Sentencia 2012-04266 de marzo 8 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., marzo ocho de dos mil diecisiete.

Magistrada Ponente:

Doctora María Lourdes Hernández Mindiola

Rad.: 110011102000201204266 02

Aprobado Según Acta de Sala Nº 020 de la misma fecha

Ref.: Abogado en consulta

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. De la competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112 numeral 4º, parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver en grado jurisdiccional de consulta las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas de los Consejos Seccionales, cuando fueren desfavorables a los procesados y éstas no hubiesen sido apeladas, como en el caso sometido a consideración.

Cabe precisar que tal facultad legal se mantiene vigente para esta Superioridad a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, se dispuso: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, laSala JurisdiccionalDisciplinariadelConsejoSuperiordelaJudicaturaconserva suscompetencias,esdecir,seencuentraplenamentehabilitadaparaejercer, no sólo lafunciónjurisdiccionaldisciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

2. De la consulta.

Atendiendo los fines de la consulta, la Sala desde ya debe precisar que en el asunto sometido a decisión no se evidencia causales de nulidad que invalide la sentencia que se revisa; en consecuencia esta superioridad procede a pronunciarse.

3. Requisitos para sancionar.

Para proferir fallo sancionatorio se requiere la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable, exigencia consagrada en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

3.1. Certeza sobre la materialidad de la conducta.

La falta por la cual el fallador de primera instancia sancionó a la abogada GLORIA ISABEL SIERRA RUIZ, se encuentra descrita el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, las cual en su tenor literal prevé:

ART. 33.Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado: 

“...10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa...”. 

El verdadero sentido de la prohibición legal de esta norma disciplinaria está fincada en la protección de lealtad debida a la administración de justicia. En ese orden, cuando se hace uso de afirmaciones, citas inexactas inexistentes o descontextualizadas lo que se busca o se pretende con ello es confundir y desviar el recto criterio de los funcionarios encargados de definir o resolver los asuntos puestos a su consideración.

Por ello, la conducta desplegada por la doctora GLORIA ISABEL SIERRA RUIZ, resulta violatoria del bien jurídico contra la recta y eficaz administración de justicia, pues al momento de solicitar la terminación del proceso Nº 2012-390, por haberse decidido y cancelado los honorarios, realizó la siguiente manifestación:

“(...) Es claro que el Juzgado 17 civil del circuito de Bogotá, asignó por la gestión del Dr. Luis Carlos Domínguez Prada la suma DOCE MILLONES DE PESOS de honorarios, pero ello se entiende la suma por la gestión total y no con ocasión de su gestión, honorarios pagados a este y lo que reconoce haber recibido en la transacción que puso fin al proceso ejecutivo para el cual se contrató. 

Recordamos que adicionalmente el tribunal superior estableció en sentencia que la suma recibida correspondía por el Dr. Luis Carlos Domínguez Prada de DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($ 18.157.000), es superior a la que podría recibir de forma directa por las sumas demandadas en el proceso ejecutivo 

“(...) Enconsecuencia,delos12millonesdepesosaprobados,es pertinenteanotarqueformanpartedeloquesepagóporlagestiónalDr. LuisCarlosDomínguezPradaconlatransacciónquepusofinalproceso, puesningunaparteelJuzgadooTribunalestipulaquelos12millonesde pesosfueronadicionalesaloquerecibióconlatransacción,estoeslasuma de20.000.000queleentregaronalDr.LuisCarlosDomínguezPrada descontando la retención” (Sic) (subrayado nuestro) (fls. 15-17 anexo 6).

Nótese como la precitada afirmación de la doctora GLORIA ISABEL SIERRA RUIZ, pretendía que los $ 12.000.000 reconocidos en el incidente de honorarios fueran descontados de los $ 20.000.000; cancelados por la contraparte en el acuerdo de transacción, cuando dicha aseveración no corresponde con los fallos proferidos por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por cuanto, en su momento los referidos despachos tasaron los estipendios en la suma de 12.000.000, los cuales eran adicionales a los $ 20.000.000 recibidos por el quejoso en el referido acuerdo (fls. 8-9 anexo 3 y 4-9 anexo 4).

Bajo tales presupuestos, tal como se deprende de los elementos probatorios examinados, la doctora SIERRA RUIZ pretendió inducir en error al Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá, con el fin de exonerar a su cliente de la cancelación de honorarios reconocidos por los estrados judiciales arriba señalados, pues aseveró que los $ 12.000.000 hacían parte de los dineros ya cancelados a su colega, por lo que deviene así la materialización del cargo enrostrado.

En consecuencia, es evidente que el actuar de la doctora GLORIA ISABEL SIERRA RUIZ no se justifica, ni se ampara en una estrategia defensiva de los intereses de su cliente, por lo contrario se enmarca en una aseveración carente de sustento fáctico y jurídico, y de contera en una afirmación y cita inexistente o inexacta; situación que la disciplinada no pudo explicar en su versión en la audiencia de pruebas y calificación provisional, cuando el seccional de instancia la cuestionó en tal sentido (record 00:03:00, fls. 207-218 cdno. o.).

Así las cosas, observa la Sala, tal como lo señaló la sentencia de Primera Instancia, que está demostrada la incursión de la togada en la falta contra la recta y leal realización de la justicia, es decir, se evidencia que lo consignado por ella en el escrito presentado ante el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá no se adecuó a la realidad procesal, circunstancia que devela un ánimo de propiciar la inducción en error del fallador.

3.2. Antijuridicidad.

De cara a la previsión normativa contenida en el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007; no existe dentro del examen a la conducta examinada causal de justificación que enerve el incumplimiento del deber de Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, cuya inobservancia derivó en la incursión en la falta prevista en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Para la Sala, tal como viene de examinarse, la disciplinada lesionó el deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, no se puede permitir que los abogados pretendan construir su rol de defensores de los intereses jurídicos de sus poderdantes bajo la presentación de escritos con afirmaciones maliciosas y descontextualizadas proceder que conspira con la tarea de ayudar a construir un orden jurídico justo, tal como lo consagra el preámbulo de la Constitución Política

3.3. Culpabilidad.

Respecto de la culpabilidad, debe decirse que la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado es un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto el abogado tiene los elementos subjetivos de conciencia y voluntad orientada a infringir la normatividad reguladora del ejercicio de la profesión.

En esa perspectiva, es evidente que dada su condición de abogada y por su experiencia profesional, era plenamente conocedora que al utilizar esa citas inexactas o inexistente como estrategia procesal para la defensa de los intereses de su cliente, conllevaba a la realización de un comportamiento contrario al deber de lealtad para con la administración de justicia.

4. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción se requiere tener en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Cabe recordar que el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, consagra cuatro tipos de sanciones, la censura, suspensión, exclusión, y la multa la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

En ese orden, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida la doctora GLORIA ISABLE SIERRA RUIZ, a quien le resultaba exigible un actuar leal para con la administración de justicia, la sanción de censura impuesta en la sentencia materia de consulta cumple con los criterios legales y constitucionales.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con censura a la inculpada, en tanto, la prevención general que caracteriza la utilidad de la sanción, cumple el propósito de “(...) amenaza de un mal a todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias (...)(6). Igualmente, la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derechos, en el presente caso la abogada GLORIA ISABLE SIERRA RUIZ, para que en el futuro se abstenga de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Ahora, en el sub lite, la sanción de censura impuesta a la disciplinada además de tratarse de la mínima contemplada para la falta, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, dada la ausencia de antecedentes disciplinarios de la infractora; asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario (Art. 3º Ley 1123 de 2007).

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria de censura impuesta a la disciplinada, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993 “(...) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia consultada, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional de Bogotá, sancionó con CENSURA a la abogada GLORIA ISABEL SIERRA RUIZ, como disciplinariamente responsable de la falta consagrada en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo; ello acorde a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. REMÍTASE el expediente a la Colegiatura de instancia, para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Vivian Andrea Aragón Plata, Secretaria ad hoc».

6 Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008, págs. 45 y 46.