Sentencia 2012-02940 de febrero 1º de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2012-02940-00

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil trece.

Discutido y aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En virtud de su finalidad tutelar exclusiva de los derechos fundamentales y sus características residual y subsidiaria, la constante jurisprudencia ha puntualizado la procedencia excepcional del amparo respecto de actuaciones y providencias judiciales, única y exclusivamente en presencia de una irrefutable actuación ilegítima no susceptible de corregir mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley, en cuanto no se oriente a sustituir, desvirtuar e infirmar los medios, recursos, acciones e instrumentos normales de protección o defensa del derecho, desconocer e invadir la órbita de los jueces permanentes, ejercer sus funciones, discrepar de sus decisiones y, naturalmente, siempre que se ejerza en término razonable.

2. En el sub examine se cuestionan las sentencias de instancia que concluyeron la improsperidad de la excepción de “inexistencia de título ejecutivo en función de las pólizas de seguro de cumplimiento entre particulares 051515339 y 051515340”, dictadas en la actuación para la cual se pide protección constitucional, a las que la accionante atribuye defecto en la valoración probatoria.

Analizado los pronunciamientos de los funcionarios de conocimiento, no se advierte un proceder configurativo de vía de hecho que torne viable el amparo solicitado, habida consideración de que con respetable entendimiento de la situación fáctica planteada y de las normas reguladoras del asunto, solucionaron la controversia sometida a su conocimiento.

2.1 El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta, tras reseñar la actuación cumplida en el ejecutivo en comento consideró: (i) que se trataba de un proceso basado en dos pólizas de seguro de cumplimiento entre particulares, a las que la demandante le atribuyó mérito ejecutivo invocando el supuesto previsto en el numeral 3º del artículo 1053 del Código de Comercio, modificado por el artículo 80 de Ley 45 de 1990, en razón a que la tomadora del seguro, empresa Barrero Indaburo y Cía. Ltda. “aprovechó —la buena fe contractual— para inducir en error a los demandantes e incurrir en [incumplimiento contractual]” (fl. 120), uno de los posibles hechos que la póliza ampara; (ii) la reclamación presentada por los asegurados a la aseguradora el 21 de julio de 2006: y (iii) la objeción extemporánea a la misma, el 23 de agosto de esa anualidad.

Seguidamente, sobre la excepción propuesta que, según planteamiento de la demandada, impedía “tener como título de ejecución tanto las pólizas de seguro como los documentos que se incorporaron por la demandante como prueba de la reclamación a la aseguradora, en primer lugar porque la formalización de la reclamación ocurrió verdaderamente, como lo hemos probado el jueves 10 de agosto de 2006” y “[e]n segundo lugar que de haberlo sido (que no lo fue) el viernes 21 de julio la introducción en el correo, el martes 23 de agosto de 2006 y el envío electrónico en esa fecha ponen a cubierto contra la extemporaneidad las pluricitadas objeciones” (fl. 121), el juez a quo apreció que sería un yerro hermenéutico admitir que la formalización de la reclamación ante la aseguradora se surtió el 10 de agosto de 2006, “porque los documentos anexos a la demanda, demuestran de manera inequívoca que los accionantes en el escrito de fecha 17 de julio de 2006 (...) adjuntaron los documentos exigidos por el artículo 1077 del Código de Comercio en concordancia con el numeral 3º del artículo 1053 del Código de Comercio (...)” (fl. 121).

Y en especial alusión a los documentos enviados vía fax en agosto 4, 8 y 10 de 2006 por representantes de los accionantes a las oficinas de Seguros del Estado, atinentes a la reclamación, el juzgado del circuito reiteró que “no es menos cierto que la solicitud inicial, aquella que fue recibida el día 21 de julio de 2006 incorporaba los elementos necesarios y exigidos por el artículo 1077 del Código de Comercio, y en virtud del cual, quedaba demostrado la ocurrencia del siniestro y así mismo, en ese documento se manifestó la ‘cuantía de la pérdida’, requisito que también se halla en la mencionada norma” (negrillas y subraya del texto, fl. 122). A este último respecto agregó que el despacho entendía “que aquellos documentos que fueron enviados con posterioridad a la remisión de la solicitud que buscaba acreditar los requisitos para hacer efectivas las garantías de anticipo e incumplimiento, tenían como fundamento darle fuerza probatoria a la solicitud” (fl. 122) y, por tanto, para esa oficina judicial no era procedente “desestimar la eficacia jurídica de la solicitud incoada por los demandantes, la cual, única y reconocida en este proceso, como se mencionó anteriormente está ajustada a derecho según lo dispuesto en los artículo 1053 y 1077 del Código de Comercio” (negrillas del texto, fl. 122).

Para abundar, el funcionario de primera instancia apuntó que el Tribunal Superior de Cúcuta en auto de 25 de abril de 2007 concluyó que en el proceso existía copia de la reclamación presentada por los demandantes a la aseguradora y recibida por esta el 21 de julio de 2006, “acompañada de los documentos que se consideraron indispensables para la materialización de la reclamación formulada de acuerdo a la póliza de seguro, de todo lo cual existe constancia de entrega al asegurador” (negrillas del texto, fl. 122).

En lo atañedero a la alegada “inexistencia de extemporaneidad de la objeción”, argumento adicional de la excepción planteada, sustentada en que el 21 de agosto de 2006 era un día festivo y, por ende, el vencimiento del término se trasladó “para el día martes 22 de agosto de 2006”, el juzgado se remitió a lo considerado por el Tribunal en su auto de 25 de abril de 2007 que resolvió el recurso de apelación impetrado frente al que había revocado el mandamiento de pago.

2.2. Por su parte el tribunal para desatar la alzada reiteró los fundamentos expuestos en su providencia de 25 de abril de 2007, en la que se analizó lo referente a la prueba del contrato de seguro, el mérito ejecutivo de este bajo el supuesto del numeral 3º del artículo 1053 del Código de Comercio, la reclamación, la carga del asegurado de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo, su presentación a la aseguradora y la ausencia de objeción, a lo que añadió que “[e]n el plenario existe copia de la reclamación que los demandantes presentaron ante la Aseguradora del Estado S.A., con fecha 17 de julio de 2006 y que aparece demostrado fue recibida por la destinataria el día 21 del mismo mes y año, acompañada con los documentos que se consideraron indispensables para la materialización de la reclamación formulada de acuerdo a la póliza de seguro (...)” (fl. 143), y que también existía prueba de “que la compañía de seguros elaboró un escrito de objeción y que tiene fecha dieciocho (18) de agosto de 2006, el que fue remitido por correo a través de Servientrega a sus destinatarios (...), el día 22 de agosto de 2006 (...) escrito que fue entregado el día 23 de agosto del citado año 2006” (fl. 143).

Con esos antecedentes y después de transcribir el inciso 2º del artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “[l]os términos de meses y años se contarán conforme al calendario”, señaló que el término en meses o años “no finaliza como generalmente se cree, el mismo día en números del cual se empezó a contar el respectivo mes o año, sino el día inmediatamente anterior, porque si se contara el mismo día en que empezó a correr el término, estaríamos ya frente al primer día del otro mes o año” (fl. 143), por lo que en el caso concreto si “el mes empezó a contarse el día 21 de julio que fue la fecha en la cual la aseguradora recibió la objeción (sic), el mes, se venció el día 20 de agosto, pues, el 21 ya comenzaba un nuevo mes (...)” (fl. 143) y, en consecuencia, la sola “comparación de fechas, realza diáfanamente la extemporaneidad de la objeción”.

Y, sobre la contabilización del término abundó que si “en simple gracia de discusión tuviéramos que el término no hubiera vencido el día 20, sino el 21 y que como fue festivo se corrió para el 22, también la objeción fue extemporánea, porque, judicialmente, todo memorial o escrito se entiende presentado en la fecha de su recibo por su destinatario, porque la finalidad del término señalado es la de asegurar que ese documento si se le entregue a su destinatario” (fl. 144), postura que ilustró con aplicaciones analógicas de los artículos 84 y 373 del Código de Procedimiento Civil y 142 del Código Contencioso Administrativo.

A partir de esas apreciaciones, el colegiado definió que como la objeción presentada por la aseguradora lo fue “por fuera del término legal concedido, la misma no puede tenerse como presentada porque no llenó la condición de oportunidad que para su viabilidad le impuso el legislador” (fl. 146).

3. En ese contexto, se observa que los puntos de inconformidad a que se contrae la demanda de tutela fueron analizados por los jueces de instancia y resueltos, en términos generales, mediante motivaciones que con independencia de que la Sala las comparta o no, distan de ser disonantes o contradictorias, pues frente a los documentos cuya valoración echa de menos el accionante y que se dice fueron enviados con posterioridad a la remisión de la reclamación, el juzgado entendió que con ellos se le daba “fuerza probatoria a la solicitud” porque esta ya se había presentado el 21 de julio de 2006, acompañada de los documentos indispensables conforme a los artículos 1053 y 1077 del Código de Comercio y, por ello, constituía documento idóneo para efectos de la reclamación.

Se precisa a este respecto que la accionante enfila su argumentación a resaltar que las sociedades demandantes en el proceso ejecutivo presentaron documentos adicionales a los que fueran acompañados a la reclamación, pero no efectúa cuestionamiento alguno respecto de la idoneidad de aquellos que fueron entregados a la aseguradora el 21 de julio de 2006, ni tampoco los aportó a la presente acción constitucional, no obstante soportar la carga de la argumentación y la prueba.

Ahora, en cuanto a que en la sentencia de segundo grado, se aplicaron los artículos 84, 121, inciso segundo, y 373 del Código de Procedimiento Civil y artículo 142 del Código Contencioso Administrativo, no se ve de qué manera ello configure error protuberante en la decisión adopta, si se tiene en cuenta que su invocación fue para explicar que la fecha de presentación de los documentos aludidos en esas normas, es aquella en la que se recibe el escrito en el despacho de destino y no la de su envío, regla que el juzgador aplicó analógicamente para sellar que la data de recibo de la reclamación por parte del destinatario era la que contaba.

Es de destacar que si bien la norma aplicable respecto de la determinación del cómputo del término previsto por el ordinal 3º del artículo 1053 del Código de Comercio, sería el artículo 829 ídem, y así “su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año”, en cualquier forma, el desconocimiento de lo allí previsto carecería de trascendencia constitucional en la situación sub examine, toda vez que el tribunal accionado estimó, con argumentación que no resulta absurda o irracional, que ni siquiera considerando el 21 de agosto como fecha de vencimiento del plazo —y corriéndola al día siguiente hábil—, la objeción podría considerarse oportuna ya que esta solo fue efectivamente recibida por los destinatarios el día 23 de dicho mes, asunto que la accionante no discute.

4. Así las cosas, en el presente asunto e la decisión cuestionada no califica de arbitraria o caprichosa, pues es el resultado de la labor interpretativa que de el ordenamiento y los medios de convicción realizó el juez natural como expresión de su autonomía, trabajo en el que, en este caso, no puede intervenir el juez constitucional, tanto más cuando la conclusión a la cual arribó la autoridad judicial convocada es sostenible, aún con independencia de que la Corte la comparta o no.

A ese respecto, se ha considerado que:

“... al margen de que esta corporación comparta o no, el análisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquellos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo” (sent., feb. 15/2011, Exp. 2010-01404-01).

5. Se negará, entonces, la protección rogada.

DECISIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».