Sentencia 2012-02652 de marzo 20 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL

Ref.: Expediente 11001 02 03 000 2012 02652 00

SC 3488-2014

Magistrado Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En la medida en que la administración de justicia es una función pública cumplida solo por quienes están expresamente autorizados para ello, por estar de por medio la soberanía del Estado, las decisiones que adopten esas autoridades, en tales materias, son las únicas que pueden generar efectos en territorio patrio. Síguese, entonces, que los fallos emitidos por jueces extranjeros, en principio, no resultan susceptibles de ser cumplidos en Colombia.

Sin embargo, por circunstancias de diferente índole y, de manera excepcional, estos últimos pronunciamientos pueden ejecutarse dentro del país, siempre que observen un mínimo de requisitos y, cumplan la exigencia de lograr el exequátur, que, por disposición legal, es un procedimiento cuyo agotamiento está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, órgano judicial facultado para esos propósitos según lo disponen los artículos 25.3 y 693 y siguientes, del Código de Procedimiento Civil.

2. El artículo 693 ídem, ordena que: “Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

3. En esa dirección, si se pretende que una sentencia y/o providencia equivalente foránea cumpla efectos en Colombia, debe, primeramente, acreditarse que el país de donde proviene la decisión del caso brinde a los fallos de los jueces nacionales un tratamiento similar. Este presupuesto puede provenir, como la norma procesal patria lo autoriza, de un tratado bilateral o multilateral o existencia de reciprocidad legislativa.

4. La Corte, sobre ese aspecto en multitud de ocasiones, ha reiterado que: “... en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia...” (G.J., t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).

Por manera que, en el propósito de establecer la procedencia de la homologación de un fallo foráneo, debe verificarse la presencia de uno de aquellos eventos, es decir, de un pacto entre Estados o, dado el caso, de la correspondencia legislativa.

5. En el presente asunto, en folios 15 y 25 del expediente, aparece certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores dando cuenta de la existencia de un convenio bilateral entre Colombia y España alrededor del cumplimiento de fallos extranjeros, celebrado el 30 de mayo de 1908, que entró a regir a partir del 16 de abril del siguiente año.

6. No obstante, el cumplimiento de esa exigencia, por sí misma, resulta insuficiente, pues la misma convención y el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, establecen que la autorización pretendida (exequátur) está supeditada al cumplimiento de otros requisitos, como son, la constancia de ejecutoria del fallo extranjero; que no se oponga a las leyes del Estado destinatario; que la copia de la sentencia, de ser el caso, esté traducida y legalizada conforme a las leyes del país en donde se pretende que surta efectos; que no contravenga las normas internas de orden público, ni verse sobre derechos reales respecto de bienes situados en territorio nacional; que no recaiga sobre asuntos de resorte exclusivo de los jueces nacionales o respecto de los cuales exista proceso en curso o sentencia en firme. Además, si el fallo fue contencioso, se haya cumplido la debida citación y contradicción del demandado.

7. Así, el fallo cuyo exequátur ha sido solicitado, refiere a un divorcio decretado respecto de un vínculo conyugal celebrado entre una ciudadana colombiana y uno de origen español. La sentencia foránea se acompañó al expediente (fls. 2 a 8), y está legalizada a través de la apostilla pertinente (fl. 9). La constancia de ejecutoria, uno de los requisitos exigidos, aparece atestada mediante la certificación expedida por el Ministerio de Justicia de España —subdirección general de coordinación jurídica internacional— (fls. 10 y 11), expedida el 24 de septiembre de 2012.

De otra parte, el asunto involucrado en esa causa litigiosa refiere a una situación que no está atribuida su competencia, de manera exclusiva, a los jueces colombianos y el motivo por el cual se disolvió el vínculo matrimonial (el común acuerdo de los cónyuges), está, así mismo, contemplado en nuestra legislación como determinante de la cesación de los efectos matrimoniales (C.C., arts. 152 y ss.); esa decisión no atenta contra el orden público de la Nación; a más que sobre el mismo aspecto no cursa en el país otro proceso.

7.1. La determinación adoptada por los cónyuges y autorizada por el funcionario extranjero al momento de la disolución del vínculo, alrededor de la potestad sobre los hijos habidos y la manutención de los mismos, no es un asunto que desconozca disposiciones nacionales ni riñe con normas de orden público vigentes en Colombia.

En efecto, la magistrada-juez que autorizó el divorcio explicitó su conformidad con las determinaciones que los consortes, en relación con los hijos, habían acogido. Así lo patentizó:

“Cuando el procedimiento no es un procedimiento de naturaleza privada, sino que estamos en derecho de familia y, especialmente, cuando se trata de regular cuestiones que afectan a menores de edad, el juez, para aprobar el acuerdo a que llegan las partes, debe velar porque este acuerdo (...) no sea perjudicial por (sic) los hijos menores ni tampoco por (sic) los cónyuges. Atendidos los acuerdos que se indican a la parte dispositiva de esta sentencia, aprecio que no perjudican los intereses de los hijos menores de la pareja ni a ninguno de ellos es procedente su aprobación”.

Previamente, aquel juzgador, había dejado constancia sobre que el Ministerio Fiscal concurrió a presentar un escrito de contestación sin que haya formulado oposición.

Y, el Ministerio Fiscal en España, según las previsiones del artículo 124 de la Constitución Política de dicho país, “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, (...) y procurar ante estos la satisfacción del interés social”.

Atendiendo esos precedentes, considera la Sala que no hubo alteración o desconocimiento de algún derecho de los cónyuges o de los hijos menores.

7.2. Cumple decir, adicionalmente, que a esta causa fue convocado el Ministerio Público, entidad que a través del procurador delgado presentó el escrito glosado a folios 47 a 55.

8. Lo anotado, evidencia que los requisitos previstos en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, así como lo contemplado en el convenio referido, fueron acatados cabalmente, incluyendo, por supuesto, la certificación sobre la acogida diplomática en torno a la validez de fallos judiciales en uno y otra nación.

9. Bajo las anteriores circunstancias, deviene procedente la homologación solicitada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur, conforme a lo expresado en la parte motiva, a la sentencia de divorcio de matrimonio proferida el 4 de mayo de 2011, por el Juzgado de Primera Instancia 7 Sant Feliu de Llobreggat —Barcelona—, España, señalada al inicio de este proveído.

2. Ordenar la inscripción de esta providencia, junto con el fallo reconocido, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 el Decreto 1873 de 1971, tanto en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio como en el de nacimiento de la cónyuge. Por secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese».