Sentencia 2012-02296 de junio 7 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201202296-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Registro de Proyecto. Siete de junio de dos mil dieciséis

Aprobado según Acta Nº (sic) Sala 52 de la misma fecha

Bogotá, D. C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala tiene competencia para conocer la apelación presentada contra las decisiones emitidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º de la Carta Política(5) y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996(6), en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(7).

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(8) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto la esencia la Ley 1123 de 2007 radica fundamentalmente en un precepto de orden constitucional, el cual en el art. 26 consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”, también lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Como primera medida, debe tenerse en claro que el derecho fundamental al debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y comprende numerosos elementos que han sido desarrollados de manera extensa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de los cuales, para el caso que nos ocupa, es de particular relevancia la disposición encaminada a prescribir que “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable (…)”.

La presunción de inocencia expresa la garantía constitucional consistente en que aquel a quien se le acusa de haber cometido una falta disciplinaria deberá ser tenido por inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas las garantías, al final del cual se le haya declarado judicialmente culpable mediante sentencia debidamente ejecutoriada.

Dicho principio también se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Ley 1123 de 2007, y es el desarrollo de uno de los más importantes conceptos de justicia social, al erradicar de forma absoluta el prejuzgamiento y la predisposición del operador disciplinario con relación a las conductas desplegadas por los profesionales del derecho y puestas en conocimiento de esta jurisdicción disciplinaria bien sea por denuncia de cualquier persona u oficiosamente por cualquier empleado del Estado.

Caso concreto: se circunscribe a estudiar la conducta de la abogada Mónica Soledad Murcia Páez, para determinar si se confirma o no la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta los argumentos de inconformidad presentados en el recurso de apelación.

En el presente asunto se investigó a la abogada inculpada por la incursión en la falta establecida en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que asesoró y representó intereses contrapuestos al prestar sus servicios profesionales de forma sucesiva desde el 2009 y hasta el 2012, en la referida Superintendencia estando a cargo de la evacuación de recursos de apelaciones interpuestos por los usuarios de telefonía celular frente a las respuestas dadas por las prestadoras del servicio, al tiempo que defendía desde el 2008 y hasta el 2011, los intereses de Telefónica S.A., en materia de publicidad engañosa, empresa vigilada por la primera.

A fin de dimensionar lo anterior, en el expediente obran los contratos suscritos entre la firma HR Abogados y Telefónica S.A., así como los suscritos entre la doctora Murcia Páez y la Superintendencia de Industria y Comercio. Como es evidente en efecto, la Sala procederá a identificar cada una de las situaciones a fin de establecer con un mayor rigor, la configuración o no de falta disciplinaria.

En este orden de ideas, a folio 1 del anexo 11, se tiene el contrato C-0131-08 suscrito el 22 de enero de 2008 entre la firma HR Abogados Corporativos S.A., y Telefónica Móviles Colombia S.A., cuyo objeto se estableció de la siguiente manera:

“el abogado se obliga con Telefónica Móviles a suministrar los servicios profesionales para asesorar y apoderar a Telefónica Móviles en las actuaciones administrativas por presunta publicidad engañosa iniciadas por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC bajo los números de radicación 20087-041657 (Resolución 38371), 2007-41655 (Resolución 38370), 2007-025484 (Resolución 38457) y 2007-119271 (investigación Jurisdiccional en curso) y 2007-137336 (investigación administrativa en curso), Por su parte, Telefónica Móviles se obliga a pagar al abogado el precio de los servicios en las condiciones que se establecen en la cláusula 3ª del presente contrato”.

