SENTENCIA 2012-02277 DE FEBRERO 24 DE 2017

 

Sentencia 2012-02277 de febrero 24 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 050011102000201202277 01

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala Nº 016 de la fecha.

Bogotá D.C. veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.”, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 de 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

2. Fines del Grado Jurisdiccional de Consulta. La Consulta está reconocida como expresión de la potestad pública como grado jurisdiccional, opera como expresión de la soberanía(28), de la función pública jurisdiccional o administrativa(29) propia del Estado. La providencia sometida a consulta en los términos y con las excepciones legales, no adquiere la eficacia constitucional por efecto del derecho —principio— consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de la cosa juzgada o a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, a menos que la ley admita recursos extraordinarios contra el fallo ejecutoriado formalmente.

En la Sentencia C-153 de 1995 la Corte Constitucional precisó la naturaleza jurídica y los fines de la consulta en los siguientes términos:

“La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.

La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por esta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas.

La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.

Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales...” (Negrilla y subrayas de la Sala).

Debe entonces, el Operador Judicial verificar la legalidad de la actuación procesal y la decisión impartida por el Magistrado de Instancia que resolvió sancionar al disciplinado.

3. Legalidad de la actuación. Atendiendo los fines de la consulta, en el asunto bajo escrutinio de la Sala no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la misma, ni de la sentencia. Se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados; se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas y en la forma señalada en las normas instrumentales, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia.

En consecuencia procede a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre el fallo proferido el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(30), a través del cual sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Salazar Loaiza, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas establecidas en el numeral 4º del artículo 30 y el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

4. Del asunto en concreto. Se tiene claro que el asunto que se examina tuvo su génesis por cuanto el abogado Jaime Salazar Loaiza fue contratado por el señor Francisco Antonio Orrego Pérez para que lo representara en el proceso de liquidación de sociedad conyugal contra Laura Celina Luján Guzmán promovido ante el Juzgado Segundo de Familia de Medellín bajo el radicado Nº 2011-00642(31).

Se revisará por separado cada falta endilgada al abogado Jaime Salazar Loaiza, a fin de realizar un control serio de legalidad a la sentencia y a la sanción impartida; analizará la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de las conductas desplegadas por el abogado sancionado, a fin de confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo.

4.1. De la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Artículo 33 numeral 9º Ley 1123 de 2007.

“Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

4.1.1. Tipicidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, “El abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen” (Subrayado y negrilla de la Sala).

La norma en cita, pretende sancionar aquellas conductas de los profesionales del derecho en las que recurran al engaño, en detrimento de los intereses de una persona, bien sea el cliente al que representan, la contraparte o una colectividad. Se trata de un comportamiento eminentemente doloso, que asalta la buena fe de los funcionarios y particulares, desfigura la realidad y se aparta de los parámetros constitucionales y legales en los que se debe mantener el abogado.

Consagra tres verbos rectores en una misma falta disciplinaria, lo que obliga al operador judicial, a analizar la situación fáctica reprimida y establecer cuál es vocablo infringido: aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos.

Como se desprende del escrito de queja, de su ratificación y ampliación juramentada, junto con las declaración del señor Ramón Tulio Hernández Giraldo, el abogado Jaime Salazar Loaiza intervino en la elaboración de una letra de cambio, por la suma de doce millones de pesos ($ 12.000.000), para hacerla valer en el proceso de separación de cuerpos y liquidación de la sociedad conyugal, en el que representaba al demandante Francisco Antonio Orrego Pérez —aquí quejoso—, como un pasivo de la sociedad, sin que dicha letra de cambio tuviera ningún negocio subyacente de respaldo, pues se estableció que simplemente se le hizo firmar al quejoso, por consejo del disciplinable, y en connivencia con el señor Ramón Tulio Hernández Giraldo.

La conducta del disciplinado, se circunscribió al verbo rector “intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”, lo que sin lugar a dudas evidencia la adecuación de la infracción al tipo disciplinario.

4.1.2. Antijuridicidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente Código” (Subrayado y negrilla de la Sala).

La antijuridicidad de la conducta del abogado Jaime Salazar Loaiza, se halló demostrada por lo denunciado en la queja, por la ratificación y ampliación juramentada de la misma, junto con la declaración rendida por el señor Ramón Tulio Hernández Giraldo, como acervo probatorio obrante en el expediente. Situación que inobservó los deberes consagrados en los numerales 5º y 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, norma que prescribe:

ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes de abogado: (…)

5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión.

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado.

(…)”.

Demostrada la relación cliente - abogado, de conformidad con lo manifestado por la quejosa, y la inobservancia al deber descrito en los numerales 5º y 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, considera esta Superioridad que el actuar del abogado Jaime Salazar Loaiza, es antijurídico: hacer uso de los conocimientos jurídicos especializados para engañar a terceros y a las propias autoridades judiciales, y no para colaborar con la justicia —que es el compromiso ético y moral adquirido por el abogado—, sin duda que afecta la lealtad que este debe a la administración de justicia en el ejercicio de la profesión.

4.1.3. Culpabilidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 5º de la Ley 1123 de 2007, “En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por faltas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva” (Subrayado y negrilla de la Sala).

Como se anotó, el disciplinable transgredió los deberes transcritos, en el encargo a él encomendado. Obran pruebas claras que indican cómo en efecto el profesional actuó de manera fraudulenta, dolosa, sin emerger causal exonerativa para evitar el juicio de reproche por incurrir en la falta enmarcada en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007. Actuó no solo en detrimento de la contraparte en el proceso, sino de los mismos intereses de su representado, quien se vio asaltado en su buena fe, al hacerlo firmar un documento espúreo, con el fin de engañarlo a él y a la administración de justicia.

Resalta la Sala cómo el propio cómplice del actuar reprochable, señor Orrego Pérez así lo admitió.

Al encontrarse probada la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta del abogado Jaime Salazar Loaiza, considera esta Corporación, que se deberá confirmar la responsabilidad disciplinaria frente a la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

4.2. De la falta contra la dignidad de la profesión. Artículo 30 numeral 4º Ley 1123 de 2007.

“Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

4.2.1. Tipicidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, “El abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen” (Subrayado y negrilla de la Sala).

La norma reprocha el actuar del jurista que busca sacar ilegal ventaja o beneficio ilegítimo respecto de algún asunto. Requiere la verificación del elemento cognoscitivo y volitivo para establecer que en efecto un profesional del derecho, quien presenta una posición de privilegio por sus conocimientos de la ciencia jurídica, ha incurrido en esos tipos disciplinarios, es decir que su proceder sea doloso.

El Magistrado de primer grado, calificó la conducta del abogado Jaime Salazar Loaiza, como de mala fe, dada la maniobra engañosa en la que participó con el fin de sacar ventaja ilegal, al aconsejar la elaboración e introducción de un título valor que no contaba con ningún sustento legal ni contractual, simplemente con la finalidad de sacar un provecho ilegítimo de su mandante y de la contraparte en el proceso.

4.2.2. Antijuridicidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente Código” (Subrayado y negrilla de la Sala).

La conducta del abogado Jaime Salazar Loaiza, sin ninguna duda, dolosamente dirigida a la consecución de un fin ilícito, quebrantó el principio de la buena fe y constituyó un actuar desleal en contra de la contraparte en un proceso judicial, contraria al deber consagrado en el numeral 16 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, norma que prescribe:

ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes de abogado:

(…)

16. Abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley.

(…)”

4.2.3. Culpabilidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 5º de la Ley 1123 de 2007, “En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por faltas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva” (Subrayado y negrilla de la Sala).

Quedó probado el actuar doloso del abogado, por el aprovechamiento de su posición como profesional del derecho, para valerse de actos engañosos.

Individualización de la Sanción. Acoge la Sala el criterio del Ministerio Público, en el sentido que la sanción impuesta resulta ajustada a derecho, porque las faltas imputadas se encuentran suficientemente soportadas y revisten gravedad, y conforme a los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, se tuvo en cuenta además su modalidad dolosa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través del cual sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Salazar Loaiza, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas establecidas en el numeral 4º del artículo 30 y el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por la Sala, advirtiendo que contra esta providencia no procede recurso alguno.

4. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

28 Constitución Política – ART. 3º—La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

29 Constitución Política – ART. 228.—La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
Constitución Política – ART. 116.—La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar…

30 M.P. José Alveiro Cañaveral Bedoya, sala con el magistrado Manuel Fernando Mejía Ramírez.

31 Cdno anexo Nº 1