Sentencia 2012-02077/11996-24 de junio 22 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201202077 01 (11996-24)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala 58

Bogotá D.C., veintidós de junio del dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta Colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogado está demostrada con la certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que Ligia Isabel Maldonado Vidales, identificada con la cédula de ciudadanía 60.304.074 y portadora de la tarjeta profesional 64.142, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, (fl. 24 c.o.).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

4. De las faltas endilgadas.

Las faltas por las cuales la primera instancia sancionó a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales se encuentran descritas en el artículo 34 literal d), 35 numeral 3º y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, cuya literalidad es la siguiente:

“ART. 34—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable;

ART. 35.—Constituyen faltas contra la honradez del abogado

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas.

ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

4.1. De la Tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(2).

(…) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(3). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)”(5).

Con todo, el mismo alto tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(6).

(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios(7)“.

Respecto a la Falta contra la lealtad con el cliente

Esta falta se encuentra totalmente demostrada, pues la investigada no solamente, suscribió contrato de prestación de servicios el 19 de julio de 2011 (fls 137 a 138 c.o) sino que además en los correos electrónicos que le enviaba al quejoso garantizaba su trabajo, por ejemplo, la copia del correo obrante a folio 120 del cuaderno principal indicó: “La real situación que tenemos en este momento, es decir, de los procesos para lograr lo que hablamos anteriormente se necesita realizar una parte (...) es decir una inversión que equivale a $ 15.000.000 millones de pesos es decir eso cubre la BISAN y los dos procesos del IPC y bonificación los cuales por cada uno en su grado y rango se recibe una indemnización por valor de $ IPC 37 a 42 millones pagos con retroactividad y de prima de actualización de 18 a 22 millones (...) pero para poder irnos a eso necesitamos 10 para la BISAN y 5 para los otros dos, yo garantizo los trabajos (…)” (sfdt).

En el correo de fecha 9 de agosto de 2011 le comunicó a su cliente lo siguiente: “Respecto al proceso de IPC la semana entrante el jueves para ser más exactos ya el trámite tiene todos los aspectos cuadrados internamente en la caja usted me entiende y comenzará a pasar por cada una de las dependencias que se requieran para lograr el resultado del reconocimiento. Le agradezco una vez le llegue la constancia del tiempo de servicio me avise para aportarla al trámite ya que es de vital importancia, pero sé que la expedición toma sus días” (sfdt).

Todo lo anterior fue expuesto en el escrito de queja, ratificado bajo juramento por el señor José Alirio Parra Vanegas, quien señaló que la abogada lo llamaba insistentemente para que suscribieran un contrato garantizándole así el resultado, lo que en efecto ocurrió el 19 de julio de 2016, afirmaciones estas que no fueron desvirtuadas en ningún momento por la disciplinada quien pese haber sido notificada decidió no asistir a ninguna de las audiencias.

Dicha conducta es totalmente reprochable en un profesional del derecho quien en forma dolosa engañó a su cliente generándole esperanzas en un proceso que además nunca inició.

Razón por la cual para esta Colegiatura la conducta desplegada por la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, enmarca perfectamente en la falta endilgada en sede de primera instancia, pues claramente generó falsas expectativas en el trámite confiado, razón por la cual se cumple con el elemento de tipicidad de la falta disciplinaria.

Respecto a la falta a la honradez

Esta falta se encuentra probada en el contrato de prestación de servicios celebrado entre la profesional del derecho y el señor Parra Vanegas y obrante a folios 137 a 138 del cuaderno original, donde solicitó una suma de $ 6.500.000 como “Gastos de sustanciación) (sic) pagadera en dos contados, el primero, el 19 de julio de 2011 y, el segundo, el 22 de julio siguiente.

Tales dineros, según se plasmó en el contrato de prestación de servicios de 19 de julio de 2011 estaban destinados a “gastos de sustanciación de los procesos IPC (nivelación salarial), bonificación por compensación, prima doceavas partes de navidad” (fl. 140 c.o).

Además obra en el plenario un recibo de 19 de julio de 2011 por $ 2.800.000 por concepto de “abono a proceso IPC bonificación compensación doceavas partes de navidad” y el recibo de 22 de julio de 2011 por $ 700.000 “para saldo de gastos de sustanciación sobre proceso de IPC doceavas partes prima de navidad bonificación por compensación” (fl. 141 c.o).

Respecto a la falta contemplada en el artículo 39

Frente a esta conducta, oportuno resulta para esta Sala recordar que ejercen ilegalmente la profesión del abogado:

— Quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogados, se atribuyan ese carácter, ostenten placas, insignias, emblemas o membretes de tal, o quienes realicen los actos o gestiones reservados a los abogados.

— Quienes habiendo obtenido el título de abogado, realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión o se encuentren impedidos de ejercerla.

— Quienes habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio profesional ejerzan durante el tiempo de vigencia de la suspensión.

Ahora bien, respecto de las actividades desarrolladas por los abogados inmersas en el ejercicio profesional, tal como lo reseño el recurrente en su escrito de alzada, la Corte Constitucional en Sentencia C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio expresó:

“5.1. La abogacía está amparada por la libertad de escoger profesión u oficio a que se ha hecho referencia. Pero al mismo tiempo su ejercicio involucra una función social con enormes responsabilidades. Es así como en varias ocasiones la Corte ha explicado cuál es el rol que cumple el abogado en un Estado social y democrático de derecho, cuyos principales ejes fueron recogidos en la Sentencia C-290 de 2008, que sobre el particular señaló:

‘La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior delproceso, en la representación legal de las personas naturaleso jurídicas que acuden a la administración de justicia pararesolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo código disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos humanos” (negrilla y subrayado de la Sala).

