Sentencia 2012-02271

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad. 110011102000201202271 01

Aprobada según Acta de Sala Nº 06 de la misma fecha

Ref. Fallo en consulta

Abogados Luis Carlos Ocampo Ramírez y Miryam Cortés Marroquín.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por la Sala a quo, de conformidad con el mandato establecido en el numeral tercero del artículo 256 de la carta política, en armonía con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la LEAJ y 59 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación con las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tomen posesión, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En tal virtud, procede esta Corporación a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2015, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió sancionar con censura al abogado Luis Carlos Ocampo Ramírez, al hallarlo responsable de la falta contenida en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007; y con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión a la también profesional del derecho Miryam Cortés Marroquín, por la falta tipificada en el mismo código en el artículo 35-4, las que presentan el siguiente tenor:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

“ART. 35-4.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. (…).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

El problema jurídico en el evento de ocupación, será entonces el de verificar la ocurrencia de las faltas imputadas en la sentencia de primer grado, su tipicidad y antijuridicidad, su responsabilidad en cabeza de los disciplinables, así como el acierto en torno a la sanción impuesta.

Situación del abogado Luis Carlos Ocampo Ramírez.

Se caracteriza el régimen disciplinario del abogado consagrado en la Ley 1123 de 2007, por contener por regla general y entre los artículos 30 a 39, descripciones cerradas de cada una de las conductas que por afectar deberes profesionales son consideradas como faltas, a las cuales el legislador ha previsto una consecuencia nociva.

En lo tocante a la falta disciplinaria contenida en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, se tiene que:

• Es una conducta de omisión.

• Se trata de un tipo complejo, como que contiene cinco verbos rectores: demorar la iniciación(1) o prosecución de las gestiones encomendadas(2), dejar de hacer oportunamente(3), descuidar(4) o abandonar(5) las diligencias propias de la actuación profesional.

• De naturaleza alternativa, pues cualquiera de las conductas realizadas perfecciona la falta.

• En relación de progresión, pues se incurre en esta falta cuando se omite la gestión encomendada, igualmente cuando se demora en instaurarla, o cuando en su curso se violan términos o desaprovechan oportunidades legales; cuando se desatiende el asunto, se atiende de manera ineficiente o de manera esporádica y, por supuesto, cuando decididamente el asunto se deja al garete, desprendiéndose definitivamente de las obligaciones profesionales y dejando los intereses confiados sin representación efectiva.

• Dado que estas conductas pueden presentarse en un mismo asunto, debe señalarse que cada vez constituyen una violación más seria, una mayor trasgresión al deber de actuar con celosa diligencia, por lo que las últimas, la desatención o el abandono, de un lado, subsumen a las anteriores y de otro, ameritarán mayor reproche disciplinario.

• El elemento material es difuso, pero sin duda se trata del incumplimiento del encargo profesional, asesoría, representación o asistencia con que se ha comprometido; que bien puede consistir en la presentación de una demanda o un derecho de petición, la actuación ante una autoridad administrativa, judicial o ante la entidad particular o persona natural donde ha de materializarse el encargo, o dejar de asistir a una audiencia o diligencia, o de asumir un cargo deferido por una autoridad competente.

• Se trata de una conducta paradigmáticamente culposa, como que constituye la trasgresión a un específico deber de cuidado: el de actuar con celosa diligencia, que involucra justamente uno de los factores generadores de culpa: la negligencia.

En concreta relación con la falta disciplinaria que se acaba de analizar, es decir, la que atenta contra el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales(10), ninguna duda se tiene en la presenta actuación para considerar esta Corporación como lo hizo la de primera instancia, en cuanto a su configuración por parte del abogado Luis Carlos Ocampo Ramírez, habida cuenta que de las copias allegadas del proceso ejecutivo singular radicado número 2009-1159, tramitado por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, y de la inspección judicial practicada en audiencia por la Sala de instancia, se demuestra que el mencionado profesional del derecho:

a. Recibió poder el 10 de noviembre de 2008, de parte del señor Pedro José Guerrero Potes para que iniciara el proceso indicado contra Dick Cifuentes Amézquita y otra, por deudas de pago de arrendamiento.

b. Una vez admitida la demanda por el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, a través de auto del 1º de septiembre de 2009 libró mandamiento ejecutivo, y el 30 de julio de 2010 ordenó medidas cautelares.

c. Con ocasión de las anteriores determinaciones, el abogado disciplinable el 11 de agosto de 2010 retiró los oficios para hacer efectivas las medidas ordenadas, siendo ésta su última actuación.

d. Por el abandono de la actuación por parte del doctor Ocampo Ramírez, el poderdante Guerrero Potes le revocó el poder el 7 de febrero de 2012, manifestación de voluntad aceptada por el juzgado de conocimiento en auto del 9 de mayo de 2012.

Por lo anterior, puede afirmarse que la falta materia de imputación en el auto de cargos contra el doctor Luis Carlos Ocampo Ramírez, encuentra cabal demostración y correspondencia con el tipo disciplinario elegido.

En cuanto a la antijuricidad, esta categoría dogmática en materia del régimen disciplinario de abogados encuentra semejanzas y diferencias con la antijuridicidad en materia penal.

Diferencias, en tanto el objeto de protección de cada una de estas especies del derecho sancionatorio (penal y disciplinaria) es manifiestamente distinto: aquélla protege normas objetivas de valoración —bienes jurídicos—, ésta, normas subjetivas de determinación —deberes funcionales o profesionales—; el primero tiene como destinatarios a todos los habitantes del país, el segundo a un específico grupo de personas en virtud de su ministerio, misión o función social(11), que lo hace receptor de todo un nuevo régimen sancionatorio, en lo que la doctrina denomina como reglas especiales de sujeción.

Semejanzas, en cuanto en una y en otra especie sancionatoria fue realizado por el propio legislador un juicio previo de antijuridicidad, valga decir, el legislador penal estableció una serie de bienes jurídicos, a cada uno de los cuales le adscribe una cadena de delitos, verbi gratia, constituyen atentados contra el bien jurídico de la vida y la integridad personal, entre otros, el genocidio, el homicidio, las lesiones personales…; así mismo, el legislador disciplinario del abogado señaló en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 una serie de deberes profesionales y en el artículo 29 estableció un listado de incompatibilidades, los cuales encuentran su protección en la adscripción de una serie de faltas disciplinarias contenidas entre los artículos 30 a 39.

Por ello, en uno y otro régimen es dable hablar de injusto penal o injusto disciplinario, como quiera que la adecuación típica de una conducta no solo constituye la correspondencia del supuesto fáctico investigado con la descripción genérica e impersonal realizada por el legislador al describir el delito o la falta —tipicidad—, sino que comporta per se le vulneración de un bien jurídico, o de un deber profesional, según el caso —antijuridicidad—.

De allí que el juez disciplinario, al abordar la categoría dogmática en comento deber realizar un juicio valorativo negativo, valga decir, despejar el interrogante ¿existe una causal excluyente de responsabilidad que legitime la conducta que ya el legislador de manera anticipada consideró como antijurídica?, y entonces, conforme a las circunstancias particulares del caso y los argumentos defensivos del imputado, será preciso evaluar la concurrencia de cualquiera de tales circunstancias previstas en el artículo 22 del CDA.

Cosa distinta ocurre en materia del régimen disciplinario de los servidores públicos, donde no existen faltas disciplinarias puntualmente descritas, sino una serie de deberes, prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses, y el concepto de ilicitud sustancial contenido en el artículo 5º del código correspondiente (CDU) trasciende a la elaboración de un juicio a posteriori de antijuridicidad por parte del juez disciplinario, que se debe concretar en verificar si con la conducta investigada se atentó contra el buen funcionamiento o los fines del Estado(12), esto es, contra los principios que garantizan la función pública, contenidos en los artículos 209 de la C.P.(13), 22 del CDU(14), o los principios rectores de la LEAJ (cuando el investigado sea un servidor judicial).

Pues bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, la falta prevista en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007 es antijurídica como quiera que atenta contra el deber de debida diligencia del abogado previsto en el artículo 28-10 ibídem, del siguiente tenor:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

1. (…).

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

Ha expuesto en su defensa el defensor de oficio del disciplinable que el quejoso no aportó prueba alguna demostrativa de incumplimiento de los deberes por parte del doctor Ocampo Ramírez, tanto así que presentó la demanda encomendada. Y su colega de profesión, doctora Miryam Cortés Marroquín, vinculada igualmente a la presente investigación adujo en sus alegatos finales que el mencionado togado se encontraba enfermo y es una persona de la tercera edad.

Como se demostró en el acápite de la materialidad de la falta reprochada, frente a la tozudez de los hechos, no es posible considerar la existencia de causal alguna de exclusión de responsabilidad que legitime la omisión del disciplinable en los términos analizados, pues ni el encontrarse con inconvenientes de salud y tratarse de una persona de avanzada edad, permiten que se le exonere de responsabilidad disciplinaria, toda vez que si no podía continuar desplegando la actividad profesional en el proceso encomendado por el quejoso, su deber era el de renunciar al mandato para que el señor Guerrero Potes designara otro apoderado o tomara la decisión que considerara pertinente. Por eso entonces, la conducta del togado investigado es antijurídica.

En cuanto a la culpabilidad, se indicó en el análisis de la falta prevista en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, que se trata de una conducta típica de responsabilidad culposa, por negligencia, factor generador de culpa que consiste en dejar de actuar según las leyes de la experiencia enseñan debe conducirse una persona para no generar un resultado nocivo.

Para el caso, con el poder que le otorgó el señor Pedro José Guerrero Potes el 10 de noviembre de 2008, el doctor Luis Carlos Ocampo Ramírez se comprometió no sólo a presentar la demanda ejecutiva contra Dick Cifuentes Amézquita y otra, sino también a prohijar sus intereses durante todo ese proceso, lo que no cumplió como ya se dejó visto, por eso ninguna explicación con carácter de justificante de su conducta se encuentra demostrada a su marcada inactividad, al punto que el poderdante decidió revocarle el mandato conferido.

En el anterior orden de ideas acertada resulta ser la calificación culposa de la falta, por manera que con arreglo a lo hasta ahora dicho, se impone la confirmación de la declaratoria de responsabilidad al investigado por la conducta que le fue atribuida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Por último, respecto de la sanción de censura impuesta al doctor Ocampo Ramírez, responde a los criterios de la sanción de que tratan los artículos 11 y 13 del CDA, teniéndose en cuenta la modalidad culposa de la falta endilgada (de menor desvalor social que la de naturaleza dolosa) y la ausencia de antecedentes disciplinarios del mencionado togado.

Así las cosas, y conforme a las razones expuestas, la Sala confirmará integralmente la determinación de instancia por medio de la cual sancionó disciplinariamente al abogado Luis Carlos Ocampo Ramírez, en los términos analizados.

Situación de la abogada Miryam Cortés Marroquín.

Le corresponde a esta Sala decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2015, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió sancionar con suspensión de meses (2) meses en el ejercicio de la profesión, a la doctora Miryam Cortés Marroquín, al encontrarla responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 35-4 de la Ley 1123 de 2007, del siguiente tenor:

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. (…).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Problema jurídico. Debe dilucidarse en este asunto, si la litigante Cortés Marroquín incurrió en la conducta imputada en el auto de cargos, específicamente si faltó al deber de honradez del abogado, al retener y no entregar a la mayor brevedad al poderdante la documentación que éste le facilitó para la gestión encomendada.

Revisada la prueba obrante en el plenario, lo primero que se establece es que la abogada Miryam Cortés Marroquín, fue contratada por el señor Pedro José Guerrero Potes para que le promoviera proceso ejecutivo contra Dick Cifuentes y otra, para obtener el cobro de letra de cambio por la suma de $ 2.700.000, para lo cual le entregó dicho título.

Se demostró con recibo aportado por el quejoso que en efecto, el título mencionado le fue entregado(15) a la litigante vinculada a la investigación(16), sin que, a pesar de promover dicha demanda, la entregara a su legítimo propietario, como se desprende de lo aseverado por el señor Guerrero Potes en el escrito de queja(17).

Así las cosas, objetivamente la disciplinable trasegó por la conducta de la falta a la honradez del abogado imputada en los cargos, toda vez que recibió un título valor para su cobro y optó por retenerlo, cuando se deber no podía ser otro distinto que el de entregárselo al poderdante, bien para que llenara los espacios en blanco y lo hiciera valer judicialmente u optara por alguna otra determinación.

En cuanto a la responsabilidad de la doctora Cortés Marroquín, en la comisión de tal conducta, no son aceptables sus argumentos exculpatorios expuestos en los alegatos de conclusión, en tanto, si bien es cierto que le resultaba imposible cobrar judicialmente la letra de cambio (por no encontrarse llenados los espacios en blanco), también lo es que este acontecimiento no puede servir de justificación de la conducta que se le reprocha, esto es, dejar en su poder ese documento, pues su deber era el de devolvérselo a su propietario.

Tampoco por el hecho de haberse suscrito la letra de cambio como garantía de cumplimiento de un contrato de arrendamiento autorizaba a la disciplinable para retener dicho documento, habida cuenta que si no era posible promover su cobro jurídico, lo cierto es que sólo su propietario podía disponer de dicho título, y para ello debía llenarlo bajo su exclusiva responsabilidad. Por eso entonces, lo aducido por la abogada investigada en los alegatos finales tampoco justifican la conducta reprochada.

Recuérdese que por no proceder a instaurar la demanda encomendada —por los motivos indicados—, la Sala de instancia absolvió a la disciplinable, lo que evidenciaba con mayor rigor el cumplimiento del deber de honradez para la doctora Cortés Marroquín de hacer entrega del documento recibido con ocasión de su condición de abogada, de manera inmediata.

En el anterior orden de ideas, para la Sala resulta manifiesta la incursión en la falta a la honradez del abogado, por parte de la doctora Miryam Cortés Marroquín, por incumplimiento del deber contenido en el artículo 28-8 de la Ley 1123 de 2007, y por tanto, en la falta contenida en el artículo 35-4 ibídem, la cual fue debidamente atribuida en el auto de formulación de cargos por la magistrada instructora.

