Sentencia 2012-02114 de marzo 26 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 050011102000 2012 02114 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala 24 de la misma fecha.

Bogotá D.C., marzo veintiséis de dos mil quince

EXTRACTOS: «Consideraciones.

De conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, procede esta Sala a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se le sancionó al doctor Carlos Mario Vélez González con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable, a título de dolo, de la falta contemplada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

La potestad disciplinaria del Estado.

La forma organizativa de Estado social de derecho acogida en Colombia a partir de la Constitución de 1991, implicó un cambio trascendental en la concepción del papel del Estado contemporáneo. El tránsito del Estado liberal de derecho fundado, entre otros, en el postulado laissez faire-laissez passer, al Estado social de derecho, ha conllevado a la asunción de una función activa y protagónica del Estado actual como “promotor de toda la dinámica social”(21).

El cumplimiento de unos fines esenciales y sociales del Estado, como la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre otros factores, ha ocasionado un incremento considerable de las funciones de los órganos estatales, que a la vez ha conducido a la ampliación de los poderes sancionatorios del Estado(22).

El derecho sancionador, reconoce que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente en la realización de sus fines (art. 113 Superior). De esta manera, la represión de los ilícitos que correspondía exclusivamente a la Rama Judicial y más concretamente a la Jurisdicción Penal, se muestra hoy insuficiente frente al aumento del repertorio de infracciones producto de la mayor complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno que, como se señaló, ha incrementado sus funciones(23).

La potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden social en abstracto; la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores; y presenta un mayor grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria disciplinaria, al buscar primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la Administración, y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados; que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad(24).

Así, el derecho disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho colombiano, conforme a la institución encargada de materializar la función de control disciplinario, esto es la jurisdicción disciplinaria, propugna por el comportamiento ético de los abogados y funcionarios judiciales, en razón de su función social, que demanda un comportamiento ejemplar, determinado por el cumplimiento de unos deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria(25).

Se trata entonces de la configuración del injusto disciplinario, que se da por desconocimiento de los deberes, la incursión en algún tipo de prohibición, por la materialización o realización de faltas en particular y, la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades o inhabilidades. Sin duda estamos en presencia de un Derecho Público, Constitucional y Autónomo(26).

Caso Concreto

Previo a entrar a desatar el recurso de alzada impetrado contra la providencia del 29 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se analizará lo referido por el disciplinado, en tanto señaló una presunta irregularidad al interior del proceso, vulneradora de su derecho al debido proceso y a la defensa, contentiva de una posible incongruencia entre los hechos por los cuales se le endilgaron cargos y por los que lo sancionaron.

Al respecto, se observa que en la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 9 de julio de 2014, el a quo le profirió cargos al disciplinado por haber incurrido presuntamente en las faltas descritas en los artículos 30.4 y 33.9 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto al parecer, actuó de mala fe al haberle ocultado al Juez Promiscuo Municipal de Salgar la existencia de otros herederos no incluidos en el trámite de la sucesión adelantado ante ese despacho judicial, teniendo el deber de hacerlo, es decir, de informar la totalidad de los interesados a los cuales les asistía algún derecho en la sucesión del causante Darío de Jesús Zapata Franco, no siendo admisible la justificación consistente, en que le era facultativo, por cuanto los excluidos no eran sus clientes, toda vez que al omitir brindar la información referenciada, presuntamente incurrió en una actuación fraudulenta en detrimento de los intereses patrimoniales de quienes estaban legitimados en el proceso de sucesión del causante, haciendo incurrir en error al funcionario judicial.

De igual forma, se observa que en la sentencia del 29 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se le sancionó por incurrir en la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, al considerar, que el abogado “cometió un acto fraudulento al inducir al funcionario judicial a la liquidación errónea de un proceso de sucesión —partición en la que, se insiste, participó activamente—, sin que en él se incluyeran la totalidad de los legitimados y sin reservar lo pertinente para respetar sus derechos patrimoniales”.

