SENTENCIA 2012-02570 DE MARZO 23 DE 2017

 

Sentencia 2012-02570 de marzo 23 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201202570 01

Magistrado ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala 24 de la fecha.

Bogotá, D.C. veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la Constitucional Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”, norma desarrollada por el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura” (Negrilla fuera de texto), concordante con lo preceptuado en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, pues la alzada “procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia”.

Dable es señalar que tal facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable. En razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, el cual dispuso que “…Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial...”.

Transitoriedad que fue avalada mediante Auto 278 del día 9 de julio de 2015 proferido por la Honorable Corte Constitucional, proveído que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Asunto a tratar. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30 de noviembre de 2015, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio del cargo, convertida en el equivalente en salarios devengados para el año 2012 e inhabilidad especial por el mismo término, a la funcionaria Rosalín Orozco Becerra, en su calidad de Fiscal 369 Seccional adscrita a la Unidad Delegada para los Jueces Penales para Adolescentes de Bogotá, por haber inobservado el deber de “Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa”, establecido en el numerales 2 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, y por la comisión del tipo disciplinario de incumplir “los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”, prescrito en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conducta calificada como falta grave, realizada a título de dolo y la absolvió de los cargos imputados por la presunta violación al numeral 3 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 3 del artículo 142 de la Ley 906 de 2004, a fin de establecer si se confirma, modifica o revoca.

El recurso de apelación impetrado contra autos o sentencias, limita la órbita competencial en segunda instancia a desatar los puntos de inconformidad recurridos por el apelante. En relación a los temas no mencionados en el recurso, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no podrá pronunciarse. Se presume que aquellos tópicos que no son objeto de alzada no suscitan descontento por el sujeto que hace uso de este instrumento.

El artículo 115 de la Ley 734 de 2002, establece la procedencia del recurso de apelación únicamente contra la providencia que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia. Es entonces evidente que al ser éste un caso señalado en la Ley, es competente esta Colegiatura para revisar los cargos manifestados en el escrito de apelación, más aún cuando el recurrente cumplió con el término preceptuado en el artículo 11143 ibídem, luego la última notificación se surtió a través de edicto emplazatorio el 21 de enero de 2016 y la defensa recurrió el mismo día, mes y año.

Caso en concreto. La acción disciplinaria se circunscribió en que la investigada Rosalín Orozco Becerra, en su calidad de Fiscal 369 Seccional adscrita a la Unidad Delegada para los Jueces Penales para Adolescentes de Bogotá, no asistió a su lugar de trabajo los días 15, 16, 28, 29 y 30 de mayo de 2012 y tampoco justificó su incomparecencia, lo que sin lugar a dudas para la Sala a quo inobservó el deber de “Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa”.

La defensa solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, porque consideró justificado el abandono de la investigada al puesto de trabajo el día 15 de mayo de 2012, luego ejerció el deber moral y legal de denunciar hechos delictivos, que si bien encomendó su representación en un abogado de confianza, ella debía asistir personalmente para describir la corrupción de la institución para la cual laboraba.

Sobre la ausencia del 16 de mayo de 2012, argumentó la defensa que una vez presentada la renuncia, la investigada abandonó las instalaciones de la Fiscalía, porque era un riesgo y peligro para su integridad moral y física, permanecer en la misma. Razón por la cual, el Fiscal General de la Nación, la reubicó en la sede del nivel central en tanto se resolvía su renuncia, lo que se extendió para los días 28, 29 y 30 de mayo del mismo año.

Para desatar los puntos de inconformidad del apelante, esta Superioridad procederá a revisar si estuvieron justificadas las inasistencias para los días 15, 16, 28, 29 y 30 de mayo de 2012, para determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo recurrido.