No puede dejar pasar de largo esta Corporación lo aseverado por el delegado del Ministerio Público en los alegatos de conclusión, al considerar que surge duda en torno a la posibilidad de ser sancionada la doctora Cortés Marroquín, en calidad de abogada, teniéndose en cuenta que sólo adquirió el título como profesional del derecho en el transcurso de la investigación.

Ningún inconveniente se presenta respecto a la conducta de retención de documentos que se le atribuye a la anotada litigante, toda vez que para cuando adquirió la condición de abogada (20 de enero de 2010)(18), se encontraba consumando la falta atribuida en los cargos, la cual continuó de manera permanente, inclusive, hasta la misma fecha en que el señor Guerrero Potes presentó la queja en su contra, esto, el 7 de mayo de 2012.

En cuanto a la culpabilidad, la falta del artículo 35-4, es de naturaleza eminentemente dolosa, dado que en su configuración concurre un ingrediente subjetivo, cual es el deber que tienen los abogados de entregar en tiempo breve a quien corresponda los bienes y documentos recibidos en virtud de la gestión profesional.

De la mano de autorizada doctrina(19), se dirá por la Sala que el dolo en materia disciplinaria exige:

1) La capacidad de comprensión y orientación conforme al deber funcional o profesional,

2) La conciencia eventual de la ilicitud,

3) La posibilidad de haber actuado, de manera diferente y conforme a Derecho, pudiendo y debiendo hacerlo, y

4) La infracción al deber subjetivo de cuidado.

En el caso de la doctora Cortés Marroquín, no cabe duda que se trata de una profesional del derecho en pleno uso de sus facultades mentales, y con la formación académica que le permitía discernir y comportarse con sujeción a los deberes que el ejercicio de la abogacía le demanda, por ende sabía que debía entregar a su cliente de manera de manera pronta, la documentación recibida con ocasión de la gestión para la cual se le contrató.

Así mismo, nada le impidió comportarse de tal modo, con absoluta honradez; sin embargo, optó por ir en contravía de esa norma subjetiva de determinación, y en consecuencia, se hace acreedora a la imputación dolosa, tal como lo consideró la Sala de primera instancia.

Entonces, es evidente que la doctora Miryam Cortés Marroquín, faltó al deber de honradez profesional, pues sin justificación alguna retuvo la documentación que le pertenecía a su cliente, en los términos considerados por la primera instancia y en la presente decisión, por lo que será confirmada la sentencia de primer grado, respecto a la falta descrita en el artículo 35-4 de la Ley 1123 de 2007.

En cuanto a la sanción, también considera la Sala debe mantenerse la impuesta por la Sala a quo, pues independientemente de que no se haya deducido circunstancia agravante en contra de la disciplinable, y que se haya decretado en su favor la terminación de la actuación por la falta del artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, la conducta que dio lugar a la configuración de la falta a la honradez del abogado, no sólo se consumó en la modalidad dolosa, sino que además, resulta ser de suma gravedad, pues eso de dejar en su poder un título valor que no le pertenecía, cuando no le serviría para promover la demanda ejecutiva en representación de su cliente, como se ha dejado visto, no puede considerarse conducta de poca trascendencia para el derecho disciplinario; tampoco resulta factible aplicar algún criterio de atenuación, pues la disciplinable no aceptó la comisión de la falta, por el contrario en su defensa esgrimió disculpas triviales y sin fundamento, sin preocuparse por hacerle entrega a su legítimo propietario el documento mencionado.

En el anterior orden de ideas, hizo bien la Sala a quo en tasar la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el lapso de dos (2) meses, en tanto las sanciones deben ser ejemplarizantes en casos como el presente, en que los abogados sin justificación alguna faltan a sus deberes deontológicos, en desmedro de la profesión frente a la comunidad en general.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 13 de noviembre de 2015, mediante la cual sancionó con censura al abogado Luis Carlos Ocampo Ramírez, al hallarlo responsable de la falta contenida en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007; y a la doctora Miryam Cortés Marroquín, con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión por la falta a la honradez del abogado tipificada en el artículo 35-4 ibídem, conforme lo indicado en las consideraciones de esta decisión.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(10) L. 1123/2007, art. 28-10.

(11) D. 196 de 1971, arts. 1º y 2º, en el caso particular de los abogados.

(12) “El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta”. Corte Constitucional Sentencia C-948 del 6 de noviembre de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(13) “ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

(14) “ART. 22.—Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes”.

(15) No se conoce la fecha.

(16) Cfr. fls. 78 y 79.

(17) Cfr. fl. 7.

(18) Cfr. Certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (fl. 156).

(19) Carlos Arturo Gómez Pavajeau, “Módulo 2, Dogmática disciplinaria judicial”, preparado para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, versión aprobada el 19 de mayo de 2010, pp. 159 a 152.