Por lo anterior, argumentó que “ese acto fraudulento”, es decir, dejar por fuera de la partición a herederos legitimados en la causa, “no solo estuvo plagado de engaño, sino que además atentó contra el patrimonio ajeno”, pues “decidió elaborar el trabajo de partición dejándolos por fuera y no disponiendo lo pertinente para que se garantizaran sus derechos, desposeyéndolos”.

Así las cosas, se considera que en las presentes diligencias no se ha faltado al principio de congruencia, principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, debidamente estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política y consistente en la debida coherencia, en todas las sentencias, en el caso del Derecho Disciplinario, entre los presupuestos fácticos que sustentaron la formulación de cargos y los hechos por los cuales se sancionó, es decir, el fallador deberá resolver todos los aspectos expuestos y las circunstancias en las que se basó para proferir pliego de cargos contra el disciplinado, siendo su obligación explicar las razones por las cuales no entrará al fondo de alguna de estas y, sancionar única y exclusivamente por los presupuestos fácticos reprochados en la calificación de la conducta(27).

Lo anterior, toda vez que el pliego de cargos es la providencia que precede a la imposición de la respectiva sanción, en el cual, el Magistrado Instructor explica de manera expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta en la que supuestamente incurrió el disciplinado, es decir, contiene los supuestos de hecho y de derecho en los que se basará el reproche planteado al investigado y presunto infractor al deber profesional estipulado, en este caso, en el Estatuto de la Abogacía, razones por las cuales se considera el hilo conductor de la investigación disciplinaria y, por lo tanto, no se podrá sancionar por conductas no descritas en él, como es el caso que nos ocupa y, que a continuación se explicara.

En el caso concreto, no se considera que se haya faltado al principio de congruencia entre los hechos por los cuales se le endilgaron cargos y, aquellos por los que se le sancionó, por lo tanto, al disciplinable no se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa, razón por la cual, no se acogerá lo esgrimido por el recurrente.

Concluidas aquellas precisiones, se procede a desatar la alzada, advirtiéndose que el pronunciamiento se hará con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación, no obstante lo anterior no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Es por ello que en punto a la competencia de esta Colegiatura, procede reiterar el criterio expuesto por la jurisprudencia, conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente.

Sobre el particular, necesario también se hace insistir en que “la sustentación del recurso constituye carga ineludible del apelante, e irrumpe como presupuesto imprescindible para acceder a la segunda instancia, pero a su vez, se erige en límite de la competencia del ad quem, el cual solo puede revisar y pronunciarse acerca de los aspectos reprochados ‘salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación’”(28), por tanto la tarea del ad quem se encuentra circunscrita a referirse sobre aquello tópicos presentados por el censor en el escrito impugnatorio, mismos que deben estar argumentados de forma razonable a efecto que contar con elementos —jurídicos y fácticos— para su análisis.

En efecto, los hermanos María Regina, Luis Arnoldo, Hernando de Jesús y Marco Aurelio Zapata Franco y, la señora María Lourdes Zapata de Tamayo le confirieron poder al abogado Carlos Mario Vélez González el 12 de enero de 2012, “para que en nuestro nombre y representación inicie y lleve hasta su culminación Demanda de Apertura de Sucesión Intestada del señor Darío de Jesús Zapata Franco, fallecido en este municipio —Salgar (Antioquia)— el día feb. 28/98, lugar que fuera su último domicilio y asiento principal de sus negocios, a efectos de que proceda a la liquidación de herencia de los bienes del causante y de la respectiva sociedad conyugal”(29).

Por lo anterior, el 16 de ese mismo mes y año, el disciplinado en representación de sus mandantes, formuló demanda(30) de Apertura de Sucesión Intestada del señor Darío de Jesús Zapata Franco, correspondiéndole por reparto al Juzgado Promiscuo Municipal de Salgar (Antioquia), bajo el radicado 2012-00009, despacho judicial que declaró abierto y radicado el proceso de sucesión intestada, y reconoció como herederos a los clientes del letrado.

