Sentencia 2012-04592 de octubre 24 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 110011102000201204592 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según Acta 97 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

1. Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión del 26 de junio de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se resolvió sancionar a la abogada Gloria Mercedes Hernández Cubillos, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año al haberle hallado responsable de incurrir en la falta consagrada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numerales 3° del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. El caso en concreto

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta le compete a la Sala verificar la legalidad integral de la actuación, y en especial de la sentencia que revisa en todos los aspectos en ella consignados, lo cual se hará de la siguiente manera:

Descendiendo el caso sub examine se observa que se llamó a responder en juicio disciplinario al abogado en cuestión, por su incursión en la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“… ART. 39. También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional…”.

En cuanto éste concreto, se tiene que a la togada investigada se le ha sancionado por que muy a pesar de estar suspendida de la profesión de abogada, conforme a la sanción que tuvo vigente por el termino de cuatro (4) meses (desde el 8 de mayo al 7 de septiembre de 2012), impuesta por medio de sentencia adiada 28 de marzo de 2012, luego de haberla hallado responsable de incurrir en las conductas descritas en los numerales 3º del artículo 54 y 2º del artículo 55 del Decreto 196 de 1971 las cuales se encontraban en consonancia con las dispuestas en los numerales 4º del artículo 35 y 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, al interior del proceso identificado con el radicado 110011102000200903069 01; siguió ejerciendo la profesión al interior de los procesos a saber:

• Proceso de sucesión 2010-01003-00, por cuanto mediante auto del 5 de junio de 2012 se le reconoció personería a la doctora Hernández Cubillos.

• Proceso ejecutivo hipotecario 2011-00086-00, ya que en ése asunto el 13 de marzo de 2012 se recepcionó memorial donde se le concedió poder a la disciplinable.

• Proceso ejecutivo 2008-00799-00, en el cual 13 de marzo de 2012 se allegó poder otorgado a la mencionada profesional del derecho.

• Proceso 2008-00784-00, por cuanto allí se observó otorgamiento de poder otorgado el 20 de junio de 2012, pero no obstante no alcanzó a ser legalizado pues el 3 de julio de 2012 la mandante lo revocó.

Es decir, que conforme lo anterior la profesional de derecho actuó y/o aceptó esas postulaciones en los procesos de marras, ejerciendo activamente un derecho de postulación que no ostentaba pues estaba suspendida de la profesión; dicho comportamiento fue consumado según el a quo a título de DOLO, pues la profesional del derecho actuó consiente que con ese proceder estaba transgrediendo el ordenamiento disciplinario aplicable y aun así decidió proseguir con su irregular proceder.

Frente a lo anterior en sede de alegatos se expuso inicialmente que en relación con el dolo que le fue imputado a su defendida en el pliego de cargos, para que éste exista se requieren tres elementos, uno es el conocimiento, el otro es la voluntad y el otro es la intención, por lo que en este investigativo no se demostraron los mismos para hablar del dolo porque estos son subjetivos y no fue demostrado porque no se ha escuchado a la disciplinable que desafortunadamente no hizo presencia. Por lo que consideró que en este investigativo no se ha probado el dolo como lo quiere hacer ver el despacho.

Pues bien, dicha argumentación es de recibo de ésta Superioridad dado que si la profesional del derecho decidió inasistir al asunto, no quiere decir que el dolo pudiera ser improbado, pues ese elemento volitivo del tipo disciplinario ha quedado plenamente palpable ya que como bien lo dijo el a quo, de la observancia del proceso disciplinario en el que se le había impuesto la sanción de antecedente se denota que la letrada estuvo muy pendiente del mismo, en el que además procedió activamente, así que sí sabía de la imposición de dicha sanción, y con ello consecuentemente, que su actuar estaba viciado, pero aun así decidió proseguir ejecutándolo apoderando a la quejosa sabiendo que no podía hacerlo.

Seguidamente se expuso que lo importante es que se debía tener en cuenta si la abogada Hernández Cubillos, actuó o no durante el tiempo en que estuvo sancionada, pues son verbos rectores así como renunciar o sustituir se encuentra que se dio el segundo por parte de la poderdante; el cual es del total rechazo de ésta Sala ya que el Seccional de instancia no solo se entró a sancionar si la letrada asumió o no representaciones a sabiendas que no podía hacerlo, sino que también en un estado de los procesos era su deber renunciar a los mismos apenas comenzó a regir la sanción pues de lo contrario y a sabiendas de la existencia de ello, seguía consumando su falta.

A la postre de alegó que objetivamente dentro de los procesos en los cuales se arrimó prueba se encontró claramente que la disciplinada estuvo sancionada del 8 de mayo de 2012 al 7 de septiembre de 2012, en los juzgados y en los procesos donde actuaba y donde se colocaron poderes desde el mes de marzo de 2012, los señores jueces reconocieron personería solamente tres meses después y donde la doctora Hernández Cubillos ya se encontraba sancionada.

Dicho argumento no está llamado a prosperar, pues la posición de la defensa es equivocada al intentar trasladar la culpa del actuar de la letrada a las autoridades judiciales, a quienes si bien se les remite la información sobre los abogados sancionados, no lo es menos que no están exentos de cometer falencias de ése tipo es decir aceptar mandatos de abogados suspendidos o excluidos, siendo claramente el deber del letrado es de abstenerse de apoderar a personas o ejercer derecho de postulación si sabe que está suspendido de la profesión, pues por temas como ése es que se sancionan, tal y como ocurre en el asunto sub examine, concluyendo ésta Corporación que sí es deber del togado renunciar a su mandato inmediatamente entre a regir su sanción, situación que ni siquiera debe ser puesta en tela de juicio ya que ese deber es de rango legal.

Seguidamente la defensa se interrogó sobre si era obligación de la togada, informar a los Jueces que no le aceptaran el poder porque estaba sancionada, argumento este que al igual que los demás es de total rechazo de esta Superioridad y el cual debe atenerse a lo dicho en el párrafo anterior.

Finalmente en los alegatos se hizo claridad que la investigada jamás ejerció ilegalmente la profesión mientras estuvo sancionada porque no hay prueba documental o sumaria que así lo demuestre; frente a lo cual se debe decir que en efecto la profesional del derecho no tuvo actos de impulso en los procesos encomendados, pero aun así ello no quiere decir que no hubiese cometido la falta, pues precisamente se le ha reprochado el haber aceptado los mandatos estando suspendida y una vez fueron aceptados no renunció a ellos.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada ya que no existió justificación del proceder de la abogada, habiéndose probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad disciplinaria contenida en la providencia consultada.

3. De la sanción impuesta

En lo atinente a la dosificación de la sanción la cual fue de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado, razonable y ponderado, teniendo en cuenta la modalidad dolosa de la conducta, igualmente el desprestigio que causa a la profesión de la abogacía, además de la presencia de antecedentes disciplinarios en cabeza de la disciplinable; lo anterior, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007. En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR integralmente el fallo consultado, proferido el 26 de junio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C., mediante el cual resolvió sancionar a la abogada Gloria Mercedes Hernández Cubillos con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año, al haberla hallado responsable de incurrir en la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, ello conforme la parte considerativa de la presente providencia.

Segundo: NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Cuarto: DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».