Sentencia 2012-02743 de diciembre 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201202743 01

Aprobado según Acta 99 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Ref.: Apelación sentencia sancionatoria

Bogotá D.C., tres de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto en los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, 112, numeral 4º y parágrafo de la Ley 270 de 1996 y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Marco normativo: Antes de realizar cualquier consideración de orden conceptual, es necesario precisar el marco normativo con el que se va a dar curso al caso objeto de estudio, el cual se encuentra constituido por las faltas imputadas al denunciado, esto es, en los literales a) y b) del artículo 34(16) de la Ley 1123 de 2007, lo anterior al considerar que infringió el deber consagrado en el literal a), numeral 18º del artículo 28 Ibídem(17).

Competencia del juez de segunda instancia: Procede la Sala a emitir su pronunciamiento en lo concerniente a los tipos disciplinarios señalados, con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y, a la luz de las disposiciones legales relacionadas con el tema a debatir, precisando que la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le hace imperioso referirse únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos sobre los cuales no se sustentó, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal recurrente, empero, no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Es por ello, que en punto de la competencia de esta colegiatura, procede reiterar el criterio expuesto por la doctrina y la jurisprudencia, conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(18).

Sobre el particular, también se hace necesario insistir en que “la sustentación del recurso constituye carga ineludible del apelante, e irrumpe como presupuesto imprescindible para acceder a la segunda instancia, pero a su vez, se erige en límite de la competencia del Ad quem, el cual solo puede revisar y pronunciarse acerca de los aspectos reprochados salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y, los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación”(19), por tanto, la tarea del Ad quem se encuentra circunscrita a aquellos tópicos presentados por el censor en el escrito de apelación, mismos que deben estar desarrollados de forma razonable a efecto de contar con elementos —jurídicos y fácticos— para su análisis.

Así las cosas, confrontando las normas por las cuales se derivó responsabilidad al encartado —esto es la referida a la falta de lealtad con el cliente— y los argumentos expuestos en el escrito de apelación, se observa que los mismos se orientan a cuestionar la valoración hecha por el A quo al momento de decidir sobre la actuación disciplinaria, al considerar que no incurrió en las conductas señaladas, pues no se encuentran debidamente probados.

Procedencia del recurso de apelación: Ahora bien, una de las primeras exigencias que se deben analizar, para determinar si a esta Sala le corresponde asumir el estudio del recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, adiada el 9 de junio de 2014, es la procedencia del recurso impetrado, ante lo cual se debe mencionar que efectivamente es susceptible de apelación, según lo descrito en el inciso 1º del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007(20).

Legitimación del investigado para apelar la decisión: Cabe destacar que le asiste legitimación al investigado, para interponer el recurso de apelación objeto de resolución, con fundamento en lo preceptuado en el numeral 2º artículo 66 de la Ley 1123 de 2007(21).

Sustentación del recurso: Una vez analizada la procedencia del recurso, la legitimación del recurrente para incoarlo y su interposición en el término legal, es imperioso examinar si fue debidamente sustentado para entrar a estudiar la decisión adoptada por el A quo.

Debe recordarse que la viabilidad de los recursos depende del cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos su motivación, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 4º del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007(22).

Al observar que el escrito mediante el cual se presentó el recurso de apelación, contiene los argumentos fácticos y jurídicos, el recurso se encuentra debidamente sustentado.

Problema jurídico a resolver: La Sala debe determinar si el abogado Lorenzo Peña Castellanos incurrió en falta disciplinaria, porque comunicó a la quejosa sobre la posibilidad de acceder a la adjudicación del 50 % de un bien dentro del proceso ejecutivo laboral 1999.0231 tramitado en el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, para lo cual, presuntamente le exigió $ 500.000 a fin de asegurar la adjudicación del inmueble.

