Sentencia 2012-04596 de noviembre 6 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201204596 01

Aprobado en Sala Nº 93 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Bogotá D.C., noviembre seis de dos mil catorce

«EXTRACTOS: Consideraciones

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, 112, numeral 4º y parágrafo de la Ley 270 de 1996 y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionatoria del Estado se extiende para inspeccionar y vigilar las profesiones.

El artículo 26 de la Constitución Política garantiza, por una parte, la libertad de escoger profesión u oficio y, por otra, la facultad del Estado de inspeccionar y vigilar su ejercicio. Esa facultad de inspección y vigilancia tiene su principal fundamento en el riesgo social que representa para la sociedad el ejercicio de las profesiones y de ciertos oficios. Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que:

“La Constitución (art. 26) otorga al Congreso de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes. Lo anterior, en razón a que el constituyente supone que (i) las profesiones comportan una necesaria formación académica como garantía de aptitud para la realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una especial formación académica, aun cuando también es posible imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad. Así las cosas, observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen del legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales”(8).

Ese riesgo social justifica la existencia de la normatividad expedida por el legislador(9) que tiene por objeto no sólo reglamentar la profesión sino sancionar su ejercicio indebido o irresponsable y, en ese sentido, se reprocha el desconocimiento de las normas de conducta que cada actividad impone, pues se exige una serie de “comportamientos éticos que le den seguridad, confianza y rectitud al ejercicio de la profesión”(10) y salvaguarden el interés general inmerso en su ejercicio.

Existiendo entonces competencia para esta Sala y advertida la ausencia de vicios que invaliden el proceso, se procede a proferir el fallo que en derecho corresponda, con apoyo en el material probatorio allegado al proceso y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación; no obstante, lo anterior no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Sobre el particular, necesario también se hace insistir en que “la sustentación del recurso constituye carga ineludible del apelante, e irrumpe como presupuesto imprescindible para acceder a la segunda instancia, pero a su vez, se erige en límite de la competencia del ad quem, el cual sólo puede revisar y pronunciarse acerca de los aspectos reprochados salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación”(11), por lo tanto la tarea de esta instancia, se encuentra circunscrita a referirse sobre aquellos tópicos presentados por el censor en el escrito impugnatorio, mismos que deben estar argumentados de forma razonable a efecto de contar con elementos jurídicos y fácticos para su análisis.

Caso concreto

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación, formulado por la disciplinada en contra del fallo del 30 de junio de 2014, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que la sancionó con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

Argumentó la recurrente, que el señor Wilson Orlando Serna Hoyos le firmó un paz y salvo tanto de honorarios como de su gestión.

Al respecto, esta Sala ya ha precisado(12) que la retención consagrada en dicha norma no se consuma, no se agota en un solo acto, sino que permanece en el tiempo mientras no se haga entrega de los dineros, bienes o documentos a sus legítimos destinatarios, es decir, que hasta tanto se verifique la entrega, se estará infringiendo el deber de honradez para con los clientes, como lo ha sostenido de vieja data esta corporación, pues así lo describe el tipo disciplinario cuando prevé: “no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

En el presente caso, si bien la recurrente no hizo allegar al plenario el paz y salvo a que alude en el recurso de apelación, considera esta Sala que no existe prueba suficiente de la responsabilidad de la inculpada, pues su conducta no revestiría el tipo disciplinario imputado, al haberse predicado la retención no de dineros del cliente, sino de los recibidos por la togada por concepto de honorarios, derivados de actividad contractual a que se comprometió con el quejoso.

Lo cierto es, que en el expediente se demostró la existencia del contrato de prestación de servicios(13) cuyo objeto a cargo de la disciplinada fue asumir “la representación jurídica dentro de la Corte Suprema de Justicia con el fin de obtener la libertad del procesado por el mencionado trámite de extradición, obligándose el abogado a obtener el fin mencionado que es la mencionada libertad…”. También se comprobó el otorgamiento de poder(14) y la presentación de alegatos por parte de la togada, previo a la emisión de concepto sobre la solicitud de extradición ante la Corte Suprema de Justicia Sala Penal.

Sin embargo, ello no configura los verbos rectores de la conducta que materializan la falta, consistentes en no “entregar” o “demorar” la comunicación de dineros de propiedad del cliente, pues según se desprende del mismo contrato, se pactó la suma de $ 100.000.000 por concepto de honorarios con el objeto de obtener la libertad de su mandante y, conforme a dicho propósito la togada adelantó las actuaciones como antes se indicó, pese a que no se obtuvo el resultado esperado.

