales del actor, al emitir, respectivamente, las providencias del 5 de mayo de 2011, mediante la cual se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo de la sentencia del 25 de enero de 2007, y del 27 de septiembre de 2012, que confirmó esa decisión.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Carta Política establece la posibilidad de instaurar la acción de tutela para reclamar ante los jueces mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

Conforme al artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, este mecanismo sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que la referida acción se utilice como un instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

Asimismo, respecto de la acción de tutela que envuelva el examen de providencias judiciales, ha sido copiosa la jurisprudencia nacional al decir que es improcedente cuando el demandante tenga a su alcance otro medio de defensa judicial o cuando teniéndolo no lo haya utilizado. Por ello es preciso advertir que la acción de tutela no tiene por objeto revivir términos judiciales expirados, ni constituye una instancia más dentro de un proceso ordinario, máxime cuando la persona afectada ha tenido a su disposición los recursos de ley y ha agotado las instancias existentes.

El Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través de la sentencia del 31 de julio de 2012, proceso radicado 2009-01328-01, ponencia de la doctora María Elizabeth García González, acogió la tesis, que esta sección ha venido predicando de tiempo atrás, de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, recogiendo así la posición mayoritaria predicada por otras secciones de esta corporación sobre la improcedencia general y, por principio, del referido mecanismo de amparo contra las providencias judiciales.

La Sala dejó sentado lo siguiente: “(…) se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. (…)”.

En atención a lo expuesto, estima la Sala necesario precisar, que la procedencia de la acción de tutela, en estos particulares casos, resulta viable sólo si los alegatos de la demanda se encuentran sustentados en la violación de derechos fundamentales constitucionales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa (art. 29) o con el acceso a la administración de justicia (art. 229), por tratarse precisamente de garantías esenciales de un proceso de tal naturaleza.

Asimismo, es preciso que la acción sea interpuesta en un término prudencial, observando el principio de la inmediatez, de tal modo que se garantice la eficacia de la protección tutelar invocada y se evite satisfacer las pretensiones de aquellos que por su desidia e inactividad, acudieron inoportunamente a solicitar el amparo respectivo de sus derechos. Cabe resaltar que se desvirtuaría la necesidad de la protección constitucional(1) que brinda la acción de tutela, cuando esta no es ejercitada dentro de un término razonable, por cuanto el prolongado paso del tiempo entre la ocurrencia de los hechos que se muestran como violatorios de derechos constitucionales fundamentales y la interposición del mecanismo de protección, supondría la desfiguración de la acción judicial como medio expedito y excepcional.

El caso concreto

Las providencias objeto de censura constitucional fueron emitidas en el marco de una acción ejecutiva en la cual el señor Manuel Ricardo Amaya Ballesteros pretendió que se profiriera mandamiento ejecutivo contra el ISS, para que cumpliera la obligación de reliquidar su pensión de jubilación desde el 19 de noviembre de 2000, teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el último año de servicios oficiales certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, aplicando el porcentaje establecido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Asimismo, para que se ordenara el pago de los intereses moratorios causados desde el 19 de noviembre de 2000, entre otras pretensiones, con base en el título ejecutivo contenido en la sentencia judicial proferida el 25 de enero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Casanare.

Dicha sentencia condenó “al Instituto de Seguro Social a reliquidar y pagar al señor Manuel Ricardo Amaya Ballesteros, identificado con la cédula de ciudadanía 17.069.428, la pensión de jubilación ya reconocida, desde el 19 de noviembre de 2000, teniendo en cuenta los factores que se acreditaron en el plenario”.

Por su parte, el ISS expidió de un lado, la Resolución 025760 el 19 de junio de 2007 mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare; tuvo en cuenta los apartes considerativos de dicha providencia y el certificado de factores salariales devengados por el asegurado entre el 17 de junio 1998 y el 16 de junio de 1999, incluyendo la totalidad de aquellos y teniendo en cuenta la prescripción trienal conforme al fallo. En consecuencia, realizó un cuadro en el cual se especificaba el valor de la pensión a partir del 19 de noviembre de 2000, y en cada año desde 1º de enero de 2001 al 1º de enero de 2007; asimismo, efectuó el guarismo correspondiente al retroactivo adeudado.

Posteriormente, especificó que la mesada del mes de julio de 2007 y el retroactivo hasta ese mes, previo el descuento de lo pagado en unas resoluciones, se pagaría a partir de agosto de 2007, a través de la misma entidad bancaria y número de cuenta en la cual se consignaba la mesada pensional. Igualmente, que se seguirían descontando los aportes por servicios de salud, conforme a lo preceptuado en la Ley 100 de 1993, como normalmente se efectuaba. Determinó que la prestación económica es incompatible con la percepción de otras asignaciones o pensiones del erario. Finalmente, indicó que el Seguro Social respondería por el valor de la pensión y repetiría contra las entidades concurrentes en el pago, como Cajanal y el Incora (fls. 53 a 56).

Esa resolución fue modificada por la Resolución 0360042 del 16 de agosto de 2007, en vista de que como fue ordenado en aquella, no ingresó en nómina de pensionados en el mes de julio de 2007, por haber sido mal elaborado el cálculo de la indexación, que debió hacerse teniendo en cuenta la diferencia pensional año por año; y de igual forma, los intereses moratorios aplicados conforme a lo previsto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fueron erradamente calculados, porque debía ser sobre la diferencia pensional y no sobre la sumatoria de la diferencia antes señalada y la indexación prevista en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, replanteó los valores señalados en la resolución anterior por concepto de retroactivo y los valores por los que el ISS repetiría en contra de Cajanal y el Incora (fls. 59 a 59).

El juzgado primero administrativo de Yopal, mediante auto aquí censurado, del 5 de mayo de 2011 (fls. 60 y 61), se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo, en razón a que en las resoluciones 025760 del 19 de junio de 2007 y 036042 del 16 de agosto de 2007, el ISS dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare. Agregó que si el actor no estaba de acuerdo con ellas, debió atacarlas a través de la vía gubernativa e incluso la judicial.

Añadió que en la demanda se afirmaba el pago de una liquidación parcial producto de los actos administrativos aludidos, “con lo cual se tiene que la entidad demandada ha dado cumplimiento a la sentencia de fecha 25 de enero de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el sentido de reliquidar y pagar la pensión de jubilación del señor Manuel Ricardo Amaya Ballesteros.”.

Por tanto, concluyó: “En este orden, habiéndose encontrado que la obligación de hacer ya se encuentra cumplida —en los términos referidos— y que las pretensiones radican en la inconformidad en la forma en que la misma fue cumplida, el despacho se abstendrá de librar mandamiento de (sic) ejecutivo. Por ello, y por encontrase (sic), igualmente, que en los términos del artículo 419 del Código de Procedimiento Civil el título base de ejecución no contiene una obligación clara y expresa de pagar una cantidad liquida de dinero que hiciere posible librar de forma alguna mandamiento de pago”.

Apelada esa decisión, el tribunal la confirmó por auto, también censurado, del 27 de septiembre de 2012. Señaló que como lo ha indicado el Consejo de Estado, para exigir el pago de una obligación mediante ejecución forzada, el título ejecutivo debe reunir condiciones formales y sustanciales, refiriéndose las primeras a los documentos con los cuales se verifica la existencia de la obligación, como que sean auténticos, que emanen del deudor o su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley. Y en cuanto a la segundas, que sean las obligaciones claras, expresas y exigibles.

Así, indicó que el título que el actor allegó y sobre el cual pretende el mandamiento ejecutivo no cuenta con los requisitos mencionados; y además, se evidenciaba, el ISS cumplió su obligación mediante las resoluciones 025760 y 036042, por ende, no procede sobre la misma acción ejecutiva.

Finalmente, expresó que si el actor tenía inconformidad con el cumplimiento efectuado, debió atacar los actos administrativos en vía gubernativa y si era del caso, cuestionar su legalidad ante la jurisdicción mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho; de manera que su desavenencia no se zanjaba por proceso de ejecución sino por proceso declarativo.

Análisis de la Sala

Sea lo primero indicar, que el presente asunto reviste relevancia constitucional en vista de que se plantea la imposibilidad del actor de acceder a la administración de justicia, en consecuencia, se procederá a su análisis.

El planteamiento del juzgado y del tribunal apunta en suma, a que el contenido de la sentencia no muestra una obligación clara, expresa y exigible; que el actor debió atacar en vía administrativa y judicial los actos que dieron cumplimiento a la sentencia que ordenó su reliquidación pensional por cuanto expresaba en la demanda ejecutiva inconformidad en la forma como se efectuó la reliquidación; y que en todo caso, ya había sido cumplida la obligación a cargo del ISS al proferir las resoluciones 025760 del 19 de junio de 2007 y 036042 del 16 de agosto de 2007.

Debe decirse, en primer término, a partir del contenido de la demanda ejecutiva, que el actor pretendió discutir si el contenido de la sentencia que ordenó la reliquidación de su pensión estaba reflejado en el acto administrativo del ISS, en otras palabras, si el cumplimiento estaba acorde con la orden judicial, pues en su sentir en la liquidación no se incluyeron adecuadamente algunos factores.

No puede afirmarse válidamente que no existía un título ejecutivo al no existir una obligación clara, expresa y exigible; porque conforme a la ley, la sentencia judicial debidamente ejecutoriada constituye título ejecutivo válido (CPACA, art. 297). En estos precisos casos, las condenas pese a ser en concreto no contienen una suma específica en números, como podría devenir de un título valor como una letra de cambio, sin embargo, los lineamientos que el juez indique en su sentencia (título ejecutivo) deben plasmarse adecuadamente por la entidad condenada al materializarla, de lo contrario, el administrado cuenta válidamente con la acción ejecutiva.