Para solucionar el problema jurídico planteado, la Sala en el caso concreto aplicará: (i) El análisis y valoración de las pruebas con las cuales se sustentó el fallo sancionatorio; (ii) la jurisprudencia horizontal de la corporación, de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre los principios de presunción de inocencia y debido proceso, así como, del principio del in dubio pro disciplinado y, (iii) las posiciones jurisprudenciales y doctrinarias que sobre el tema ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caso concreto: La señora Martha Cecilia Morera Cantor denunció que el abogado Lorenzo Peña Castellanos le manifestó que en el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, se adelantaba proceso de remate al interior del proceso ejecutivo laboral mencionado, en el cual podía postularse para obtener la adjudicación del 50 % de un inmueble, diligencia que se llevaría a cabo el 27 de marzo de 2012.

Según la denunciante, el disciplinado le aseguró que ella sería la única postora y, por lo tanto, se le adjudicaría el 50 % del bien, solicitándole $ 500.000 para entregárselos a la secretaria del juzgado con el propósito de lograr la obtención del primer y segundo piso del inmueble.

La señora Martha Cecilia Morera Cantor, centró su reproche argumentando que el día de la diligencia de remate se presentaron 4 postores, siendo adjudicado a un tercero que ofreció más dinero en la subasta. En consecuencia, le solicitó en reiteradas ocasiones al abogado denunciado le devolviera el dinero, recibiendo como respuesta que “en estos negocios se gana o se pierde y que en mi caso yo perdí esa plata”.

De acuerdo con la sustentación fáctica anotada, con los argumentos expuestos por el fallador de primer grado, así como los indicados en el escrito de apelación.

Así las cosas, es necesario analizar la materialidad de la conducta, con base en el parámetro establecido en el artículo 34, literales a) y b) de la Ley 1123 de 2007.

En primer lugar, se analizará la imputación sustentada en el literal a) del artículo 34 del Estatuto Disciplinario del Abogado, el cual hace referencia a la conducta del togado consistente en no expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado; Al respecto, el A quo determinó estar debidamente probado por el hecho de que el encartado pese a conocer el trámite en un proceso de remate, ofreció a la señora Martha Cecilia Morera Cantor que se postulara, asegurándole que dadas las particularidades del proceso, le sería adjudicado el inmueble, es decir, concluyó que el disciplinado dejó de aportarle información a la quejosa, que resultaba vital para entender que se trataba de una mera expectativa y no de un derecho.

Para llegar a tal conclusión, la Sala de instancia tuvo en cuenta para su sustentación las pruebas testimoniales de los señores Hugo López González y Eladio Cañón Rincón, quienes manifestaron en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 24 de abril de 2014, lo siguiente: (i) El señor Hugo López González indicó, haber conocido al disciplinado con ocasión de su labor como mensajero en las oficinas de abogados y a la señora Martha Morera por un vínculo de amistad. Dijo, que la quejosa le manifestó su intención de adquirir un inmueble a través de un proceso de remate, motivo por el cual, conocedor del proceso en el que participaba el doctor Peña Castellanos procedió a presentarlos, desconociendo los pormenores de los acuerdos o conversaciones en los que ellos intervinieron y, (ii) Eladio Cañón Rincón, afirmó haber estado presente en el momento en el que el disciplinado le manifestó a la quejosa, tener la posibilidad de intervenir para que le fuera adjudicado el 50 % del inmueble, solicitándole para el efecto $ 500.000 para ser entregados a la secretaria del juzgado; así mismo, dijo haber estado presente en el momento en que la denunciante consignó el valor de la propuesta de remate en el Banco Agrario y de la entrega del dinero citado al encartado.

De otra parte, el A quo adujo haber observado como prueba la ampliación de la queja y los documentos soportes obrantes en el expediente, relacionados con cada uno de los procedimientos adelantados en el proceso de remate, como lo fueron el auto que lo concedió y fijó fecha para el mismo(23), el aviso proferido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá(24), las actas de las audiencias declaradas desiertas por ausencia de postores(25), los recibos de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia(26), la postura presentada por la señora Martha Cecilia Morera Cantor(27), entre otros, los cuales claramente demuestran el desarrollo del proceso.