1. Existió o no un abandono del cargo injustificado por la disciplinada, para el día 15 de mayo de 2012

El artículo 67 de la Ley 906 de 2004, establece como deber de toda persona denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y sean considerados como conductas punibles de conformidad con el Código Penal, y le impone la obligación al servidor público de iniciar de oficio aquellas conductas delictivas, si tiene competencia para ello, y en el caso contrario, deberá poder inmediatamente el hecho a juicio de la entidad autorizada por la Ley, para iniciar la acción penal correspondiente.

Advierte la Sala no ser de recibo la justificación dada por el recurrente, para considerar excusada la ausencia del día 15 de mayo de 2012, por cuanto de conformidad con el artículo señalado, era deber de la funcionaria Rosalín Orozco Becerra denunciar la presunta corrupción evidenciada en la Unidad para la cual laboraba. Acertado estuvo el Seccional de Bogotá, en no estimar el ejercicio de la acción penal como un eximente de responsabilidad, para el caso cuestionado.

La norma citada dispone que las denuncias, querellas o peticiones puestas en conocimiento de la autoridad competente, pueden hacerse de manera verbal, escrita o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor y la ocurrencia del hecho. Resalta esta Colegiatura, que si bien la sancionada otorgó poder al abogado Jaime Granados Peña, según lo manifestado por el recurrente la intención de la disciplinada era dar aviso de la situación delictiva personalmente, porque en palabras del apelante “El conferir un poder, no le da al apoderado la facultad de conocer y entender la situación a denunciar si esta no es puesta de presente por parte de su representado”. Resalta esta Colegiatura que el mandato otorgado al profesional del derecho, facultaba al mismo para presentar la denuncia tal como se constató a folio 22 del cuaderno de anexo No. 4, quien cumplió a cabalidad la gestión confiada, como se constató a folios 32 a 53 ibídem.

Pretendió el recurrente justificar la inasistencia de la disciplinada a toda la jornada laboral, en la necesidad de avisar de manera directa el hecho delictivo, lo que podía hacer sin intervención de un abogado y sin necesidad de ausentarse de su lugar de trabajo, a través de un escrito o medio técnico, en el cual se diera a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la presunta corrupción, como bien lo sabía la investigada, por cuanto el ejercicio de la acción penal hacía parte de su conocimiento profesional y laboral. No es entonces admisible, que con la finalidad de cumplir con un deber legal, como lo es, poner en conocimiento de la autoridad competente toda situación que comporte un actuar tipificado en el Código Penal, se abandone el puesto de trabajo.

No entiende esta Sala, porqué el primer abogado de confianza, no mencionó en los descargos que su prohijada había presentado personalmente la denuncia penal, motivo por el cual no asistió a cumplir con el cargo el día cuestionado y sí lo hace ahora la defensa en el recurso de apelación. En la oportunidad procesal únicamente se indicó: “El día 15 de mayo de 2012, mi representada confirió poder a doctor Jaime Granados Peña, para presentar denuncia penal por las numerosas irregularidades advertidas en la Unidad Delegada ante los Jueces Penales para Adolescentes, cumpliendo con ello, con el deber legal de poner en conocimiento de las autoridades competentes que vulnere el ordenamiento penal colombiano”.

No encuentra esta Colegiatura, razón para controvertir la decisión de primera instancia, porque como se denotó no puede excusarse a la disciplinada por haber dejado de asistir a su puesto de trabajo, aduciendo el cumplimiento de un deber legal, como lo era denunciar la presunta corrupción de la Unidad para la cual trabajaba, y menos que para realizar tal acción utilizara toda la jornada laboral, cuando pudo radicar su noticia criminal a través de un escrito o medio técnico, en el cual se percibieran las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin necesidad de trasladarse de su oficina, abandonando el despacho judicial a su cargo con las implicaciones que ello derivaba, aunado a la falta de prueba que ratifique el dicho del apelante, puesto que se evidenció la presentación de la denuncia, pero a través de apoderado.

