Sentencia 2012-04023 de 2012-04023

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000 2012-04023 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala 4 de la misma fecha.

Bogotá D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

Asunto

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Álvaro Enrique Merchán Ramírez contra la providencia proferida el 31 de julio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), mediante la cual se le sancionó con Censura por incurrir en la falta consagrada en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos

Dio origen al presente proceso disciplinario, la expedición de copias(2) ordenada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, al interior del proceso 2011-04286, por cuanto el doctor Álvaro Enrique Merchán Ramírez fue designado como defensor de oficio de la disciplinada en dicho asunto, sin embargo, no concurrió a tomar posesión del cargo, ausentándose en las diferentes diligencias programadas dentro del disciplinario.

Actuación procesal

Con fundamento en la queja formulada, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante auto del 28 de agosto de 2012, una vez se acreditó la calidad de abogado del denunciado(3), dispuso la apertura de investigación disciplinaria y señaló la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional el 7 de noviembre siguiente(4), sin embargo, ante el cese de actividades(5) de los empleados de esa corporación, se reprogramó para el 20 de marzo de 2013(6).

En la fecha y hora establecida para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el disciplinado no compareció(7), por lo cual se ordenó(8) la fijación del edicto de que trata el inciso 3º del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, por el término establecido en la norma.

El 8 de mayo de 2013, se fijó edicto emplazatorio de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007; desfijándose el 10 de ese mismo mes y año(9).

El 20 de junio de esa anualidad, se declaró persona ausente al disciplinado(10) y, con el objeto de garantizar su derecho de defensa, se le designó defensora de oficio(11), quien se posesionó del cargo el 13 de septiembre siguiente(12).

Audiencia de pruebas y calificación provisional

El 16 de septiembre de ese año, se celebró la audiencia de pruebas y calificación provisional con la comparecencia de la defensora de oficio(13). En ella, se decretaron las siguientes pruebas: 1. Oficiar a la oficina de Adpostal a fin que certificara si los telegramas enviados al abogado el 25 de abril de 2012, fueron entregados; 2. Requerir a la administración del conjunto residencial Iberia manzana 5, ubicado en la dirección(14) a la cual se enviaron las diferentes notificaciones al togado, con el propósito que indicaran si el disciplinado reside en dicho lugar; y, 3. Oficiar a la unidad de registro nacional de abogados, con el objeto que certificaran la vigencia de la tarjeta profesional del jurista y la última actualización de la misma.

El 7, 8 y 29 de noviembre de 2013, la directora de la unidad de registro nacional de abogados(15) y auxiliares de la justicia, la representante legal del conjunto residencial Iberia manzana 5(16), y el coordinador de soporte corporativo de la empresa de mensajería 4-72(17), respectivamente, allegaron las certificaciones correspondientes, dando respuesta a lo requerido.

El 11 de febrero de 2014, el doctor Álvaro Enrique Merchán Ramírez aportó memorial, indicando la dirección(18) a la cual deberían notificarle de las diferentes actuaciones adelantadas al interior del proceso disciplinario.

El 17 de junio de ese año, se reanudó la audiencia de pruebas y calificación provisional con la comparecencia de la defensora de oficio. En ella, se advirtió la indebida notificación al disciplinado, por cuanto no se enviaron las comunicaciones respectivas a la dirección por él aportada anteriormente, razón por la cual, se suspendió la actuación y se fijó como nueva fecha el 3 de julio siguiente.

En la fecha y hora programada, se continuó con la audiencia de que trata el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007 con la presencia del disciplinado(19), quien rindió versión libre, manifestando que en ningún momento fue enterado de la designación como defensor de oficio dentro del proceso disciplinario 2011-04286, adelantado en ese seccional de instancia, razón por la cual no compareció a las actuaciones surtidas al interior del mismo. Igualmente, señaló encontrarse, para la época de la designación como defensor de oficio —13 de abril de 2012—, imposibilitado para asumir el mismo, por cuanto era servidor público.

De otro lado, manifestó que no actualizó la información suministrada al registro nacional de abogados, toda vez que en el departamento de Arauca, donde reside, no se encuentra “una sede del registro nacional de abogados para su actualización”. Por último, indicó que desde el 2002, año en el cual le fue expedida la tarjeta profesional, no ha realizado ningún tipo de actualización a la información suministrada en esa oportunidad.

Pliego de cargos

En esa misma audiencia, el a quo procedió a calificar jurídicamente la actuación del disciplinado, y tras hacer un resumen de los hechos denunciados, así como del material probatorio arrimado al informativo, decidió imputar cargos por la presunta infracción al deber profesional contemplado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta disciplinaria contemplada en el artículo 33, numeral 13 Ibídem, que establece:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...)

13. Infringir el deber relacionado con el domicilio profesional.”

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...)

15. Tener un domicilio profesional reconocido, registrado y actualizado ante el registro nacional de abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional”.

Sustentó el seccional el llamado a juicio del abogado, en la posible infracción al deber profesional, relacionado con tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado en el registro nacional de abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, por cuanto como lo manifestó el letrado, desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, no ha realizado modificación alguna a la información suministrada al momento de solicitarla, pese a haber variado su lugar de residencia, trayendo como consecuencia, la imposibilidad de notificarlo, como en el caso concreto, de la designación de defensor de oficio de la disciplinada en el proceso 2011-04286.

Injusto disciplinario que se atribuyó a título de culpa, “pues no existe dentro del proceso alguna prueba que permita tener por cierto que el abogado investigado, de manera consciente y voluntario, encaminó su comportamiento a la defraudación de los deberes que como profesional tiene”.

De otro lado, se decretó la terminación parcial de las diligencias en favor del profesional del derecho, en lo concerniente a la no aceptación de la designación como defensor de oficio, dentro del proceso disciplinario 2011-04286, debido a la inexistencia de prueba que permitiera acreditar la notificación al letrado del asunto y, por lo tanto, “que el abogado no hubiera aceptado de manera consciente o por infracción del deber objetivo de cuidado la designación”.

Audiencia de juzgamiento

El 28 de julio de 2014, se celebró la audiencia de juzgamiento con la comparecencia del disciplinado(20), quien presentó los alegatos de conclusión, manifestando que siempre tuvo la intención de mantener actualizada la información obrante en el registro nacional de abogados, no obstante, por la inexistencia de “oficina de registro de abogados ni Consejo Seccional de la Judicatura” en la ciudad de Arauca, no pudo materializar su propósito.

Sin embargo, allegó copia del formulario único diligenciado ante el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia el 10 de junio de 2014, en el cual obra la actualización de la información suministrada a dicha entidad.

De la providencia apelada

El 31 de julio de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, impuso como sanción Censura al doctor Álvaro Enrique Merchán Ramírez, por la infracción al deber estipulado en el artículo 28, numeral 15 de la Ley 1123 de 2007, e incursionar en la falta prevista en el artículo 33, numeral 13 Ibídem, al considerar demostrados los extremos probatorios relacionados con la materialidad de la falta y la responsabilidad de la profesional del derecho(21).

Para sustentar la decisión, el seccional consideró que el abogado, desde la expedición de la tarjeta profesional en el año 2002, no actualizó la información suministrada al registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, a pesar de haber variado su domicilio y, por lo tanto, tenía la obligación de informar dicho cambio, razón por la cual infringió el deber profesional descrito en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incursionó en falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.

En cuanto a la dosimetría de la sanción impuesta, la magistrada ponente valoró, de acuerdo al material probatorio, los criterios previstos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007; resaltando la carencia de antecedentes disciplinarios.

Recurso de apelación

El 2 de septiembre de 2014, el abogado Álvaro Enrique Merchán Ramírez presentó recurso de apelación(22) contra la providencia del 31 de julio del presente año, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, indicando provenir de la ciudad de Arauca, no obstante, haber cursado sus estudios de pregrado en la ciudad capital, sin embargo, al finalizarlos en 1999, se regresó y, al evidenciar que en dicha ciudad no existía un Consejo Seccional de la Judicatura, decidió tramitar la expedición de la tarjeta provisional de abogado en Cúcuta (Norte de Santander) y, la profesional en el seccional de Cundinamarca, razón por la cual aportó la dirección en la que residía para esa época.

Indicó igualmente, que los presupuestos fácticos por los cuales fue declarado responsable disciplinariamente y, en consecuencia, sancionado, no corresponden ni guardan coherencia con los que originaron la expedición de copias ordenada en su contra, dentro del proceso 201104286.

Por último, manifestó haber actualizado la información contentiva en el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, en lo concerniente al domicilio, cumpliendo de esta manera, con el deber profesional contemplado en el estatuto de la abogacía.

Consideraciones

De conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, procede esta Sala a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se le sancionó al doctor Álvaro Enrique Merchán Ramírez con Censura, tras hallarlo responsable, a título de culpa, de la falta contemplada en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Procede la Sala, a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación, no obstante lo anterior no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Es por ello que en punto a la competencia de esta colegiatura, procede reiterar el criterio expuesto por la jurisprudencia, conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente.

Sobre el particular, necesario también se hace insistir en que “la sustentación del recurso constituye carga ineludible del apelante, e irrumpe como presupuesto imprescindible para acceder a la segunda instancia, pero a su vez, se erige en límite de la competencia del ad quem, el cual solo puede revisar y pronunciarse acerca de los aspectos reprochados ‘salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación’”(23), por tanto la tarea del ad quem se encuentra circunscrita a referirse sobre aquello tópicos presentados por el censor en el escrito impugnatorio, mismos que deben estar argumentados de forma razonable a efecto que contar con elementos —jurídicos y fácticos— para su análisis.

Caso concreto

Al doctor Álvaro Enrique Merchán Ramírez se le declaró responsable de la falta consagrada en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, tipo disciplinario que consagra las infracciones en las cuales puede incurrir el profesional del derecho contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, de conformidad con la función que cumple dentro de la sociedad, por cuanto infringió el deber relacionado con el domicilio profesional contemplado en el numeral 15 del artículo 28 Ibídem.

Así las cosas, se tiene que en efecto, conforme al certificado 1299(24) proferido por la directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, el doctor Merchán Ramírez se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional Nº 113363, expedida el 14 de marzo de 2002, teniendo registrada la dirección Carrera 51ª Nº 130ª-48 apartamento 506 de Bogotá, como el domicilio conocido para la atención de los asuntos que se le encomienden.

Por lo anterior, el 13 de abril de 2012, dentro del proceso disciplinario 2011-04286(25), adelantado contra la togada Sonia Esperanza Cárdenas, se le designó como defensor de oficio, después de haberse cumplido con las formalidades de ley, procediéndose al envío de las diferentes comunicaciones(26) a la dirección aportada al momento de expedirse la tarjeta profesional; no obstante, como no se presentó a posesionarse del cargo, se le expidió copias, a fin que se investigara la posible infracción al deber profesional cometida.

Fue así, como en el desarrollo del proceso disciplinario adelantado contra el doctor Álvaro Enrique Merchán Ramírez, se allegó memorial signado por la representante legal del conjunto residencial Iberia manzana 5, en el cual se manifestó:

“Al respecto me permito certificar que el señor Álvaro Enrique Merchán Ramírez, desde hace aproximadamente 6 años No reside en el apartamento 506, del conjunto residencial Iberia manzana cinco”(27).

Razón por la cual no fue posible notificar, en un principio, al disciplinado de la existencia de un proceso en esta Jurisdicción en su contra, fue tan solo hasta cuando el profesional del derecho se acercó a las instalaciones del seccional de instancia a manifestar(28) la verdadera dirección de su domicilio, totalmente diferente a la consignada en la base de datos del registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, infringiendo de esta manera con el deber previsto en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

Lo anterior, fundamentado además, con la declaración rendida por el abogado investigado en la reanudación de la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 3 de julio de 2014, en la cual aseveró de manera libre y voluntaria, que desde el 2002, año en el que le fue expedida la tarjeta profesional, no había actualizado la información suministrada en dicha oportunidad(29), a pesar de ser consciente que en lo referente a la del domicilio profesional, había variado, debiendo entonces proceder de manera inmediata a informar dicha cuestión.

Desde ese punto de vista, entonces, pleno fundamento encuentra esta corporación para que la primera instancia lo sancionara por la falta que aparece descrita en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, y, para el caso concreto, consistente en no tener un domicilio conocido, registrado y actualizado ante el registro nacional de abogados para la atención de los asuntos que se le encomiende, sin que se evidencie justificación alguna para el actuar omisivo mencionado.

Al respecto, el profesional del derecho esgrimió tanto en la versión libre como en el recurso de apelación impetrado, no haber actualizado la información relacionada con el domicilio profesional, por cuanto en la ciudad de Arauca no existe oficina del registro nacional de abogados, ni tampoco Consejo Seccional de la Judicatura, lo que le imposibilitó cumplir con la exigencia prevista en el estatuto deontológico.

Sin embargo, para esta superioridad, la justificación expuesta por el disciplinado no es de recibo, en tanto si bien en el departamento de Arauca no existen las instalaciones del Consejo Seccional de la Judicatura, no significa que dicho distrito esté desamparado de la Jurisdicción Disciplinaria, toda vez que hace parte del núcleo de Norte de Santander; presupuesto de pleno conocimiento por parte del abogado, pues manifestó en el recurso de apelación, haber tramitado en ese seccional la tarjeta provisional en 1999, ante la ausencia expuesta.

Igualmente, el presupuesto que en la ciudad de Arauca no se encuentren oficinas de una Seccional, no significa que no pueda acercarse a otra y actualizar la información suministrada, como en efecto lo realizó el 10 de junio de 2014 ante el registro nacional de abogados con sede en Bogotá, evidenciando claramente el actuar omisivo del disciplinado desde el momento en que cambio de domicilio profesional, infringiendo el deber contemplado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 o, de lo contrario, no se podría explicar cómo sí pudo hacerlo cuando tuvo conocimiento del proceso adelantado en su contra por este hecho.

No puede perderse de vista, que con su actuar omisivo contravino las normas mínimas de comportamiento ético plasmadas en la Ley 1123 de 2007 para orientar el ejercicio de la profesión, pues afectó el normal desarrollo del proceso disciplinario 2011-04286, en el cual había sido designado como defensor de oficio, en tanto no acudió a las diferentes actuaciones, toda vez que no fue enterado, debido a que no tenía actualizado la información relacionada con el domicilio profesional ante el registro nacional de abogados, y si bien, estaba imposibilitado para posesionarse en el cargo, pues era servidor público para la fecha, lo anterior, no minimiza la infracción al deber mencionado, por el contrario, la maximiza, pues al ostentar esa calidad está obligado a conocer y cumplir con el reglamento jurídico.

Es decir, frente a los extremos probatorios que demanda el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para sancionar, esto es, materialidad de la falta y responsabilidad del disciplinado, ninguna dificultad presenta el proceso, pues se demostró con las pruebas aportadas al expediente y además, con la propia declaración que el abogado realizó de la falta de actualización de la información suministrada al registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, referente a la del domicilio profesional.

Comportamiento efectuado bajo la modalidad culposa, toda vez la realización de la conducta vulneradora de lo preceptuado en el estatuto deontológico del abogado, se originó por la falta del deber objetivo de cuidado que se debe tener en el manejo de los asuntos profesionales, en tanto no se evidencia prueba alguna demostrativa de la intención del togado de transgredir lo reglado en el ordenamiento jurídico con su obrar, por el contrario, se denota un descuido de su parte al no actualizar los datos respectivos en el registro nacional de abogados.

De otro lado, el doctor Merchán Ramírez esgrimió en el recurso de apelación impetrado, una falta de coherencia entre los hechos por los cuales se le expidió copias en el proceso 2011-04286 y, por los que fue declarado responsable disciplinariamente y, en consecuencia, sancionado.

Al respecto, es dable mencionar que la acción disciplinaria, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1123 de 2007, se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también mediante queja presentada por cualquier persona, debiéndose analizar la procedencia de la misma, es decir, si presta mérito para abrir proceso disciplinario, o por el contrario, concurre una causal objetiva de improcedibilidad(30).

Se tiene que la queja es la denuncia que hace un ciudadano ante la autoridad competente de una irregularidad en la que probablemente incurrió, en este caso, un abogado, a fin de que ella inicie la correspondiente investigación disciplinaria y aplique los correctivos que sean del caso, en este sentido, se trata de un mecanismo a través del cual se impulsa el inicio de la acción disciplinaria(31).

No obstante, como quiera que la titularidad de esta acción se encuentra en cabeza del Estado, su formulación no se traduce en el inicio automático de la investigación disciplinaria, sino en el hecho de facultar a las autoridades competentes para ejercer dicha acción con miras a determinar el mérito de la queja, y si es del caso, a iniciar las indagaciones e investigaciones que se consideren pertinentes(32).

Nótese, que la mera formulación de la queja no implica automáticamente el ejercicio de la acción disciplinaria, pues el funcionario investigador se encuentra habilitado para sopesar si la queja es suficiente o no para dar inicio a una investigación de la conducta del acusado(33), y así, en el transcurso de esta, recolectar los elementos materiales probatorios suficientes para calificar jurídicamente el comportamiento desplegado, es decir, si se eleva pliego de cargos o por el contrario, se decreta la terminación del procedimiento en favor del encartado.

En este punto, se recuerda que la queja no direcciona el proceso adelantado ante esta jurisdicción, sino que simplemente da inicio a la acción disciplinaria, por cuanto es el pliego de cargos el pilar que sostiene el juicio, obligando al operador jurídico a tener un mayor cuidado en su formulación.

Para el profesor Jaime Mejía Ossman(34), la formulación de cargos se erige en la columna vertebral del proceso disciplinario, razón por la que esta debe contener una acusación concreta, lejana de ambiguas y abstractas expresiones, “porque lo esencial del reproche disciplinario es que este no dé lugar a obstáculos en la defensa del disciplinado, o que finalmente sea sancionado por motivos diferentes de los que figuran en la respectiva imputación”.

Por lo expuesto, esta Sala no aceptará lo esbozado por el recurrente, por cuanto si bien los hechos por los cuales se le expidieron copias son diferentes a los presupuestos por los que se declaró responsable disciplinariamente y, en consecuencia, se le sancionó, lo anterior, no afectó el debido proceso del investigado, pues es dable que en algunos casos, no se guarde esa relación, lo importante, es que sí se conserve la congruencia entre la imputación fáctica manifestada en el pliego de cargos y la sentencia.

Así las cosas, cuando un abogado actúa de manera contraria a lo preceptuado como el deber ser del comportamiento de un profesional del derecho, se hace acreedor a la pertinente, preventiva y correctiva sanción disciplinaria, que en este caso, atendiendo a los criterios de necesidad, pertinencia y proporcionalidad, se fijó en censura, en tanto permite y cumple con la función de corrección y prevención.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 31 de julio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual sancionó con Censura al doctor Álvaro Enrique Merchán Ramírez, al hallarlo responsable de la comisión de la falta contenida en el artículo 33, numeral 13, de la Ley 1123 de 2007.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Remítase el expediente a la Colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Mercedes López Mora, Presidenta—Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Vicepresidente—José Ovidio Claros PolancoJulia Emma Garzón de GómezAngelino Lizcano RiveraNéstor Iván Javier Osuna PatiñoWilson Ruiz Orejuela.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) M.P. Jorge Eliécer Gaitán Peña en Sala con el magistrado Sergio Sánchez.

(2) Folios 2-3 del cuaderno principal del expediente.

(3) Folio 12 del cuaderno principal del expediente.

(4) Folio 13 del cuaderno principal del expediente.

(5) Folio 17 del cuaderno principal del expediente.

(6) Folio 18 del cuaderno principal del expediente.

(7) Folio 21 del cuaderno principal del expediente.

(8) Folio 22 del cuaderno principal del expediente.

(9) Folio 23 del cuaderno principal del expediente.

(10) Folios 25-27 del cuaderno principal del expediente.

(11) Doctora Adriana María Castellanos Moreno.

(12) Folio 32 del cuaderno principal del expediente.

(13) Folios 33-34 del cuaderno principal del expediente.

(14) Carrera 51 A Nº 130-48 apartamento 506 de Bogotá.

(15) Folio 41 - Certificado Nº 1299.

(16) Folio 40 del cuaderno principal del expediente.

(17) Folios 43-44 - Oficio PQR-SC 4486/13.

(18) Carrera 21 Nº 105-50 apartamento 303 edificio Iskia en Bogotá.

(19) Folios 56-61 del cuaderno principal del expediente.

(20) Folios 77-78 del cuaderno principal del expediente.

(21) Folios 80-99 del cuaderno principal del expediente.

(22) Folios 107-111 del cuaderno principal del expediente.

(23) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso Nº 36.532, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

(24) Folio 41 del cuaderno principal del expediente.

(25) Magistrado Rafael Vélez Fernández.

(26) Telegramas Nº 2487-2011-4286-RVF, 2488-2011-4286-RVF, 2489-2011-4286-RVF, 2490-2011-4286-RVF.

(27) Folio 40 del cuaderno principal del expediente.

(28) “Con todo respeto informo al despacho que mi dirección de notificación es la carrera 21 número 105-50 apartamento 303 edificio Iskia en Bogotá”.

(29) Récord 9:50.

(30) Artículo 68 de la Ley 1123 de 2007.

(31) Corte Constitucional, T-412 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(32) Ibídem.

(33) Ibídem.

(34) Régimen disciplinario, Ediciones doctrina y ley, Bogotá, 2007, pág. 39-40.