Sentencia 2012-03617 de febrero 16 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 110011102000201203617 01

Aprobado según Acta 14 de la misma fecha.

Ref.: Consulta Fallo Sancionatorio Abogado.

Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.

Extractos: « Consideraciones de la Sala:

De conformidad con el mandato establecido en el artículo 256 numeral 3 de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en los artículos 66 del Decreto 196 de 1971, y ahora 59 de la Ley 1123 de 2007, al no haber sido apelado el anterior fallo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir en el grado jurisdiccional de Consulta la sentencia antes referida.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Entonces, debida y legalmente facultada para ello, procede esta Colegiatura a decidir si confirma o revoca la Sentencia dictada el día 21 de enero de 2016, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió sancionar con Suspensión en el Ejercicio de la Profesión por el Término de Tres (3) Meses, al doctor Roberto Hernandez Gómez, al encontrarlo responsable de incurrir en la conductas descritas en el literal b) del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Así entonces, la controversia jurídica objeto de definición en el sub examine se circunscribe a determinar si el profesional sancionado incurrió en las faltas antes descritas; siendo a la sazón el problema jurídico a dilucidar en este asunto, el determinar si las probanzas arrimadas al proceso conducen a establecer que el disciplinado incurrió en conductas dolosas, al haber garantizado un resultado favorable a sus clientes para obtener el estipendio por honorarios profesionales y el haber recibido un beneficio desproporcionado en la suma entregada por honorarios que no correspondía a lo realmente realizado por el abogado a favor de los intereses de sus clientes.

Anuncia desde ahora la Sala, que la decisión consultada será confirmada en la medida por cuanto la sanción impuesta al togado disciplinado esta revestida de legalidad y cumple con las exigencias del canon 97 de la preceptiva deontológica del abogado, disposición que exige para sancionar prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable.

Referente a la primera falta, esto es la descrita en el artículo 34 literal b) de la Ley 1123 de 2007, revisado el acervo probatorio recaudado en primera instancia, considera esta Colegiatura que efectivamente la evidencia recabada es concluyente en determinar que el jurista incurrió objetivamente en la referida conducta endilgada en el auto de cargos, y el hecho de no existir contrato de prestación de servicios profesionales, no constituye una formalidad necesaria, por cuanto la relación abogado-cliente si está demostrada tanto por el dicho de las afectadas, como de los recibos de pago extendidos por el togado por las sumas de dinero entregadas en efectivo por las señoras Martha Janeth Fonseca y Ana Almairo obrantes a folios 2 y 3 del expediente, y en los cuales consignó que eran para “La libertad de Sebastián Gómez y Nicolás Almairo”.

Así las cosas, las pruebas allegadas al diligenciamiento conducen como se dijo con anterioridad a la certeza de la existencia de la falta de lealtad con sus clientes, pues de la literalidad consignada en los recibos de pago y lo expresado por las quejosas, las cuales no se contradijeron en sus dichos rendidos bajo la gravedad del juramento, se extrae, que el abogado en efecto les garantizó que obtendría la libertad de sus hijos y para ello les solicitó dinero por concepto de honorarios los cuales fueron entregados a los pocos días de concretar la gestión con el abogado, es decir el abogado les garantizó la gestión a realizar el 15 de marzo de 2012 y a los pocos días las quejosas estaban consignado en la cuenta del BBVA a nombre del togado unas sumas de dinero, según se desprende de las consignaciones obrantes a folios 2 y 4 del cuaderno original.

Esta Superioridad comparte lo considerado por el Seccional de instancia, en cuanto a la respuesta a los argumentos de la defensa de oficio y del Representante del Ministerio Público, lo cuales indicaron que el dicho de la quejosa no era suficiente para establecer a lo que verdaderamente se comprometió el abogado.

Pues bien, lo acusado por las señoras quejosas encuentra pleno respaldo en los recibos de pago aportados, en los que se insiste el abogado mismo certificó que recibía tales emolumentos para la libertad de los hijos de las quejosas.

En este punto, estamos frente a los eventos que se denomina testigo único, y que al respecto ha indicado la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 22.163 que:

“…respecto de la credibilidad que puede ofrecer un testigo único, y en especial cuando lo vierte el ofendido, esta Sala ha sostenido que esa circunstancia no constituye razón suficiente para descartarlo, pues si se trata de un medio de prueba libre de vicios y coherente, que ofrece mérito al examinarlo bajo los postulados de la sana crítica nada se opone para que tenga carácter conclusivo…

De conformidad con lo expuesto es claro que no sólo la casacionista se equivoca al discutir subjetivamente en torno a la credibilidad que ofrecen los medios de prueba, sino cuando asevera que concederle mérito al testimonio único del ofendido —que tampoco es el único medio de prueba— desconoce el sistema de apreciación probatoria que rige en la legislación colombiana. Poe el contrario aceptar la postura de la libelista entraña veladamente imponer un sistema de tarifa probatoria excluyente, opuesto al de libre persuasión con sustento en las reglas de la sana critica que se aplica en nuestro sistema”

Conforme a lo anterior, se evidencia al analizar la queja y su posteriores ampliaciones realizadas por las señora Martha Yaneth Fonseca y Ana Almairo Blanco, que no se vislumbra ánimo de perjudicar al profesional o un proceder tendencioso, vengativo o irracional, sino a una sentada protesta por el proceder del abogado, por quien aseguraron perdieron una suma considerable de dinero obtenido con sacrificios y préstamos.

De lo anterior se colige, que el abogado en efecto incurrió en la falta contra la lealtad del cliente endilgada, por cuanto garantizó un resultado, pasando por alto que su actividad es de medios y no de resultados, pues su prosperidad depende de las resultas de un tercero imparcial en el litigio, en este caso el Juez de Ejecución de Penas, y no crearle como lo hizo falsas expectativas al garantizarles a sus clientes un resultado favorable, lo cual como se viene diciendo al inicio de estas consideraciones esta Superioridad confirmará.

Y respecto a la segunda falta endilgada en el pliego de cargos por la Sala de primera instancia, esto es la descrita en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, se tiene que el profesional del derecho fue contratado por las quejosas para representar los intereses de sus hijos en el proceso penal, en el cual ya habían sido condenados, y para lo cual recibió la suma de $5.200.00 en consignaciones y en efectivo así:

—De la señora Fonseca obtuvo un pago en efectivo de $2.000.000 y consignación de $1.000.000 efectuada en su cuenta de ahorros del Banco BBVA.

—De la señora Almairo le canceló la suma de $2.000.000 en efectivo y $200.000 por consignación en su cuenta bancaria.

Tal y como se estableció en el expediente penal Nicolás Alayon le otorgó poder al letrado, quien simplemente mediante memorial deprecó prisión domiciliaria sin argumentos fácticos y jurídicos, y por lo cual la Juez Ejecutora de Penas le negó. Y referente al otro defendido Juan Sebastián Gómez ni siquiera le extendió un poder, pero si obra una solicitud realizada por el mismo procesado penal, la cual tampoco fue atendida por la Juez de Ejecución.

Así las cosas, esta Sala establece que la conducta del inculpado es susceptible de reproche disciplinario, pues obra dentro del plenario prueba documental demostrativa que el disciplinado recibió como pago de honorarios, la suma de $5.200.000 a todas luces desproporcionada, pues frente a la defensa de los intereses de los condenados penalmente simplemente paso un memorial carente de sustento fáctico y jurídico, actividad con la cual sembró esperanzas en sus clientes en la obtención de un beneficio jurídico que nunca iba a llegar y además no se evidenció que el togado hiciera uso de los recursos legales a su alcance en defensa de sus clientes, colocando a disposición de éstos todos sus conocimientos jurídicos sobre el caso, a pesar de haber recibido una suma importante de dinero.

Emerge claro entonces, que el disciplinado se aprovechó de la ignorancia y necesidad de las progenitoras de los procesados, al exigirles con premura la suma de tres millones a cada una y de los cuales entregaron $5.200.000, dinero cancelado con mucho sacrificio, por ser personas analfabetas y carentes de recursos económicos.

En ese orden de ideas, se comparte ampliamente la adecuación realizada por el a quo, al establecer que se configura claramente la falta imputada en el pliego de cargos, es decir la falta descrita en el artículo 35 numeral 1° de la Ley 1123 de 2007, a título doloso.

De la Sanción de Suspensión.

De otra parte, y ahora en relación con la sanción impuesta por la Sala a quo, esto es, suspensión(4), esta Superioridad, atendiendo la gravedad y trascendencia de las conductas reprochadas, las encuentra ajustadas a la dosimetría, criterios y principios establecidos en el Estatuto Deontológico para quienes incurren en las conductas de falta de lealtad con el cliente y de honradez del abogado, por tanto, la misma será confirmada.

En efecto, para las faltas endilgadas al investigado consagra el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, Estatuto Deontológico, cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión. Una última sanción es la Multa, la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

De otra parte, el canon 45 del estatuto disciplinario vigente, establece tres criterios de graduación de la sanción, siendo así que el primero de ellos es el denominado como general, y se consideran como tales la trascendencia social de la conducta, el perjuicio ocasionado, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, así como los motivos determinantes del comportamiento. De igual manera, se consagran los criterios de atenuación, y su opuesto, de agravación.

Lo anterior, además, ha de ser articulado con el principio rector del canon 13 que señala que la imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Pues bien, en el presente caso el disciplinante de primera instancia, consideró tener en cuenta para graduar la sanción a imponer al abogado disciplinado, que el togado no obstante conocer los deberes por asumir el compromiso profesional con las quejosas de ejercer la representación de sus hijos ante el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, aun así, les prometió la consecución de la libertad de éstos, cuando no podía asegurar un resultado determinado frente a su gestión.

Además puso de presente dicha instancia, la no ejecución por parte del togado de una actividad litigiosa proporcional a la suma de dinero recibida, proceder consciente en tanto sabía que debía dirigir toda su actividad cognitiva a cumplir con la gestión, sin embargo, se aprovechó de la necesidad e ignorancia de sus clientes, con lo cual afectó sus patrimonio económico por lo que graduó la sanción en tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

Para la Sala, no queda la mínima dubitación que el abogado de manera injustificada incurrió con su actuar en falta contra la lealtad con su cliente y la honradez, y que por ello debe ser sancionado. Así, entonces, esta Colegiatura, confirmará en su integridad la sentencia de primera instancia, de conformidad con todo lo expuesto con anterioridad.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la Sentencia consultada, emitida el día 21 de enero de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se impuso sanción de SUSPENSIÓN, por el término de tres (3) meses, al abogado Roberto Hernández Gómez, tras hallarlo responsable, a título de dolo, de infringir el literal b) del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en armonía con lo expuesto en la motiva de esta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezara a regir la sanción impuesta. 3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y Cúmplase».

4. “Art. 43 de la Ley 1123 de 2007. Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y tres (3) años.