Sobre este acuerdo de voluntades se suscribieron en ocho adiciones(9), que produjeron las prórrogas sucesivas del contrato inicial que versaron sobre lo siguiente:

Fecha del otrosíObjeto
126 de febrero de 2008 El abogado brindará una charla de publicidad en las instalaciones de Telefónica Móviles con una duración aproximada de dos horas. Como contraprestación, telefónica móviles pagará la suma descrita en la cláusula segunda del presente otrosí
223 de mayo de 2008El abogado se obliga con Telefónica Móviles a Suministrar los servicios profesionales para asesorar y representar a Telefónica Móviles en la atención de las siguientes actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (I) investigación administrativa por presunta información engañosa abierta por la Sic a solicitud de Comcel y su repercusión administrativa en materia de competencia (II) presentación de la denuncia en contra de la publicidad de Comcel relativa a LDI— marca 00444 publicada en el diario El Tiempo del 16 de marzo de 2008 ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
310 de octubre de 2008El abogado se obliga con Telefónica Móviles a Suministrar los servicios profesionales para asesorar y representar a Telefónica Móviles en la atención de las siguientes actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (I) investigación administrativa Nª de radicación 08-049883 relacionada con presunta publicidad engañosa en la emisión de un comercial de televisión de la campaña “compara” relacionada con el servicio de “ preferidos Libres” (II) Investigación Administrativa con Nº de radicación 08049880 relacionada con presunta publicidad engañosa en la emisión de un comercial de televisión y un aviso en portafolio de la campaña “compara” relacionada con el servicio de “tarifa única Nacional” de 99 $ después del primer minuto.
421 enero de 2009El abogado se obliga con Telefónica Móviles a Suministrar los servicios profesionales para asesorar y representar a Telefónica Móviles en la atención de las siguientes actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): (I) investigación administrativa con Nº de radicación 08-112149 relacionada con presunta publicidad engañosa en la pieza denominada “léeme regreso al colegio”

521 de mayo de 2009El abogado se obliga con Telefónica Móviles a Suministrar los servicios profesionales para asesorar y representar a Telefónica Móviles en la atención de las siguientes actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (I) investigación administrativa presentada contra Comcel S.A. por concurso con LG (II) investigación administrativa con Nº de radicación 08-133000 relacionada con presunta publicidad engañosa frente al denominado “plan espectacular”.
66 de julio de2009El abogado se obliga con Telefónica Móviles a Suministrar los servicios profesionales para asesorar y representar a Telefónica Móviles en la atención de las siguientes actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (I) investigación administrativa con Nº de radicación 9-333329-0 relacionada con presunta publicidad engañosa frente al inserto de la revista semana denominado “mapa de Cobertura” denunciado por Comcel.
727 de diciembre de 2011El abogado se obliga con Telefónica Móviles a Suministrar los servicios profesionales para asesorar y representar a Telefónica Móviles en la atención de las siguientes actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (I) investigación administrativa presentada por Comcel S.A. con Nº de radicación 1199736 por el mensaje publicitario de “descuento Nokia C-3” y (II) investigación administrativa con Nº de radicación 11111373 relacionada con presunta publicidad engañosa frente a la promoción del Iphone 3G Black 8GB.
87 de marzo de 2012El abogado se obliga con Telefónica Móviles a Suministrar los servicios profesionales para asesorar y representar a Telefónica Móviles en el proceso verbal sumario que protección al consumidor jurisdiccional se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como consecuencia de la demanda instaura por Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.

Cabe resaltar que en cumplimiento de lo pactado, la abogada Mónica Soledad Murcia Páez, presentó el 2 de diciembre de 2012, en nombre de Telefónica Móviles Colombia S.A., sendos recursos de reposición y en subsidio apelación, contra las resoluciones 59121 y 59133, ambas del 28 de octubre de 2011, en las que se sancionó pecuniariamente a la empresa antes mencionada con el pago de una multa de ($ 107.120.000) y (42.848.000) respectivamente. Todas relacionadas con temas de publicidad engañosa.

El recurso de apelación impetrado contra la Resolución 59121 fue resuelto mediante el acto administrativo 11878 del 20 de marzo de 2013, confirmando íntegramente la sanción impuesta. Por el contrario, frente a la reposición presentada contra la Resolución 59133, se decidió en acto administrativo 80924 del 27 de diciembre de 2012, revocar la decisión tomada(10).

En paralelo se tiene la actuación de la misma profesional del derecho frente a los contratos de prestación de servicios (tercerización) que suscribió con la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de evacuar los procesos atrasados de dicha entidad desde el año 2009 y hasta el 2012.

