Sentencia 2012-02576 de diciembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2012-02576-00

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil trece.

(Aprobado en sesión de 13 de noviembre de 2013)

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. De acuerdo con el precepto 230 constitucional, los jueces, dentro del territorio colombiano, están sometidos al imperio de la ley, de donde puede colegirse, en principio, que las únicas decisiones que tienen la virtud de producir efectos son aquellas que encuentran fundamento en el ordenamiento sustancial y procesal patrio, no así las dictadas con sustento en otras legislaciones, pues carecen del vigor necesario para ser ejecutadas. Este entendimiento responde al concepto clásico de la soberanía, que al igual que en muchos otros escenarios, también tiene incidencia en lo que concierne a nuestro sistema jurídico.

A pesar de lo anterior, como el mundo globalizado de hoy no resiste que las fronteras de los países se cierren de forma tal que las determinaciones judiciales tomadas en un Estado carezcan de cualquier valor en otro, se ha previsto la viabilidad de su convalidación, pues la justicia tiende a ser transnacional habida cuenta los intereses comunes que convergen cuando se asigna, reconoce o declara un derecho.

Y las razones descansan en el beneficio que para los ciudadanos reporta el que una situación de iure acontecida en un país, sea homologada en otro, pues ello es manifestación evidente de que su régimen jurídico no es únicamente local, sino que trasciende ese marco espacial, al punto de integrarse en la lógica de otro Estado, cual si la disposición hubiese sido tomada allí.

De esta realidad no es ajena nuestra legislación procesal civil, ya que bajo el estricto cumplimiento de ciertas pautas es posible que una sentencia dictada en otra nación adquiera firmeza en esta, y por contera, se avalen sus efectos.

Así lo evidencia el artículo 693, según el cual, “[l]as sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

En esta previsión legal se hallan inmersos dos conceptos en torno de los cuales gira el reconocimiento de las decisiones judiciales foráneas: La reciprocidad diplomática y la legislativa y frente a ellas, la Sala ha expuesto que para determinar la citada correspondencia “(...) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (...)” (sent., feb. 24/2011, Exp. 2008-00595-00, y dic. 1º/2010, Exp. 2006-01082, reiterados en fallo de jun. 6/2013, entre otros).

Asimismo, como regla general, es necesario que junto con alguno de estos dos criterios, se cumplan los requerimientos que impone el artículo 694 ejusdem y que atañen a la verificación de ciertas formalidades y otras circunstancias que deben rodear a la sentencia extranjera para que pueda surtir de manera plena los efectos que le son propios.

2. Preliminarmente se impone precisar que en este asunto no se evidencia la “reciprocidad diplomática”, puesto que a pesar de la existencia de la “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, suscrita en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979 de la que son parte Colombia y México, este último Estado hizo “expresa reserva de limitar su aplicación a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados partes”.

Si de conformidad con lo previsto en el literal d), numeral 1º del artículo 2º de la Convención de Viena de 1969 y 1986 “se entiende por ‘reserva’ una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”, entonces los fallos relacionados con el estado civil de las personas, como los de divorcio, en virtud de la “reserva” efectuada por México, no quedaron cobijadas por la aludida “Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, lo que en el presente asunto permite sostener la inexistencia de reciprocidad diplomática.

Lo precedentemente expuesto conduce a recoger el criterio plasmado en fallo de 13 de julio de 1995, Expediente 4868, en el que se estimó operante la citada “convención” para asuntos de “divorcio”, otorgando el exequátur a un fallo mexicano, pues el contenido de aquella decisión lleva a inferir que no se advirtió la presencia de la señalada “reserva”.

3. No obstante lo anterior, con los textos legales correspondientes a los códigos, tanto civil, como de “procedimientos civiles” del Estado de Tamaulipas debidamente incorporados en los folios 107 a 231, se constata la “reciprocidad legislativa”, como se desprende de los preceptos 718 a 725 de este último estatuto, que conforman el capítulo relativo a la “declaración de validez y ejecución de sentencias extranjeras”, disposiciones que ratifican el reconocimiento jurídico que en el mencionado territorio mexicano se le otorga a los fallos extranjeros.

En efecto, en lo pertinente, los aludidos preceptos rezan:

“ART. 718.—El que quiera hacer valer una sentencia extranjera, deberá pedir previamente que se declare su validez ante juez competente. La declaratoria de validez puede también pedirse por conducto diplomático cuando lo permitan los tratados o el principio de reciprocidad”.

“ART. 721.—Al solicitarse la declaración de validez de una sentencia extranjera, deberán presentarse los siguientes documentos:

I. Copia íntegra de la sentencia de que se trate, y de las constancias que acrediten el emplazamiento;

II. Constancia del tribunal que la dictó, de la que aparezca que no está sujeta a impugnación; y,

III. Constancia de que la sentencia no se ha ejecutado judicialmente ni cumplido voluntariamente en el extranjero.

Los documentos de que se trata, deberán venir debidamente legalizados, y si se encuentran redactados en idioma extranjero se acompañarán de traducción que será cotejada por el perito que designe el juez.

