Sentencia 2012-04116 de abril 15 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000 201204116 02

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref: Abogado en apelación Julio César Triana Rueda

Bogotá, D. C., quince de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir de los recursos de apelación impetrados en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con los artículos 59 numeral 1º y 81 del Código Disciplinario del Abogado.

Esta Sala entra a decidir si confirma, revoca o modifica la sentencia dictada el día 28 de noviembre de 2014, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió sancionar con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de DOS (2) MESES al abogado JULIO CÉSAR TRIANA RUEDA, al encontrarlo responsable disciplinariamente de incurrir en la falta contra la dignidad de la profesión, establecida en el artículo 30, numeral 4º, de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad dolosa.

2. Problema Jurídico.

El problema jurídico a dilucidar en este asunto consiste en determinar si el disciplinado incumplió sus deberes profesionales, pudiendo incurrir en la falta contra la dignidad de la profesión, descrita en el artículo 30 numeral 4º, de la Ley 1123 de 2007.

3. Del Caso en concreto.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Dicho lo anterior, la Sala encuentra que en el escrito de apelación, el disciplinado argumento que la Sala a quo habría desconocido garantías fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, así como el derecho a la igualdad y dignidad de las personas consagradas en la Constitución Política, lo que conllevaría la nulidad de lo actuado.

En los términos del togado, dichas irregularidades surgen porque el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el fallo del 22 de octubre de 2013 que terminó y archivo el proceso disciplinario, había sido presentado de manera extemporánea, encontrándose la decisión debidamente ejecutoriada, motivo por el cual y con base en el principio del nom bis in ídem, no podía ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Adujó, que en caso de haberse presentado el recurso de apelación en los términos de ley, pues según el fallo condenatorio del 28 de noviembre de 2014, obra a folio 92, la vulneración de sus derechos se daría no sólo por el ocultamiento de dicho escrito, por cuanto no le fue puesto de presente por parte del Magistrado instructor, sino también por la conducta del mismo, destinada única y exclusivamente a sancionarlo.

Pues bien, lo que se busca a través del instituto de las nulidades no es más que la justa aspiración de la vigencia y la aplicación de los postulados de un Estado constitucional de derecho para conjurar los abusos de poder dentro de los diversos procesos, ya que todo acto procesal debe seguir en su tiempo de formación una serie de elementos que no sólo lo estructuran y le dan vida, sino que, le permiten cumplir con una determinada finalidad dentro de la sistemática del proceso, constituyendo su omisión o irregular cumplimiento un estado de anormalidad, censurable con la declaratoria de nulidad en la instancia respectiva.

Con base en lo anterior, advierte esta superioridad, que no se presagia, como lo quiere destacar el recurrente, que en la actuación de primera instancia, hubiesen existido vicios que tengan origen en la estructura misma del proceso disciplinario seguido en su contra, ya que todos los actos procesales desplegados fueron desarrollados dentro de una sucesión lógica, sin que se prevea que en su decurso se hubieran inobservado las formas establecidas por la ley como garantía constitucional para el ciudadano.

Contrario a lo expresado por el recurrente, lo que puede concluirse dentro del trámite procesal, es que en la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 2 de septiembre de 2014, en primer lugar, el disciplinado informó tener conocimiento del fallo de esta superioridad, fechado el 11 de junio de 2014, a través del cual se revocó el auto del 22 de octubre de 2013 que disponía la terminación y archivo de estas diligencias, en consecuencia, ordenó continuar con dicha investigación disciplinaria, concluyéndose así, que el recurso de apelación había sido interpuesto y concedió en debida forma, tal como consta a folios 92 al 96 contentivos del recurso interpuesto por el quejoso el 23 de enero de 2014, y a folio 99 donde aparece el auto de fecha “Febrero siete (7) de dos mil catorce (2013) (sic)”, mediante el cual la Sala a quo concedió y remitió el expediente a esta Superioridad a fin de desatar el mismo.

Ahora bien, situación totalmente diferente fue la del escrito del 22 de agosto de 2013, donde el quejoso al parecer daba cuenta del surgimiento de un nuevo hecho, motivo por el cual el magistrado instructor corrió traslado del mismo al disciplinado, justamente en aras de garantizar sus derechos fundamentales al debido proceso, al de defensa y contradicción, dándose así la oportunidad de controvertirlo en ampliación de versión libre, como consta en el audio de la misma fecha.

Además de lo anterior, el magistrado instructor informó al disciplinado que para tener acceso al expediente, en la Secretaría de la Seccional podía pedirlo y analizarlo, por ser ello parte del derecho de defensa, sin evidenciarse prueba que le hubiese impedido su consulta; igualmente se le indicó, que en los alegatos finales tenía la posibilidad de argumentar como considerara, por ser su derecho constitucional.

Finalmente, en dicha audiencia al ser interrogado el disciplinado sobre la legalidad como se venía actuando en el diligenciamiento disciplinario, no dejó constancia que permitiera inferir irregularidad alguna, contrario sensu consideró que el mismo venía tramitándose con transparencia y de acuerdo al procedimiento.

Así entonces, hablar de violación al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción, porque al parecer el recurso había sido interpuesto de manera extemporánea o por no haber sido puesto de presente el escrito de apelación por parte del magistrado instructor, no deduce la infracción de tal mandato constitucional, pues sabido es, que el disciplinado podía consultar en la Secretaría de la Seccional el estado del proceso disciplinario cuantas veces considerara necesario en aras de realizar su propia defensa, sin hallarse prueba, itera la Sala, que le hubiese impedido su consulta.

Para concluir, ha de aclararse que la jurisdicción disciplinaria no puede explicar al disciplinado sobre el cómo, el cuándo y el por qué se suscita cierta actuación procesal, previniéndolo de todas aquellas actividades que está llamado a desplegar en pro de la defensa de sus intereses, pues se supone que conocen todos y cada uno de los procedimientos que aquí cursan, al igual que las formas de intervención.

En cuanto al abuso de autoridad y las vías de hecho en que hubiese podido incurrir el magistrado instructor por cuanto sus consideraciones no provienen de un estudio objetivo, sino que “(…) se encaminaron a justificar el fallo que ya tenía en mente, fallo reitero totalmente subjetivo, denigrante y humillante en contra del suscrito (…)”, ha de anunciarse que tampoco está llamado a prosperar, pues en ningún momento se colige que el seccional de instancia hubiese valorado los diferentes medios de acuerdo con su conocimiento personal o de manera subjetiva, denigrando y humillando al disciplinado, ya que las pruebas fueron aducidas acorde con los requisitos intrínsecos y extrínsecos previstos por la ley procesal, es decir hubo lealtad tanto en su aducción como en su práctica, sin imposibilitarse su contradicción.

En este orden de ideas, sea lo primero advertir, que al analizar las pruebas allegadas al proceso disciplinario, se encuentra que, efectivamente el doctor JULIO CÉSAR TRIANA RUEDA y el quejoso el día 6 de noviembre de 2009, suscribieron contrato de prestación de servicios regido, entre otras, por la siguiente clausula:

“2. VALOR: para el efectos (sic) del presente contrato se pacta la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MILLONES DE PESOS (sic) MTE. ($ 1’500.000.oo.) Como anticipo y un porcentaje del 10% sobre el total adeudado correspondiente al ejecutivo hipotecario cursado en le (sic) juzgado 33 Civil del Circuito rad. 2002 – 893, dicho porcentaje será cancelado al finalizar el proceso; siempre y cuando salga a favor de mi poderdante.

(…)

6. Las partes convienen expresamente que el presente contrato presta merito ejecutivo, para el cobro de las sumas convenidas”. (Resalta la Sala).

En virtud de lo anterior y de acuerdo con el poder otorgado por el señor JOSÉ ANTONIO MENDEZ GUZMAN (quejoso), el abogado disciplinado diligentemente adelantó las actuaciones procesales que consideró conllevarían la terminación del proceso ejecutivo hipotecario No.2002-0893 con fallo favorable a los intereses de su cliente, siendo así, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá mediante auto de fecha 2 de mayo de 2011, resolvió lo siguiente:

“1. DECLARAR terminado el presente proceso ejecutivo hipotecario instaurado por GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A. / BANCO GRANAHORRAR contra JOSÉ ANTONIO MENDEZ y BLANCA INES GONZALEZ ZAMBRANO (q.e.p.d.), en virtud de lo consagrado en la Ley 1194 de 2008;

2. DECRETAR la cancelación de las medidas cautelares que se hayan podido llevar a cabo. (…)”.

No obstante lo anterior, tal como fue confirmado por el disciplinado, la decisión fue objeto de los recursos de ley, motivo por el cual mediante proveído del 15 de junio de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, previo a la decisión, relacionó los siguientes antecedentes:

“1. Mediante el proveído censurado el a quo concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo contra la decisión que decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito (f.10). Inconforme, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y apelación con el fin de modificar el efecto en que fue admitido el medio de impugnación, éste último fue negado al considerar que el auto no era susceptible de alzada.

2. En virtud de ello, el apoderado judicial de la ejecutante interpuso recursos de reposición y solicitó copias para surtir el de queja. Se mantuvo la negativa mediante auto de 2 de febrero de 2012, y se ordenó la expedición de copias.

3. Para sustentar el recurso de queja, adujo que el artículo 377 del cpc (sic) faculta al recurrente para interponer recurso de queja ante el superior cuando considere que el efecto en el que se concedió la apelación debía ser otro. Y agregó, que por la naturaleza misma del auto que termina el proceso “este se asemeja a un fallo y/o sentencia sin que tenga que estar obligatoriamente enlistados en los autos susceptibles del artículo 351 del C.P.C”. Por lo que pidió se considerara el recurso negado que, en su sentir, debió concederse en el efecto suspensivo”. (Subraya la Sala).

Con base en lo anterior, el despacho judicial decidió:

“Por lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil, declara BIEN DENEGADO el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha y origen preanotados”.

Nótese, en este punto de las diligencias, que el disciplinado de manera apresurada, interpretó y además sostuvo en cada una de sus intervenciones al interior del proceso disciplinario, que los recursos de ley que procedían contra el auto de fecha 2 de mayo de 2011, se hallaban agotados y en consecuencia tal decisión estaba debidamente ejecutoriada y en firme, sin tener en cuenta que el Tribunal Superior de Bogotá en su proveído del 15 de junio de 2012, tan sólo había declarado “bien denegado” el recurso de apelación, pero única y exclusivamente frente al efecto devolutivo en que el a quo había concedido el recurso de apelación contra la decisión que decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, por cuanto la parte accionante consideraba debió concederse en el efecto suspensivo.

Siendo así, sin hallarse en firme la decisión del 2 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, el abogado disciplinado, a sabiendas de ello por sus conocimientos profesionales y aun contando con las herramientas para hacer efectivo el cobro de sus honorarios, pues como se mención, el contrato de prestación de servicios prestaba merito ejecutivo para ello, procedió a elaborar un acta de transacción, induciendo en error al quejoso, quien convencido de la terminación del proceso ejecutivo hipotecario favorable a sus pretensiones, aceptó las condiciones de la misma, pero al corroborar que ello no era así, manifestó su inconformismo dando apertura al presente proceso disciplinario, por cuanto se le estaba cobrando lo pactado por concepto de honorarios sin cumplirse la condición establecida en la cláusula segunda del contrato “(…) siempre y cuando salga a favor de mi poderdante”.