Es útil entonces, referenciar de forma ordenada, los diferentes contratos suscritos de forma sucesiva por la abogada investigada con la entidad administrativa, de la siguiente manera:

Nº de contratoObjeto
65 de 2009La contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales como abogada estudiando y proyectando siete mil quinientas resoluciones que resuelven recursos de apelación interpuestos contra las decisiones administrativas adoptadas por la superintendencia Delegada para la protección del Consumidor.
140 de 2010Contratar la prestación de servicios profesionales para la elaboración de 2100 proyectos de decisión de recursos de apelación interpuestos por los usuarios contra respuestas de los proveedores de servicios de telecomunicaciones que se encuentren en curso en la Superintendencia, bajo la modalidad de Outsourcing.
186 de 2010Contratar la prestación de servicios profesionales para la elaboración de 900 proyectos de decisión de investigaciones administrativas adelantadas por la SIC por presuntas infracciones a la normas sobre protección al consumidor y/o recursos interpuestos contra dichos actos administrativos en trámites que se encuentren en curso en esta Superintendencia bajo la modalidad de Outsoursing o tercerización.
324 de 2011Prestar los servicios profesionales en el grupo de telecomunicaciones de la Delegatura para la protección del consumidor y metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Apoyar en la proyección y sustanciación de 3500 actos administrativos mediante los cuales se resuelven recursos de apelación contra actos de los operadores de servicios de telecomunicaciones que se encuentren pendientes de trámite en el grupo de telecomunicaciones.
378 de 2011Contratar la prestación de servicios profesionales para la elaboración de proyectos de decisión de recursos de apelación interpuestos por los usuarios contra respuestas de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y/o fallos de investigaciones administrativas y/o recursos de reposición y/o recursos de apelación interpuestos contra las decisiones proferidas por la Sic en materia de servicios de comunicaciones que se encuentren en curso en esta Superintendencia bajo la modalidad de Outsourcing.
18 de 2012Contratar la prestación de servicios profesionales para la elaboración de proyectos de decisión de recursos de apelación interpuestos por los usuarios contra respuestas de los proveedores de servicios de telecomunicaciones que se encuentren en curso en la Superintendencia, bajo la modalidad de Outsourcing y tercerización.
Apoyar en la proyección y sustanciación de 3500 actos administrativos mediante los cuales se resuelven recursos de apelación contra actos de los operadores de servicios de telecomunicaciones que se encuentren pendientes de trámite en el grupo de telecomunicaciones.

Sintetizados los hechos objeto de controversia, procede la Sala a estudiar los elementos estructurales de la falta disciplinaria endilgada.

Tipicidad: La primera instancia sancionó a la abogada investigada por la incursión en la falta establecida en el artículo 34 literal e) de la Ley 1123 de 2007:

“Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común; (…)”.

El tipo disciplinario antes descrito para su configuración exige que el disciplinable asesore patrocine o represente, al mismo tiempo (simultaneidad) o con posterioridad uno del otro (sucesivo) intereses contrapuestos.

Protege la norma la lealtad que debe existir entre el profesional del derecho y su cliente en razón a la defensa que el primero debe de hacer sobre los intereses jurídicos del segundo, pero al tiempo no afectar otros respecto de los cuales también tiene compromiso ético de gestión o resultado según el vínculo laboral o ligamen profesional adquirido, en suma, es una defensa a los clientes frente a la multiplicidad de compromisos que pueden adquirir quienes están habilitados para ejercer la profesión, al tiempo que se pretende preservar una imagen de recto ejercicio, donde el conocimiento que se tenga de algunos casos, conserve esa limitante de reserva y no se use en detrimento de incautos nuevos poderdantes llámense personas naturales o jurídicas.

De esa inspiración legal estuvo a bien dejar a salvo el consentimiento mutuo que pueda lograrse entre partes porque las gestiones puedan o redunden en un beneficio común, caso en el cual, pese a la simultaneidad o sucesiva representación queda a salvo la conducta desde el punto de vista ético profesional por la existencia de una conveniencia que la avala, por lo tanto se convierte en tema vedado para el juez disciplinario.