No obstante lo anterior, se considera que dichos documentos en sí mismos, no son determinantes para colegir la materialidad de la falta consistente en no expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado, pues de los testimonios y soportes documentales no se desprende claramente que el doctor Lorenzo Peña Castellanos le haya ocultado información o de manera engañosa se la haya suministrado, por el contrario, lo evidente es el aporte de copias de todo lo actuado en el proceso ejecutivo laboral a la señora Martha Morera, tal como ella lo manifestó en su ampliación de la queja, dándole a conocer la existencia del proceso al punto que participó como postora en el remate y si bien no se le adjudicó fue porque hubo otro con mejor oferta, situación no imputable al disciplinado.

Ahora bien, no es posible aceptar como válido el argumento expuesto en la decisión primigenia, cuando se deduce una aparente coherencia entre los testimonios recepcionados a Hugo López González y Eladio Cañón Rincón, quienes darían fe de las supuestas indicaciones dadas por el togado a la quejosa, pues tal como se aclaró, el primero de ellos solo los presentó y, afirmó, que desconocía el desarrollo de las conversaciones o posibles acuerdos a los que llegaron; Mientras que sobre lo manifestado por el señor Eladio Cañón Rincón, no se tuvo en cuenta que el encartado lo tachó de falso al indicar no haberlo visto anteriormente y, por el conocimiento que tenía de la relación sentimental con la señora Martha Morera, lo que genera de hecho duda en el contenido de lo afirmado por el señor Cañón Rincón, y por ende, incertidumbre sobre la realidad del acontecer fáctico denunciado.

En cuanto a la imputación relacionada con el literal b) de la misma disposición analizada, se considera de igual manera que se carece de material probatorio idóneo para colegir la materialidad de la misma, pues la providencia recurrida afirma que el togado aseguró a la quejosa que con la entrega del dinero a la secretaria del juzgado obtendrían la adjudicación del remate, situación que igualmente genera duda e incertidumbre, pues tal como se encuentra visto, no media prueba alguna que así lo indique.

En efecto, en torno a esa falta, la actuación solo cuenta con lo dicho por la quejosa y la versión del letrado, por cuanto se desprende que el proceso disciplinario seguido en primera instancia, adoleció de material probatorio suficiente que permitiera observar que el doctor Lorenzo Peña Castellanos efectivamente hubiera dejado de expresar su franca y completa opinión del asunto consultado y mucho menos garantizar que de ser encargado de la gestión, se obtendría un resultado favorable, pues no es posible llegar a tal conclusión con la simple manifestación de la quejosa y del señor Eladio Cañón, teniendo en cuenta que su testimonio reviste duda y falta de credibilidad frente al acontecer fáctico relatado.

Así las cosas, resulta improcedente afirmar que el togado es responsable de haber incurrido en las faltas disciplinarias y mucho menos, calificarlas como conductas dolosas, pues no hay hechos o soportes determinantes que así lo indiquen.

Por lo tanto, no es posible acoger los argumentos expuestos por el A quo en este sentido, dado que sin la mediación de la prueba, afirmó que el togado fue desleal en su actuar y, por ende, calificó la conducta como dolosa.

En consecuencia, la Sala acogerá lo argumentado por el recurrente, en el sentido de apreciar ausencia de elementos probatorios que permitan determinar con grado de certeza que, de manera consciente, pre determinada y con plena intención conculcó el deber de actuar con lealtad en sus relaciones profesionales.

Por lo anterior, es preciso recordar que la prueba se encuentra edificada en los principios de necesidad, publicidad, entre otros, de los cuales para el caso que ocupa la atención de la Sala, se hace necesario hacer referencia al primero de los enunciados, pues este es el resultado de la prohibición constitucional del fallo sin pruebas; también es el resultado de la prohibición internacional de la decisión por sospecha, en oposición a la decisión por indicio(28).

Es tanto así, que el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Civil Colombiano, establecen en sus artículos 167 y 177, respectivamente, que toda decisión deberá fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, lo cual encierra varias precisiones de contenido sustancial, obliga al intérprete y por lo tanto al operador judicial a distinguir los “momentos procesales de la prueba”, también conocidos como el iter o el sendero probatorio(29). Así las cosas, se debe tener presente la prueba como la demostración de los hechos que debe existir en todo proceso, como regla general, y por lo tanto, base y fundamento de las decisiones judiciales, el sustento fáctico de los pronunciamientos procesales que conectan las consecuencias jurídicas a la vida social reflejada en los casos subjudice(30).

Así mismo, el artículo 84 al Estatuto Disciplinario del Abogado, establece que toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en prueba legal y oportunamente allegada al proceso, lo cual, es concordante con lo dispuesto en el artículo 97 Ibídem, cuando señala que para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable.

Visto lo anterior, es importante hacer referencia al principio de la presunción de inocencia, entendido como el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori, como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, teniendo como referente en sus actuaciones los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras que quien tenga a cargo su juzgamiento no cuente con los elementos probatorios básicos y contundentes que permitan llegar a la determinación de su responsabilidad, pues de lo contrario, se emitiría un fallo carente de respeto y protección de las garantías constitucionales del debido proceso.

La presunción de inocencia, debe ser para el derecho disciplinario, uno de los elementos que se afinca como garantía de los derechos fundamentales del investigado, pues es a través del adecuado análisis y valoración de los elementos que componen el proceso, que se llega a obtener una sentencia adecuadamente fundamentada, congruente y ajustada a las fuentes del derecho.

Como señala Ferrajoli, “el principio de jurisdiccionalidad al exigir en su sentido lato que no exista culpa sin juicio, y en sentido estricto que no haya juicio sin que la acusación sea sometida a prueba y a refutación postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba en contrario sancionada por la sentencia definitiva de condena”(31).

Además, el mismo autor, enseña que “la presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que son ‘la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal’ y ‘la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda’”(32).

De otra parte, tal como lo afirma el profesor Federico A. Castillo Blanco(33), el Tribunal Supremo Español(34), en su desarrollo jurisprudencial, ha establecido que la presunción de inocencia supone que la carga de la prueba corresponde a quien mantiene la acusación, refiriéndose al ámbito disciplinario, a quien afirma la comisión de una falta disciplinaria compete el deber de probarla sin intermediación en los hechos, ni de forma, genérica y no determinada. Conlleva asimismo que toda acusación debe ir acompañada de la prueba de los hechos que se imputan.

Así mismo, el Consejo de Estado ha considerado como regla general en derecho sancionatorio que la carga de la prueba corresponde al Estado y concretamente a quien tiene la competencia constitucional para adelantar la investigación, ello como consecuencia directa del principio de presunción de inocencia, el cual erige una parte de la estructura fundamental del debido proceso, de manera, que el investigado no ostenta carga diferente en la actividad probatoria que la que pueda derivarse del ejercicio de defensa y de la estrategia probatoria que plantee.

Bajo tal perspectiva rige el principio de in dubio pro reo o pro disciplinado, a fin de preservar la referida garantía constitucional, que hace parte además del bloque de constitucionalidad, pues se encuentra reconocida en el artículo 75, inciso 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)(35).

Por su parte, la Corte Constitucional se ha referido sobre el derecho a la presunción de inocencia de la siguiente manera: “Desea señalar la Sala que en todos los eventos en los que un funcionario resulta sancionado disciplinariamente podría alegar este que existió desconocimiento de la presunción de inocencia que le ampara durante el proceso. Es claro que tal alegación es un absurdo y que, como se citó, uno de los aspectos de la presunción de inocencia es el in dubio pro disciplinado, según el cual “toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse en favor del disciplinado” Así pues, la inconformidad del actor debe comprenderse dentro de dicho espectro y, por ende, entender que lo que alega es que la duda no se resolvió en su favor cuando debía ser resuelta en tal sentido(36)”.