Así las cosas, no encuentra la Sala elementos de convicción para acreditar la materialidad de la falta, pues se está predicando la retención de dineros por parte de la togada los cuales recibió por concepto de honorarios.

Precisamente, a este respecto, se observa que el Seccional no fue acertado en la adecuación típica de la conducta, pues la retención de dineros no se predica de los honorarios del profesional sino de los emolumentos por concepto de la gestión y que sean de propiedad del cliente, razón por la cual, surge para el abogado la obligación de devolver oportunamente dichas sumas o comunicar su recibo prontamente a su mandante.

Por el contrario, a juicio de esta Sala, la adecuación típica que debió utilizar el a quo fue de la una falta contra la lealtad al cliente, por “garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable”, ya que tuvo suficiente insumo para ello en el mismo contrato de prestación de servicios del cual se lee(15): “Tercera: Obligaciones del abogado. La principal obligación para el abogado es la obtención de la libertad del procesado además obrar con diligencia en todo el asunto mencionado, realizar la devolución inmediatamente del dinero recibido como anticipo en el evento de no obtener la libertad del procesado, sin deducir gastos por su labor puesto que los emolumentos serán solo por el fin de obtener la libertad”.

Pese a ello, así no lo consideró el instructor de primer grado, pues en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 21 de marzo de 2014, señaló, que si bien es cierto en el contrato de prestación de servicios la togada se comprometió a obtener la libertad de su representado, ello no quiere decir que se hiciera otorgar poder generando falsas expectativas ni que por ello haya pactado una suma elevada de honorarios, hecho que tampoco fue ratificado ante la incomparecencia del quejoso, razón por la cual decidió decretar la terminación anticipada en favor de la encartada.

De ahí, que no pueda esta Sala declarar la nulidad por indebida adecuación típica de la conducta, ya que al respecto el Seccional decretó la terminación del procedimiento en favor de la disciplinada, decisión que quedó en firme y sobre la cual ya operó la cosa juzgada.

Colíjase de lo anterior, que habrá de revocarse el fallo del 30 de junio de 2014 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por el cual sancionó con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, para en su lugar absolverla de dicho tipo disciplinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo del 30 de junio de 2014 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por el cual sancionó con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, para en su lugar absolverla de dicho tipo disciplinario, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a la abogada disciplinada o, en su defecto, por los medios prescritos por la ley.

Notifíquese y cúmplase».

Aclaración de voto

Con el debido respeto me permito manifestar mi aclaración de voto en relación con la decisión aprobada, para indicar que si bien he expuesto mi impedimento para conocer de providencias en las cuales el doctor Rafael Vélez Fernández ha sido ponente o ha conformado Sala, esta corporación ha sido reiterativa en negarse a aceptar dicha declaración como se sigue, entre otras, en las providencias proferidas en los siguientes radicados y Salas: 2007-054519, Sala 106 del 20 de septiembre de 2010; 200503554, Sala 12 del 11 de febrero de 2010; 200801969, Sala 14 del 18 de febrero de 2010 y 200405630, Sala 26 del 24 de febrero de 2010, por tanto, atendiendo mis deberes funcionales, participé en el estudio del asunto de la referencia.

Decisión a la cual arribe en procura de garantizar a los usuarios el derecho de acceso a la administración de justicia, bajo el postulado de una justicia pronta, cumplida y eficaz; dando aplicación además a los principios de celeridad, eficiencia y economía procesal, en razón a que no se justificaría reiterar la presentación de un impedimento, cuando, como se explicó, la Sala ha negado el mismo, y con ello someter al administrado a una prolongada litis, en contravía de éstos principios que deben estar presentes en el ejercicio de la función jurisdiccional, en aras de evitar demoras injustificadas.

De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteada mi aclaración de voto.

Se remite a la secretaría judicial un expediente en 3 cuadernos con 21 - 21 - 130 folios y 3 CD´s.

Atentamente,

Julia Emma Garzón de Gómez 

8 Cfr. Sentencia C-568 de 2010.

9 Cfr. Sentencia C-177 de 1998.

10 Cfr. Sentencia C-190 de 1996.

11 Sentencia del 3 de marzo del 2004, radicación 21580. En el mismo sentido, sentencia del 2 de mayo de 2002 y providencia del 10 de octubre de 2003.

12 Rad. 050011102000 200801118 01 (8872-17), M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, aprobado en Sala 4 del 29 de enero de 2014.

13 Folios 8-9.

14 Folio 62.

15 Folio 8.