Mientras no se demuestre el mutuo consentimiento de los contratantes la prohibición de manejar ambos intereses conserva su vigencia y legalidad, sumado a ello, se tiene que la convención o mutuo acuerdo entre mandantes debe reflejar, caso no manifiesto en autos, un provecho común, lo cual implica beneficios cuantificables o verificables por quienes asintieron, pero tal complemento normativo del tipo es difícil corroborarlo cuando uno de los contratantes es el Estado a través de alguna de sus instituciones, que por representar el bien público y el interés general, difícilmente puede asentir el ejercicio de interés contrapuesto, excepto casos especiales, permitidos por la legalidad misma.

Descendiendo al caso en concreto, avizora esta Superioridad que la abogada Murcia Páez, incurrió en la falta descrita en el artículo 34 literal e) de la Ley 1123 de 2007.

En efecto, nótese que del recuento fáctico realizado en párrafos anteriores, se evidencia claramente que la disciplinable miembro de la firma HR abogados, representó y asesoró desde el 22 de enero de 2008 y hasta el 7 de marzo de 2012, a esta empresa ante la Superintendencia de Industria y Comercio por los procesos que le adelantaba en razón a su servicio de telefonía celular, al tiempo que paralelamente desde el 2009 trabajaba en la entidad resolviendo recursos de apelación entre ellos los que se formulaban en contra de telefónica.

Siendo esto así, se resalta por parte de esta Colegiatura que la abogada configuró el tipo disciplinario consagrado en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, pues la letrada representó, de manera simultánea, los intereses de Telefónica Móviles Colombia S.A. y la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales tenían intereses contrapuestos en relación con las actividades de cada una de ellas.

En relación con lo alegado por el apelante, quien adujo la atipicidad de la conducta al no existir contraposición de intereses entre la empresa representada y la Superintendencia de Industria y Comercio, es preciso señalar que si bien es cierto el objeto de uno y otro contrato no era el mismo, la representación simultanea de intereses contrapuestos no se circunscribe a esta situación, en tanto que la constatación de la realidad demostró cómo la togada a partir del 2009 (momento en el que suscribió contrato con la Telefónica) ejercía actividades en provecho tanto de la entidad como de la empresa.

Por si lo anterior no fuera suficiente, nótese que la propia disciplinable en su versión libre efectuada 26 de agosto de 2013, manifestó haber proyectado recursos de apelación impetrados contra Telefónica, sin embargo, adujo que la mayoría habían sido resueltos de forma adversa a la empresa, circunstancia que demuestra la falencia de acudir al objeto de cada contrato, pues lo cierto es que realmente la abogada desempeñó actividades para una y otra de forma simultánea y contrapuesta. Indiscutiblemente, como ya se explicó en precedencia, el interés contrapuesto se evidencia cuando concomitantemente representaba a la empresa de telefonía celular y ejecutaba el contrato para la Superintendencia antes anotada que adicionalmente vigilaba a la primera y conoció de asuntos de la entidad pública contra telefónica, con quien tenía vínculo en forma directa.

Ahora bien, tampoco resulta atendible el argumento según el cual la togada actuó mediante un error invencible sobre la tipicidad de su conducta, pues el hecho de haber consultado si su actuación constituyó o no falta disciplinaria no es eximente de responsabilidad, sobre todo ante la propia entidad que no tenía certeza sobre el actuar de la abogada, al punto que fue la Secretaría General quien solicitó investigar a la disciplinada.

Precisamente es extraño que ante vinculación que le hace la Superintendencia omita en la información requerida el ligamen profesional vigente que tenía con Telefónica, independientemente que no supiera que casos concretos le serían asignados, era suficiente con saber que tramitaría o proyectaría recursos de las empresas de telefonía celular, entre las que figuraba telefónica, con la cual estaba unida profesionalmente mediante contrato para asesoría ante la Superintendencia, por ende, sobra cualquier otra razón para demostrar el conocimiento que tenía de su situación profesional, con ello se descarta cualquier error que a lo sumo, era vencible si su intención fuera actuar conforme a las reglas éticas que rige su comportamiento.

Así pues desatendidos los argumentos expuestos por el apelante respecto de la tipicidad de la conducta, queda claro que la abogada incurrió en la falta descrita en el literal e) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que representó simultáneamente intereses contrapuestos entre telefónica y la Superintendencia de Sociedades.

Antijuridicidad: en materia disciplinaria el juicio de antijuridicidad hace relación a la infracción de deberes(11) de tal manera que el incumplimiento de éstos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; por tanto, no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del estatuto ético del abogado, el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

En este caso la togada contrarió el deber de ser leal con el cliente que se encuentra consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el literal E) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

Así las cosas, el defensor de la disciplinada adujo respecto a este tópico lo siguiente: (I) su cliente actuó al amparo de una causal eximente de responsabilidad disciplinaria, consagrada en el artículo 32 numeral 2º del Código Penal, sosteniendo que tanto la Superintendencia como la oficina de abogados conocían del asesoramiento y actividad que realizaba la abogada para ambas partes (II) no existe ilicitud sustancial pues no se vulneró el deber de lealtad, pues su actividad en la Superintendencia era meramente operativa.

Frente a lo anterior, la Sala evidencia que las manifestaciones verbales respecto de incompatibilidades o inhabilidades de la abogada investigada para suscribir el contrato tal y como lo referenció la primera instancia, no pueden constituir eximente de responsabilidad, en tanto que se refrieren al tema propio de la contratación estatal, situación que difiere de lo estudiado en esta Jurisdicción, pues es claro que lo pretendido es proteger el deber de lealtad vulnerado en este caso.

De la misma forma, no le asiste razón al apelante en manifestar que la abogada no vulneró el deber de lealtad, pues es claro que la afectación al mismo no se supedita al ejercicio o no de su privilegio, o a la proyección en masa de decisiones, pues lo cierto es que la representación de intereses contrapuestos no exige de un resultado lesivo. Aceptar tal postura es contrariar sin argumentos la dogmática disciplinaria que ha desarrollado y evolucionado este derecho sancionador, sobre la base de afectación a deberes profesionales en este caso, cuya materialidad depende de la conducta misma, suficiente con establecer, como en autos, el interés contrapuesto, independientemente que telefónica se haya o no beneficiado con la doble función de la abogada Murcia Páez.

En este sentido, la afectación del deber de la abogada con la conducta evidenciada en el presente asunto, no exige un resultado en concreto, por ende no puede confundirse la realización de una conducta típica sin justificación, con la establecida en el derecho penal, pues este último se identifica con normas objetivas de valoración, mientras que el deber en derecho disciplinario se identifica con normas subjetivas de determinación, de allí que la producción de un resultado no es exigible para configurar el comportamiento antijurídico de los profesionales del derecho.

En consecuencia el comportamiento desplegado por la abogada Mónica Soledad Murcia Páez, contrarió de forma grave el deber en cita, configurándose el elemento antijurídico de la falta imputada, incumpliendo con su deber de obrar con lealtad en las relaciones jurídicas que desempeñe en el ejercicio de su profesión, sin atender justificación alguna como se explicó con anterioridad.

Culpabilidad: en el presente caso, la modalidad de la conducta deviene en dolosa, pues está claro que la profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas, era consciente (elemento cognoscitivo) de su actuar ilícito, pues ejerció como representante de Telefónica ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y luego suscribió el contrato con esta última para evacuar procesos originados en recursos de apelación impetrados contra las empresas de telefonía celular entre las que se encontraba Telefónica (elemento volitivo).

Sanción: Sobre el punto de la consecuencia jurídica estimada por el a quo, esta Colegiatura considera que en aplicación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad la exclusión del ejercicio de la profesión impuesta, si se ajusta al comportamiento realizado por la disciplinable conforme a lo siguiente:

En el campo disciplinario el artículo 13 del Código Disciplinario Único adopta como formas de culpabilidad el dolo y la culpa, siendo la conducta dolosa cuando el sujeto disciplinable dirige su comportamiento de manera inequívoca a la realización del resultado típico y contra derecho (antijurídico).