Bajo las anteriores premisas, es dable indicar que mientras un abogado represente judicialmente los intereses de una de las partes al interior de un proceso, está ejerciendo su actividad profesional, pues en todo caso ostenta el derecho de postulación plasmado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia, de allí que no sea necesario como lo interpreta el censor, se deba desplegar alguna actividad durante el tiempo de suspensión para que se tipifique tal comportamiento.

En el asunto sub examine, se tiene que la abogada Maldonado Vidales suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con el quejoso José Alirio Parra Vanegas el 19 de julio de 2011 y su objeto fue lograr el reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales al segundo por parte de Cremil.

Observando el certificado de antecedentes disciplinarios obrante a folios 90 a 91 del cuaderno original se tiene que la abogada investigada se encontraba doblemente suspendida del ejercicio profesional pues el mencionado contrato se remonta al 19 de julio de 2011 y el poder al 22 de julio del mismo año y las suspensiones, y las sanciones eran la primera, de diez meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a cual inició el 18 de mayo de 2011 y era hasta el 17 de marzo de 2012 y la segunda consistía en la suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión, la cual inició el 18 de agosto de 2011 hasta el 17 de febrero de 2012, con lo cual se tipifica la falta endilgada.

Por tanto es evidente para esta colegiatura que la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, hizo caso omiso de la restricción en su ejercicio profesional mencionada y prefirió mantener la actuación confiada, sustrayéndose de su obligación de renunciar o sustituir el mandato conferido por su cliente, una vez conoció de la sanción disciplinaria impuesta en su contra.

En ese orden de ideas, concluye esta Corporación que el castigo disciplinario impuesto a la abogado Ligia Isabel Maldonado Vidales por la Sala A quo no deviene como arbitrario o caprichoso, sino que constituye la consecuencia lógica, previsible y preestablecida del desempeño ilícito de la profesión y del claro desconocimiento del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 29 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

4.2. Antijuridicidad

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una conducta típica merezca reproche, es preciso que vulnere alguno de los deberes funcionales de los abogados:

“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

Con respecto a la antijuridicidad como presupuesto de la sanción disciplinaria, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-181 de 2002 que “la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado”.

De forma semejante, en la Sentencia C-948 de 2002 el mismo Alto Tribunal indicó que el derecho disciplinario busca asegurar el cumplimiento de los deberes legales atribuidos a los funcionarios públicos o a los particulares que desarrollan actividades de interés general:

“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones(8). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(9)“.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su el artículo 4, que los profesionales del derecho incurren en falta antijurídica cuando con su conducta afecten, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Analizado este elemento, se colige en este caso que la profesional del derecho acusado incurrió en las faltas disciplinarias endilgadas por la Sala a quo, pues garantizó el resultado de su trabajo, solicitó expensas irreales y además suscribió poder y contrato de prestación de servicios estando suspendida de la profesión, sin existir justificación alguna de su actuar, pues no se puede pasar por alto que la letrada pese haber sido notificada de todo el proceso disciplinario se abstuvo de asistir a las diferentes audiencias para explicar su conducta, dejando la suerte de su caso a la defensora de oficio quien estuvo atenta a todo el trascurso del proceso, solicitando pruebas y presentando elementos defensivos pero que no logran desvirtuar la conducta reprochable de la abogada.

4.3. Culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

Tanto en las tareas, oficios, actividades profesionales, industriales, y en general en todo comportamiento humano se deben observar diligentemente las reglas, deberes y comportamientos, a fin de no generar infracciones, faltas o delitos que alteren el normal desarrollo de la convivencia en sociedad; es por esto, que en cualquier actividad profesional u oficio se debe actuar con un deber objetivo de cuidado; luego, la violación o inadvertencia de las reglas que regulan la profesión de abogado generan un comportamiento profesional que puede conducir a la producción de un resultado típico, desde el punto de vista, para nuestro caso, de la comisión de una falta disciplinaria.

En este caso, debe decirse que las faltas al deber a la lealtad con el cliente, honradez y ejerció ilegalmente la profesión son comportamiento por naturaleza dolosas, por cuanto generó falsas expectativas garantizando un resultado, cobró expensas irreales y actuó estando suspendida de la profesión y sabiendo de tal evento, pues una vez le fue registrada la sanción le fue comunicada la misma a todas las direcciones que le aparecen registradas en el Registro Nacional de abogado.

5. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar. Al respecto, manifestó lo siguiente el Alto Tribunal:

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad —que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (CP art. 230)— es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.

Así las cosas, para las faltas endilgadas al inculpado, consagra el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, la sanción exclusión impuesta en la sentencia materia de consulta, cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues actuó faltando a la lealtad con el cliente, a la honradez y además ejerció ilegalmente la profesión, tiene un antecedente disciplinario para la fecha de los hechos, y dichas conductas son de naturaleza eminentemente dolosa.

Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida el 18 de diciembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales como autora responsable de las faltas previstas en el artículo 34 literal b), 35 numeral 3º y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida el 18 de diciembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión a la abogada Ligia Isabel Maldonado Vidales como autora responsable de las faltas previstas en el artículo 34 literal b), 35 numeral 3º y artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

2. Anotar la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen, para que en primer lugar, notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos previstos en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, así mismo el magistrado sustanciador tendrá facultades para comisionar cuando así lo requiera para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo orden, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Ibídem.

3 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

4 Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6 Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.

7 Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.

8 En reiterados pronunciamientos esta Corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes serviciosa su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96. M. P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01. M. P. Jaime Córdoba Triviño.

9 Ver Sentencia C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.