Sentencia 2012-04141 de marzo 23 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Magistrado Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Rad. 110011102000201204141 01.

Aprobado según Acta Nº 24, de la misma fecha.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la carta política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma se desarrolló en el artículo 112 del estatuto orgánico de la administración de justicia, al fijar las funciones de la Sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 4º dispuso: “conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de la presente investigación, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, al señalar: “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la comisión nacional de disciplina judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la comisión nacional de disciplina judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la constitución que hasta tanto los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Aspectos Generales de la competencia.

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el a quo, en las presentes diligencias. Esta corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el disciplinado y al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Caso Concreto.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala el doctor Eliseo Baracaldo Aldana, en su calidad de juez veinticinco (25) civil municipal de Bogotá, fue llamado a juicio disciplinario y hallado responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 6 del Decreto 2591, porque en sede de tutela reconoció al señor Álvaro Herrera Urrego, la pensión de jubilación, asignándose competencias que no le eran atribuibles como juez constitucional, más aun, cuando el caso que conoció en sede de tutela no llenaba los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, pues no se habían agotado los mecanismos judiciales para tal fin.

Entiende esta superioridad que las inconformidades del recurrente con la sentencia apelada se pueden resumir en que toda su actuación la desarrolló dentro del marco de la autonomía judicial.

En cuanto al desconocimiento del principio de autonomía funcional judicial, esta Instancia no encuentra procedente esa argumentación debido a que plenamente quedó demostrado que el disciplinable en la decisión que profirió y que dio origen a la actuación disciplinaria, se asignó competencias que no le eran atribuibles como juez constitucional y además el caso que conoció en sede de tutela no llenaba los requisitos para el otorgamiento del amparo constitucional, es decir, realizo una interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento normativo aplicable. No desconocemos y como siempre lo hemos predicado y defendido, que las decisiones judiciales que en derecho adopten las autoridades judiciales, se encuentran prima facie cobijadas por la garantía constitucional de la autonomía y en ese sentido hay que precisar que de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia constitucional, se debe entender que en el trámite de la acción constitucional hubo interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento legal, al reconocerse y ordenarse el pago de unas mesadas pensionales abiertamente improcedente.

El principio de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales, que reclama el recurrente se le desconoció, constituye un presupuesto básico de la recta y cumplida administración de justicia, la cual sólo es posible si se reconoce la autonomía e independencia de la rama judicial, así como la de cada uno de los funcionarios que la conforman, siempre y cuando obren dentro del marco de la legalidad, es decir, no configuren actos arbitrarios de la administración que devengan en graves desconocimientos de los derechos y garantías de los ciudadanos, consagrados en la ley y la constitución, es decir, siempre y cuando se actué conforme a la normatividad y al precedente judicial, situación que no aplico el apelante en su desempeño como juez, en el diligenciamiento de la acción constitucional que origino el proceso disciplinario que se adelanta contra él.

Para esta corporación una persona de la calidad y trayectoria profesional como el disciplinado, como juez civil municipal, está calificada y ha sido seleccionada por su conocimiento, pues su versación jurídica hace presumir que es un conocedor de las disposiciones legales y de los pronunciamientos de sus superiores que debe aplicar diariamente en su desempeño laboral.

De lo anterior se concluye que el desconocimiento de las funciones fue en la decisión que tomó al reconocer y ordenar el pago de una pensión de jubilación, cuando lo que le correspondía al disciplinado, era decidir conforme a derecho, pero sin explicación alguna, se aparta de la normatividad y de la jurisprudencia y profiere una decisión abiertamente contraria al ordenamiento jurídico. El funcionario judicial es conocedor de los alcances de cada una de sus decisiones y por el hecho de emitir una providencia cuando a todas luces era improcedente, se tipifica la conducta, actuar que consideramos, fue consiente y por tanto, incumplió sus deberes funcionales. Razón fundamental para despachar en desfavor los argumentos de su insatisfacción, plasmada en la apelación.

Dosificación de la Sanción.

Frente a la sanción impuesta en sede a quo esta Instancia la mantendrá, porque en cuanto a la gravedad o levedad de la falta, se demostró que el disciplinable con su proceder afectó el nombre de la administración de justicia, por lo que la calificación como falta grave a título de dolo, que realizó el a quo, es conforme a derecho, por lo tanto, la misma se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de faltas, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones del disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 16 de junio de 2014, proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, al doctor Eliseo Baracaldo Aldana, en su calidad de juez veinticinco (25) civil municipal de Bogotá, por haber sido hallado responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 6º del Decreto 2591, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».