El 30 de enero de 2012, el señor Iván Antonio Zapata Bustamante le confirió poder(31) al doctor Carlos Mario Vélez González, “a fin de que represente mis intereses en el proceso sucesorio de la referencia”, en calidad de “subrogatario de acciones y derechos hereditarios del causante”, razón por la cual el 31 de ese mismo mes y año(32), el despacho cognoscente lo reconoció como “subrogatario de las acciones y derechos hereditarios que le correspondan o pueden corresponder a: Carlos Elkin, Jaime de Jesús, Wilson Aníbal, Lucelly de Jesús, Luis Asned y Óscar Wilmar Zapata González en calidad de herederos de su extinto padre Aníbal Zapata Franco”, quien era hermano del causante Darío de Jesús Zapata Franco.

El 5 de febrero siguiente(33), el señor Tulio de Jesús Zapata Franco, en su condición de hermano del causante Darío de Jesús Zapata Franco, le confirió poder(34) al abogado Carlos Mario Vélez González, “a fin de que represente mis intereses en el sucesorio de la referencia”, razón por la cual el disciplinado al día siguiente(35), solicitó se le reconociera como heredero de su hermano, requerimiento despachado de manera favorable el 10 de ese mismo mes y año(36).

El 5 de marzo de 2012, el Juzgado Promiscuo Municipal de Salgar (Antioquia) realizó la diligencia de inventarios y avalúos(37), dejando constancia que el apoderado de los interesados, previamente allegó “escrito de inventarios y avalúos, el cual se ordena anexar a esta acta, para ser tenido en cuenta dentro del proceso”.

El 13 de ese mismo mes y año(38), el despacho cognoscente emitió un proveído, en el cual indicó que “como los inventarios y avalúos que antecede, no fueron objetados dentro del término establecido por la ley, el Despacho actuando de conformidad con lo establecido por el numeral 4º del art. 601 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su aprobación” y, al día siguiente(39), de acuerdo a lo estipulado en los artículos 608 y 609 del Código de Procedimiento Civil, se decretó la partición y adjudicación de los bienes y, se autorizó al doctor Carlos Mario Vélez González para elaborar la respectiva partición, haciéndolo efectivo el 14 de mayo de 2012, razón por la cual el 4 de junio siguiente(40), el Juzgado Promiscuo Municipal de Salgar (Antioquia) en sentencia, resolvió:

“(...) Aprobar en todas sus partes el anterior trabajo de partición y adjudicación de bienes relictos correspondientes a la sucesión del causante Darío de Jesús Zapata Franco, a favor de los herederos reconocidos y relacionados en el cuerpo de este fallo”.

No obstante lo anterior, el 5 de octubre de 2012(41), los hermanos Jorge Eliécer, Julio César, Jairo Alberto, John Raúl, Gloria Stella, Claudia Patricia, Reina Victoria, Inés Elena, Carlos Omar Zapata Rojas, hijos del señor Gilberto Antonio Zapata Franco y en calidad de sobrinos del señor Darío de Jesús Zapata Franco; y, la señora María Ilvania Cifuentes Restrepo, cónyuge del sobreviviente, presentaron demanda de petición de herencia contra los hermanos María Regina, Luis Arnoldo, Hernando de Jesús, Marco Aurelio y Tulio de Jesús Zapata Franco, y los señores María Lourdes Zapata de Tamayo, María Doris, Luz Isalba, Mauricio Zapata González e Iván Antonio Zapata Bustamante, solicitando el decreto de la respectiva medida cautelar sobre determinadas matriculas inmobiliarias, correspondiéndole por reparto al Juzgado Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar (Antioquia), bajo el radicado 2012-00131.

De esta manera, el 27 de noviembre siguiente, el Juzgado Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar (Antioquia) ordenó(42) la inscripción de la demanda en las matriculas inmobiliarias Nº 004-23404 y 004-7383 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Andes, y el 25 de junio de 2013(43), al resolver las excepciones propuestas por la parte demandada, decidió:

“1. DECLÁRASE no configurada la excepción previa de ‘Falta de legitimación en la causa por pasiva’ propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada.

2. RECHAZAR la excepción previa de ‘Incongruencia de los hechos con las pretensiones’, por lo expuesto en la parte motiva.

3. CONDÉNASE en costas a los demandados excepcionantes, por partes iguales, y a favor de la demandante María Ilvania Cifuentes Restrepo, incluyendo la suma de $ 589.500, como agencias y trabajos en derecho, las cuales se fijan en esta providencia de conformidad con el numeral 2º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010. Liquídense por secretaría”.

Así las cosas, una vez hecho el resumen de los presupuestos fácticos génesis de las presentes diligencias, se encuentra que el doctor Carlos Mario Vélez González solicitó la apertura del proceso de sucesión intestada del causante Darío de Jesús Zapata Franco con base en lo estipulado en el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil(44), el cual indica que cualquiera de los interesados de que trata el artículo 1312(45) del Código Civil podrá requerir lo enunciado previamente, sin que se le imponga la obligación de informar al juez cognoscente del nombre y la dirección de todos los herederos conocidos, como sí lo contempló la Ley 1564 de 2012(46) en el artículo 488, numeral 3º(47), por tal motivo, no se encuentra que el abogado haya actuado de mala fe al no indicar al momento de la solicitud de apertura del proceso de sucesión referenciado, la totalidad de los herederos del causante Darío de Jesús Zapata Franco aun teniendo pleno conocimiento de la existencia de estos, por cuanto la normatividad vigente para la época del acaecimiento de los hechos no se lo exigía.

En efecto, se observa que el doctor Carlos Mario Vélez González conocía que los hijos del señor Gilberto Antonio Zapata Franco tenían pleno derecho hereditario en el proceso de sucesión de su tío Darío de Jesús Zapata Franco, no solo porque así se lo informó el quejoso, sino también porque el señor Carlos Zapata, hijo de Gilberto Antonio Zapata Franco, se comunicó con él para interrogarlo sobre si adelantaba el proceso de sucesión de su tío, a lo que le contestó afirmativamente, indicándole que debían contratar los servicios profesionales de un abogado, suceso acreditado por el propio disciplinado al rendir versión al interior de las presentes diligencias.

Lo anterior, significa que cuando el doctor Carlos Mario Vélez González realizó el trabajo de partición dentro del proceso de sucesión Nº 2012-00009, adelantado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Salgar (Antioquia), sabía de la existencia de otros herederos, que al igual que a sus representados, tenían derecho en el proceso referenciado, no obstante, procedió a hacer la repartición de los bienes del señor Darío de Jesús Zapata Franco, dejando por fuera de esta a los hijos del señor Gilberto Antonio Zapata Franco, hermano del causante, sin que con lo anterior se verifique el actuar doloso del disciplinado, pues como ya se esbozó, la normatividad vigente para la época de los hechos, no le imponía la obligación de informar el asunto y, por tal motivo, no podría predicarse que indujo en error al funcionario judicial, pues le era facultativo comunicar el hecho, caso contrario, que teniendo la carga de informar el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos, como lo contempla el artículo 488 del Código General del Proceso, no lo hubiese hecho.

Sin embargo, en el caso concreto, se evidencia que la normatividad vigente era la contemplada en el Código de Procedimiento Civil, la cual no le imponía la carga mencionada, pues el artículo 488 del Código General del Proceso, regla que comenzó a estipular la obligación de informar el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos, empezó a regir a partir del 1º de enero de 2014, conforme lo estipulado en el numeral 6º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012.