Todo lo anterior, aunado a la providencia del 22 de octubre de 2012, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto del 2 de mayo de 2011, decidió lo siguiente:

“Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión Civil, REVOCA el auto apelado, de fecha y origen prenotados. Sin costas por no aparecer causadas. Remítase la actuación a la oficina de origen para que prosiga con la actuación a su cargo”. (Subraya la Sala)

Así entonces, se tiene que el profesional del derecho, incumplió sus deberes en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, pues en virtud del poder conferido, surgieron para él las obligaciones no sólo derivadas del contrato de mandato sino también las establecidas en el Estatuto Deontológico de la Abogacía, en los términos del artículo 28-5 de la Ley 1123 de 2007, que establece:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)

5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión”.

Ahora bien, tanto en los alegatos como en el escrito de apelación, el disciplinado intentó sembrar un manto de duda frente a la posible terminación del proceso por parte del Juez 33 Civil del Circuito de Bogotá, pero es necesario resaltar, que su dicho se desvirtúa con la apreciación de las pruebas obrantes en el plenario, por cuanto como quedo plenamente demostrado, en primer lugar, el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 2 de mayo de 2012 que terminó el proceso ejecutivo hipotecario, tan sólo fue resuelto hasta el 22 de octubre de 2012 revocándose el mismo, en segundo lugar, la liquidación de costas efectuada por el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto proferido el 3 de julio de 2012 y de acuerdo con lo ordenado en auto del 2 de mayo de 2011, no es óbice para concluir que el proceso ejecutivo había sido terminado por parte de dicho Despacho Judicial, por cuanto, itera la Sala, el mismo se continuó de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá en proveído del 22 de octubre de 2012.

Con todo, es evidente para la Sala, la responsabilidad disciplinaria del letrado, quien por demás no allegó prueba que permitiera inferir que su actuar obedeció a alguna de las circunstancias previstas como eximente de responsabilidad, encontrándose plena prueba sobre la fase subjetiva del injusto disciplinario, toda vez que el profesional del derecho indujo en error al quejoso para suscribir el acta de transacción a fin de hacer efectivo el cobro de sus honorarios, sin cumplirse la condición que previamente se había establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales, incurriendo en la falta prevista en el artículo 30, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, del siguiente tenor:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(…)

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

Así entonces, es claro para esta Superioridad que las supuestas violaciones que anunció el apelante no generan la nulidad de lo actuado, toda vez que dichas violaciones deben ser sustanciales, es decir, comprometer bases profundas del debido proceso, lo que no ocurre en el asunto que ahora nos ocupa, por cuanto está plenamente demostrado que ni las actuaciones procesales desarrolladas al interior del plenario ni el pronunciamiento del Magistrado instructor, desconocieron las garantías de los sujetos procesales, ni las bases fundamentales del proceso disciplinario.

En consecuencia, la Sala encuentra ajustada la decisión del a quo, por la cual dedujo responsabilidad disciplinaria respecto de la conducta desplegada por el litigante, dado responsabilidad y seriedad que comporta el ejercicio de la profesión de abogado, a quien se le ha confiado la noble misión de coadyuvar con los fines de una recta y cumplida administración de justicia, a más de garantizar la defensa de los derechos fundamentales y sustantivos de los ciudadanos.

Con tal panorama, esta Corporación concluye en torno a la confirmación del fallo conocido por vía de apelación, incluyendo la sanción, pues la misma guarda armonía con los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el marco de un Estado Social de Derecho, para lo cual el Seccional tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes disciplinarios.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual declaró disciplinariamente responsable al abogado JULIO CÉSAR TRIANA RUEDA, por incurrir en la falta establecida en el Artículo 30-4 de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad dolosa, imponiéndole sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de DOS (2) MESES, conforme a lo expuesto en la motivación de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen

Notifíquese y cúmplase

Discutido y aprobado según acta 27 de la misma fecha».