En Sentencia C-244 del 30 de mayo de 1996, con Ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, sobre este asunto señaló: “El In dubio pro disciplinado, al igual que el in dubio pro reo, emana de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y a la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

Como es del todo sabido el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de hacer conforme a las reglas de la sana critica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso, dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado”.

Finalmente, con el propósito de cerrar la argumentación a la cual se viene haciendo referencia, es preciso señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 8º de la convención, señala que reconoce el llamado “debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial(37), lo cual afirma aún más, la necesidad de revocar la decisión de primera instancia, al considerar que en el caso sub examine emergen dudas sobre la verdadera comisión de las faltas endilgadas al doctor Lorenzo Peña Castellanos, derivado de la inadecuada valoración de las pruebas allegadas al plenario.

Lo anterior, debido a que uno de los derroteros que orientan la aplicación de la Ley 1123 de 2007, es el principio de presunción de inocencia, el cual en su tenor literal dice:

“ART. 8. —Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

Con base en lo anterior, se puede colegir que en el caso objeto de análisis no se cuenta con los elementos probatorios suficientes que permitan establecer los elementos estructurales de la falta y sobre los cuales se fundó el reproche, razón por la cual no hay otra posibilidad que absolver al disciplinado, como garantía y protección al derecho fundamental de presunción de inocencia, sobre el cual se ha hecho referencia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley.

RESUELVE

1. REVOCAR íntegramente la sentencia apelada por medio de la cual se sancionó al abogado Lorenzo Peña Castellanos con multa consistente en tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, al encontrarlo responsable de incursionar en las faltas descritas en los literales a) y b) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar

ABSOLVERLO, conforme con las razones expuestas en la parte motiva.

2. Notifíquese la presente decisión, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE»

(16) Ley 1123 de 2007. “ART. 34. —Constituyen faltas de lealtad con el cliente: a. No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado. b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable (...)”.

(17) Ley 1123 de 2007. “ART. 28. —Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 18. Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones: a) Las posibilidades de la gestión, sin crear falsas expectativas, magnificar las dificultades ni asegurar un resultado favorable (…)”.

(18) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicación 26129.

(19) Sentencia del 3 de marzo del 2004, radicación 21580. En el mismo sentido, sentencia del 2 de mayo de 2002 y providencia del 10 de octubre de 2003.

(20) Ley 1123 de 2007 “ART. 81. —Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia.

(21) Ley 1123 de 2007. “ART. 66. —Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para: (…) 2. Interponer los recursos de ley (…).

(22) Ley 1123 de 2007. ART. 81. —(…) “El recurso será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno”.

(23) Folio 261 Pl. Cuaderno anexos.

(24) Folio 262 Pl. Cuaderno anexos.

(25) Folio 263 Pl. Cuaderno anexos.

(26) Folio 295 a 307 Pl. Cuaderno anexos.

(27) Folio 309 Pl. Cuaderno anexos.

(28) Nisimblat Nattan, 2013, Derecho Probatorio Introducción a los medios de prueba en el Código General del Proceso. Editorial Ediciones Doctrina y Ley. Página 158.

(29) Ibid.

(30) Devis Echandia, Hernando. Compendio. Tomo II. Op. Cit. Página 8. Cita a Jeremias Benthan, Tratado de las pruebas judiciales.

(31) Ferrajoli, Luigi. 2001. Derecho y razón. Quinta edición, Madrid, Ed. Trotta. Página 549.

(32) Ferrajoli, Luigi, 2001. Ibid. Página 551.

(33) Castillo Blanco, Federico A. 1992. Función Pública y Poder Disciplinario del Estado. 1ª Edición. Madrid–España. Página 429.

(34) Sentencia Tribunal Supremo Español, 28 de Septiembre de 1984. “(…) Es requisito esencial en todo expediente disciplinario la prueba plena de los hechos que sirven de premisa a la sanción (…)”.

(35) Consejo de Estado. Sentencia del 16 de febrero de 2012, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(36) Corte Constitucional. Sentencia del 28 de octubre de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(37) Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-9/87).