También podrá acompañarse una traducción oficial hecha por peritos de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

“ART. 723.—Solo tendrán fuerza en el Estado las sentencias extranjeras que reúnan las siguientes circunstancias:

I. Que se cumpla con las formalidades prescritas por el Código Federal de Procedimientos Civiles;

II. Que hayan sido dictadas a consecuencia del ejercicio de una acción personal;

III. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en el Estado;

IV. Que haya sido emplazado personalmente el demandado para ocurrir al juicio;

V. Que sean ejecutorias conforme a las leyes de la nación en que se hayan dictado; y,

VI. Que llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como auténticas”.

“ART. 724.—Una vez declarada la validez de la sentencia dictada por tribunales del extranjero, por resolución firme, puede llevarse a efecto su ejecución”.

4. Ahora bien, en lo que atañe a los requisitos consagrados en el precepto 694 de nuestra codificación procesal civil, la Sala no encuentra ningún reparo por las siguientes razones:

a. El fallo cuya homologación se pretende y que se allegó debidamente apostillada(1), no versa sobre derechos reales, sino que corresponde a los de carácter personal, pues en él se reconoció la cesación del vínculo matrimonial existente.

b. La respectiva providencia foránea no se opone a leyes o disposiciones colombianas de orden público, toda vez que el “muto consentimiento” invocado como causal de disolución y sobre la que se sustentó la referida decisión, que se encuentra consagrada en el precepto 253 del “Código Civil para el Estado de Tamaulipas”, es similar a la que para tal efecto prevé el numeral 9º del canon 154 de nuestra “codificación civil”, que permite la ruptura de la relación conyugal por el “[e]l consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia”.

Sobre el particular, esta Sala ha señalado que “tal determinación no se opone ni en lo formal ni en lo sustancial a las disposiciones colombianas de orden público, si se tiene en cuenta que también en Colombia es procedente el divorcio por mutuo consenso como lo establece el artículo 154 del Código Civil, numeral 9º modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modalidad concertada que inspiró la sentencia judicial en el país de origen” (fallos nov. 14/2008 y ago. 15/2007, Exp. 2007-01237 y 2006-00857, respectivamente).

c. De otra parte, dado que no se acreditó la existencia en Colombia de “otro proceso en curso”, o de “sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto”, circunstancia que más bien es descartada con el contenido de la solicitud mutua presentada por los contrayentes en Tamaulipas(2) y el hecho 3.2.5 de la petición de exequátur, ello viabiliza lo impetrado.

d. Adicionalmente se trata de un asunto que no es de “competencia exclusiva de los jueces colombianos”, pues al tenor de la norma 163 del CCC, “[e]l divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero se regirá por la ley del domicilio conyugal. Para estos efectos, entiéndese por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges viven de consuno y, en su defecto, se reputa como tal el del cónyuge demandado”.

Como en este evento, según lo afirmado en el escrito introductor “desde el momento de la celebración del matrimonio, los señores Carmen Alicia Pinzón y Mario Antonio Hernández Velázquez determinaron como domicilio conyugal la ciudad de Tampico, Tamaulipas, Estado Federal de México” y la legislación procesal de allí regula lo atiente a la disolución del vínculo matrimonial en sus artículos 248 a 268(3), se satisface el requerimiento del canon ritual patrio arriba citado, máxime cuando tampoco existió contienda en el proceso de divorcio, toda vez que, se itera, al mismo acudieron los contrayentes de consuno, lo que patentiza que no se afectó el derecho de defensa, ni el de contradicción de la no solicitante.

e. Finalmente, se advierte cumplida la exigencia relativa a que la sentencia “se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen”, como lo acredita la determinación de 4 de agosto de 2001 emitida por la “Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar” de Altamira, Tamaulipas(4), por medio de la cual “se declara ejecutoriada dicha sentencia”, fenómeno jurídico previsto en los artículos 124 y siguientes del “Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas”(5).

5. En el anterior orden de ideas, al verificarse que se encuentran reunidos los requisitos consagrados en los preceptos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, se muestra procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación foránea que disolvió el nexo conyugal de las personas ab initio mencionadas, como ha ocurrido en ocasiones precedentes respecto de situaciones semejantes, y ordenar su inscripción en el respectivo registro del estado civil.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Conceder el exequátur al fallo proferido el 2 de agosto de 2011 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, México, que decretó el divorcio de Mario Antonio Hernández Velásquez y Carmen Alicia Mardini Pinzón.

2. Inscribir esta decisión, junto con la providencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio, como en el de nacimiento de los cónyuges, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el canon 13 del Decreto 1873 de 1971.

3. Librar, por secretaría, las comunicaciones pertinentes.

4. No Condenar en costas en la actuación.

Cópiese y notifíquese».

(1) Folios 32-42 v.

(2) Folios 18-20.

(3) Folios 113 al 114.

(4) Folio 36.

(5) Folio 181.