Las anteriores consideraciones, permiten concluir que respecto de la conducta atribuida a la disciplinada se encuentran demostrado el elemento subjetivo del tipo, así mismo, el comportamiento radicado en cabeza de ésta resulta predicable a título de dolo por no ser posible concebir que su deber de lealtad con Telefónica y a la vez un deber de lealtad con la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto no puede serse leal a personas frente a las cuales se tienen deberes de lealtad que entran en controversia, por cuanto a la a Telefónica le interesa ser favorecida en una decisión, a la Superintendencia debe interesarle resolver un recurso de apelación con objetividad e imparcialidad.

El contexto mismo de los hechos evidencia que la disciplinada de manera pensada actuó para sí mismo, lo que necesariamente fue pensado de manera anticipada en cuanto como asesora de Telefónica, sin duda potencialmente podía inmiscuirse en las decisiones de la Superintendencia, aunque se tratara de un formato, y tomar una decisión de una manera parcializada frente a un usuario de Telefónica; por cuanto nadie ve con claridad que una persona sea asesora simultáneamente de ambas partes, es decir, quien presenta un recurso, y de quien proyecta la decisión, y en ese entendido se ha de sostener que actuó con conciencia de su antijuridicidad.

De otra parte, para la Sala es claro que, existen intereses contrapuestos entre usuarios, y empresas prestadoras del servicio de Telecomunicaciones representada por Telefónica y la entidad de proteger a los usuarios de los servicios de ésta, bien sea por aquellos actos que dan lugar a la protección del consumidor como es el caso de información engañosa, problemas en la prestación del servicio, inconvenientes con el precio, por medio de la Delegatura de Protección al Consumidor o por actos de engaño, de confusión, de violación de normas, por medio de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales.

Hace énfasis esta Sala que el comportamiento de la doctora Murcia Paéz desborda la afectación a la relación cliente abogado y sus deberes éticos inherentes, es decir el actuar de la profesional del derecho reviste de una gran trascendencia, pues representó intereses contrapuestos, concretándose un impacto negativo en la concepción que tienen las personas sobre los juristas.

Ahora bien, una vez tenida en cuenta las causales objetivas referidas, esto es, a la trascendencia social de la conducta de la togada, dada la implicación negativa para el ejercicio de la profesión, la modalidad de la conducta referida a las circunstancias en que se ha llevado a cabo la falta en cita, que tiene que ver con la confianza que los usuarios de las Superintendencia deben tener en que sus funcionarios actúan de manera imparcial y transparente, como obviamente debe ser, al momento de tomar decisiones, y sin esperar que la apoderada de uno de los operadores contra quienes se dirigen las referidas quejas esté laborando allí.

De igual forma, habrá de decirse que, la sanción impuesta por el a quo, es necesaria por cuanto cumple con prevenir que la conducta fraudulenta de la abogada se repita, así mismo influye como medio para disuadir a los demás profesionales del derecho en cometer las aludidas actuaciones.

De conformidad con lo antes dicho, obligado resulta en deber jurídico considerar integrado el trípode que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga en deber jurídico mantener el ángulo de responsabilidad en su contra y por consiguiente impartir confirmación a la decisión del a-quo como en efecto se hace.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en el cual sancionó con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión a la doctora Mónica Soledad Murcia Páez, por violación del deber contemplado en el artículo 28.8 de la Ley 1123 de 2007 con lo cual incurrió en la falta contemplada en el artículo 34 E de la misma ley, por razones expuestas en la parte motiva.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad a la disciplinada y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, debiendo ceñirse al trámite previsto en la ley para tal efecto.

4. DEVUÉLVASE al Seccional de origen.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

5 Art. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

6 Art. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: (…) 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

7 Art. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este Código.

8 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

9 Anexo 11

10 Anexo 10

11 Corte Constitucional C-948/02. La Corte precisó la naturaleza de la antijuridicidad propia del derecho disciplinario al señalar “el incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir que el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta”.