Suceso plenamente corroborado por la Sala a quo al absolver al disciplinado de la falta descrita en el artículo 30, numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, considerando que “la ley procesal vigente para la época de los hechos no le obligaba a informarle al Juzgado Promiscuo Municipal de Salgar el interés que los señores Jorge Eliecer, Julio César, Jairo Alberto, Jhon Raul, Gloria Stella, Claudia Patricia, Reina Victoria, Inés Elena y Carlos Omar Zapata Rojas tenían en el proceso, al momento de demandar”, por lo tanto, esta Superioridad reflexiona que si el disciplinado no actuó de mala fe al adelantar el trabajo de partición al interior del proceso 2012-00009, toda vez que la ley procesal vigente no le imponía la carga de informar al juez cognoscente del nombre y la dirección de todos los herederos conocidos, tampoco pudo haber incurrido en la conducta descrita en el artículo 33, numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, pues para configurarse el fraude o el engaño, se hace necesario el comportamiento doloso.

Es decir, la falta contenida en el numeral 4º) del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, la cual reprocha el obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, y asimismo, en el artículo 33 numeral 9º ibídem, se le sanciona por aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, no pudiéndose consumar de otra manera, que por actuar de mala fe, toda vez que para la configuración del fraude o engaño, se hace necesario el comportamiento doloso. En otras palabras si el abogado no actúa de mala fe, como así lo exige la primera, se torna remota la producción del comportamiento previsto en la segunda.

Lo anterior, toda vez que la configuración de actos fraudulentos, se relaciona con el acaecimiento de un fraude, palabra cuya acepción semántica, de uso común y obvio, hace referencia a la conducta engañosa, contraria a la verdad y a la rectitud, o que también busca evitar la observancia de la ley, y que afecta o perjudica los intereses de otro, entendiendo como tal no solo a los particulares sino también a las propias autoridades, por lo tanto, al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquel tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero(48).

Siendo preciso mencionar que la falta referenciada, solo puede cometerse a título doloso, porque al colocar el complemento descriptivo de fraudulentos a los actos, implica que el querer del sujeto activo de aconsejar, patrocinar o intervenir en actos engañosos, contrarios a la verdad debe ser dirigida por el conocimiento. En consecuencia, su consumación se realiza intencionalmente para poner en marcha los movimientos fraudulentos que perfeccionen el hecho sancionable(49).

En este sentido, si se verificó que el profesional del derecho no actuó con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, siendo este comportamiento, parte integrante de la conducta vulneradora del deber de cuidado deducido en el obrar descrito en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, se torna remota la producción de esta última.

Así, al dejar por fuera de la partición de herencia del señor Darío de Jesús Zapata Franco a los hermanos Jorge Eliécer, Julio César, Jairo Alberto, John Raúl, Gloria Stella, Claudia Patricia, Reina Victoria, Inés Elena, Carlos Omar Zapata Rojas, hijos del señor Gilberto Antonio Zapata Franco, teniendo pleno conocimiento del derecho que les asistía, no afectó el deber profesional contemplado en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y, por lo tanto, no incurrió en la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 Ibídem, por cuanto la normatividad vigente para la época de los hechos, no le imponía la carga de informar al juez cognoscente del nombre y la dirección de todos los herederos conocidos.

Por lo anterior, esta Superioridad revocará la sentencia del 29 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente al abogado Carlos Mario Vélez González de incurrir en la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar, ABSOLVERLO del cargo imputado por los motivos anteriormente expuestos.

Sin necesidad de otras consideraciones, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. NEGAR la solicitud de nulidad incoada por el doctor Carlos Mario Vélez González.

2. REVOCAR la sentencia apelada, proferida el 29 de agosto de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio de la cual sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión al doctor Carlos Mario Vélez González, al hallarlo responsable de la comisión de la falta contenida en el artículo 33, numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar, ABSOLVER al letrado de la falta referenciada por los motivos expuestos en esta providencia.

3. Remítase el expediente a la Colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase».

Salvamento de voto

Con el debido respeto, me aparto de la decisión adoptada por la Sala, que resolvió confirmar la absolución del abogado investigado, por el cargo de haber actuado de mala fe, y revocar la sanción por fraude, luego de considerar que el abogado no incurrió en fraude al no haber informado al juzgado la existencia de otros herederos no incluidos en el trámite de sucesión, por cuanto no estaba legalmente obligado a ello.

Considero que la Sala debió confirmar la sanción por fraude procesal y revocar la absolución por el cargo de haber actuado de mala fe. Las pruebas que obran en el expediente demuestran que el abogado en efecto omitió informar la verdad al juzgado sobre la existencia de otros herederos. No comparto el argumento invocado por la primera instancia y acogido por la Sala, en el sentido que el deber de informar al Juez sobre la existencia de otros herederos surgió con la reforma del código civil. Considero que los abogados tienen el deber de informar a los jueces la verdad sobre los hechos relativos a los litigios que llevan ante los juzgados, y en particular, en los procesos de sucesión como el del presente caso, los abogados deben informar al juez sobre la existencia de otros herederos además de los incluidos en el trámite de sucesión.

Fecha ut supra

Néstor Iván Javier Osuna Patiño, Magistrado.

21 Corte Constitucional, Sent. C-595/10.

22 Ibídem.

23 Ibídem.

24 Corte Constitucional, Sent. C-595/10.

25 Ibídem.

26 Derecho disciplinario que se enmarca en el núcleo el constitucionalismo contemporáneo representado por los valores, principios, derechos, deberes y garantías constitucionales.

27 Corte Constitucional, Sent. T-592/2000.

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 36.532, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

29 Fl. 38, cdno. ppal. del Exp.

30 Fl. 36, cdno. ppal. del Exp.

31 Fl. 41, cdno. ppal. del Exp.

32 Fl. 42, cdno. ppal. del Exp.

33 Fl. 44, cdno. ppal. del Exp.

34 Fl. 44, cdno. ppal. del Exp.

35 Fl. 43, cdno. ppal. del Exp.

36 Fl. 45, cdno. ppal. del Exp.

37 Fl. 47, cdno. ppal. del Exp.

38 Fl. 50, cdno. ppal. del Exp.

39 Fls 14-17, cdno. ppal. del Exp.

40 Fls 5-7, cdno. anexo.

41 Fl. 1 del anexo 2.

42 Fl. 6, anexo 2.

43 Fls 81-84, anexo 3.

44 “ART. 587.—Demanda. Desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil, podrá pedir la apertura del proceso de sucesión. La demanda deberá contener:
1. El nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponerla.
2. El nombre y el último domicilio del causante.
3. Una relación de los bienes de que se tenga conocimiento, relictos o que formen el haber de la sociedad conyugal.
4. Una relación del pasivo que grave la herencia y del que exista a cargo de la sociedad conyugal.
5. La manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. En caso de guardarse silencio sobre este punto se entenderá que se acepta en la segunda forma.
La demanda presentada por un asignatario a título singular implica la aceptación del legado; la del albacea, la de su cargo. En ambos casos, la petición de medidas cautelares implica dicha aceptación”.

45 “ART. 1312.—Personas Con Derecho De Asistir Al Inventario. Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo, cuando no lo fueren por sus maridos, tutores o curadores, o cualesquiera otros legítimos representantes.
Todas estas personas, tendrán derecho de reclamar contra el inventario, en lo que les pareciere inexacto”.

46 Código General del Proceso.

47 “ART. 488.—Demanda. Desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida, podrá pedir la apertura del proceso de sucesión. La demanda deberá contener:
1. El nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que le asiste para proponerla.
2. El nombre del causante y su último domicilio.
3. El nombre y la dirección de todos los herederos conocidos.
4. La manifestación de si se acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario, cuando se trate de heredero. En caso de que guarde silencio se entenderá que la acepta con beneficio de inventario”.

48 Sent. C-393/2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

49 Ibídem.