SENTENCIA 2012-02817/3469A DE JULIO 21 DE 2016

 

Sentencia 2012-02817 de julio 21 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Radicación: 050011102000201202817 01 / 3469A

Aprobado según sala 69 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelacion de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, 6 el 19 de Septiembre de 2014, mediante el cual sanciono con tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión Y multa, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1123 de 2007, equivalente a tres 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2011, a la abogada CLARA EUGENIA GOMEZ GOMEZ, como autora responsable de la falta a la honradez del abogado prevista en el artículo 35 numeral 2 de la ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de República de Colombia Rama Judicial CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA - 6 - M.P. Dr. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado N° 050011102000201202817 01 / 3469A Abogados en Apelación

6 Sala integrada por los Magistrados Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez y Martin Leonardo Suarez Varón. (fls. 75-83).

jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuacion hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de República de Colombia Rama Judicial CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA - 7 - M.P. Dr. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado N° 050011102000201202817 01 / 3469A Abogados en Apelación

integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, limite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, opto por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el togado, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en primera instancia.

3. El caso en concreto.

Procede esta Corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional y atiendan con celosa diligencia sus cargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborara efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la abogada disciplinable fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, por faltar al deber profesional consagrado en el artículo 28, numeral 8, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…). 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional República de Colombia Rama Judicial CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA - 8 - M.P. Dr. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado N° 050011102000201202817 01 / 3469A Abogados en Apelación frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago.”

La abogada CLARA EUGENIA GOMEZ GOMEZ fue sancionada por la falta contemplada en el artículo 35 numeral 2 de la Ley 1123 de 2007, que reza:

“Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…).

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente.”

En cuanto a la apelación presentada por el abogado MARTIN GIOVANI ORREGO M., apoderado de la Señora CLARA EUGENIA GOMEZ GOMEZ, se deduce del escrito de queja, como de su ampliación y las demás pruebas allegadas al proceso, que en efecto entre OSCAR DE JESUS ZEA CARDENAS y la abogada disciplinable, existió un vínculo contractual, que emanó de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre las partes, a efecto de iniciar un proceso ordinario laboral de doble instancia al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con el fin de que se le reconociera al quejoso el incremento pensional por su esposa pactando honorarios en cuantía del 30% del total obtenido, más las costas del proceso. Sin embargo, la abogada disciplinable aduce en su defensa que las costas del proceso serian para el abogado.

No son de recibo las argumentaciones dadas por el apelante en el sentido de que efectivamente en el contrato si se estableció el monto de los honorarios y lo concerniente a las costas

Cabe resaltar que contrario a lo sostenido por el defensor, el cual pretende extender el cobro de honorarios a las sumas recibidas con posterioridad a la liquidación efectuada por el ISS al momento del pago de la sentencia, es que en el contrato se especificó que “la remuneración para el abogado será del 30% de las sumas que se consignen en el proceso ordinario, como del ejecutivo posterior, tanto de capital como de intereses incluyendo por supuesto el retroactivo hasta el momento en que se haga el pago por el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES”

Es por ello que el contrato de mandato tiene un punto de final, esto es, hasta el momento en que se haga el pago, lo cual ocurrió el 30 de Julio de 2011, siendo ésta la fecha hasta que se causan honorarios y no a lo que recibió a posterioridad.

En concordancia con lo anterior son conductas que le son atribuidas a la abogada disciplinable a título de dolo, por haber faltado a la honradez.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de dolo, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues, obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al República de Colombia Rama Judicial CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA - 9 - M.P. Dr. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado N° 050011102000201202817 01 / 3469A Abogados en Apelación impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado. Aunado al hecho de que la abogada CLARA EUGENIA GOMEZ GOMEZ le figura una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión que empezó a regir el 28 de agosto de 2014, hasta el 27 de noviembre del mismo año (f. 71 c.o.), y conforme a los parámetros establecidos por el legislador en el artículo 61 del Estatuto del Abogado, considera esta colegiatura que la sanción impuesta a la abogada acusada se encuentra ajustada, motivo por el cual será igualmente confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, del 19 de Septiembre de 2014, mediante el cual SANCIONÓ con tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión Y multa, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1123 de 2007, equivalente a tres 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2011, a la abogada CLARA EUGENIA GOMEZ GOMEZ, como autora responsable de la falta a la honradez del abogado prevista en el artículo 35 numeral 2 de la ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaria Judicial de la Sala de instancia, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de Origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».