SENTENCIA 2012-02239 DE JUNIO 7 DE 2017

 

Sentencia 2012-002239 de junio 7 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 760011102000201202239 01

Magistrado Ponente:

Dr. Julio César Villamil Hernández

Aprobado según Acta 46 de la misma fecha

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el título XII, capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta de los fallos sancionatorios proferidos por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país que no hayan sido apelados.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión nacional de disciplina judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión nacional de disciplina judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “... los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En desarrollo de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el mismo funcionario disciplinado sancionado en la sustentación del recurso de alzada, comoquiera que, en tratándose de apelación, el alcance de la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le impone emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, pues presume el legislador que aquellos no propuestos como objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, quien de ese modo, implícitamente, devela su asentimiento, claro está que esa competencia se puede extender a asuntos no censurados, siempre y cuando resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos a él, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional. De esta manera se pretende que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones.

En este orden de ideas en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes que se le encomiendan como funcionario.

Es así como el artículo 196 de la ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-028 de 2006, define la potestad disciplinaria como “la facultad para corregir las faltas o deficiencias provenientes de la actividad de los servidores públicos, se torna en una prerrogativa tendiente a proteger al ciudadano de eventuales arbitrariedades por incumplimiento de las directrices fijadas en la ley, con ella se evita que quienes prestan funciones públicas lo hagan de manera negligente y contraria al servicio, desconociendo el interés general que debe orientar las actuaciones estatales...”.

Del mismo modo y previo a entrar al análisis de fondo, se debe de dejar en claro que en el presente asunto si bien se investiga la irregularidad del funcionario respecto de la emisión del fallo de tutela emitido el 23 de enero de 2012, pudiéndose pensar en la configuración del fenómeno de la prescripción a la data en la cual esta superioridad entra a analizar el caso en concreto; se advierte la no existencia del mismo en estas diligencias, pues se debe de dar estricta aplicación a lo previsto en el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la posterioridad de los hechos con la entrada en vigencia del citado precepto normativo, por lo cual, la emisión del auto de apertura de investigación fue del 25 de junio de 2013, calenda desde donde se empieza a contabilizar el término para tales fines.

2. Del caso en concreto.

Tenemos que al imputado se le disciplinó por la falta contemplada en el numeral 1º del artículo 153 en concordancia con el artículo 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002 y artículo 413 del Código Penal, que son del siguiente tenor:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir, y dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir”

“ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo...”

“Del prevaricato

ART. 413.—Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.

De conformidad con lo precedente y del material probatorio allegado al dossier, se tiene que ninguna duda ofrece la materialidad de las faltas endilgadas al disciplinable, en cuanto este claramente desatendió su función judicial, desatender la normatividad aplicable al tema de las acciones de tutela, pues no tuvo en cuenta a cabalidad los preceptos previstos para ese tipo de asuntos, al haber concedido el amparo, aun cuando de acuerdo al material probatorio existente al interior de esas diligencias, era palmario de la existencia de otros mecanismos de defensa frente a los pedimentos allí solicitados, al cursar una acción ordinaria, así como no cumplirse con el principio de inmediatez y desconoció los precedentes constitucionales sobre el reconocimiento y pago de una prestación económica, en este caso la de pensión de sobreviviente, continuando en su errada decisión pese a las advertencias de rigor, tramitando un incidente de desacato hasta su fallo final.

Sin embargo, es menester dejar en claro que la competencia de esta colegiatura, solo concierne al estudio de los puntos objeto de apelación, por lo tanto, el análisis del asunto de marras solo se suscitará respecto de los mismos, con el fin de acatar en debida forma la normatividad.

Es palmario que el artículo 29 de la Constitución Política, luego de advertir que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, confía a los jueces y fiscales competentes el juzgamiento de las causas conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa o derecho que se discuta, con observancia de la ritualidad propia de cada proceso.

Dicho principio en forma amplia, es el conjunto de procedimientos, fórmulas o ritos judiciales que debe cumplirse siempre en el desenvolvimiento de un proceso, para que finalmente la sentencia sea fundamentalmente válida y se constituya en garantía del orden, de la justicia y de la seguridad, en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el ciudadano.

En una forma restringida, es una garantía proteccionista del individuo sometido a proceso, que le asegura durante su trámite una acertada administración de justicia, con amparo de su libertad y seguridad jurídica, a más de la debida fundamentación exigida en las resoluciones judiciales conforme al ordenamiento legal. Dentro de este marco debe asegurarse un inmaculado derecho de defensa y la igualdad de las personas ante la ley y de las partes ante quien los juzga.

La Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 1993, Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo, se pronunció en los siguientes términos:

“(...) La Constitución no admite que una sanción sea impuesta con apoyo en indicios evaluados según el libre criterio de quien ha de aplicarla, sin procedimiento alguno establecido y eliminando completamente las oportunidades de defensa y contradicción de la persona respecto de quien se actúa, todo lo cual es contrario a la presunción de inocencia instituida por la Carta Política, que únicamente es desvirtuable previo un debido proceso (...)”.

Con base en lo anterior, el argumento del disciplinado, se circunscribe en síntesis a que la jurisdicción disciplinaria no puede inmiscuirse en los fallos constitucionales y ordenar su revocatoria, pues de ello se encargaría de acuerdo a las normatividades vigentes, el juez competente y su superior funcional, así como la Corte Constitucional como órgano de cierre; además que el fallo emitido al interior de la acción de tutela puesta bajo su conocimiento fue con estricto apego a los precedentes jurisprudenciales y el análisis allí fue efectuado conforme a su autonomía, independencia y sana crítica, fundamentos estos que no son de acogida para la Sala.

De manera reiterada, esta corporación ha expresado que la autonomía funcional es la interpretación de normas jurídicas en las cuales se fundan sus decisiones en cumplimiento de la función de administrar justicia, pero ciñéndose a lo consagrado en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, garantizando la independencia técnica, científica y funcional del ejercicio judicial.

Lo anterior permite reiterar también que si bien la interpretación de las normas se desarrolla en el campo de lo discrecional, también lo es el hecho de no poderse alcanzar niveles arbitrarios en su ejercicio. Por el contrario, la discrecionalidad debe ser ejercida con base en una fundamentación jurídica objetiva y razonable. Ahora, cuando el funcionario se aparta de esa interpretación racional y razonable, vulnera de manera ostensible el debido proceso, y puede ser objeto de investigación disciplinaria.

La Sala de siempre ha reconocido este principio fundamental y constitucional de la autonomía, empero, también ha expuesto que cuando el juez se aparta de estas pautas y amparado en la independencia y autonomía judicial llega hasta las vías de hecho para proferir su propia decisión, en este caso lo evidente es la existencia de una violación de la ley, por ende, no se puede confundir “discrecionalidad” con “arbitrariedad”, pues la primera está rodeada de juridicidad, la segunda de antijuridicidad, por lo tanto, la arbitrariedad es una conducta antijurídica del representante de la justicia, luego su diferencia con la discrecionalidad, es evidentemente teleológica, por cuanto el acto arbitrario hace caso omiso de los fines de la ley para evadirlos o contrariarlos.

De acuerdo a lo ulterior, no se podrá hablar de autonomía judicial cuando esa labor interpretativa que del ordenamiento cumplen los jueces en el ejercicio de sus funciones, cuando se desconoce el sentido de una norma, o los condicionamientos señalados por la jurisprudencia, y se vulneran las reglas precisas relativas a la validez del ejercicio hermenéutico: como la razonabilidad, la que se relaciona con las reglas de la argumentación y la coherencia, la ausencia del capricho, cuando la conclusión no es lógicamente compatible con el contenido de la norma aplicada, u obedece a simples inclinaciones o prejuicios del funcionario judicial, y la ausencia de arbitrariedad, definida como la carencia de la debida justificación, o comporta el desconocimiento de normas de mayor jerarquía, dentro de las cuales se encuentran los postulados constitucionales, y las sentencias con efectos erga omnes de la Corte Constitucional.

Es así como en Sentencia C-417 de 1993, la Corte Constitucional, advirtió que, aunque los jueces gozan de autonomía e independencia para interpretar las normas, su facultad no es absoluta y tal concepción fue retomada en la decisión SU-1185 de 2001, emitido por la misma corporación, que refiere

“Resulta evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto, si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no puede convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación posible. El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento.

En estas condiciones, no puede sostenerse que la autonomía judicial equivalga a libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho. Por el contrario, de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (...)”.

Y es precisamente en ejercicio de este principio constitucional en el cual los jueces pueden variar de criterio, siempre que sus nuevas posturas o interpretaciones consulten con la Carta Política, el ordenamiento jurídico, sean compatibles con los principios y valores del sistema jurídico y respeten los derechos constitucionales y fundamentales de los asociados, pero también el hecho de no ser abiertamente irrazonables y manifiestamente caprichosas o arbitrarias, sin que ello apareje que el operador de justicia, siempre deberá mantener la misma interpretación frente a una norma, pues ello sería tanto como petrificar el derecho, desconociendo lo dinámico y cambiante que es.

Ahora, para la Sala resulta claro que, el juez disciplinado no puede ampararse en una supuesta autonomía judicial, cuando la decisión del 23 de enero de 2012, en donde concedió el amparo y ordenó el reconocimiento y pago de unos emolumentos prestacionales “pensión de sobreviviente”, corresponden a una evidente omisión del deber de cuidado que le era exigible en el estudio de la acción de tutela impetrada por la señora Amparo Suárez de Pacheco, pues el funcionario debía verificar los requisitos sine qua non, atendiendo a las previsiones del artículo 86 de la Carta Política para proceder a resolverla de fondo, así como a los preceptos normativos contenidos en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 y a la profusa jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular, lo cual a todas luces no realizó, pues por el contrario, concedió la misma, ordenándose a la entidad accionada procediera a reconocer y pagar sumas de dineros con su correspondientes indexación e intereses moratorios, siendo a todas luces tal proceder totalmente contrario a la ley.

De modo que la decisión adoptaba contraría la normatividad, siendo irrazonable, más cuando la accionante, tal y como se encuentra en las pruebas al interior del amparo constitucional, ya había impetrado una demanda ordinaria laboral en busca de las mismas protecciones, dirigiendo sus mismos pedimentos en forma directa ante el juez constitucional, quien como se dijera en inciso anterior, tenía el deber de hacer un juicioso análisis y verificar si se cumplían los criterios de procedibilidad del amparo o no; sin embargo el investigado no cumplió con sus deberes y funciones, extralimitándose y abusando del principio del cual hemos hecho referencia; siendo además arbitrario, rebasando de este modo su competencia, tal y como lo afirmara el a quo.

Ahora bien, mal se hace en predicar una irregularidad en el trámite disciplinario, cuando alude no existir competencia por parte de la Sala Disciplinaria para revocar decisiones constitucionales como la emitida por él, pues en ningún momento el seccional o esta superioridad en sus determinaciones ha revocado o pretende revocar el fallo de tutela, por cuanto ello solo es del resorte del superior funcional de quien emitió el fallo o del órgano de cierre en sede de revisión, como es la Corte Constitucional, por lo tanto, la única actuación o proceder efectuado en materia disciplinaria, va dirigida a verificar el proceder del operador judicial al interior de las respectivas diligencias, verificando si atendió a cabalidad con la normatividad y realizó el estudio correspondiente frente al caso en concreto o en su defecto desbordó, como lo fue en este caso, su autonomía, amparando unos derechos constitucionales, bajo un criterio caprichoso y no ajustado a derecho, siendo esa situación de la cual se ocupa el campo disciplinario y es por lo cual se decidió sancionar al disciplinado en este caso en particular, al incurrir en una ostensible irregularidad al momento de valorar las pruebas y aplicar los preceptos normativos, no siendo de recibo lo expuesto en su escrito de apelación, en donde es latente su pretensión de confundir y conllevar a su absolución.

Recapitulando, no se trataba entonces de un asunto de interpretación o de criterio, sino, en la clara inobservancia del deber de cuidado que reclamaba una determinación de semejante envergadura.

Al concurrir la certeza sobre la existencia de la falta gravísima atribuida y la responsabilidad en el grado exigido para sancionar, se impone la confirmación integral de la sentencia impugnada, dejando en claro al apelante que la sanción impuesta se encuentra legalmente amparada en lo previsto en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, por lo cual se aplicará una sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, bajo unos criterios adecuados para esta colegiatura.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por medio del cual se sancionó al doctor Héctor Ernesto Bedoya Márquez, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Bolívar - Valle del Cauca, con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL para ejercer función pública por el término de quince (15) años por la incursión en la falta contemplada en el artículo 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en armonía con lo previsto en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996 y el artículo 413 del Código Penal.

2. NOTIFÍQUESE esta decisión al disciplinable, informándole que contra ella no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, para que en primer lugar, procedan a notificar a todas las partes, y en segundo término cumplan lo dispuesto por esta Sala.

Notifíquese y cúmplase».