2. Existió o no un abandono del cargo injustificado por la disciplinada, para el día 16 de mayo de 2012

Manifestó el recurrente que la investigada presentó la renuncia el 16 de mayo de 2012, y que por seguridad abandonó el cargo. No observa la Sala prueba que ratifique el riesgo o peligro de la integridad moral y física de la disciplinada; como bien lo resaltó el apelante, es deber del operador judicial desvirtuar la presunción de inocencia.

Tal como lo preceptúa el artículo 128 de la Ley 734 de 2002, la carga de la prueba le corresponde al Estado, quien deberá fundar las decisiones interlocutorias y sentencias en las pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, a petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. Si el apelante pretende en esta sede de revisión alegar hechos que no fueron puestos en conocimiento en primera instancia, no puede culparse a la administración de justicia la falta de corroboración de la situación fáctica.

Alegó la defensa en los descargos presentados el 27 de marzo de 2012, que “Mediante escrito elevado el 11 de mayo de 2012 y radicado el 16 del mimo mes y año, la abogada Rosalín Orozco Becerra, presentó la renuncia irrevocable al cargo de Fiscal Seccional Delegada ante los Jueces Penales para Adolescentes. La razón principal de su renuncia fueron los reiterados actos de corrupción que evidenció al interior de la Unidad y que denunció oportunamente. Dicha circunstancia le generó un clima hostil con los funcionarios y empleados denunciados, entre ellos, el Coordinador de la Unidad”, así mismo indicó, “Los días 16 y 30 de mayo de 2012, la abogada Rosalín Orozco Becerra, en su condición de docente, se encontraba dictando su cátedra de Responsabilidad Penal para Adolescentes, igual que todos los miércoles en horas de la mañana, en la facultad de derecho de la Universidad Católica de Colombia”

A folios 259, 260 y 261 del expediente, reposa la respuesta de la Universidad Católica de Colombia, en la que se indicó que la señora Rosalín Orozco Becerra, laboró como docente desde el 8 de febrero al 10 de junio de 2012 y del 30 de julio al 16 de septiembre de 2012, en la jornada diurna los días miércoles de 11:00 am a 2:00 pm, y los sábados de 10:00 am a 1:00 pm.

No considera la Sala, que se deba revocar la decisión de primera instancia, relacionada con la responsabilidad de la disciplinada por la inasistencia del 16 de mayo de 2012, porque el abandono al cargo se debió en principio a que la investigada estuvo en la Universidad Católica de Colombia, desde las 11: 00 am a las 2:00 pm, dictando la cátedra de responsabilidad penal y no como lo manifestó el apelante. Luego no puede esta Colegiatura, recriminarle al a quo, la no recepción de pruebas encaminadas a confirmar o desvirtuar el presunto riesgo o peligro de la integridad física de la encartada, cuando se cuestionó sólo en el recurso de apelación.

3. Existió o no un abandono del cargo injustificado por la disciplinada, para los días 28, 29 y 30 de mayo de 2012

El apelante manifestó que la ausencia de los días 28, 29 y 30 de mayo de 2012, se debió a que la investigada estuvo en el “bunker” de la Fiscalía, hasta que se resolvió la renuncia irrevocable del cargo, por orden del Fiscal General de la Nación.

Resalta esta Corporación que el primer abogado de confianza, manifestó en los descargos respectó de las inasistencias de los días 28, 29 y 30 que:

28 y 29 de mayo de 2012:

Debido a las denuncias presentada por la entonces Fiscal 369 Seccional Rosalín Orozco Becerra, el Fiscal General de la Nación, (…), decidió reubicarla en la Unidad Especializada de Derechos Humanos, en el nivel central, aduciendo razones de seguridad. Lugar en el cual permaneció hasta que fue aceptada su renuncia irrevocable del cargo

16 y 30 de mayo de 2012:

Los días 16 y 30 de mayo de 2012, la abogada Rosalín Orozco Becerra, en su condición de docente, se encontraba dictando su cátedra de Responsabilidad Penal para Adolescentes, igual que todos los miércoles en horas de la mañana, en la facultad de derecho de la Universidad Católica de Colombia” (Negrilla del escrito y subrayado de la Sala)