Ahora, el planteamiento de la demanda ejecutiva no puede traducirse en una inconformidad con alguna introducción adicional efectuada por ISS o con alguna decisión unilateral de la administración en los actos administrativos mediante los cuales se materializó la orden judicial, es decir, no se vislumbra ninguna situación que permitiera al actor recurrir esa decisión en vía gubernativa y posteriormente acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir su legalidad, como lo habilita la jurisprudencia en materia de actos de ejecución, pues es menester que se incluya algo que no tenga ningún tipo de relación con la ejecución, para su debate.

En ese evento, es desproporcionado que se someta al administrado al círculo vicioso de sucesivas demandas, para rebatir algo que ya había zanjado el juez de lo contencioso administrativo; pues además de lo anterior, se reitera, es evidente que no se solicita la inclusión de nuevos factores o de una nueva reliquidación, sino la adecuada inclusión de los factores que ya reconoció un juez previamente, y tal orden, constituiría una denegación de justicia no darle trámite al juicio ejecutivo, además de un desgaste injustificado para la administración de justicia el llevarlo a interponer una nueva demanda, con la consecuencia lógica de que en ese nuevo trámite se le indique que ya existe cosa juzgada respecto de su pretensión o que se trata de un acto de ejecución no demandable y por ende, la indefinición de su solicitud.

Ahora, en segundo término, la inconformidad del actor con la reliquidación implica que el título ejecutivo a su favor no esté materializado en su totalidad, de manera que el camino que le quedaba no era otro que la acción ejecutiva, donde el juez de dicha causa analizara si el acto reflejaba la orden, luego de recoger un adecuado caudal probatorio y de escuchar a las partes.

No obstante, el hecho de que ya se hubieren proferido sendos actos administrativos, fue suficiente para los jueces para determinar que se había acatado. Debe indicarse que la existencia de aquellos no comportaba un elemento estructural del título, pues de cualquier manera, al iniciarse el proceso y analizar la cuestión, el contenido de los actos era un aspecto que debía analizarse con detenimiento para establecer si la orden había sido cabalmente cumplida.

Empero, la determinación de los falladores, de entrada, apuntó a indicar sin mayores argumentaciones, que la decisión del juez administrativo ya se había acatado por la mera expedición de unos actos, sin examinar ningún aspecto de su contenido; en todo caso, afirmar el cumplimiento, debió obedecer a argumentos sólidos y concluyentes, cosa que no ocurrió.

Conforme al artículo 497(2) del Código de Procedimiento Civil, el juez cuenta con la plena facultad de ordenar en el mandamiento ejecutivo que se cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que considere legal. Quiere ello decir, que el juez pudo analizar de entrada qué faltaba para cumplir adecuadamente la orden, y librar el mandamiento ejecutivo respecto de los aspectos insolutos; sobre de la totalidad del título (sentencia), evento en el cual, al dar inicio al trámite, debía estudiar las excepciones presentadas por la contraparte en los términos del artículo 509 de Código de Procedimiento Civil y el caudal probatorio aportado para determinar si la entidad cumplió o no su obligación al proferir los actos administrativos; o desestimar el mandamiento bajo consideraciones de fondo, cotejando el contenido del fallo con el de los actos, pero, se reitera, la simple existencia de estos no podía llevar a la conclusión indefectible del acatamiento de la obligación.

Por las anteriores circunstancias, la Sala considera que se vulneran los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia del actor, pues se le impidió acudir al medio judicial con que contaba para zanjar su pretensión ejecutiva.

En ese evento, se concederá el amparo de los derechos aludidos, se dejarán sin efectos las providencias del juzgado primero administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, y se ordenará al Juez, que en el término máximo de cuarenta (40) días, proceda a estudiar adecuadamente la demanda ejecutiva interpuesta por el actor, determinando la procedencia de un mandamiento ejecutivo parcial o total o su negación, según corresponda, fundamentado en sólidas argumentaciones. Copia de la decisión deberá ser enviada a esta Corporación a la finalización del término concedido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONCÉDESE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia invocados por el señor Manuel Ricardo Amaya Ballesteros. En consecuencia, se dispone:

DÉJANSE sin efectos las providencias del 5 de mayo de 2011, del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, y del 27 de septiembre de 2012, del Tribunal Administrativo de Casanare.

ORDÉNASE al Juzgado Primero Administrativo de Yopal que en un término no mayor a 40 días, proceda a estudiar la demanda ejecutiva, determinando la procedencia de un mandamiento ejecutivo parcial o total o su negativa, según proceda, fundamentado en sólidas argumentaciones. Copia de la decisión deberá ser enviada a esta corporación a la finalización del término concedido.

La Sala aclara que la presente sentencia no incide ni determina el sentido de la decisión que deberá sustituir a la que es anulada, pues el juez natural preserva su criterio y su propia responsabilidad al expedir la providencia sustitutiva.

REMÍTASE al Juzgado de origen el expediente ejecutivo radicado 2010-0474-00 enviado a esta corporación en calidad de préstamo, a fin de que dé acatamiento a la presente orden.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero

(1) Al respecto puede consultarse la Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(2) Reza la norma, “presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal”.