Evidencia esta Colegiatura una abierta contradicción entre la defensa presentada por la investigada en los descargos y en la apelación, porque no coincide con el lugar donde se encontraba la disciplinada. Sin embargo, la Universidad Católica de Colombia, informó que la sancionada dictaba la cátedra de responsabilidad penal, los días miércoles de 11:00 am a 2:00 pm, lo que deja entrever una inasistencia en la mañana del 30 de mayo de 2012, evento no referido en el recurso, así como no obra en el infolio excusa autorizada, para dicha ausencia.

El magistrado de primer grado, enfatizó que “conforme se advierte de la constancia de prestación de servicios de la disciplinada, obrante a folios 50 hasta 52 del plenario y de la información que entregaran la dirección seccional administrativa y financiera de esta ciudad,…, al señalarse en el oficio 008664 de julio 5 de 2012 suscrito por la directora de fiscalías seccional administrativa y financiera de esta ciudad y dirigido al aquí informante, ‘…, mediante Resolución 2-1729 de mayo 30 de 2012 se concedió comisión de servicios a la doctora Rosalín Orozco Becerra en la Unidad Nacional de Derechos Internacional Humanitario, la cual…,fue notificada de manera personal a la doctora Rosalín el día 30 de mayo a las 3:58 pm’, lo cual romper con los argumentos expuestos por el abogado defensor respecto de un traslado de unidad para los días 28 y 29 de mayo de 2012”.

Si bien la carga de la prueba recae sobre el Estado, a través del juez natural que en el ejercicio de la acción disciplinaria le concierne a esta jurisdicción, a lo largo de la investigación se evidenció que el traslado a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ocurrió el 30 de mayo de 2012 y no en los días 28 y 29 del mimo año, como refirió el recurrente, quedando sin soporte probatorio la inasistencia de estas calendas.

Como se destacó anteriormente no se le puede exigir a la administración de justicia la búsqueda de hechos no cuestionados, aceptados o a los que se guardó silencio en la oportunidad procesal para debatir, luego los elementos de juicio obrantes en el infolio controvirtieron el dicho de la defensa, deben los sujetos procesales interesados aportar o solicitar las pruebas que consideren conducentes, pertinentes y útiles, tal como lo preestablece el artículo 128 de la Ley 734 de 2002.

No tienen vocación de prosperidad los argumentos esgrimidos por la defensa, por cuanto no es posible exonerar a la disciplinada, por las ausencias de los días 15,16 28, 29 y 30 de mayo de 2012, porque el cumplimiento del deber de denunciar fue ejercido por escrito a través de su representante judicial y no por ella, como se evidenció en el plenario; tampoco es aceptable que se haya retirado de su puesto de trabajo por peligro a su integridad moral y física, luego este hecho no fue alegado en primera instancia y menos es concebible que se justifique la inasistencia, por haber estado en el “bunker”, cuando no se probó tal situación.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de 30 de noviembre de 2015, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio del cargo, convertida en el equivalente en salarios devengados para el año 2012 e inhabilidad especial por el mismo término, a la funcionaria Rosalín Orozco Becerra, en su calidad de Fiscal 369 Seccional adscrita a la Unidad Delegada para los Jueces Penales para Adolescentes de Bogotá, por haber inobservado el deber establecido en el numeral 2 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, y por la comisión del tipo prescrito en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conducta calificada como falta grave, realizada a título de dolo y la absolvió de los cargos imputados por la presunta violación al numeral 3 del artículo 1542… de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 3 del artículo 142 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

2. Regístrese, la sanción en la División de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, como lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.

3. Devuélvase el expediente al Seccional de origen, para que comunique al quejoso y notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos establecidos en la Ley 734 de 2002, y advierta que contra la misma no procede recurso alguno.

Cuarto. Por Secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase».

43 ART. 111.—Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación.